La inmunidad parlamentaria se reduce concreta e inequivocamente a los supuestos de detención y procesamiento     
 
 ABC.    04/07/1969.  Página: 31. Páginas: 1. Párrafos: 18. 

EDICIÓN DE LA MAÑANA. PAG. 31.

LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA SE REDUCE, CONCRETA E INEQUÍVOCAMENTE, A LOS

SUPUESTOS DE DETENCIÓN Y PROCESAMIENTO

Dictamen de la Comisión Permanente de las Cortes sobre el escrito de los procuradores señores Zubiaur y

Goñi

SOLICITABAN QUE SE EXIJA LA PREVIA AUTORIZACIÓN DE LAS CORTES PARA QUE LOS

PROCURADORES PUEDAN SER SANCIONADOS GUBERNATIVAMENTE

El escrito de los procuradores en Cortes don José Angel Zubiaur y don Auxilio Goñi Donazar, dirigido a

la presidencia de la Cámara con fecha 14 de mayo de 1969, con motivo de las multas de 25.000 y 50.000

pesetas que les fueron impuestas, respectivamente, por las autoridades gubernativas, se publica

íntegramente en el número 1.058 del "Boletín Oficial de las Cortes" aparecido ayer, con fecha 1 del mes

en curso. La Comisión permanente, después de estudiar este escrito en el que los procuradores citados

solicitan "que se adopte la resolución de exigir la previa autorización de las Cortes para que los

procuradores puedan ser sancionados gubernativamente", emite su dictamen, en el que, entre otras cosas,

dice:

"Es de advertir que en dicho escrito no se hace referencia alguna a los hechos ocurridos con ocasión de

los actos realizados el día 4 del mes de mayo del corriente año, actos políticos que se celebraron no ya sin

la previa y preceptiva autorización gubernativa, sino a pesar de la desautorización es-presa de los mismos

y haberse hecho publica esta circunstancia en la Prensa y radio locales. Tampoco en el escrito

mencionado se hace alusión alguna al grave hecho de que. en la celebración de los actos, resultó

notoriamente desconocido y quebrantado el articulo 8° de la Ley Orgánica del Estado, declaratorio de la

inviolabilidad de Su Excelencia el Jefe del Estado y del respeto y acatamiento que le deben todos los

españoles, ni los interesados manifiestan en ningún momento su repulsa hacia tal infracción de la

legalidad, no obstante su intervención en los actos en que aquélla se produjo."

El dictamen puntualiza luego el concepto de la inviolabilidad parlamentaria y añade que, "para que pueda

ser invocada, los actos y manifestaciones de los procuradores tienen que producirse en el ejercicio de su

cargo, en el marco de las normas funcionales que rigen su actividad, bajo la autoridad de aquellos a

quienes corresponde ejercerla en el desarrollo de dicha actividad y tomando parte en la obra colectiva que

es. precisamente el bien jurídico y político protegible". Se agrega también que esas condiciones no se han

dado en la "reunión (ilegal) en que participaron los

señores Zubiaur y Goñi, porque la irresponsabilidad del procurador, ante toda orden de jurisdicción,

solamente opera en sus específicas y regladas funciones y se daría el contrasentido de que se pudiera decir

y hacer fuera de la Cámara lo que dentro de ella, no obstante la inviolabilidad que acompaña en tal

supuesto al procurador, no sería tolerado por su presidencia, ni por la propia estimación de la Cámara

misma". En consecuencia, la Comisión considera necesario reafirmar que la inviolabilidad de que gozan

todos los procuradores en Cortes se limita a las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo y

en el curso de sus funciones reglamentarias, según una legalidad claramente establecida y avalada por la

constante práctica reglamentaria. Se dice también que los preceptos relativos a la inmunidad

parlamentaria "la reducen concreta e inequívocamente a los supuestos de detención y de procesamiento" y

más adelante se afirma que "conceder a la inmunidad una extensión tal que abarcase las sanciones

gubernativas o disciplinarias, las contravenciones del mismo carácter en toda la variedad de sus gamas y

grados y las simples faltas penales por hechos ajenos a la actuación en las Cortes, equivaldría a

quebrantar los preceptos que rigen la inmunidad, a desnaturalizar el fin que pretende la institución, a

fomentar fuera de la Cámara irregularidades que dentro de ésta no serían toleradas y, en definitiva, a abrir

una brecha desmedida e injustificada en la igualdad de derechos que la ley reconoce y ampara a todos los

ciudadanos".

Por todo ello, la Comisión entiende que no puede aceptarse la pretensión del escrito, desmesurada

respecto al concepto legal de la inmunidad y a su interpretación y aplicación en la práctica parlamentaria,

circunscrita a la detención y al delito, criterio éste que comparten la generalidad de las legislaciones.

Finalmente la Comisión señala que "las detenciones que se deriven de la acción gubernativa o

disciplinaria o del arresto sustitutorio, no se podrían llevar a cabo sin la previa autorización del órgano

competente de las Cortes".

 

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