Autor: Ruiz Gallardón, José María. 
   La participación: requisistos (y II)     
 
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LA PARTICIPACIÓN: REQUISITOS (y II)

Deje sentado en mi artículo anterior cuál era el marco legal en el que habrán de desenvolverse las futuras

asociaciones de acción política. Y sin afán de agotar el tema, guiado tan sólo por el propósito de aportar

alguna luz al problema, voy a ocuparme en éste de algunos de los requisitos, a mi juicio indispensables,

que habrán de cumplir las que se constituyan.

Y sea el primero el corolario de cuanto antes quedo escrito: el acatamiento explícito y sincero a las

normas constitucionales vigentes. Es no sólo un derecho, sino un deber del Estado el exigir que este

nuevo y fecundo cauce de participación política respete ineludiblemente el fundamento, el ser mismo del

Estado, su Constitución. Esta exigencia comporta, a mi juicio, dos conclusiones: que ninguna asociación

que directa o indirectamente, en sus principios fundacionales o en su desarrollo, atente contra aquel

conjunto de normas debe ser autorizada, y, por el contrarío, que toda asociación que las respete, estén sus

principios o su funcionamiento de acuerdo o no con la actuación concreta del Gobierno —y he de

subrayar la palabra Gobierno— debe ser admitida. En esta materia ha de hilarse muy fino para evitar el

doble escollo del fenómeno asociacionista: de una parte, transformar estos instrumentos de participación

en cauces subversivos de la legalidad vigente, de otra parte no extender más allá de los límites marcados

por las Leyes Fundamentales —y en tanto sean Fundamentales— los impuestos a las Asociaciones.

Surge así un problema de difícil solución práctica. Este: ¿Quién juzga si una asociación está o no,

funciona o no, dentro de la legalidad? Para resolverlo con un cierto rigor y justicia será preciso, a mi

juicio, distinguir dos momentos: el de la fundación y el del funcionamiento.

En cuanto a la fundación, no creo necesario que en ella participen, a modo de asociados garantes,

determinadas personalidades como, por ejemplo, pudieran ser dos o más consejeros nacionales o

procuradores en Cortes. Es una limitación innecesaria que coartaría en no escasa medida el atractivo que

para los españoles todos tiene el fenómeno asociativo. Lo que si me parece indispensable es el

sometimiento previo a la Administración del nombre de tos fundadores, de sus estatutos y de su régimen

económico. La Administración, en un plazo muy breve, y siempre mediante resolución fundada, decidiría

si reúne o no aquel primordial requisito de acomodación y respeto a nuestras normas constitucionales. En

caso negativo cabría recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo de Justicia estando

legitimados para interponerlo los socios fundadores. Este tipo de recursos revestiría carácter de urgencia y

primaría su tramitación sobre cualquier otro pendiente ante la Sala. Así no se producirían demoras

excesivas.

Pero vayamos al supuesto de que, aprobada y constituida una asociación, los miembros de ésta en su

nombre, vulneraran las normas de nuestra Constitución. En tales casos habría de establecerse unas tablas

de sanciones, que pudieran llegar incluso a la disolución, si bien, y esto me parece muy importante,

ninguna sanción sería inmediatamente ejecutiva si contra la misma se recurriera —en recurso de igual

urgencia que el anterior— hasta que hubiere recaído sentencia firme. Se trata asi de evitar una tendencia

connatural a todo Gobierno: confundir sus criterios políticos concretos con los principios fundamentales.

Por lo mismo la futura Ley deberá contener sin ambigüedad alguna, con la máxima precisión alcanzable,

una lista enumerativa de los casos en que es posible y aun obligado no autorizar a disolver una asociación.

Porque en esta materia entiendo que debe jugar el principio de interpretación a favor de la libertad

asociativa y no el contrario.

Nada hemos dicho, hasta ahora, en orden al hecho de la fundación misma. Evidentemente se requerirá un

número mínimo de fundadores, una determinación de los fines a conseguir y de los recursos económicos

con que contará la asociación y sus fuentes, el domicilio de la misma, etcétera. Estos son detalles,

ciertamente importantes, pero de naturaleza menor. Mayor trascendencia concedo —para evitar la

multiplicación de, asociaciones— al tema del número mínimo de asociados.

El criterio aquí debe ser exigente. No soy yo quien para fijar ese número, pero creo que en ningún caso

podrá bajar de 50.000, repito, si no queremos caer en un marasmo asociativo. Ahora bien, número tan

elevado no se consigue en un momento y como por ensalmo. Por eso propugno que el fenómeno

fundacional debe dividirse en dos momentos: uno, aquel en el que los fundadores constituyen la

asociación, con sus estatutos y aprobación provisional. Y otro, cuando, transcurrido un tiempo prudencial,

tres meses, por ejemplo, y previa la propaganda que se estime necesaria, consigan el numero mínimo de

adhesiones, en cuyo instante, «ipso jure», la aprobación provisional se convertirá en definitiva. Algún

requisito de forma deberá exigirse para la adhesión de estos asociados, pero no de tal naturaleza que haga

en exceso gravoso o de importante dificultad dicha adhesión.

Con lo anterior queda apuntado otro importante requisito: el de atribuir una cierta inspección en este

extremo a la Administración. Con su secuela de recursos, en su caso, en la manera en que ya han quedado

dibujados.

Fundada ya la Asociación, a la misma se le deberá atribuir personalidad jurídica propia. Con lo que, a la

par, se le reconocerá capacidad para adquirir y disponer de bienes. También en esta materia de régimen

económico, la Administración debe tener facultades inspectoras si bien limitadas a la comprobación de

la legitimidad del origen —que puede ser variadísimo— de los fondos propiedad de la Asociación.

Para su desenvolvimiento y extensión las asociaciones deberán contar cuando menos con las siguientes

posibilidades:

a) Organización de actos públicos de propaganda.

b) Posibilidad de publicación de boletines de información.

c) Acceso, en la medida que se determine y con las garantías que se establezcan, a los medios de

difusión del Estado, radio y televisión.

d) Intervención, como tales asociaciones, en la designación de candidatos para los diversos puestos a

cubrir por medio de elección.

Sé que este último punto, junto con el anterior, pueden parecer atrevidos, Pero entiendo que ambos son de

obligado cumplimiento si queremos levantar de su atonía presente al pueblo español.

Aún quedan cien y un aspectos, problemas y escolios que solventar. No he pretendido, ni en mi artículo

anterior ni en éste, sentar cátedra o dar con la fórmula mágica de la participación. Son sólo unas cuantas

ideas que a mi modesto juicio pueden servir para discutir el arduo problema de la ofensiva institucional.

De lo que sí estoy seguro es de que con el sistema propugnado o con otro de significación y alcance

similares, nadie podrá tacharnos de antidemócratas, desaparecerán las barreras políticas que la

Comunidad Europea nos opone para nuestra integración total, no se demolerán los pilares del Estado y

facilitaremos el camino para cuando se cumplan las previsiones sucesorias.

Una palabra más y con ello terminó. No faltará quien diga —estoy seguro— que acabo de descubrir los

partidos políticos. Yo no tengo miedo a las palabras. Pero pienso que lo que de funesto tuvo el sistema

partidista fue debido más que a la existencia de partidos a la dependencia que de éstos tuvo el ejecutivo.

El mal, para mí, más estuvo en la aceptación del parlamentarismo decimonónico que en la posibilidad de

unirse, dentro de la ley, los españoles, en busca del bien común.

José María RUIZ GALLARDON

 

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