Autor: Cuadra Fernández, Bonifacio de la. 
 La Comisión de Justicia inicia el debate sobre la reforma del Códogo Penal. 
 Rechazadas las enmiendas de Piñar, Bandrés y Sagaseta contra el proyecto de ley de Defensa de la Constitución     
 
 El País.    28/03/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 9. 

La Comisión de Justicia inicia el debate sobre reforma del Código Penal

Rechazadas las enmiendas de Pinar, Bandrés y Sagaseta contra el proyecto de ley de Defensa de la

Constitución

BONIFACIO DE LA CUADRA

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados rechazó ayer las enmiendas a la totalidad del

proyecto de ley de reforma del Código Penal en defensa de la Constitución y sobre terrorismo formuladas

desde las posiciones extremas de la Cámara: las del ultraderechista Blas Pinar y los nacionalistas de

izquierda Fernando Sagaseta y Juan María Bandrés. Este último diputado, único de los enmendantes

asistente a la sesión, votó en solitario frente a los 32 comisionados de los restantes grupos, que aceptaron

el texto gubernamental, que se tramita por procedimiento de urgencia. El miércoles próximo está previsto

su debate en el Pleno.

Bandres criticó el apresuramiento con que se estaba tramitando el proyecto de !ey, que habia impedido

que llegara a la Cámara la enmienda a la totalidad formulada por Euskadiko Ezkerra dentro del plazo. El

presidente de la comisión, el centrista Osear Alzaga, confió en la palabra del diputado, quien pudo

defender su petición de que el proyecto de ley fuera devuelto al Gobierno, por «innecesario e

inoportuno». Aseguró que las figuras penales existentes en el Código Penal y en el de Justicia Militar son

suficientes para cubrir los objetivos señalados por el Gobierno.

Amenaza contra la libertad de expresión

El diputado abertzale estimó especialmente peligroso la creación de una fórmula penal abierta como la del

artículo 216 bis B (provocación o apología contra la Constitución a través de medios de difusión).

Consideró que, «a pesar del bello título de una ley en defensa de la Constitución, esta figura amenaza la

libertad de expresión constitucionalmente reconocida». Calificó de explosiva la posibilidad de clausura

provisional del medio de difusión, una vez admitida a trámite la querella del fiscal. «Este cierre

automático de un periódico puede causarle daños irreversibles, aun cuando la sentencia sea en su día

absolutoria», dijo.

Juan María Bandres recordó que la experiencia demuestra que la dureza penal no da resultado para

solucionar problemas que sólo se resuelven por vías políticas, de negociación y de pacto. Criticó también

la atribución de competencias sobre estos delitos a la Audiencia Nacional y a los juzgados centrales, que

significa, según dijo, «un nuevo golpe a la unidad jurisdiccional consagrada en la Constitución».

Por el grupo centrista, Javier Moscoso aseguró que el proyecto de ley obedece a razones de oportunidad

ante las agresiones producidas contra la Constitución y no tipificadas en el vigente Código Pena!. Afirmó

que el proposito gubernamental no es atacar la libertad de expresión y que el cierre de los medios de

difusión sólo se producirá una vez que existan indicios de delito. Justificó la competencia de la Audiencia

Nacional por tratarse de delitos de ámbito estatal. El Consejo General del Poder Judicial emitió ayer un

informe sobre los aspectos procesales y orgánicos del proyecto de ley.

Tanto Blas Pinar como Fernando Sagaseta no pudieron defender sus respectivas enmiendas a la totalidad,

por encontrarse ausentes de la comisión. En cambio, si fueron sometidas a votación, a petición de su

compañero del Grupo Mixto, Juan María Bandrés. Según enmienda de Pinar, la Constitución se defiende

ella misma «sin necesidad de aparato ortopédico alguno», mediante los estados de excepción o de sitio,

«y a los terroristas basta con aplicarles la ley) orgánica de 1 de diciembre».

Por su parte, Fernando Sagaseta considera el proyecto de ley «una trampa despiadada para todos los

demócratas consecuentes», que contribuirá a extender la convicción de que «el golpe de Estado del 23 de

febrero último ha triunfado sobre los partidos parlamentarios».

La enmienda a la totalidad del centrista liberal Joaquín Muñoz Peirats, que se oponía al proyecto de ley

«por razones políticas, históricas y legislativas», no fue sometida a votación por encontrarse ausente y no

asumir su mantenimiento ningún diputado de su grupo.

La primera reunión de la ponencia, que se celebró ayer mismo, dio como resultado la aceptación de

enmiendas socialistas, comunistas y de Coalición Democrática, dirigidas, en general, a acentuar las penas

por delitos terroristas y a introducir mejoras técnicas. Sobre uno de los puntos más polémicos del

proyecto —el cierre judicial de los medios de difusión . la ponencia aceptó que sea solicitado por el

ministerio fiscal, pero rechazó que pueda apelarse contra la resolución judicial de cierre.

 

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