También es responsabilidad de los procuradores     
 
 ABC.    27/12/1969.  Páginas: 1. Párrafos: 13. 

ABC. SÁBADO 27 DE DICIEMBRE DE 1969.

TAMBIÉN ES RESPONSABILIDAD DE LOS PROCURADORES

Pese a su fundamental importancia, la ley de Presupuestos ha pasado por la Comisión correspondiente de

las Cortes sin suscitar debate político de cuenta. Se puede decir, sin mengua alguna de la verdad, que su

paso ha transcurrido en un ambiente de indiferencia. Incluso de abstencionismo por parte de los

procuradores, revelado en la falta de "quorum" en ocasiones a la hora de votar.

¿Por qué esta indiferencia, este abstencionismo, este desentendimiento cuando se trataba de examinar,

discutir, corregir, aprobar o impugnar nada menos que el Presupuesto nacional? He aquí una interesante

pregunta para la cual no tenemos respuesta cierta, verosímil. Y he aquí también un síntoma cuya

calificación política no puede, ni debe, estimarse positiva.

Ciertamente, elaborada esta ley presupuestaria en trance de testamentaría política del anterior ministro de

Hacienda, y para un Gabinete ministeral del que solamente "sobreviven" cuatro titulares, eran singulares

las condiciones en las cuales se ha presentado a las Cortes: por un ministro de Hacienda que no es su

autor y para un Gobierno que no es su primitivo, su auténtico destinatario. Pero este dato, bien pensadas

las cosas, antes que freno de indiferencia debiera haber sido acelerador de polémica para los

procuradores.

Es igualmente cierto, por otra parte, que después de aprobado el II Plan de Desarrollo, y otras inversiones

y gastos públicos, la definición, en capítulos y cifras, de un nuevo presupuesto, del presupuesto del nuevo

Gobierno, hubiera tenido que ser, forzosamente, muy parecido en todo lo sustancial al presupuesto

presentado.

Sin embargo, aun hechas estas consideraciones, la negatividad del síntoma —de la indiferencia o

abstencionismo— queda en pie.

No es preciso explicar la trascendencia de una ley presupuestaria para la obra de gobierno y para la

economía general del país. Los procuradores la conocen de sobra. Pero el síntoma a que nos referimos

tiene una proyección más amplia y más grave, que rebasa el estricto ámbito de la discusión del

presupuesto.

Si para la perfecta actuación política de cualquier departamento ministerial es necesaria la colaboración

de las Cortes—y entiéndase que no empleamos colaboración como sinónimo de aprobación o ato—, para

el Departamento ministerial de Hacienda esta colaboración es imprescindible.

Lo es porque solamente si las Cortes tienen agudizado el sentido de las consecuencias y repercusiones de

la hacendística, será posible hacer una buena política de este género desde el Ministerio de Hacienda. En

otro caso, no. Si el gasto público no encuentra, en primera instancia, moderación en las Cortes, cuando en

ellas se aprueban leyes y más leyes que reclaman para su efectividad más gasto, las posibilidades de

contenerlo o moderarlo que tiene un ministro de Hacienda son, prácticamente, muy escasas, por no decir

nulas.

A un ministro de Hacienda le corresponden dos funciones básicas, ingratas las dos por igual: determinar y

recaudar los impuestos que nutrirán el presupuesto y discutir a los demás Ministerios cualquier aumento

en su dotación económica; en su inversión y su gasto.

Pues bien, esta segunda actuación, en la cual se centra en definitiva la contención del gasto público,

apenas puede concebirse cómo la llevará a cabo un ministro de Hacienda, si su necesidad y conveniencia

no son mentalidad extendida y aceptada por quienes representan al cuerpo social en las Cortes.

"Si hay una materia política—escribíamos el pasado mes de junio—donde lo más eficaz sea el tratamiento

preventivo, seguramente esta materia es la legislación tributaria, porque una vez decidido el gasto público

es muy difícil inventar una cirugía que nos ahorre la correspondiente tributación."

Estas palabras centraban, con claridad, la responsabilidad hacendística de las Cortes en todos aquellos

debates—y no sólo en los presupuestarios—donde se decide la aprobación de una ley que generará un

nuevo o mayor gasto público.

Y de esta responsabilidad se deduce, en suma, la conclusión a la que nuestro comentario se encamina.

Que la política de Hacienda no se hace ni se decide únicamente en el departamento ministerial que lleva

ese nombre; que no sólo es consecuencia de la actuación política de todo el Gobierno; que también, y de

forma señalada, es responsabilidad de la función de los procuradores, de su voz y voto en las Cortes.

 

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