Las Cortes españolas, pasado, presente y futuro de Carlos Iglesias Selgas     
 
 Ya.    10/05/1973.  Páginas: 2. Párrafos: 36. 

LAS CORTES ESPAÑOLAS,PASADO,PRESENTE Y FUTURO

Propone reformas para la mejor eficacia de las Cortes

Desdoblamiento en dos Cámaras basadas en el origen de las investiduras

Don Carlos Iglesias Selgas, escritor y político y actualmente director general adjunto de la Organizaron

Sindical, acaba de publicar un libro sobre "Las Cortes Españolas. Pasado, presente y futuro", editado por

Cabal. Viene a unirse a sus otros libros políticos: "Un régimen social moderna", "La vía española a la

democracia", "Comentarios a la Ley Sindical", etc. Dadas las reformas que propone para la mejor

efectividad de una institución tan importante como las Cortes, recogemos aquí los párrafos más

interesantes de sus conclusiones con las propias palabras del autor:

El que subrayemos los antecedentes nacionales y algunos extranjeros no es óbice a que pensemos que la

propia evolución del sistema podría llevar al desdoblamiento de las Cortes en dos Cámaras, basadas en él

origen respectivo de la investidura.

En todo caso, es obligado que el electorado de la representación familiar, que podría constituir la base de

una de los Cámaras, se amplíe, comprendiendo, por la misma razón que las mujeres casadas, los hijos de

familia y asimilados mayores de dieciocho años, con lo que se evitaría «1 reproche, de que en ocasiones

somos objeto por los jóvenes.

Asimismo, habrá de ampliarse la representación familiar, de manera que el número de representantes

guarde proporción con los habitantes de la respectiva provincia; una fórmula podría ser la de un

procurador por cada den mil almas. Ello permitiría reducir la circunscripción electoral, con lo que se

evitarían los inconvenientes que se han hecho patentes en las ultimas elecciones. Con estas reformas, que

sólo suponen ligeros retoques de las Leyes Fundamentales, podría reforzarse el sistema político español y

se daría satisfacción, dentro de una línea de continuidad, a reivindicaciones explicables de algunos

sectores nacionales.

La "organización" de las Cortes y, de forma particular, todo lo relativo a las competencias de Comisiones

y Pleno, es cuestión de mayor trascendencia. La educación política del pueblo por las Cortes sólo sería

efectiva si se rehabilitan los Plenos y dejan de ser, como lo han sido hasta ahora, mera Cámara de

registro. Admitiendo que ha representado un gran paso el acceso de la prensa a las Comisiones, creemos

que la acción educativa del Cuerpo legislativo exige. un cambio fundamental en los procedimientos

parlamentarios que deben adoptar las formas que inicialmente se pensaron.

Es extraño que a estas alturas, después que nuestros hombres han demostrado sobradamente su aptitud

para el diálogo—yello lo mismo en el Congreso Sindical que- en el Consejo Nacional del Movimiento—,

sigan la» Cortes" Españolas actuando en las sesiones plenarias con arreglo a los antiguos hábitos.

EN OTROS PAÍSES En lo que hace a "funciones", las Cortes no disponen de su libre arbitrio en la

definición de las cuestiones de su competencia. En todas las fases de la discusión legislativa se ven

condicionadas por un Gobierno que se encuentra en mejores condiciones. Los procedimientos que

permiten al Gobierno influir de modo decisivo en las deliberaciones de las Cortes no son una

particularidad nuestra. Se les encuentra muy parecidos en Francia, donde en todas las fases de la

discusión legislativa el Parlamento tropieza con un Gobierno superiormente armado que, en virtud del

articulo 48 de la Constitución, tiene la prioridad en la fijación del orden del día de la Asamblea y puede

recurrir al procedimiento del voto bloqueado. En Gran Bretaña, el derecho de iniciativa parlamentaria es

reducido; los diputados no tienen la iniciativa, ni en materia de gastos ni de ingresos; por el

procedimiento de urgencia llamada "la guillotina", el Gobierno fija por anticipado un plazo máximo para

cada fase del procedimiento legislativo, a la expiración d e 1 cual caducan las enmiendas de origen

parlamentario. Estas prácticas combinadas con las de la legislación delegada hacen que la Cámara de los

Comunes, que nominalmente es la titular del poder legislativo, se encuentre de hecho desposeída de su

derecho de iniciativa. Otro tanto ocurre en los Estados Unidos de América, donde la evolución

constitucional ha hecho del presidente un poder que el Congreso no puede desconocer. Los

procedimientos aplicables en España no son, en principio, más discutibles que los que son utilizados en

Francia, Gran Bretaña o los Estados Unidos, y que tienen por objeto asegurar al Gobierno el papel de

animador de la vida nacional, lo que resulta imprescindible en este siglo de progreso técnico acelerado y

de dirección de la economía.

POTENCIACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN NACIONAL

Pero estos procedimientos tienen que basarse en una ´potenciación de la representación nacional, pues,

contrariamente a una idea muy extendida, no es cierto que los textos deliberados en las Asambleas

parlamentarias sean de calidad inferior a los elaborados por los técnicos. Por el contrario, éstos, en virtud

de una tendencia natural a contemplar las problemas desde el punto de vista del usuario, confieren a los

textos un carácter práctico, que no tienen siempre los elaborados en los gabinetes técnicos. Reducir las

Asambleas a las decisiones de principio para poner en manos de los técnicos el cuidado de ordenar

las modalidades prácticas de aplicación, es privarse de un instrumento cuya calidad han reconocido de

antiguo los especialistas del derecho.

La Ley Constitutiva de las Cortes y el Reglamento ponen a disposición de estos diferentes medios de

control, entre los que cabe citar las Comisiones permanentes, las Comisiones de´ encuesta y de control, las

interpelaciones, los ruegos y preguntas. El conjunto de estos procedimientos de control puede permitir a

las Cortes obtener informaciones útiles sobre todos los problemas relativos a la vida del país.

CONTACTOS EN EL GOBIERNO

La insuficiencia de información parlamentaria, sin embargo, tiene su origen en que esta información

procede de la Administración, qué se encuentra colocada bajo la dependecia del Gobierno. Este tiene la

posibilidad de exponer a las Cortes, cuando lo juzga útil, las grandes líneas de su política; pero como no

ha habido presidente del Gobierno, todo se ha reducido a que los ministros hayan expuesto la política de

su departamento aprovechando la oportunidad de un proyecto de ley, de los debates de los presupuestos, o

de las Sesiones informativas.

La reforma y perfeccionamiento de los procedimientos parlamentarios debe encaminarse a facilitar

contactos efectivos y frecuentes entre el Gobierno y los procuradores, que asumen, en fin de cuentas, la

representación de los deseos y de los intereses de la población.

En BU diálogo con el Gobierno, el parlamentario está singularmente desprovisto porque los métodos y

los medios de la técnica moderna no han franqueado todavía el Palacio de las Cortes. Como

complemento, es indispensable que en él seno del Movimiento, y como organizaciones de la sociedad, se

creen los instrumentos que canalicen las tendencias y faciliten el contacto de los parlamentarios de las

distintas orientaciones con los grupos sociales que representan.

Los procuradores han podido desde hace unos años dirigir al Gobierno y a los ministros interpelaciones,

ruegos y preguntas, pero éstos se han mostrado remisos a la respuesta oral y, en todo caso, los términos

del Reglamento y su interpretación estricta no han consentido que se, entable debate.

Ampliación del electorado familiar y que el número de representantes guarde relación con los habitantes

Una fórmula podía ser la de un procurador por cada cien mil almas.

Esto ha sido sensible en razón a que, en virtud del aumento considerable de las tareas del Estado y a la

extensión paralela de los poderes del Gobierno y de la Administración, el papel de las Asambleas

parlamentarias en la elaboración de la ley ha disminuido. Por contrapartida, la necesidad de su control es

mayor que nunca.

Frente a un Gobierno potente y durable, apoyado sobre una burocracia necesaria, pero absorbente, sólo

las Asambleas representativas pueden garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus libertades, pero esto

exige que se pongan los medios necesarios a disposición del parlamentario.

Hasta el presente, el parlamentario español ha tenido que contentarse con una documentación artesanal,

preparándose él mismo sus propios "dossiers". Un mejoramiento en este dominio se impone, pero ello no

deja de suscitar delicados problemas. En primer lugar, será necesario ocuparse de que esta documentación

no sea exclusivamente un reflejo del punto de vista de la Administración; de otra parte, en lo que

concierne a la información científica, ésta debe estar despojada de su tecnicidad y accesible a la

comprensión del parlamentario medio, cuya formación es raramente científica, a fin de que pueda situar la

discusión en el contexto de la política general. La circunstancia, ciertamente favorable, de que, en su

actual versión, las Cortes Españolas representen una experiencia parlamentaria dilatada, no debe hacernos

olvidar que para asegurarse el futuro, las Cortes, como el resto de las instituciones, tienen que conseguir

la anuencia y la confianza del país. De manera particular tiene que preocuparnos la adhesión de las

nuevas generaciones.

RIGIDEZ DE LA LEY Y DEL REGLAMENTO El mal que sufren en España las Cortes es

esencialmente un desequilibrio provocado, en su origen, por la excesiva rigidez de la ley y el Reglamento

y agravado por la interpretación de que han sido objeto. Este desequilibrio se manifiesta en todo un

conjunto de practicas antiguas y en que se han regateado a las Cortes, facul-taeds que les son propias. El

correctivo puede estar en la atribución a las Cortes de derechos nuevos y, sobre todo, en agilizar su

funcionamiento y dar entrada a los plenos.

La forma actual de Régimen ha podido mantenerse durante treinta y cinco años en razón al prestigio

personal y a la habilidad del Generalísimo Franco Bahamonde, que ha reconstituido sobre nuevas bases el

Estado y que ha contado con las mayores confianzas.

