Boletín Oficial de las Cortes. 
 La Comisión permanente limita la inmunidad parlamentaria     
 
 Hoja del Lunes.    04/07/1969.  Páginas: 1. Párrafos: 13. 

«Boletín Oficial de las Cortes»

La Comisión Permanente limita la inmunidad parlamentaria

• Con su dictamen desestima las peticiones de Goñi y Zubiaur

Para acogerse a la inmunidad, (dos actos y manifestaciones de los procuradores tienen que producirse en

el ejercicio de su cargo»

La Comisión Permanente de las Cortes ha desestimado la petición de los procuradores don José Ángel

Zubiaur y don Auxilio Goñi, que pretendían que la Presidencia de las Cortes adoptara la resolución de

que fuera exigible la previa autorización de la Cámara Legislativa para que los procuradores puedan ser

sancionados gubernativamente. El dictamen de la Comisión Permanente se publica en el "Boletín Oficial

de las Cortes Españolas" de 1 de julio. Este boletín, sin embargo, no ha sido distribuido hasta el día de

hoy, según informa Europa Press.

HISTORIA

Los procuradores navarros don José Ángel Zubiaur y don Auxilio Goñi, ambos de representación

familiar, fueron sancionados por el gobernador civil de Navarra con multas de 25.000 y 50.000 pesetas,

respectivamente, con ocasión de la concentración carlista de Montejurra, que tuvo lugar el 4 de mayo.

A la vista de estas sanciones los dos procuradores enviaron a la Presidencia de las Cortes un escrito el día

14 de mayo. En este escrito se decía que en ambos casos se dan estas dos notas comunes: "Primero, que

se nos han impuesto las citadas sanciones por "presidir" un acto de carácter público no autorizado e

Incitar al público; afirmaciones que no aceptamos.Segundo, que somos procuradores en Cortes de

representación familiar." Más adelante señalan ambos procuradores que no tienen intención de recurrir las

resoluciones ni de pagar las multas impuestas por el motivo fundamental de que "al hacerlo significaría

tanto como admitir un procedimiento que, a nuestro juicio, quebranta el fuero parlamentario".

CUESTIONES

Insisten en otros párrafos del escrito que "no parece lógico que el procurador en Cortés esté amparado

respecto al órgano judicial, con el que normalmente no ha de verse implicado y, en cambio, no lo esté con

referencia al ejecutivo, con el que sus relaciones han de ser frecuentes y, por tanto, las discrepancias

pueden producirse con mas facilidad, habida consideración que una de las misiones de los procuradores

es la fiscalización de los actos concretos del ejecutivo, el contraste de pareceres, la información a sus

electores, y todo ello dentro de una etapa de evolución política importante para el país".

Por estas razones los procuradores ponían los hechos en conocimiento del presidente de las Cortes

Españolas, para que lea diera estado oficial en la Cámara y se adoptara la resolución procedente;

resolución, que, a juicio de los procuradores, "no puede ser otra que la de mantener como previa 1a

autorización de las Cortes en orden a la posibilidad de ser sancionados por el ejecutivo los procuradores a

los que se considere incursos en responsabilidades".

LIMITES DE LA INMUNIDAD

El dictamen de la Comisión Permanente, por el contrario, considera "que no puede aceptarse la pretensión

del escrito, desmesurada respecto al concepto legal de la inmunidad y su interpretación y aplicación en la

práctica parlamentaria", según razona la respuesta aparecida hoy en el "Boletín de las Cortes".

En sus razonamientos el dictamen afirma que los actos políticos realizados el 4 de mayo se celebraron "no

ya sin la previa preceptiva autorización gubernativa, sino a pesar de la desautorización expresa de los

mismos y haberse hecho pública esta circunstancia en la Prensa y radio locales". A partir de la definición

que del concepto de "inviolabilidad" dan, por un lado, el diccionario de la Academia de la Lengua, y por

otra parte, el artículo 6 del Reglamento de las Cortes, entiende la Comisión Permanente que para que la

inviolabilidad pueda ser invocada "los actos y manifestaciones de los procuradores tienen que producirse

en el ejercicio de su cargo, en el marco de las normas funcionales que rigen su actividad, bajo la autoridad

de aquellos a quienes corresponde ejercerla en el desarrollo de dicha actividad y tomando parte en la obra

colectiva, que es precisamente el bien ´jurídico y político protegible". Añade seguidamente este texto de la

Comisión que "es evidente que estas condiciones no se han dado en la reunión (ilegal) en que

participaron los señores Zubiaur y Goñi".

En relación con la prerrogativa de "inmunidad" (artículos 7 y 8 del Reglamento), aludida también por los

procuradores, dice la Comisión Permanente que "está claro que los preceptos aducidos la reducen

concretamente e inequívocamente a los supuestos de detención y de procesamiento", no siempre éstos los

supuestos que concurren en el caso de los dos procuradores.

Conceder a la inmunidad una extensión que abarcase las sanciones gubernativas o disciplinarias

equivaldría, entre otras cosas—según el dictamen de la Comisión Permanente—, a fomentar fuera de la

Cámara irregularidades que dentro de ésta no serían toleradas, y en definitiva a abrir una brecha

desmedida e injustificada en la igualdad de derechos que la Ley reconoce y ampara a todos los

ciudadanos".

N. de la R.—La Comisión Permanente tiene por presidente al de las Cortes, don Antonio Iturmendí, y son

vocales de la misma en concepto de miembros del Gobierno los ministros de Agricultura y secretario

general del Movimiento, señores Díaz Ambrona y Solís; en concepto de presidentes de Altos Organismos,

el del Consejo Supremio de Justicia Militar, don Ramón Carmona; el del Tribunal de Cuentas del Reino,

don Servando Fernández Vitorio, y el del Consejo de Economía Nacional, don Fermín Sanz Orrio.

También son vocales por sus puestos en el Consejo Nacional: el vicesecretario general del Movimiento,

don Alejandro Rodríguez de Valcárcel; el director del Instituto de Estudios Políticos, don Jesús Fueyo; el

delegado nacional de la Guardia de Franco, don Carlos Pinilla, y el consejero don Luis Valero Bermejo.

En representación de la Organización Sindical son vocales don Antonio Chozas, inspector asesor

nacional, y don David Pérez Fuga, vicesecretario nacional de Ordenación Social. Representan a la

Administración local don Fernando de Ybarra, presidente de la Diputación de Vizcaya, y don José María

Porcioles, alcalde de Barcelona.

La representación familiar la ostentan don Antonio Carro Martínez y don José María del Moral Don

Ángel González Al-varez, secretario general del C.S.I.C., representa a los rectores de Universidades e

instituciones culturales. A los Colegios y Cámaras, don Rafael Díaz Llanos. A los procuradores

designados por el Jefe del Estado, don Vicente Mortes, comisario adjunto del Plan de Desarrollo. Es

secretario de la Comisión Permanente el de las Cortes, don Tomás Romojaro.

 

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