Suplicatorios y Cortes y II     
 
 ABC.    10/09/1970.  Página: 14. Páginas: 1. Párrafos: 13. 

SUPLICATORIOS Y CORTES

Siempre que nos hemos referido al delicado problema del esclarecimiento y definición de las

responsabilidades que puedan resultar del caso Matesa hemos escrito desde una posición de absoluto

respeto, y absoluta neutralidad por lo tanto, ante las decisiones adoptadas o que vaya a adoptar, en su día,

la Comisión Permanente de las Cortes. Y lo mismo decimos de las decisiones que acuerde, en todo

momento, en el ámbito propio de su indiscutible competencia, el Pleno del Tribunal Supremo o

cualquiera de sus Salas.

Dentro de este marco, de neutralidad y respeto, se expuso ayer, en estas columnas, uno de los puntos de

vista desde el que se puede, con particular óptica procesalista, enjuiciar la mecánica de la concesión o

denegación de suplicatorios por las Cortes. Sólo dentro de este marco, repetimos, se publicó y solamente

dentro de él puede y debe ser interpretado. Sin atribuirle un valor de conclusión que no tiene; sin deducir

de su exposición teórica juicios previos, concretos, en sentido alguno.

Recordarán seguramente muy bien los lectores que nuestra línea de pensamiento en torno al asunto ha

sido desde el principio clara.

Primero. "Solamente a los jueces y Tribunales corresponde decidir sobre la existencia del delito y la

sanción del culpable. Y es muy prudente y saludable principio. Y es gran clave constitucional, y gran

conquista jurídica, la independencia, del poder judicial y la exclusividad de su jurisdicción, porque este

sistema garantiza mejor que ningún otro algo de importancia decisiva: que los criterios o- predilecciones

políticas, naturalmente consustanciales a los organismos legislativos, no influirán, no pesarán, en la

balanza de la Justicia." ("Que juzguen los jueces", ABC, 14 septiembre 1969.)

Segundo. "Un suplicatorio concedido, o más que llegaran a concederse, no es una sentencia de

culpabilidad. Es un trámite para seguir un procedimiento. Y no es nada más.

"Volvemos, en todo caso, a la cuestión fundamental: las condenas, cumplidos los requisitos de audiencia

y vencimiento en juicio, corresponden a tos Tribunales. Y no son, ni pueden, ni deben ser en un Estado de

Derecho, consecuencia de ninguna otra opinión, sea política o popular." ("Tribunales y Cortes", A B C, 6

mayo 1970.)

Tercero. "Luego de aplaudir la claridad informativa, debemos apresurarnos a dejar constancia de una

cosa: nos referimos única y exclusivamente a la política de luz y taquígrafos, sin incluir en ella

apreciación alguna de culpabilidades, ni siquiera negligentes, cuya única y legítima definición

corresponderá siempre, en un Estado de Derecho, a los jueces y Tribunales competentes." ("Aplauso a

una información", ABC, 18 marzo 1970.)

Creemos suficientes los párrafos transcritos para desvanecer cualquier duda o torcida interpretación de

nuestro editorial de ayer. En ellos se afirma y reafirma, una y otra vez, la competencia, la exclusividad de

jurisdicción de los jueces y Tribunales en todos los casos delictivos, sean negligentes o culposos,

encierren o no dolo y en todos los momentos que cuentan desde el conocimiento o la denuncia del delito.

De otra manera quedarían gravemente amputadas la plenitud de la función judicial y su esencial

independencia.

En ninguno de ellos nos referimos al trámite del suplicatorio atribuyéndole virtudes de trámite de

impunidad. Sus requisitos y supuestos de concesión o denegación deben ser respetados, pero no deben ser

nunca desorbitados ni rellenados de un contenido definitorio prejudicial que les sea ajeno, impropio e

indebido.

En los Parlamentos de la Monarquía y en los Parlamentos de la República —precedentes históricos

inmediatos de las Cortes actuales—se usaba, en los casos de otorgamiento de suplicatorios, una muy

acertada y prudente fórmula, que venía a decir, palabra más o menos: "Se concede el suplicatorio de don

XXX para que pueda, con entera libertad, defender su honor de las imputaciones que se le hacen..."

Se entendía, así, que la concesión del suplicatorio, cuando era procedente, no colocaba en situación de

desventaja a quien fuera sujeto del mismo, inocente o culpable, porque podría, sin ningún

condicionamiento implícito en su particular "status" político, organizar y llevar adelante su defensa.

Las disquisiciones político - procesales o de procesalismo político que puedan hacerse sobre las bases o

premisas de los suplicatorios, de su denegación o concesión, encierran un valor informativo (aunque sea

opinativa la materia) que conviene conocer.

Ahora bien, siempre quedarán empalidecidas, en muy buena parte, cuando junto a ellas se colocan la

teoría y el convencimiento superior de la rectitud de los jueces y los Tribunales. Porque ningún

suplicatorio otorgado deshonra, ni denegado ensalza o repone: la reposición y el ensalzamiento o la

deshonra se enraizan y nacen de la inocencia o de la culpabilidad.

 

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