Autor: Fuentes Quintana, Enrique. 
 Coyuntura económica. 
 Contener la inflación para resolver el paro     
 
 El País.    04/02/1979.  Página: 40. Páginas: 1. Párrafos: 14. 

ECONOMÍA

EL PAÍS, domingo 4 de febrero de 1979

Contener la inflación para resolver el paro

Cuando a los consumidores españoles se les ha pedido que ordenen los múltiples y difíciles problemas

con los que se enfrentan en estos días preelectorales de 1979, sus respuestas deslindan claramente tres

núcleos de preocupación. Dos problemas prioritarios se diferencian por un amplio margen de todos los

demás: el paro y la inflación. La preocupación por estos dos problemas no es nueva; se arrastra desde

muchos meses atrás y precede a las inquietudes que suscita la inseguridad ciudadana, que se configura

también desde hace algún tiempo como el tercero de los problemas para los españoles. Finalmente, la

contaminación y los problemas del urbanismo configuran un tercer grupo de cuestiones con más jerarquía

en la prensa y los medios de difusión de la que en realidad les conceden, en sus manifestadas

preocupaciones, los ciudadanos españoles Si la política económica ha de partir de esta estimación

popular, paro e inflación deben constituir los objetivos de la política económica.

En el señalamiento de estos dos problemas por la mayoría dé los políticos se sigue un orden. El problema

del paro posterga a un lugar secundario a la inflación. En la lucha contra el paro todos parecemos

coincidir con boca grande y palabra generosa. De la lucha contra la inflación se habla con la boca chica y

con palabras que desdramatizan su urgente necesidad, su enérgica y obligada presencia. Dicho en otros

términos: la jerarquía que al problema del paro le conceden política y políticos es mucho mayor aún que

la que le otorga la preferencia de los ciudadanos.

Esta confesada prioridad del paro sobre la inflación de políticos y ciudadanos traduce, en primer lugar, un

hecho positivo como es el éxito de la política antiinflacionista definida en los acuerdos de la Moncloa.

Cuando la tasa de inflación aumenta mes a mes de forma ininterrumpida y alcanza valores que superan el

30% apenas si resulta necesario justificar la prioridad absoluta concedida a las políticas tendentes a frenar

la aceleración de los precios. Sin embargo, cuando tras un año de esfuerzos, el índice de precios de

consumo ha reducido sustancialmente su tasa de crecimiento en diez puntos, la lucha antiinflacionista

tiende a perder su antigua vigencia. Las encuestas a los consumidores así lo prueban. Hace año y medio,

en el mes de junio dé 1977, la inflación y el paro jerarquizaban los problemas económicos de la sociedad

española con el mismo peso. Hoy, con diez puntos menos en la tasa de crecimiento del coste de la. vida y

con la importancia del paro acentuada por el aumento sustancial que manifiestan sus diferentes registros,

no puede extrañar, que el problema del paro preceda y se despegue claramente del de la inflación en la

estimación de los ciudadanos y en la preferencia de los políticos.

La estabilidad no se consigue con la pasividad

Pero en esta devaluación popular y política del interés de la lucha contra la inflación existe una segunda

razón importante que no puede silenciarse: el coste individual que reclama la perseverancia en el esfuerzo

de la lucha antiinflacionista y los conflictos que ese esfuerzo origina.

Una mayor estabilidad de precios no puede conseguirse desde la pasividad. Exige una resuelta voluntad

de quienes dirigen la política económica para aplicar un programa de saneamiento que discipline

conductas y limite peticiones y comportamiento que eleven los precios. Dicho en otros términos: una

política antiinflacionista plantea siempre conflictos de interés y sus objetivos no pueden lograrse sin

imponerse a los deseos y actitudes de determinados grupos sociales.

