Autor: Sevilla Segura, José Víctor. 
   El Presupuesto de 1981 y la política económica del Gobierno     
 
 El País.    16/10/1980.  Página: 48-49. Páginas: 2. Párrafos: 33. 

EL PAÍS, jueves 16 de octubre de 1980

El Presupuesto de 1981 y la política económica del Gobierno

JOSE VÍCTOR SEVILLA SEGURA

Alrededor de la presentación de los Presupuestos Públicos para 1981 >e han ido delimitando los

contornos de la política económica del Gobierno que obtuvo el voto de confianza del Congreso. Quizá la

abundancia de información sectorizada y lo abstruso en muchos casos de los conceptos técnico-

presupuestarios expliquen la ausencia de juicios vertidos sobre el significado de dicha política económica

en el contexto de las políticas alternativas. El propósito que anima estás líneas es, precisamente, el de

llevar a cabo una valoración global en tales términos de la política económica propuesta por el Gobierno.

Naturalmente toda valoración implica selección de aquellas actuaciones relevantes, en opinión de quien

valora, actuaciones que pueden aparecer dispersas o colocadas al mismo nivel que las restantes, dada la

estructura legal todavía predominante en nuestro presupuesto. A este respecto debemos destacar las

siguientes actuaciones —incluidas en los proyectos de presupuesto o en su entorno— como principales

piezas configuradoras del estilo de política económica que se propone:

— La extensión del mercado —como diría Smith— estimulando la, demanda sobre determinados

sectores que se entienden estratégicos. Los sectores elegidos han sido los de vivienda, energía,

transportes, agricultura y servicios públicos locales.

— La potenciación de los planes de reestructuracion de aquellos sectores productivos que, pese a

hallarse en situación de crisis, se entienden viables, limitando, en cambio, las subvenciones directas a

las cuentas de explotación.

— La alteración del patrón distributivo de las cargas públicas, especialmente mediante una inversión de

la tendencia en la relación entré impuestos directos e impuestos indirectos.

Asimismo, en el entorno presupuestario, aunque no estrictamente dentro del presupuesto, existen dos

temas claves sobre los que también existe convenio elaborado:

— Primero, sobre el tema de los salarios, respecto del cual el Gobierno decide (os correspondientes al

sector público e igualmente, con libertad para la negociación en lo que al sector privado se refiere,

ofrecerá unas líneas orientadoras de la negociación que resulten Coherentes con los proyectos

generales de política económica.

— Segundo, la política de liberalización del sistema financiero, especialmente a través de la reducción

de los coeficientes de inversión obligatoria, seguirá adelante de acuerdo con los propósitos

manifestados al respecto.

La solución conservadora

El conjunto de medidas indicadas resultan, en nuestra opinión, suficientes para enmarcar la lógica y

ubicación de la política económica que apareja el documento presupuestario. Su valoración, sin embargo,

únicamente puede hacerse con seriedad, como antes indicábamos, sobre el trasfondo de las alternativas

posibles cuya identificación puede realizarse, esencialmente, por la postura adoptada ante dos parámetros

fundamentales. En primer lugar, por la postura ante el coste de los factores productivos y muy

especialmente ante él coste de la mano de obra. En segundo lugar, por las decisiones que sé adopten

respecto de la socialización o no de determinados costes privados, entre los cuales los derivados de los

precios del petróleo tienen especial significación.

La primera alternativa existente, cómo posibilidad lógica; es la que deriva de lo que hemos denominado

en otras ocasiones la solución conservadora, cuya lógica fundamental consiste en actuar directa o

indirectamente sobre los parámetros antes aludidos con objeto de trasvasar recursos en favor del aparato

productivo existente, que es el que constituye, precisamente, el dato inamovible de esta política. En

consecuencia, los perfiles básicos de la misma vendrían dados por los siguientes elementos:

— Reducción del coste de la mano de obra por unidad de producto, a través de cualquiera dé los

procedimientos disponibles que parten del dato de la organización existente y que van desde la

simple congelación de salarios nominales y/o los aumentos de precios, pasando por el desempleo, la

reducción de los programas de bienestar y seguridad social, etcétera.

— Reducción de los costes del capital, trasladando la carga de la misma, en primer lugar, sobre las

instituciones financieras, y, en la medida de lo posible, sobre los ahorradores, mediante la utilización

de canales especiales de financiación a tipos de interés bonificados.

