Incompatibilidades parlamentarias     
 
 Informaciones.    13/12/1973.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

Incompatibilidades parlamentarias

CUANDO a finales de 1971 se debatía en la Cámara el nuevo Reglamento de las Cortes, se abordó la

necesidad de fijar un cuadro de incompatibilidades parlamentarias. El señor Esperabé de Arteaga

preguntaba entonces desde su escaño: «¿Cabe imaginar que un subsecretario, procurador, interpele a su

ministro;» El entonces procurador y ahora director general de Emigración, don Fernando Suarez, hizo una

elocuente enumeración de los altos cargos políticos que estarían presentes en la próxima legislatura (la

actual), propuso una «nacionalización del poder» y afirmó que «malo es que una Cámara de participación

acabe convirtiéndose en una Asamblea de notables». Por aquellas fechas el Gobierno francés proponía a

su Parlamento una ley perfeccionadora de las incompatibilidades con la ocupación de un escaño en el

primer hemiciclo de la nación. Nuestros procuradores optaron por aplazar la decisión sobre esta materia,

sugiriendo al Gobierno (aunque sin emplazarle) a regular las incompatibilidades por una ley especial. El

procurador señor Fanjul puso seriamente en duda que tal ley llegara algún día a las Cortes, y la mayoría

estimó que lo de las incompatibilidades quedaba aplazado «ad calendas grecas».

Ahora, sin embargo, la posibilidad de una ley de incompatibilidades llega por dos frentes distintos y al

mismo tiempo. Por una parte, el Gobierno y el Consejo Nacional se ocupan de esta ley en el conjunto de

medidas sobre participación política que están elaborando. Se ignora el alcance de este supuesto proyecto

de ley de incompatibilidades, por ser secretos los documentos que maneja el binomio Gobierno-Consejo

para dar vida a la «ofensiva institucional» que se pretende.

Por otra parte, un grupo de procuradores acaba de presentar a las Cortes una proposición de ley sobre las

incompatibilidades lo suficientemente rigurosa como para apear de sus escaños —con la consiguiente

democratización de la Cámara— al 50 por 100 de los actuales procuradores en Cortes. No deben (o

cuando poco, no debieran) estar muy lejos los criterios sobre la materia del Gobierno y del grupo de

procuradores que ha suscrito la proposición de ley. Entre estos últimos aparecen las firmas de casi todos

los que desde la ponencia de participación política del Consejo Nacional elaboraron antes del pasado

verano un documento «aperturista», que, contemplando, entre .otros, el tema de las incompatibilidades,

ahora ha servido de cabeza de puente al Gobierno para su «ofensiva institucional». Incluso el secular

concepto de «nacionalización del poder» esgrimido por don Fernando Suarez en su día, en petición de una

ley de Incompatibilidades, fue recientemente empleado literalmente por el vicepresidente del Gobierno al

anunciar las medidas en curso sobre participación, representación y sufragio.

Un claro caso de «coordinación de funciones» aparece ante la vista: dos proyectos sobre

incompatibilidades parlamentarias, simultáneos, emanado uno de la comisión mixta Gobierno-Consejo y

surgido otro de la propia Cámara, en forma de proposición de ley. Se ha dicho ya —y parece lo más

correcto— que conviene dar a las Cortes lo que es de las Cortes y que éstas (en las que ahora la

Administración está amplísimamente representada) «laboren en su propio telar las incompatibilidades que

convienen.

En las democracias occidentales, el cuadro de incompatibilidades del poder legislativo es menguado.

Resulta normal que así sea, dado que en tales sistemas de democracia la representación política es

inorgánica, y en los Parlamentos, en mayor o menor medida, se deja sentir la disciplina de partido. En

ellos, un subsecretario sí puede teóricamente interpelar a su ministro, por cuanto se debe más o en igual

medida a la disciplina de su partido que a la disciplina de la Administración. En un sistema como el

nuestro de democracia orgánica, de unidad de poder y coordinación de funciones y exento de disciplinas

políticas partidistas, el cuadro de incompatibilidades parlamentarias se hace mucho más necesario y exige

amplitud. De otra forma no podría coordinarse lo que se encuentra sumamente mezclado, como pudiera

ser el caso de las Cortes y la Administración.

Que la proposición de ley sobre incompatibilidades presentada a las Cortes implique la renovación del 50

por 100 de la Cámara, no debe, por tanto, asustar a nadie ni tenerse por sugerencia maximalista. Es una

proposición, oportuna, Justa y que llega avalada por algunas de las personalidades a las que el Consejo

Nacional encargó en su día propuestas para mejorar la participación política de los españoles. E1

Gobierno está por la labor; el Consejo Nacional y los procuradores aspiran a ver materializadas las

incompatibilidades; el presidente de las Cortes se mostraba recientemente partidario de esta regulación, y

el país quiere ver un diálogo vivo y sin reservas entre procuradores y gobernantes. Parece ser el momento

de que los pesimismos de antaño se disuelvan y la actual legislatura, aunque tengamos todos que volver a

las urnas para renovarla en su mitad, pongan en vigor su propio cuadro de incompatibilidades.

 

< Volver