Autor: Cuadra Fernández, Bonifacio de la. 
 Juan María Bandrés retiró su enmienda para que no se votara junto a la de Blas Piñar. 
 Abrumadora mayoría contra las enmiendas a la totalidad de la ley de Defensa de la Constitución     
 
 El País.    02/04/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 19. 

Juan María Bandrés retiró su enmienda para que no se votara junto a la de Blas Pinar

Abrumadora mayoría contra las enmiendas a la totalidad de la ley de Defensa de la Constitución

BONIFACIO DE LA CUADRA

Sólo nueve votos afirmativos, frente a 281 negativos y dos abstenciones, obtuvieron las enmiendas a la

totalidad del proyecto de ley de Defensa de la Constitución y sobre terrorismo, defendidas por Blas Pinar

y Fernando Sagaseta.

Juan María Bandrés también defendió uña enmienda solicitando la devolución al Gobierno del proyecto

de ley, pero la retiró en el último momento, al no existir cauce reglamentario para que se votara

separadamente la suya de la del diputado ultraderechista Blas Pinar.

Los nueve votos afirmativos correspondieron a los tres enmendantes a la totalidad y a los diputados

centristas Rodríguez Alcaide y Carlos Sentís, los comunistas Pilar Brabo y Josep María Riera, el

socialista catalán Valentín Antón y Josep Pi Suñer, de Esquerra Republicana de Cataluña. Las dos

abstenciones fueron de los diputados de Coalición Democrática José María de Areilza y Antonio de

Senillosa, cuyos alegatos en contra del proyectó de ley a través de las páginas de EL PAÍS fueron

elogiados por Sagaseta.

La primera enmienda a la totalidad fue defendida por Blas Pinar, quien manifestó que sólo se defiende lo

que está afectado de debilidad interna o no tiene viabilidad. Dijo que los propios preceptos de la

Constitución son suficientes para defenderla a través del artículo 55, sobre suspensión de derechos, y del

desarrollo del mismo en la ley Antiterrorista. Estimó que el proyecto de ley vulnera el derecho a la

libertad ideológica y de expresión y a la propiedad privada.

Blas Pinar aseguró que lo que está en crisis no es la Constitución, sino la sociedad española, en parte a

causa de una Constitución con excesivos pormenores, ambigüedades, habilidades y contradicciones.

Entre los puntos criticables de la Constitución destacó la regulación de las autonomías, el término

«nacionalidades», la abolición de la pena de muerte, entre otros. Cuando Blas Pinar aseguró que toda la

Cámara estaba de acuerdo en el diagnóstico de la situación, desde la izquierda se escucharon voces de

«no, no». Piñar insistió en que el diagnóstico era general, aunque variara la terapéutica a aplicar.

Concluyó pidiendo la revisión del texto constitucional en lugar de una defensa que conculca la propia

Constitución.

Sagaseta: "Una trampa contra los demócratas"

Para el diputado de Unión del Pueblo Canario Fernando Sagaseta, la devolución al Gobierno del proyecto

de ley que solicitaba se basaba en que constituye, según él, «una trampa contra los demócratas y a favor

de los fascistas y de sus siniestros designios reaccionarios». Recordó una frase de Miguel Herrero

favorable a la libertad para todos, «incluso para los enemigos de la democracia», y la estimó premonitoria

del frustrado golpe de Estado. Añadió que los residuos fascistas del antiguo régimen serán los llamados a

aplicar la ley, mientras se olvidan cuestiones como las torturas al etarra Arregui, los malos tratos de la

cárcel de Herrera de la Mancha, la negativa de tos fiscales a firmar un documento en defensa de la

Constitución y el nombramiento de Ballesteros como jefe del Mando Unificado de la Lucha

Antiterrorista, a pesar, dijo, «de sus connotaciones dictatoriales».

Atribuyó a los partidos de la izquierda un trastorno mental transitorio al apoyar que se tipifique como

delito la apología por astucia o por cualquier otro medio («ahí cabe todo», dijo) del delito de pretender

modificar la Constitución. Frente al olvido del tejerazo, destacó que existe la obsesión política contra el

terrorismo vasco, para practicar «no la política, sino la violencia, es decir, para echar más leña al fuego».

Bandrés: "Democracia conminada"

El diputado de Euskadiko Ezkerra Juan María Bandrés recordó que en la campaña del referéndum

constitucional su grupo político destacó la parte positiva de la Constitución, aunque no pidiera su

votación favorable. Desde esta óptica, aseguró que seria favorable a un proyecto de ley que

verdaderamente pretendiera defender la Constitución y se opusiera al terrorismo de cualquier signo:

Añadió que «este no es el caso». Se refirió al momento político en el que se denomina armonización al

retroceso autonómico; democracia vigilante, a la democracia conminada, y defensa del castellano, a la

intolerancia lingüística. En este clima, estimó lógico que se hable de defensa de la Constitución cuando se

propone su vulneración.

Juan María Bandrés hizo un catálogo de las normas sustantivas existentes, que muestran la inexistencia de

desprotección penal frente al terrorismo, tanto de paisano como de uniforme. Estimó suavizadas las

medidas contra ¡as empresas periodísticas, pero consideró no satisfactorio el proyecto de ley en este

punto.

