Autor: Vega García, Pedro de. 
   De la Constitución y su reforma     
 
 El País.    22/04/1981.  Página: 9. Páginas: 1. Párrafos: 12. 

EL PAÍS, miércoles 22 de abril de 1981

OP1NIÓN/9

De la Constitución y su reforma

PEDRO DE VEGA GARCÍA

Tras dos años de vigencia del texto constitucional, por distintos núcleos de opinión se ha sugerido la

conveniencia de conmemorar de alguna forma tan singular efemérides. Bien está, por supuesto, la idea de

crear una fiesta: nacional en la que a nivel simbólico se integren en torno a la Constitución los deseos,

esperanzas y expectativas políticas de nuestro país.

De igual modo resultan encomiables los intentos por resucitar una tradición iniciada en Cádiz en 1812, y

según la cual debería propiciarse la enseñanza de la Constitución, a fin de que su conocimiento llegue a

formar parte del acervo cultural mínimo de todos los ciudadanos. Ahora bien, en un momento en que el

desánimo ante las, instituciones democráticas es patenté, la problemática constitucional no puede ni debe

quedar reducida en sus planteamientos a manifestaciones anecdóticas, consideraciones folklóricas y

verbalismos propagandísticos. En la base del régimen constitucional está la idea de que, a su través,

es.como únicamente se puede sustituir el siempre arbitrario o despótico «gobierno de los hombres» por el

ponderado y razonable «gobierno de las leyes».

Y es, justamente, esta pretensión loable, de convertir la razón política en razón legal la ,que ha conferido,

en la democracia moderna, el máximo valor, significación e importancia a los ordenamientos

constitucionales; Por eso, si de Io que se trata es de rescatar y reavivar las esperanzas colectivas en una

vida pública basada en la legalidad constitucional y democrática, equivaldría sencillamente a tornar el

rábano por las hojas, el intentarsuplir con ceremonias, fiestas y conme-moraciones oficiales, la ausencia

de efectivos sentimientos de respeto hacia nuestra normativa fundamental.

En la pasada centuria se lanza-, ron nuestros abuelos, con resolución celtibérica, a motejar las plazas más

importantes de pueblos, villas y ciudades de la geografía nacional con el ostentoso rótulo de «plaza de la

Constitución». Sin embargo, a nadie se le oculta cómo esos fervores" verbeneros por la Constitución no

se tradujeron nunca en una vida pública auténticamente constitucional y democrática; La Constitución ni

fue sentida por el pueblo, como pieza medular de la. organización política, ni respetada—lo que es más

gravé— por los propios gobernantes.

Así las cosas, al cumplirse los dos años de vigencia del texto constitucional, y aparte de consideraciones

más o menos anecdóticas, el verdadero problema que, hoy por hoy, debemos afrontar es el que se

encierra- en un dilema que, formulado sin patetismos ridículos y sin paliativos absurdos, se podría

expresar, en los siguientes términos: por un lado se reconoce unánimemente la necesidad de ponderar y

proclamar en su justa medida el valor y el significado de la Constitución,-¿como supuesto clave del

sistema democrático, pero, por otro lado, todo el mundo es consciente de-que no es precisamente la

escrupulosidad legalista y el respeto profundo por la Constitución lo que ha caracterizado y caracteriza a

nuestro proceso político.

Que esta notable contradicción haya sido sistemáticamente aprovechada por antidemócratas y nostálgicos

de situaciones pasa: das para poner en solfa los indiscutibles valores de la organización política

democrática, no debe servir para que los demócratas nieguen su existencia con una actitud rudimentaria y

ciega. A la democracia no sé le sirve ocultando los hechos, sino preguntando abiertamente por la causa de

los problemas para, de este modo, intentar solucionarlos.

Lamentablemente la ambigüedad en los planteamientos políticos a lo largo de toda, la transición, junto a

efectos positivos indudables, rio ha dejado de producir también sus nocivas consecuencias. La tensión

entre razón política y razón legal se resolvió en la mayoría de las ocasiones haciendo triunfar a la razón

política. La solución, otorgada al problema andaluz, creado a partir, del referéndum autonómico del 28 de

febrero, constituye el más importante, reciente y aparatoso ejemplo de ese triunfo,:permanente;de los

motivos políticos sobre las consideraciones jurídicas.

