Autor: ;Suárez, Fernando. 
   Este es el texto del consenso     
 
 Nuevo Diario.    26/11/1968.  Páginas: 1. Párrafos: 17. 

ESTE? ES EL TEXTO DEL CONSENSO

El escrito que (mecemos a continuación es el que redactaron los doce procuradores reunidos en

Valladolid durante la mañana del domingo, y que ha sido enviado a todos los procuradores de

representación familiar de España.

Los procuradores en Cortes que suscriben han examinado con detenimiento el dictamen de la Comisión

Permanente y la resolución del señor presidente de la Cámara que se contienen en el "Boletín Oficial"

número 1.028, y después de un amplio cambio de impresiones han aprobado por unanimidad, y en

relación con el asunto, el siguiente Consenso

PRIMERO: No encontramos en el Reglamento precepto alguno que legitime a la Comisión Permanente

para dictaminar, en la forma que lo hace.

Entre las distintas facultades que le atribuye el artículo 22, no se incluye facultad alguna que se parezca a

la que nos ocupa.

SEGUNDO: Adherirse, como se adhiere, la Comisión Permanente a las resoluciones tomadas por el señor

presidente de las Cortes, con todo respeto, es adherirse a resoluciones inexistentes.

Porque hasta el acuerdo que se contiene en el Boletín número 1.028, el excelentísimo señor presidente de

las Cortes no había adoptado resolución alguna. La prohibición de la reunión de Ceuta fue decretaba por

el señor ministro de la Gobernación y comunicada a los procuradores por conducto del comandante

militar de la plaza.

El señor presidente de las Cortes no actuó ni siquiera como órgano transmisor dé la prohibición,

habiéndose limitado a dar cuenta a los procuradores de las razones que el señor ministro de la

Gobernación manifestó tener, para no permitir su reunión, cuando después ya instancias de aquéllos las

solicitó.

TERCERO: El apartado b) del acuerdo del señor presidente de las Cortes inserto en el Boletín citado, en

cuanto que en general, y como norma, prohibe la reunión de procuradores fuera del palacio de las Cortes,

viene a coincidir con la línea inspiradora del telegrama del señor ministro de la. Gobernación por el que

se prohibió la reunión de Ceuta, cuyo texto se remitía incluso expresamente al Reglamento de las Cortes.

A la vista de esta concordancia, la presidencia de las Cortes viene a ratificar ahora lo resuelto por aquella

autoridad en 27 de septiembre, y ello nos lleva a establecer estas conclusiones:

a) Que si bien la resolución gubernativa: se adoptó a espaldas de la Presidencia de las Cortes, resulta

que el acuerdo de dicha Presidencia coloca a ésta en la línea prohibitiva de estas re. uniones,

contradiciendo las manifestaciones que hizo a los procuradores al recibirlos en audiencia.

b) Que la prohibición se adopta con evidente discriminación, en cuanto que procuradores de otras

representaciones llevan tiempo reuniéndose fuera del Palacio de las Cortes.

CUARTO: Las facultades que el artículo 14 del Reglamento concede al presidente de las Cortes son de.

régimen interior. A la vista del contexto de este artículo, se observa que la prohibición que se adopta no

encaja en su número 22. Máxime si se tiene en cuenta que en estas reuniones informales, sin quorum, de

contraste de pareceres y preparatorias de trabajos parlamentarios, lo que está en juego es el estatuto del

procurador.

El acuerdo presidencial va más allá y es más restrictivo que el propio ordenamiento positivo, en cuanto

que trata de establecer mayores limitaciones para las reuniones de procuradores Que para las de los demás

ciudadanos. En efecto, el artículo 2." de la ley de 15 de junio de 1880 no confiere carácter de públicas a

las reuniones que no excedan de veinte personas. Y las que pasen de esté número no precisan

autorización; basta dar conocimiento de ellas a la autoridad, con veinticuatro horas de anticipación.

Al ser más beneficiosa la legislación general, es claro que los procuradores, de aceptar este planteamiento

optarían por aquélla. Y esta opción entrañaría un contrasentido, como un con. trasentido sería que el

artículo 16 del Fuero de los Españoles no amparase a los procuradores en Cortes. Pues una reunión de

éstos para estudiar en común un proyecto de ley o preparar un trabajo legislativo es, en todo supuesto, una

reunión para fines lícitos, que en modo alguno puede entrañar el peligro de convertrise en una reunión no

pacífica e ilegal.

QUINTO: Por último —y aunque esto sea de la mayor importancia— entendemos que la actitud

limitativa de las reuniones de procuradores supone .un retroceso en la evolución política, dentro de un

sentido representativo, que con ilusión y de cara al futuro entrañable de España secundamos y que está

proclamado en la ley Fundamental de Principios del Movimiento Nacional, que en el octavo dice: "El

carácter representativo del orden político es principio básico de nuestras instituciones públicas." Es

evidente que este expresivo texto, y sobre todo su espíritu, lleva implícita la conveniencia de respetar las

reuniones de procuradores, donde quiera que se produzcan, relativas a sus actúaciones parlamentarias, y

pone de relieve la necesidad de recoger en una ley el estatuto del procurador, a fin de que la función

legislativa tenga un cauce mas amplio que el del regla-mentó de las Cortes y no se vea interferida por el

Ejecutivo.

En méritos de lo expuesto.

Los procuradores que suscriben, lamentándolo, se ven en la necesidad de disentir del dictamen de la

Comisión Permanente y del acuerdo del señor presidente de las Cortes, insertos en el «Boletín Oficial del

Estado" número 1028; siguen considerando insuficientes e insatisfactorias las explicaciones dadas por el

Ejecutivo al penoso incidente de Ceuta, y recaban y se reservan el derecho a reunirse cuando así lo

demande su interés, fuera del Palacio de las Cortes.

Valladolid, 24 de noviembre de 1968.

FIRMANTES:

Eduardo Tarragona (Barcelona), Fernando Suárez (León), Joaquín Luaces (Valladolid), José Ángel

Zubiaur (Navarra), Manuel María Escudero (San Sebastián), Auxilio Goñi (Navarra), Adolfo Sánchez

(Valladolid), José María García Bravo-Ferrer (Sevilla), Alfonso María Abella (Álava), Jesús Esperabé

(Salamanca), José María Zaldívar (Zaragoza) y Serafín Becerra (Ceuta).

ADHESIONES RECIBIDAS:

Juan Marrero (Las Palmas), Antonio Arrúe (Guipúzcoa), Aparicio Alcalde (Soria), José María Abad

(Palencia) y Baldomero García (Cádiz).

 

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