Con la Constitución     
 
 El País.    24/02/1981.  Página: 8. Páginas: 1. Párrafos: 8. 

OPINIÓN

EL PAÍS, martes 24 de febrero de 1981

Edita Promotora de Informaciones Sociedad Anónima (PRISA; Redacción. Administración y Tallares

Miguel Yusté 40 Madrid 1 7 Teléfono 754 38 00 Télex 42187 Depósito legal M 149b1/16

Presidente del Consejo de Administración: José Ortega» Consejero-delegado. Jesús Polanco

Director: Juan Luís Cebrián

Subdirectores Martín Prieto. Augusto Delkader

y Jesús de Ia Serna Redactores jefes Julio Alonso. Eduardo San Martín

e Ismael López Muñoz (Información general). Rafael Conté (Cultura), Julián García Candau (Deportes)

y José Antonio Martínez Soler (Economía y Trabajo)

Secciones Francisco G. Basterra (Internacional). Javier Pradera (Opinión)

Soledad Alvarez-Coto (Nacional). Ismael Fuente (Madrid).

José María Baviano (Especialistas y Reponeros).

Juan Cruz Ruiz (Cultura y Espectáculos). Juan José Fernández (Deportes), Julio Fernandez (Economía y

Trabajo),

Antonio Gabriel (Fotografía) y Ángel Luis de la Calle (Documentación) Diagramación y diseño Lorenzo

Romero

Director gerente; Javier Baviano

Subdirector gerente: Lorenzo Ruíz

Director comercial. José Manuel Sánchez Palomares

Adjunto a Gerencia. José María Aranaz

Técnica: Joaquín Rodríguez Admmisíración Ángel Gómez Control de Gestión: Antonio Gallardo

Servicios informativos: New York Times, Le Monde, Efe. United Press international Associated Press.

Reuter. Agence France Presse. Inter Press Service,

Europa Press y Comtelsa Servicios gráficos Efe, Europa Press. United Press International y Associated

Press

Con la Constitución

EL GOLPE de Estado llevado a cabo por destacamentos de la Guardia Civil en la tarde de ayer, al tomar

por asalto el palacio del Congreso y secuestrar a los representantes de la soberanía popular y al Gobierno

del Estado, ha sido un alevoso atentado contra el pueblo español, una humillación para la dignidad y

madurez de una de las más antiguas naciones del mundo occidental y una criminal violación de la

Constitución, aprobada en referéndum popular en diciembre de 1978.

La defensa de la Constitución y de la legalidad vigente ha tenido en el Rey su más resuelto y admirable

combatiente. Este país nunca podrá olvidar que, después de que el general Milans del Bosch decretara el

estado de excepción en la Región Militar de Valencia por su cuenta y riesgo, sin respetar los mandatos

constitucionales ni consultar al Rey, a quien corresponde el mando supremo de las Fuerzas Armadas, don

Juan Carlos asumió la responsabilidad de la situación y encomendó a los secretarios y subsecretarios no

aprehendidos por los secuestradores el ejercicio del poder civil. La actitud del Jefe del Estado en las

tensas horas de ayer es símbolo de la legitimidad constitucional y democrática.

El golpe de Estado ilumina, por lo demás, buena parte de los acontecimientos de la etapa de transición y

los sitúa en su adecuada perspectiva.

La operación Galaxia no fue una charla de café, sino uno de los hilos de la madeja conspirativa que quedó

al descubierto. La circunstancia de que el teniente coronel Tejero, principal responsable de aquel compló

en toda regla, resultara condenado con una pena leve y fuera reincorporado después al servicio activo ha

permitido a este soldado desleal y sedicioso participar destacadamente en esta segunda intentona golpista.

Así, las debilidades, complicidades y cobardías que impidieron en su día castigar a los culpables de la

operación Galaxia con las penas congruentes y realizar a su debido tiempo los relevos imprescindibles en

los cargos de las Fuer/as Armadas y en las fuerzas de seguridad, a fin de sustituir a los conspiradores y

golpistas por militares y policías respetuosos de la Constitución, son tactores tan responsables como los

propios asaltantes del Congreso de la inaudita y esperpéntica estampa escenificada ayer en el palacio de la

carrera de San Jerónimo, más propia de una república bananera o de un pronunciamiento decimonónico

que de una nación europea a finales del siglo XX.

