Las máximas condenas     
 
 Diario 16.    24/02/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 10. 

Las máximas condenas

El pueblo español, a través de sus legítimos representantes, sufrió ayer, a manos de un insensato y

enloquecido pelotón, la mayor de las vejaciones y los escarnios. Ministros, líderes políticos y

parlamentarios, inequívocos representantes del pueblo, han sido bestialmente humillados y reducidos por

la más brutal de las agresiones: La irrupción animal de las metralletas en el «Aula de la Palabra», en el

Parlamento.

Tan delirante e incalificable acto de pistolerismo parlamentario, puesto en marcha por un grupo de

guardias civiles —quizá dispuestos a emular la toma del Parlamento nicaragüense por los sandinistas del

Comandante, Cero— ha supuesto un nuevo y criminal ataque perpetrado contra los más solemnes y

sagrados símbolos de la voluntad popular y de la democracia.

Es una nueva racha de ese maléfico huracán que periódicamente asóla este doliente y atribulado país, y

entierra en las arenas de la historia cualquier brote de convivencia en paz y tolerancia.

Tan vandálica intentona tiene, por otra parte, unos antecedentes muy claros y concretos, que culminan

con el locoide «supuesto-táctico» del teniente coronel Tejero. Surge como consecuencia de la

blandenguería del Gobierno hacia los implicados en aquello que despectivamente se dio en definir como

un «golpe de café», y que fue llamada «Operación Galaxia», uno de cuyos protagonistas pilotó ayer la

singladura del vandálico comando.

Nuevamente —tal como de forma premonitoria mencionara hace algún tiempo el socialista Alfonso

GuerraGuerra—, el siniestro caballo de Pavía ha vuelto a galopar. Pero este país ya ha rebasado,

felizmente, las fronteras del subdesarrollo, el hambre y la ignorancia propias del siglo XIX, y este tipo de

aventuras de maníaco, ya no son históricamente viables.

El atribulado y espinoso camino de España hacia la democracia no puede ser interrumpido por un puñado

de «cuatreros».

Por ello, el Gobierno tras obtener la inmediata liberación de los «rehenes» no puede caer en los mismos

errores del pasado, con sentencias de recién nacido y veniales penitencias. Los responsables han de Ser

llevados ante un consejo de guerra sumarísimo que aplique las máximas condenas a los culpables.

La justicia Será la que diga la última palabra, como corresponde al Estado de derecho que también a ellos

les debe amparar. Pero el Código de Justicia Militar y la reforma recientemente aprobada son tajantes.

Serán reos del delito de rebelión militar aquellos que se alcen en armas contra el ordenamiento

constitucional, el Jefe del Estado, su Gobierno o las instituciones fundamentales, siempre que concurran

entre otras la circunstancia de ser mandados por militares.

El viejo código para su cabecilla no ofrecía alternativa: pena de muerte. La democracia prevé como

máxima pena la de reclusión militar, por un mínimo de veinte y un máximo de cuarenta años.

Este país debe romper de una vez por todas el maleficio del golpe que, como una mordaza milenaria, le

aprisiona. La espada de Damocles que siempre parece estar pendiente sobre nuestras cabezas debe

desaparecer para siempre y para ello, el próximo Gobierno deberá poner en práctica terminantes, drásticas

e indiscutibles medidas.

 

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