Autor: Sanuy, Ignacio María. 
 Europa pasa el Rubicón. 
 4. Algunos problemas sociales     
 
 Pueblo.    08/02/1962.  Páginas: 1. Párrafos: 8. 

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Europa pasa el Rubicón

Algunos problemas sociales

DE manera tajante el Presidente Hallstein ha dicho que "los principios vitales de nuestro mundo

occidental nos impiden considerar el desarrollo económico como la finalidad suprema. Nosotros no

queremos solamente trabajar juntos, sino vivir juntos. El papel de la economía es crear las condiciones de

esta vida común. La economía debe permitirnos organizar nuestra vida en común de acuerdo con la

tradición espiritual y cultural de Europa". Y añade: "Después de esta constatación negativa, después de

afirmar que la política social no es un complemento mecánico de la política económica, en el sentido

estrecho del término, nos queda un interrogante: "¿Cuál es, pues, su característica positiva?" La

contestación es que la Comunidad Económica Europea sirve al noble objetivo de la justicia social.

Nuestra Comunidad Económica Europea es una comunidad social."

Estas afirmaciones se encuentran claramente fijadas en el preámbulo del tratado de Roma, donde se dice

que su finalidad esencial y que sus esfuerzos deben dirigirse al mejoramiento constante de las condiciones

de vida y de empleo de sus pueblos. Pero si las cosas aparecen claras en la teoría, en la práctica se

muestran en una acción perezosa, sin el dinamismo necesario que exigiría la realidad y contrastando con

los niveles alcanzados en la esfera económica. Nos referimos a dos problemas actuales de cuya solución

depende el prestigio de la Comunidad. Se trata de la igualación de los salarios, masculinos y femeninos y

de la libre circulación de los trabajadores en el Interior de la Comunidad.

Los Estados firmantes del tratado de Roma consideraron cuestión fundamental que debía establecerse

como obligación entre ellos el igualar los salarios masculinos y femeninos. A este fin se consagró el

artículo 119 del tratado. Pero tal disposición no era una novedad. Ya en el preámbulo del capítulo XIII del

tratado de Versalles se afirmaba como principio que a igualdad de" trabajo correspondía igualdad de

salario. Lo mismo se afirmaba en la decía ración de Filadelfia del 1944—declaración que fue firmada por

los seis países de la Comunidad—, en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos del

Hombre, del año 1949, y en el artículo 14 de la Convención sobre los Derechos del Hombre, del Consejo

de Europa de noviembre de 1950. Igualmente la Convención Internacional del Trabajo número 100

expresa nuevamente esta inspiración. Se trata de una reiterada manifestación de voluntad política, pero

pese a todo no es una cuestión solucionada. Ir de la teoría a la práctica resulta difícil. Desde 1958 el

Mercado Común intenta llevar a cabo lo prescrito en el artículo 119 del tratado, pero los resultados han

sido precarios En su reunión del 12 de junio del año pasado, el Consejo de Ministros puso en marcha una

comisión encargada dé estudiar la aplicación de dicho artículo. Se han recogido informaciones diversas y

de manera particular se dispone de dos documentos importantes. El primero de ellos redactado por la

oficina estadística de las Comunidades Europeas contiene un estudio de las estadísticas de salarios

masculinos y femeninos vigentes en los seis Estados miembros. En el segundo documento se hace un

examen de las garantías legales para la aplicación de la igualdad de remuneración y las formas de

protección jurídica que tienen dichas garantías. En el aspecto jurídico, los países del Mercado Común

pueden clasificarse en dos grupos distintos: en el primero, las disposiciones legislativas y constitucionales

garantizan el principio de igualdad: éste es el caso en Alemania, Francia e Italia; en el segundo, es decir,

en los países que componen el Benelux, no existe garantía legal para la igualdad de salarios y el principio

rige exclusivamente en la conclusión de convenios colectivos que lo admiten. En la segunda etapa del

Mercado Común se habrá de afrontar el problema de la igualación y se prevén muchas dificultades, que

se intentará vencer a través de un sistema gradual y progresivo.

Digamos ahora algo sobre la libre circulación de los trabajadores en el interior de la Comunidad. El

Consejo de Ministros ha aprobado ya el proyecto de un reglamento apoyado en los artículos 48 y 49 del

tratado. En dicho reglamento se fijan, en su primera parte, las reglas que rigen la introducción y el empleo

de los trabajadores en otro país de la Comunidad. Cualquier subdito de un Estado miembro queda

autorizado a ocupar un empleo dentro del territorio de otro Estado miembro, si este último Estado no ha

encontrado ningún trabajador adecuado en su mercado nacional tres semanas después del día en que se

produce la vacante. Esta regla se deroga para los trabajadores que reciban ofertas personales, quienes

tienen automáticamente autorización para ocupar un empleo vacante cuando éste revista carácter de

confianza; igualmente, cuando exista un parentesco entre el patrono y el productor y cuando existan lazos

profesionales anteriores que puedan determinarse. Procederá lo mismo cuándo se trate de un obrero que

haya trabajado durante más de un año en una empresa y quiera ser sustituido por un pariente de primer

grado.

Se adoptan también disposiciones para la familia del trabajador. Estas disposiciones conceden la

residencia en el pais al cónyuge y a los hijos menores de veintiún años, autorización que se extiende para

que dichos hijos puedan emplearse en el país que les acoge.

Otras dos partes del reglamento hablan de los mecanismos de contacto para las ofertas y demandas y de

los organismos encargados de la colaboración entre los Estados miembros en lo que afecta a la libre

circulación de los trabajadores.

En la cuarta y última parte del reglamento existe una disposición (artículo 43) determinando que los

Estados miembros tendrán en cuenta en su política de empleo la situación en el mercado de trabajo de los

demás países comunitarios y se esforzarán, consiguientemente, en conceder una prioridad a los

trabajadores subditos de los países del Mercado Común, a cuyos excedentes se habrá de recurrir antes que

a los obreros de otros países

La aplicación del artículo 43 del reglamento implica, de hecho, una discriminación clarísima entre

obreros procedentes de países de la Comunidad y obreros que procedan de otras naciones. La

discriminación es injusta y pintoresca. Afecta, al carácter abierto del tratado y afecta al mismo espíritu

europeo. Pero hay que tener en cuenta además que los obreros procedentes de países y territorios

africanos, asociados al Mercado Común, no serán discriminados por este reglamento; hecho que plantea

un trato de evidente injusticia y de visión torpe y localizada, muy alejada, por cierto, del espíritu abierto

que hay que atribuir a cuanto sea auténticamente europeo. Es de esperar que este artículo no tenga nunca

vigencia, ya que en muy poco prestigia a la Comunidad.

Ignacio MARÍA SANUY

 

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