— Socialización de costes privados, especialmente los mayores costes del petróleo a través del

mantenimiento de sus precios de venta y absorbiendo el Estado las diferencias que pudieran surgir.

Esencialmente este mecanismo puede extenderse a otros supuestos, por lo cual resulta fundamental a

esta solución conservadora que la estructura de financiación del Estado, y muy especialmente el

sistema fiscal, resulte claramente regresiva.

El modelo progresista

- Frente a una orientación de la política económica con los rasgos que sucintamente se acaban de

describir cabría situar un modelo progresista que, arrancando de la aceptación de los parámetros antes

aludidos, propugnase los cambios necesarios para su compatibilización con el aparato productivo.

Una política de este corte vendría caracterizada, en todo caso, por las siguientes notas:

— Aceptación del nivel de salarios existente en la economía española, que si bien ha evolucionado

durante los últimos años a un ritmo notablemente más vivo que el registrado en los restantes países

industrializados de Occidente, todavía, en niveles absolutos, se halla sensiblemente distante de aquél.

La pretensión igualmente existente en este caso de reducir el coste de la mano de obra por unidad de

producto busca, en cambio, sus caminos, á diferencia de lo que sucede en la versión conservadora,

mediante innovaciones en las técnicas de producción, la búsqueda de nuevos mercados, y en general en la

mejora de la capacidad de gestión y operativa de las empresas.

— Propugnar la profundización no sólo en el proceso de liberalización del mercado financiero español,

sino, igualmente, del aumento de la competencia abriendo la comunicación de nuestro mercado, con

los exteriores.

— Limitar cualquier socialización de costes privados y en particular trasladar a los precios de los

productos finales el aumento de costes que se produzcan en los crudos de petróleo.

— Defender la necesidad de un ajuste fundamentalmente .privado de nuestro aparato productivo,

reduciendo asimismo los niveles de intervención pública innecesarios y potenciando una más eficaz

utilización .de los recursos en este último sector.

Desde esta perspectiva, el mecanismo fundamental de ajuste del sector privado debería hallarse en un

mayor nivel de competencia-ea nuestra economía respecto a los mercados internacionales, tanto en, lo

que se refiere a las relaciones comerciales como a los mercados financieros.

Este es un factor, el de la competencia internacional, especialmente relevante en nuestro caso. Con

demasiada frecuencia, la adaptación de nuestro aparato productivo a lo que inevitablemente, constituyen

parámetros y no variables, va a exigir una profunda renovación de los gestores empresariales y, en

consecuencia, la necesidad de factores de dinamización que sitúen dicho proceso de sustitución en un

marco temporal socialmente aceptable. Y este es, precisamente, el papel clave que la competencia

exterior —que no significa solamente vender en mercados extranjeros, sino igualmente admitir que los

extranjeros operan en nuestros mercados— tiene como factor plausible de dinamización dentro de los

plazos exigidos.

Medidas dinamizadoras del aparato productivo

Hay que reconocer que la política económica Seguida por el Gobierno durante los últimos años ha tenido

más ingredientes de la solución conservadora que de su contraria y, en este sentido, cabe hoy afirmar que,

al menos a nivel de propósitos, los rasgos que configuran la política económica proyectada han basculado

desde aquella posición para recoger diversas opciones incluidas en el modelo más progresista. Por ello,

aunque la política resultante combina elementos de ambos modelos, tal como puede verse en el esquema

simplificado que se incluye en el cuadro adjunto, existe un claro predominio de medidas dinamizadoras

del aparato productivo.

Respecto del primero de los temas centrales, esto es, la posición de la política económica frente a los

salarios, la postura del Gobierno combina, .como apuntamos, elementos de ambos modelos. Aunque el

principio general es el de libertad de contratación, es claro que aquellos salarios que dependen del sector

público se fijan administrativamente, al tiempo que no se renuncia, aun por vía de la orientación, al

establecimiento de ciertos criterios a tener en cuenta en el proceso de negociación de los salarios del

sector privado.

En cuanto al segundo tema importante, el de los costes del capital, la política propuesta por el Gobierno

insiste en la profundización del proceso dé liberalización, proceso que constituye, sin duda, una condición

necesaria, aunque no suficiente, para el logro de mercado financieros competitivos.

