Autor: Ysart, Federico. 
 Ante la X legislatura. 
 Radiografía de una institución     
 
 Actualidad Económica.    09/10/1971.  Página: 8-16. Páginas: 9. Párrafos: 72. 

Ante la X Legislatura

RADIOGRAFÍA DE UNA INSTITUCIÓN

Por FEDERICO YSART

PARA la opinión pública interesada por los temas políticos, en los cuatro últimos años quizá haya nacido

una institución: las Cortes Españolas. Su fundación data, sin embargo, de 1942, creadas por la Ley

Constitutiva de 17 de julio, elevada al rango de Fundamental o Constitucional cinco años más tarde. En

aquel verano, cuando faltaban pocos meses ya para que en la guerra mundial pasara la iniciativa a manos

aliadas, el Instituto de Estudios Políticos elaboró el proyecto, basado ideológicamente sobre las dos

tendencias políticas en las que formalmente se asentó cuatro años antes el Movimiento: Falange y

Tradicionalismo.

En el preámbulo de la Ley aparece ya la expresión, renacida también años más tarde con ocasión de la

Ley Orgánica del Estado, del llamado «contraste de pareceres». Así se decía que:

«El contraste de pareceres —dentro de la unidad del Régimen—, la audiencia de aspiraciones, la crítica

fundamentada y solvente y la Intervención de la técnica legislativa deben contribuir a la vitalidad, justicia

y perfeccionamiento del Derecho positivo de la revolución y de la nueva economía del pueblo español».

Se dejaba claro en su presentación que continuaba radicada en la Jefatura del Estado «la suprema potestad

de dictar normas jurídicas de carácter general en los términos de las Leyes de 30 de enero de 1938 y 8 de

agosto de 1939». Pero continuaba diciendo: «El órgano que se crea significará, a la vez que eficaz

instrumento de colaboración en aquella función, principio de autolimitación para una institución más

sistemática del Poder».

Todo esto se escribía en 1942, hace veintinueve años, cerca de seis lustros. El principio de autolimitación

siguió desarrollándose pausadamente y sin prisas hasta 1966, fecha en que el Jefe del Estado presentaba a

las mismas Cortes la Ley Orgánica del Estado, el 22 de noviembre.

LA REFORMA DEL 67

Del contraste de pareceres volvió a hablar el Generalísimo en aquella ocasión:

«Pero la exclusión de los partidos políticos en manera alguna implica la exclusión del legítimo contraste

de pareceres, del análisis crítico de las soluciones de gobierno, de la formulación pública de programas y

medidas que contribuyan a perfeccionar la marcha de la comunidad».

Como es sabido, con la Ley Orgánica se modificaron varias de las demás normas fundamentales, entre

otras la Ley Constitutiva de Cortes.

«Se procede a una amplia democratización del proceso político —dijo Franco— en la renovada

composición de las Cortes».

Y, efectivamente, hasta entonces las Cortes estaban formadas por dos grandes grupos: el sindical —en

número no superior a la tercera parte del total de los procuradores— y el local, con representantes de los

municipios de cada provincia y los alcaldes de las cincuenta capitales españolas, más los de Ceuta y

Melilla, y más tarde los presidentes de las Diputaciones. A estos dos grandes grupos se añadían

los consejeros nacionales, los ministros, los procuradores de designación directa —en número no superior

a cincuenta— y, por último, recomposición de las Cortes.

COMPONEN teóricamente las Cortes Españolas 556 procuradores; natos, unos; electivos en grado

diverso, otros, y veinticinco designados directamente por el Jefe del Estado.

Por razón del cargo que ocupan, tienen derecho a ser procuradores los miembros del Gobierno, los

consejeros nacionales del Movimiento, los presidentes del Tribunal Supremo de Justicia, del de Justicia

Militar, del de Cuentas del Reino y del Consejo Nacional de Economía, los rectores de Universidad, el

presidente del Instituto de España, el del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el del Instituto

de Ingenieros Civiles.

ELECTIVOS

• Los miembros electivos sólo son reclutados mediante sufragio de primer grado en el caso de los 104

representantes de la familia, dos por cada provincia y uno por Ceuta y Melilla, respectivamente.

• Las corporaciones provinciales y municipales cuentan con 111 procuradores: un representante de los

municipios de cada provincia, elegido por los Ayuntamientos entre sus miembros, y otro de cada uno de

los municipios de más de 300.000 habitantes, y los de Ceuta y Melilla. Y un representante por cada

Diputación Provincial y Mancomunidad Interinsular Canaria, elegidos por las corporaciones respectivas

entre sus miembros.

• La Organización Sindical cuenta con 150 escaños, elegidos en su mayoría con arreglo a la Ley

Sindical y Decreto posterior regulador de dichas elecciones, todas ellas de segundo o tercer grado.

Representantes de los colegios profesionales, altos cargos, rectores de Universidad y la Mesa de las

Cortes, que era también designada.

En el año 1967, además de limitarse el número de los sindicales a 150, el de la Administración Local a

115, el de los designados por el Jefe del Estado a 25 y de otras modificaciones menos significativas, se va

a dar cabida en el «órgano superior de participación del pueblo español en las tareas del Estado» a un

grupo también numeroso, el familiar, hoy 104, de amplia base representativa, ya que sus miembros van a

ser elegidos por el censo de cabezas de familia y mujeres casadas de cada provincia.

Por vez primera iba a tener asiento en las Cortes un numeroso grupo de procuradores, la quinta parte del

total, ajenos en principio a todo tipo de estructura superior, como pudiera serlo la Organización Sindical,

el Consejo Nacional o el Ministerio de la Gobernación para los representantes de la Administración

Local.

