Institucionalización política     
 
 Informaciones.    11/07/1970.  Páginas: 1. Párrafos: 4. 

Institucionalización política

Por primera vez en la historia política española se ha admitido un recurso de contrafuero, que e», en

sustancia, la posibilidad que tienen los ciudadanos de impugnar una norma por no ajustarse a los

principio» políticos constitucionales. La noticia la publicó el Boletín Oficial del Estado» el lunes pasado.

También esta semana se ha sabido que la reforma del Reglamento de las Cortes —pieza importante para

la agilidad y eficacia funcional y política de nuestro órgano deliberante— está a punto de ser tramitada

para, con el visto bueno de la Comisión Permanente, ser elevada al Gobierno, que elaboraría el

correspondiente proyecto de ley y lo sometería a la discusión de la Cámara.

Ambas noticias se insertan en el proceso de evolución política del país, en la concreción —a veces

decisiva— de nuestro ordenamiento juridico-politico según las orientaciones! de la ley Orgánica del

Estado y de las Leyes Fundamentales. La forma y posibilidad de ejercer los derechos ciudadanos

encuentran en la aceptación del primer recurso de contrafuero confirmación y aplicación práctica. La

próxima reforma del Reglamento de las Cortes es de esperar que refuerce las posibilidades reales del

poder legislativo y confirme la evolución democrática de nuestras instituciones. Si a estas dos noticias se

une la devolución de un proyecto de ley al Gobierno sobre los objetores de conciencia), también esta

semana, el saldo es alentador para la mecánica democrática de las relaciones entre los tres poderes. El

Tribunal Supremo, por otra parte, continúa aplicando sus competencias en el caso Matesa y el país espera

noticias del máximo órgano judicial. En el caso del proyecto de ley sobre objeto-res de conciencia, no

entramos en su contenido, sino que resaltamos el hecho de su devolución al Gobierno.

El país se acopla bien a la normativa política de estos últimos arios. Nada se derrumba por el ejercicio de

derechos políticos y el equilibrio de poderes. Quedan, sin embargo, dos leyes de la máxima importancia

dentro de este contexto: la ley Sindical y la de Asociaciones Políticas. Está en el ánimo de la opinión

pública que ambas normas son tan urgentes como necesarias para el funcionamiento de la vida política

nacional. Altos representantes de la Administración han asegurado que el proyecto de ley Sindical entrará

en su fase definitiva el próximo otoño, al tiempo que el proyecto de asociaciones políticas estaría ya cerca

de su conclusión. Mucho espera el país de ambas normas y de su idoneidad para una sociedad, la

española, que ha evolucionado, evoluciona y evolucionará. Pero el país no oculta su preocupación ante las

demoras que ambos ordenamientos vienen padeciendo.

 

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