Autor: Satrustegui Fernández, Joaquín. 
   Entre abogados     
 
 ABC.    23/01/1973.  Página: 18-?. Páginas: 2. Párrafos: 8. 

ENTRE ABOGADOS

Al referirme a lo sucedido en la Corporación madrileña, decía el día 17 en estas páginas: "Salta a lo vista

que ahora el acto público ha sido el veto ministerial del cual nuestro Colegio es simple sujeto pasivo."

El señor Ruiz Gallardón, mi buen amigo, considera en este mismo periódico (día 19) que esa afirmación

mía de que el veto fue un tacto político» no hace «sino poner trabas a que prospere el recurso» interpuesto

por la Junta de Gobierno contra aquella resolución. El razonamiento de mi compañero es el siguiente: Si

se confirma por el Gobierno la decisión del Ministerio de Justicia, es de temer que el subsiguiente recurso

contencioso-administrativo "sea inviable", pues según el artículo segundo de la ley reguladora "no

corresponderan a la jurisdicción contencioso-administrativa: b) Las cuestiones que se susciten en relación

con los actos políticos del Gobierno...".

"Flaco servicio —concluye el señor Ruiz Gallardón—ha hecho el señor Satrústegui, mi buen amigo..."

"Difícil nos lo ha puesto."

Sucede, sin embargo, que mi compañero no ha transcrito la parte fundamental del precepto en que apoya

su tesis. La ha sustituido por unos puntos suspensivos. He aquí el texto completo:

"No corresponderán a la jurisdicción contencioso-administrativa: b) Las cuestiones que se susciten en

relación con los actos políticos del Gobierno, como son los que afectan a la defensa del territorio

nacional, relaciones internacionales, seguridad interior del Estado y mando y organización militar, sin

perjuicio de las indemnizaciones que fueren procedentes, cuya determinación si corresponde a la

jurisdicción contencioso-administrativa." (Los subrayados son míos.)

Ante este texto, cuya interpretación es fácil para cualquier lector, ¿tiene sentido eso del "flaco servicio"

que me atribuye el señor Ruiz Gallardón? No creo que nadie piense que al veto ministerial sea uno de

esos actos que por afectar a la "defensa del territorio nacional", a las "relaciones internacionales", a la

"seguridad interior del Estado" o al "mando y organización militar" quedan excluidos de la jurisdicción

contencioso-administrativa. El magnifico recurso, ahora en tramitación, interpuesto por nuestra Junta de

Gobierno ante el propio ministro de Justicia, sostiene, desde luego, lo que estoy recalcando: el veto de 14

de diciembre último fue un acto que está sujeto a aquella jurisdicción. De ahí que para mí sean

inexplicables los temores y ese texto incompleto del señor Ruiz Gallardón.

Por lo demás, mi compañero dice que todos coincidimos «en la consideración de que hay que abrir cauces

adecuados a la expresión política», pero que le parece un desatino que "a algunos les agrade que por no

existir en la medida necesaria otros cauces estrictamente políticos, se politicen los Colegios

profesionales". Pienso que el desatino no se evitará con actitudes personales de agrado o repulsa. Estamos

ante una realidad: la naturaleza humana es como es. Y su condición política se hará patente tarde o

temprano en el ámbito en que menos se espere, cuando no pueda hacerlo dentro de los cauces normales de

participación colectiva, porque éstos no sean suficientemente amplios. Entonces la politización de todos

los ambientes será inevitable. Como seguramente lo es el que también este cordial debate jurídico entre

dos abogados cuyas tendencias se advierten resulte politizado. Nada nocivo veo en ello.

Sí lo veo, en cambio, en que las gentes puedan tener que optar entre el silencio o la clandestinidad —

paraíso de extremistas de todo signo— y en que la violencia, y concretamente la acción directa, se

conviertan en instrumentos políticos.

Bien sé que el fenómeno de la violencia es universal y que son pocos los países que se libran de esa lacra,

pero la realidad parece demostrar que, en general, el «protagonismo político» de movimientos y

organizaciones como los castristas de Sierra Maestra, los Panteras Negras, los barricadistas del mayo

francés, el I. R. A., Septiembre Negro o los guerrilleros croatas tiene menor trascendencia en aquellas

naciones en que los ciudadanos, mediante elecciones libres, pueden respaldar masivamente, con sus

votos, programas progresistas que, como tales, condenan toda violencia.

Resulta obligado meditar sobre este grave problema cuando ahora, la E. T. A. pretende protagonizar el

momento político con un nuevo e indignante secuestro que consterna al país y al que no puedo dejar de

referirme con dolor: el de Felipe Huarte, ese hombre bueno, inteligente, generosa y trabajador, a quien

conozco bien y del que cuando escribo estas líneas no se sabe nada.

Joaquín SATRUSTEGUI.

 

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