Una tercera línea de avance, es la referente a los mecanismos de socialización de determinados costes

privados. También aquí la política inicialmente propuesta parece situarse en una línea progresiva; a pesar

del aumento experimentado por las desgravaciones e incentivos fiscales a la inversión privada. Así deben

interpretarse los propósitos de alterar el planteamiento de los apoyos públicos a las políticas de

reestructuración sectorial, sustituyendo las acciones puntuales por planteamientos coherentes a nivel de

sector y recortando a la vez las subvenciones dirigidas a las cuentas de explotación. En consecuencia cabe

esperar, a este respecto, un mayor protagonismo de los propios sectores afectados, que podrán contar, no

obstante, con el preciso apoyo público en aquellos casos que resulte patente su viabilidad.

En esta misma línea deben juzgarse positivamente las medidas tendentes a aproximar el precio de

determinados productos petrolíferos—todavía subvencionados— a determinados costes de producción,

cerrando así, paulatinamente, este importante elemento de distorsión en el proceso de ajuste.

EL PAÍS, jueves 16 de octubre de 1980

Quizá la ausencia inicial más destacable, repasando el cuadro que sintetiza las medidas, se* U

instrumentación y el ritmo de una política de liberalización exterior, que, en nuestra opinión —como

antes indicábamos-, constituye el camino más .tdcctKido para lograr una dinamización de nuestro apato

productivo. En paralelo, aunque quizá csinsr entienda incluido en los programas de reestructuración

sectorial. csisie igualmente li necesidad cíe configurar todo un marco institucional imaginativo y ágil que

promueva c¡ proceso de inversiones españolas en eli extranjero como parte esencial igualmente (ícl

proceso de ajuste privado antes aludido.

Sin perjuicio de la primada en el proceso de ajuste de la lógica del mercado, deben valorarle, igualmente,

de forma positiva 1as actuaciones públicas sobre !a demanda de sectores productivos con elevado

potencial de arrastre, pucMo que si la cuestión central del ajuste de fa estructura productiva -y en buena

medida como consecuencia de ello se superpone, por el lado de la demanda, una secuencia acumulativa a

la baja que sí es susceptible de tratamiento. No se trata, por supuesto, ilc iniciar una política

indiscriminada de expansión Je la demanda, pero sí de impedir que sea este factor exclusivamente ¿! que

en muchos casos, con aparatos productivos razonablemente cientes, csií limitando alcanzar el adecuado

nivel de actividad.

Moderación de tensiones

Globalmente consideradas pues. las lineas de política económica que se articulan alrededor del

presupuesto contienen, como señalábamos anteriormente un conjunto de acciones correspondientes a

ambos modelos, con predominio de fas acciones progresistas.

I:n términosdc fuerzas sociales precisamente por ese carácter mixto de 1 programa, la opción escogida

presentará mayor número de campos de tensiones, aunque con un nivel mas moderado que si se hubiese

opiado por cualquiera de los modelos polares.

Un efecto, una opción netamente conservadora hubiese hallado, sin duda, una impártante oposición por

parte de las fue rr.as sindicales y diversas tensiones secundarias — dignas de especial atención-, cnlre una

parte de los sectores industriales y los financieros, ya que Ja afición de los primeros por canales de

financiación a bajos tipos de interés pugna cadn vez mas, en ía actual situación tJcl mercado financiero,

con el interés de los segundos, en la mayor parte de los casos.

La segunda opción. U que hemos calificad o de progresiva, tiene >u campo de tensión fundamental entre

aquellos sectores industriales que se hallan en crisis o cuya adaptación no resuda viable a medio pla/o

junto a .´iquctl^ pane del sistema financiero que erróneamente ha identificado la eliminación de

coeficientes de inversión obligatoria con ia existencia Je un mercado competitivo, frente a los sectores

más dinámicos o emergentes de nuestro aparato productivo, entre los cuales hay que destacar la mayor

parte de la inversión extranjera.

Hl cuadro de medidas políticas adoptadas trata de que las tensiones sean de grado inferior. ;aqunque. a

cambio Je ello, tas multiplica for-¿osamento en numero. Es una estrategia razonable de la que sólo queda

cspcrarsus resultados.

José Víctor Sevilla Segura es economista y ex director general de Tributos.

 

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