Y he aquí la cuestión: ¿qué hacer cuando la legalidad democrática entra en contradicción con las

exigencias políticas o, como en el caso andaluz, con la, propia voluntad democrática del pueblo? ,

Es bien cierto que un abusiva uso de la razón jurídica conduce al conservadurismo más radical a la más

absoluta esclerosis de la historia. Pero no lo es menos que él desprecio por la normativa jurídica en

nombre de exigencias políticas o de la propia,voluntad del pueblo, lleva consigo perjuicios

irreparables.para el sano funcionamiento de las instituciones democráticas.

Los españoles no deberíamos olvidar que fueron siempre los grandes antidemócratas quienes, utilizando

demagógicamente la voluntad popular, no perdieron nunca la ocasión para infligir los más duros ataques a

la legalidad» Si Napoleón III colocó en sus proclamas aquellos eslóganes de «hay que salir de la legalidad

para volver al Derecho» (il faut sortir de la léga-lité pour rentrer dans le Droit) o «la legalidad nos mata»

(´la légalité nous tue), casi cien años más tarde Hitler y ´Mussolini, en hombre de una hipotética voluntad

popular; comenzaron su carrera hacia el poder, con mofas y sarcasmos hacia la legalidad vigente, para

terminar luego, como era previsible, destruyéndola.

Porque el conflicto entre legalidad y exigencias prácticas, entre razón legal y razón: política, en

determinadas ocasiones se hace inevitable, es entonces cuando, en lugar de ocultar los hechos, hay que

encarar resuelta y decididamente los problemas. Cómo es claro, la Constitución no puede ser un corsé que

paralice la historia o impida sistemáticamente la realización de la voluntad popular (y qué duda cabe que:

con la Constitución española en la mano, la única vía. posible para la autonomía andaluza era la del

artículo 143). Sin embargo, no es menos evidente que la Constitución no puede ser impunemente

ignorada y acomodada a los requerimientos políticos según las circunstancias (lo que, en el caso andaluz,

comenzó haciendo el Gobierno, con la ocurrencia de apelar al artículo 144, y consumó luego la oposición

con la no menos anticonstitucional postura de modificar la ley reguladora de las modalidades del

referéndum).

Precisamente para no paralizar la historia, y para qué la Constitución, a su vez, no sufra deterioros en su

interpretación ni pierda su prestigio y condición de norma suprema, los ordenamientos constitucionales

democráticos idearon el mecanismo de la reforma constitucional. Mecanismo del que los españoles

debemos empezar a hablar por escandaloso y provocador que para algunos pueda esto parecer, si es que

efectivamente queremos homologarnos y entrar en la lógica de las democracias más sanas, no

aferrándonos a una hipotética «democracia a la española», qué convierta a la Constitución en un fantasma

o en una parodia sin grandeza.

Sí en nombre de exigencias prácticas y de razones políticas puede resultar escandaloso en estos momentos

hablar de la reforma constitucional, no menos escandaloso resulta, desde el punto de vista democrático,

oír hablar dé segundas y. terceras lecturas y dé interpretaciones de conveniencia del texto constitucional.

Con ello —y aparte de su dudosa eficacia práctica—, lo único que se consigue es que la Constitución

pierda prestigio, y el ordenamiento, democrático en su conjunto sufra un menoscabo irreparable.

Por eso, acaso no esté de más, en el segundo aniversario de nuestra Constitución, el recordar dos

cuestiones sobre la reforma constitucional, "no siempre tenidas; eri cuenta, pero que bien´ comprendidas

quizá colaboren a evitar errores y sirvan para clarificar el enrarecido panorama político nacional. En

primer término, y desde una perspectiva teórica, no se debería olvidar que la reforma constitucional

representa ante todo, un mecanismo de defensa dé la Constitución. Con ella se garantiza el carácter de ley

suprema, de «norma nor-morum» del texto constitucional. Lo que significa, dicho con toda claridad y

contundencia, que más vale reformar, para qué luego el gobernante se adapte obligatoriamente en su

comportamiento político a lo reformado, que no reformar y no cumplir lo que en la Constitución se

establece.

En segundo lugar, y desde un punto dé vista histórico, no se debería ignorar tampoco que sólo las

constituciones qué gallardamente se reformaron cuando las ; circunstancias lo requirieron fueron las que

tuvieron vigencia real y duración temporal importante. Ahí está el ejemplo de la Constitución americana.

Por el contrario, cuando las constituciones no se adaptaron por el mecanismo de la reforma a su propia

realidad, o fueron sustituidas globalmente por otras y devoradas por la historia, o se convirtieron en

esperpentos y . ficciones del juego seudo democrático.

Pedro de Vega García es catedrático de Teoría del Estado, y Derecho Constitucional.

 

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