Suplicatorios y Cortes     
 
 ABC.    09/09/1970.  Página: 16. Páginas: 1. Párrafos: 11. 

SUPLICATORIOS Y CORTES

La reciente reunión de la Comisión Permanente de las Cortes para tratar de la concesión de un

suplicatorio hace actual y adecuado un comentario sobre la naturaleza de esta última institución de

Derecho constitucional.

Por lo pronto, un suplicatorio es una petición dirigida por el órgano judicial competente a las Cortes "en

súplica" de que se autorice dictar auto de procesamiento, por entenderse que existen indicios racionales de

haber sido cometida un delito por un miembro del órgano parlamentario.

Su fundamento descansa en una institución de honda raigambre parlamentaria, conocida en todos los

países: la inmunidad. No es de ahora, sino de siempre, la consagración, en beneficio de la condición

misma de la función parlamentaria, del otorgamiento a sus miembros de un "status" especial que actúa

como límite y freno de las facultades del poder judicial. En aquel caso, o sea, cuando existan indicios

racionales bastantes de haberse cometido un delito por un procurador en Cortes, un interés de orden

superior se opone a que la libertad y la honra de los representantes del país se entregue, sin previa censura

legislativa, al poder judicial. No es que no se pueda procesar a un procurador. Es que, para hacerlo, el

poder judicial necesita de anterior consulta y aquiescencia del legislativo.

Mas no se crea que el fundamento de esta institución es la protección de la persona y actos del

procurador. Es la protección de la función misma que realiza, que tiene encomendada por la comunidad.

La inmunidad—que no es concepto equivalente al de impunidad—se predica para proteger la función de

los miembros de la Cámara. Y la Cámara actúa por motivaciones de índole típicamente política.

Quiérese decir con ello que el suplicatorio, en cuanto a. su concesión o negativa. participa del carácter

discrecional de las funciones de la Cámara. No existe ninguna disposición legal que establezca de modo

taxativo y reglado cuándo debe concederse o denegarse un suplicatorio. De lo único de que se trata es de

determinar si el sentido de la Cámara, al juzgar un expediente de esta naturaleza, aprecia que existe

motivación política bastante para conceder o negar el suplicatorio sin entrar siquiera a examinar la posible

culpabilidad o inculpabilidad del procurador.

´ Claro está que discrecional no equivale, en modo alguno, a arbitrario. Por eso algún autor ha escrito no

hace mucho tiempo que "es evidente que la Comisión Permanente de las Cortes deberá ir perfilando los

límites del privilegio con una jurisprudencia inteligente que evite los dos peligros posibles: la anulación

del privilegio y su abuso".

Las Cortes Españolas, en los últimos años, han conocido diversos casos de suplicatorios—por los datos

que se poseen, aproximadamente una docena—, y a través de los dictámenes correspondientes

han ido estableciendo esa jurisprudencia antes aludida.

De la misma resulta que no se ha concedido el suplicatorio o, lo que es igual, se ha aplicado el beneficio

de la inmunidad, en los siguientes señalados casos: primero, cuando los hechos presentan carácter político

directa o indirectamente. Y así, en el dictamen de la Comisión Permanente de las Cortes Españolas de 7

de marzo de 1963 se dijo que "se debe rechazar sistemáticamente todo suplicatorio que se pida con

motivo u ocasión de hechos que directa o indirectamente se relacionen con la función que desempeña el

representante, es decir, que en el fondo, cualesquiera que sean las apariencias, supongan como

consecuencia, si la autorización se concede, un ataque, bien que encubierto, a la necesaria independencia

del cargo". Segundo, cuando se trate de supuestos delitos culposos. Es conocida la distinción formulada

por el Derecho Penal entre delitos dolosos, o realizados con manifiesta intencionalidad, y delitos

culposos, en los que simplemente—y quedando a salvo la buena fe—puede apreciarse negligencia. Pues

bien, la doctrina común de las Cortes Españolas es la de considerar que sólo debe accederse al

suplicatorio en los casos de supuestos delitos dolosos.

Es precisamente la Comisión Permanente de las Cortes la que debe examinar con entera libertad e

independencia la conveniencia política, lo subrayamos una vez más, de conceder o denegar un

suplicatorio. Para ello debe disponer de elementos de juicio, ya que, a tenor del artículo 5 de la ley de 9 de

febrero de 1912, por la que se regula el modo de proceder contra senadores y diputados—hoy

procuradores—por razón de delito, ley declarada vigente por el artículo octavo del actual Reglamento de

las Cortes, a la petición de suplicatorio se acompañará testimonio de las actuaciones que se estimen

necesarias y del dictamen del fiscal, si lo hubiere.

Este último extremo es de gran importancia para la formación del juicio dé la Comisión Permanente, en

orden a la determinación de si se trata de un delito por el que acusa el Ministerio Público o es perseguido

por el perjudicado—-en. su caso, el abogado del Estado—o, si ello fuere procedente, por ejercicio de la

acción popular que el artículo 101 de la ley de Enjuiciamiento Criminal concede a todos los españoles.

Es, pues, en orden a esa decisión política de la Comisión Permanente, encargada de velar por la recta

administración y entendimiento de la inmunidad parlamentaria, a quien corresponde decidir en cada caso,

y vistas sus circunstancias y trascendencia política, sobre la concesión o no de un suplicatorio. Sin que

ello suponga menosprecio alguno para la muy alta misión de los Tribunales que administran justicia, que

en nada se menoscaban por el ejercicio de una facultad que la ley encomienda, precisamente, al órgano

legislativo, la mas alta representación nacional.

 

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