Por el contrario, el objetivo del empleo no es, aparentemente al menos, objetivo de conflicto sino objetivo

de consenso: su consecución une a la sociedad entera, no la divide. ¿Quién se opone hoy a un aumento de

empleo? ¿Qué político o partido renuncia a propugnar aquello que por todos se desea y por nadie se

critica? Gobernar a favor de objetivos que aunen el consenso de la sociedad equivale a marchar con el

viento de la popularidad: una tentación irresistible para los políticos de todo tiempo y lugar.

Un tercer motivo de la postergación política de la lucha contra la inflación es su prejuzgada regresividad.

La tradición política de los países latinos tiende a concentrar las preferencias de los líderes sindicales en

un aumento de los salarios monetarios y lleva a los políticos de la izquierda a propugnar decisiones de

política monetaria o fiscal que favorezcan un laxismo ñnanciero y económico, para apoyar políticas

expansivas de la producción y el empleo. Esas dos actitudes favorecen la inflación y posponen el objetivo

de la estabilidad de precios. Las preferencias políticas de la izquierda latina que propician la inflación

coinciden con los deseos empresariales, que han visto siempre a la inflación y la devaluación como

medios útiles para escapar de sus duros compromisos de reducir costes y conseguir, vía precios, los

beneficios que son incapaces de registrar en un marco de estabilidad y competencia.

Por esos tres expuestos motivos la lucha contra la inflación ha perdido jerarquía en la agenda de la

política económica.

Esta huida de los políticos ante la inflación constituye la gran amenaza para el futuro de la economía

española. Una amenaza que puede traducirse fácilmente y que consiste en que la importancia económica

de la inflación está hoy claramente por encima de su cotización política.

La inflación, causa básica del paro

Ningún economista conocedor de su oficio puede aceptar esta devaluación política de la lucha

antiinflacionista. Nada resulta tan erróneo como creer que el proceso. inflacionista ha sido dominado y

que la lucha contra la inflación no debe seguir ocupando un lugar prioritario. A tendamos al problema del

paro y pospongamos la lucha contra la inflación, es la más peligrosa de las falacias con la que deben

enfrentarse los economistas, ya que constituye, por el coste y la impopularidad que reclama la lucha

contra la inflación, la gran tentación para los políticos.

No es posible dar un solo paso para remediar de forma duradera el grave problema de paro que la

sociedad española padece sin disminuir el grado de la inflación. No se trata de que la inflación sea el

problema más lacerante desde el punto de vista social y humano ¿ Se trata de que nuestro primer pro-

blema nacional —el paro y el grado de actividad de nuestra población— encuentra en la inflación su

causa básica. La inflación es el factor preponderante en la generación del desempleo. Por ello, si el paro

es nuestro primer problema, la lucha contra la inflación ha de ser la primera exigencia de un programa

destinado a resolverlo.

Esta importancia que la lógica económica obliga a conceder a la inflación incomoda a muchos políticos.

Una presión incontenible de los distintos grupos sociales y económicos pide, en este tiempo de crisis,

intervenciones múltiples que desembocan todas ellas bien en aumentar las partidas presupuestarias que

transfieren recursos a sectores con problemas, bien en abrir las puertas de la cantidad de dinero para

favorecer el crecimiento del crédito, bien en cerrar los ojos ante actitudes y comportamientos

reivindicativos que comprometen la estabilidad y aseguran ja inflación por elevar salarios, rentas y

precios. La petición diaria de mayor estabilidad de precios y la negativa de los sacrificios necesarios para

lograrla constituye la gran contradicción de las sociedades de nuestro tiempo.

Este comportamiento social hace muy difícil para un político embarcarse en un proceso de saneamiento

de la economía o continuar con él, y ello explica que la pregunta más repetida a los técnicos sea: ¿Qué

ganamos con la lucha contra la inflación? Una pregunta que alcanza tintes dramáticos en la proximidad de

fechas electorales, en las que la suerte de los políticos se decide en el intercambio de políticas por votos

que gobiernan las decisiones de una democracia.

 

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