¿Cabe imaginar que su sucesor pueda recurrir a los mismos procedimientos sin correr el riesgo de ser

recusado? Es poco probable. El rey no se encontrará en condiciones de hacer uso ni aun siquiera de las

funciones más limitadas que le confieren las Leyes Fundamentales. La vía a una dictadura, consecuencia

del endurecimiento a que llevare la falta de respeto y de adhesión social, supondría un retorno a las fases

iniciales y, en fin de cuentas, a la confesión del fracaso de esta experiencia»

Pero tampoco sería admisible el restablecimiento de las situaciones que imperaron en el primer tercio del

corriente siglo y que provocaron crisis en los años treinta. El mal recuerdo que dejaron aquellas

experiencias ha sido una de las mayores dificultades con que se ha tropezado en la vía a una nueva

democracia.

Para que las reformas sean emprendidas y, sobre todo, tengan éxito, es indispensable que se cree un clima

unánime en las Cortes y en el Gobierno y que cuenten con la adhesión activa del país. Esto no es fácil ni

mucho menos careciéndose, COMO se carece, de cuerpos políticos intermedios.

Reconstituido el Estado después de la guerra civil, ordenado el conjunto dé las instituciones y

rehabilitados los derechos y libertades, la clave del arco tiene que estar, en fin de cuentas, en las Cortes.

Su composición y facultades, su organización y funcionamiento, son los supuestos de que ha de partir

nuestro sistema político. Hacer compatible un Gobierno fuerte y estable con unas Cortes que cuenten con

la confianza nacional es la gran tarea con la que se tienen que enfrentar los hombres públicos españoles.

EL PARLAMENTARIO Y NO EL TÉCNICO

El desarrollo social, económico, cultural y político de los pueblos obliga a adoptar determinadas

decisiones, en las que debe participar el órgano de la representación nacional. Debe ser éste quien decida

el ritmo de las inversiones, que es compatible con el mantenimiento de la estabilidad, y quien marque el

acento sobre la expansión económica o el progreso social.

A propósito de cada una de estas opciones, es el parlamentario y no el técnico quien debe decir la última

palabra. Porque se trata de delicadas apreciaciones en que, en los más de los casos, los expertos se

contradicen y en que, sea cualquiera la decisión que se adopte, no se puede tener la seguridad de que ha

prevalecido la sabiduría.

Las exigencias del progreso de la sociedad industrial no consienten que se pretenda el bienestar de los

hombres prescindiendo de los mismos. El instrumento más efectivo para la participación ciudadana en la

vida pública son las asambleas, que en el caso español, desde su origen, han recibido la denominación de

Cortes.

INTERPRETACIONES MODERNAS

Los principios del Movimiento, que son muy generales y consienten muy distintas interpretaciones, se

encuentran necesitados de quienes, » nivel doctrinal, los interpreten con un sentido moderno, y se aborden

los objetivos intermedios de la política con lucidez, rigor e imaginación.

No hay nada en nuestro sistema legal que nos imponga otra cosa que el respeto a los principios del

Movimiento—en la forma en que los interpreten los Tribunales de Justicia, en los casos ordinarios, o el

Jefe del Estado, en los recursos de contrafuero—, y que, en relación con las Leyes Fundamentales obligue

a otra cosa que al respeto de los procedimientos legales establecidos para su reforma, como "bien claro lo

dijo Franco cuando presentó a las Cortes la. Ley Orgánica del Estado.

Dentro de estos presupuestos, que no constituyen una particularidad de nuestro sistema legal, los

españoles podemos, y es legítima la expresión de nuestro parecer, hacer conjeturas y formular

proposiciones sobre lo que en cada momento conviene al país. En la diversidad de conjeturas y propuestas

se encuentra la clave de lo que constitucionalmente se denomina el contraste de pareceres.

Pensamos que la articulación jurídica de las reformas de detalle, a que hemos aludido, podría realizarse a

través de una ley de Ampliación de la Representación Familiar y de Reforma de la Organización de las

Cortes Españolas, en que se modificaran muy concretos preceptos de la ley de Cortes; en disposiciones

adicionales podrían reformarse algunos preceptos de las otras Leyes Fundamentales en la medida

estrictamente necesaria.

Entre otras cuestiones que podrían abordarse en dichas disposiciones adicionales, se contarían los

retoques que se juzgaran necesarios en el procedimiento para la designación y cese del presidente del

Gobierno, la constitucionalización del Consejo Judicial, las reformas de las disposiciones relativas a la

regencia y tutela reglia, el adelanto a dieciocho años del sufragio en el referéndum y la determinación por

vía legal del alcance jurídico del principio segundo de los del Movimiento Nacional. Ninguna de estas

reformas debiera afectar al fondo de la respectiva institución ni aun a su configuración Jurídica,, y no

tendrían alcance mayor que el que han tenido las últimas leyes de prerrogativa relativas al presidente del

Gobierno y a la coordinación de funciones entre los altos organismos del Estado.

Este procedimiento ofrecería la ventaja de centrar la reforma en la ampliación, de la representación

familiar, que, de principio, contaría con anuencias generalizadas, particularmente en las provincias con

mayores núcleos de población. En cuanto a las otras, reformas, como su Importancia serla menor, no

requeriría que sa pusiera en ellas un especial énfasis.

 

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