Especial énfasis puso el diputado abertzale en el derecho al juez ordinario establecido en la Constitución,

y que el proyecto de ley vulnera, al establecer la competencia de la Audiencia Nacional y los juzgados

centrales para el conocimiento de los delitos que contempla.

El diputado centrista Javier Mostoso se pronunció contra las tres enmiendas a la totalidad y justificó la

oportunidad del proyecto de ley. Aseguró que es difícil que quieran defender la Constitución quienes no

la votaron favorablemente en su momento. Manifestó que el grupo centrista es particularmente sensible a

la libertad de información, que en ningún momento queda limitada por la nueva ley. Aseguró que los

peores enemigos de la Constitución son «los terroristas y los falsos patriotas».

Criticó la falta de asistencia de Bandrés a la ponencia y le contestó que la competencia de la Audiencia

Nacional está justificada por afectar los delitos de terrorismo y contra ¡a Constitución a toda la población

española.

Moscoso dijo que no había entendido a Sagaseta, a lo que el diputado canario replicó que no quería

entenderle. Sagaseta manifestó que cualquiera que haya leído El Alcázar durante los últimos meses ha

podido comprobar la incitación al golpe, sin que se haya hecho nada por los poderes públicos. En

contraste con esta actitud, destacó que UCD aprovecha el fallido golpe para recortar las libertades, entre

ellas la de expresión.

Para fijar la posición de los grupos parlamentarios intervinieron representantes de los grupos- Socialista,

Coalición Democrática y Comunista, ´todos ellos favorables al proyecto de ley.

El socialista vasco Enrique Múgica calificó de liberticidas a quienes atenta contra la Constitución y contra

su defensa, y aseguró que detrás del proyecto de ley a debate se encuentra la mayoría del pueblo español,

que el día 27 de febrero último salió a las calles para demostrar que está contra el golpismo. El también

socialista Leopoldo Torres declaró que el proyecto de ley no gusta a quienes tienen el chantaje de las

metralletas o a quienes, de estar en el poder, yugularían las libertades.

Por Coalición Democrática, Manuel Fraga estimó que la defensa del orden constitucional responde a una

vieja tradición jurídica. Estimó importante el proyecto de ley, mejorado por la ponencia y la comisión.

Respecto al recorte a la libertad de Prensa, manifestó que las libertades no son absolutas, sino que sus

abusos pueden resultar destructivos. Sobre las reticencias de Bandrés a la competencia de la Audiencia

Nacional, Fraga dijo que los jueces ordinarios del País Vasco no pueden ejercer normalmente sus

funciones.

El comunista Josep Solé Barbera destacó la importancia de la ley, que ha llegado al Parlamento de la

mano de un ministro determinado (se refería al de Justicia, Fernández Ordóñez), aunque añadió que no

deseaba personalizar. Estimó la Constitución de todos y criticó al Gobierno por no haber realizado una

negociación previa con los grupos parlamentarios.

Apología de la rebelión militar

En el debate del articulado, la única novedad importante fue la aceptación de una enmienda transaccional

centrista que recogía criterios expuestos por el Grupo Comunista, según la cual se amplia la figura de

apología de la rebelión a la de apología de la rebelión militar. El artículo 216 bis A contempla, pues, tras

el debate de ayer, que se impondrá la misma pena que a los reos de apología de la rebelión a aquellos

señalados como culpables de apología de la rebelión militar. Él comunista Solé Barbera, cuyo grupo fue

el padre de la enmienda, explicó que desde el punto de vista jurídico «queremos que haya tribunales

concretos que puedan cerrar un medio de difusión sin tener que acudir a los tribunales militares, es decir,

dejar estos casos en manos de la jurisdicción civil».

Solé explicó también que le parecía necesario establecer la figura de apología de la rebelión militar

cometida por un civil. «El delito en sí es militar, pero el Código de Justicia Militar, sólo castiga la

apología del delito ya cometido, mientras que nuestra enmienda da a la apología una configuración

autónoma, en la que incluye las situaciones en las que existe apología de hechos que aún no se han

producido». El representante comunista señaló que no se trataba de establecer una fórmula legislativa en

la que alguien pudiera presumir de victoria. «De esta ley», dijo, «no podremos vanagloriarnos nunca».

Javier Moscoso, del Grupo Centrista, manifestó que los miembros de UCD habían sido sensibles a los

argumentos comunistas, y que, por tanto, admitían la enmienda con un ligero cambio de redacción, ya que

llenaba una laguna existente

Junto a la admisión de esta enmienda sólo se produjo otra votación importante: la de la disposición

adicional, que deja en manos de la Audiencia Nacional y de los juzgados centrales la competencia para el

conocimiento de los delitos a que hace referencia la ley. El representante andalucista Aguilar pidió que se

suprimiera la competencia de la Audiencia Nacional, porque, a su juicio, implica una visión centralista

del Estado. El comunista Solé Barbera se expresó en el mismo sentido. Javier Moscoso se opuso a la

supresión expresada, diciendo que la Audiencia Nacional no es una jurisdicción especial, «sino un

tribunal tan digno como cualquier otro».

 

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