Hasta la dimisión de Adolfo Suárez --que sólo al cabo de largo rato durante el asedio en el Congreso

reaccionó en su calidad de presidente en funciones — adquiere, a esta luz, un nuevo significado, lo

mismo que la irresponsabilidad de numerosos miembros de su partido. Todos aquellos que han jugado a

aprendices de brujos conjurando a fuerzas y presiones extraparlamentarias para promover sus intereses

podrán comprender ahora lo fácil que es provocar tormentas enormemente más graves y peligrosas que

las que deseaban poner al servicio de sus objetivos.

Los ideólogos de las bandas armadas y los terroristas que asesinan, extorsionan y secuestran encuadrados

en las diferentes ramas de ETA también habrán tenido ocasión de comprobar cómo un golpe de Estado,

que convertiría al País Vasco y al resto de España en un gigantesco campo de concentración o de

exterminio, es la única consecuencia política a la que llevan sus acciones criminales. Porque en la tarde de

ayer, el secuestro del Congreso de los Diputados y del Gobierno tuvo otros cómplices, además de los que

vivaqueaban en los alrededores del hotel Palace o en oscuros despachos oficiales. Y entre esos cómplices

están todos los que usan de la violencia y apelan a ella en el marco de un Estado democrático soberana y

libremente constituido.

Ocurra lo que ocurra en las próximas horas o en los próximos días, suceda lo que suceda a quienes nos

mantenemos fieles a la Constitución y a la legalidad vigente, nacidas ambas de elecciones libres y de la

voluntad del pueblo español, los golpistas están condenados por la Historia, por la ética y por los

juramentos de honor que tanto prodigan y tan poco cumplen. Ojalá este acto de barbarie sea sólo un

bochornoso incidente y sirva, al menos, para que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de esta vieja

nación sepan sacar las adecuadas consecuencias: que una democracia no puede ser defendida por quienes

no creen ni en sus valores ni en sus principios y por quienes están dispuestos a matar y extorsionar en

contra de la libertad.

En cualquier caso, este acto sedicioso, si tiene el final feliz que todos deseamos, no puede ser despachado

bajo la teoría del «grupo salvaje», del pelotón de guardias civiles y policías descontrolados y

enloquecidos. La investigación judicial sobre el asalto con torna de rehenes al Congreso de los Diputados

tiene que alcanzar el fondo de todas las tramas -incluso si están insertas en las instituciones que vienen

conspirando contra la democracia desde el mismo momento de la reforma política. Los locos -máxime si

circulan armados- son recluidos en las casas de orates y no se les entrega el mando de la tropa.

La Constitución española, para bien de todos y para honra de nuestra sociedad, ha abolido la pena de

muerte, al igual que las torturas y los tratos inhumanos. En estas horas difíciles, nos ratificamos en la

defensa que hicimos y que seguiremos haciendo, desde las páginas de este periódico, de la abolición de la

pena capital, que garantiza la vida a los organizadores del asalto al Congreso.

Sin embargo, la Constitución debe ser aplicada en todos sus mandatos. La rebelión debe ser abortada; sus

cómplices y encubridores, desenmascarados y puestos a buen recaudo; y sus autores, detenidos, juzgados

por tribunales que aseguren un juicio a la vez imparcial y conforme a derecho y castigados para ejemplar

escarmiento. Los ciudadanos españoles deben sumarse a la gran protesta nacional e internacional y

movilizar por todos los medios a su alcance la voluntad popular en defensa de la legalidad.

Pero es precisamente necesario demostrarlo con su decisión de convivencia, con sus ganas de libertad y

de alegría, sin apelaciones en este momento a huelgas generales o actos multitudinarios que ahonden en la

desestabilización, máxime cuando la vida de los líderes políticos de este país pende aún de la voluntad de

unos fanáticos. A la hora de cerrar esta edición, la situación parece controlada por el Rey y las fuerzas y

los poderes legales. El comportamiento de los altos mandos de nuestras Fuerzas Armadas y de la Junta de

Jefes del Alto Estado Mayor ha estado a la altura de la serena conducta de su mando supremo. Las horas y

los días venideros determinarán el futuro en libertad de España.

 

< Volver