Sobre el hecho se centró, expectativamente, la atención política del sistema. Coincidía todo ello con un

clima de optimismo provocado por un período inflacionista, en el que comenzó a sentirse el resultado de

las inversiones públicas del I Plan de Desarrollo, y, políticamente, con la presentación abierta y más

acorde con la nueva sociedad que se hizo de la Ley Orgánica.

EL GRUPO FAMILIAR

«El grupo familiar es la gran incógnita de las nuevas Cortes, y resulta difícil aventurar nada acerca de él»,

escribía en 1967 el profesor Fernández-Carvajal. Hoy, cuatro años después de iniciado el experimento,

puede hacerse un balance, siquiera sea con la fugacidad de un escrito periodístico.

Los dos representantes con que cada provincia española cuenta en las Cortes han conseguido escasos

éxitos. Por cuanto de novedad suponía, la prensa cuidó primorosamente la actividad de estos hombres, o

al menos el grupo más representativo de ellos, por su ardor polémico y su constantemente proclamada

independencia política.

¿Independencia respecto de qué? Independencia del Gobierno, naturalmente; es decir, no comprometidos

con cargos de la Administración, de los que por una aventura parlamentaria pudieran ser separados. Este

es uno de los temas de contenido político arrastrados desde el mismo comienzo de la IX Legislatura.

En diciembre del primer año 1967, se reunían en casa del representante guipuzcoano Escudero Rueda los

procuradores vasco-navarros. De ahí surgió la idea de institucionalizar de alguna forma los contactos

entre el grupo menos «comprometido» dentro de los componentes de su estamento, y siguieron las

reuniones de Pamplona, a las que se sumaron ya otros más, hasta un total de diecisiete. En Salamanca, un

mes más tarde, febrero de 1968, tomó cuerpo ya lo que se dio en llamar «las Cortes trashumantes».

Acudieron hasta un total de cuarenta —varios de ellos con el propósito de reducir aquella extraña forma

de parlamentarismo un tanto sedicente—. De todas maneras, allí fueron planteados los mismos problemas

que han discurrido apenas intocados por los cuatro años de actividad de la IX Legislatura.

• Las Reales Academias y el C. S. I. C. cuentan con dos representantes, respectivamente, elegidos entre

sus miembros.

• Las asociaciones y colegios profesionales pueden escrutar hasta un total de 30 representantes,

distribuidos en la forma siguiente: uno, elegido por el Instituto de Ingenieros Civiles; dos, en cada caso,

elegidos por los Colegios de Abogados y Médicos, y uno, por él de Agentes de Cambio y Bolsa, de

Arquitectos, de Economistas, de Farmacéuticos, de Licenciados y Doctores en Ciencias y Letras, de

Licenciados y Doctores en Ciencias Químicas y Físico-Químicas, de Notarios, de Procuradores de los

Tribunales, de Registradores de la Propiedad y de Veterinarios.

Dentro de este capítulo, las Cámaras Oficiales de Comercio tienen tres representantes, uno las Cámaras de

la Propiedad Urbana y otro las Asociaciones de Inquilinos. Hasta ahora, por lo tanto, sólo hay veintitrés

cubiertos.

DESIGNADOS

Por último, el Jefe del Estado podrá nombrar directamente hasta veinticinco procuradores en razón de la

jerarquía eclesiástica, militar o administrativa, o por los relevantes servicios prestados a la Patria.

Por otra parte —ya contabilizados en el primer capítulo de procuradores natos—, 40 de los 99 consejeros

nacionales son nombrados también directamente por el Jefe del Estado, y seis, por el presidente del

Consejo, que lo es el presidente del Gobierno.

CUESTIONES PENDIENTES

Se habló allí del estado de la educación, del desorden universitario, de la necesidad de una reforma fiscal

de carácter estructural, de la necesidad también de reformar el Reglamento de las mismas Cortes, de

liquidar definitivamente la cuestión de los funcionarios depurados por sus actividades durante la guerra

civil, del servicio militar, del desarrollo político, amén de un largo etcétera compuesto por el estudio de

enmiendas a las leyes entonces pendientes de dictamen, como la de Secretos Oficiales.

Precisamente a la totalidad de este proyecto presentaron enmiendas tres procuradores del grupo: los

señores Esperabé de Arteaga, Zubiaur y Marrero Portugués. Prácticamente los mismos —aunque no lo

hiciera formalmente el primero— se enfrentaron tres años después al proyecto de Ley Sindical. Y en el

último mes de julio, al borde de las vacaciones legislativas, los dos primeros votaban en el salón de

Plenos contra la reforma de la Ley de Orden Público. No estuvieron solos en todo este tiempo, pero

quienes en un momento u otro compartieron posturas análogas a las suyas se vieron igualmente

desasistidos de fortuna a la hora de las votaciones. Las enmiendas a la totalidad nunca tuvieron éxito.

Sólo una fue aceptada —y no precisamente en este sentido— durante toda la Legislatura: la defendida por

el señor Vizcaíno Márquez, consejero nacional, contra la primera versión del proyecto de Ley sobre el

servicio militar de los objetores de conciencia. El tema de los funcionarios de la Administración Civil

depurados —fundamentalmente pertenecientes al cuerpo de Correos— no ha sido resuelto en su totalidad.

Tampoco la reforma fiscal, ni la del Reglamento de la Cámara, el asociacionismo político, etcétera. El 12

de febrero de 1968 hacía personalmente entrega en el palacio de la Carrera de San Jerónimo de la

proposición de Ley que para la puesta al día del citado Reglamento firmaron por aquellas fechas más de

cincuenta procuradores. No fue aceptada a trámite. Todo parecido entre aquellos planteamientos y el

contenido del texto últimamente pactado entre Gobierno y Cortes, pendiente ahora de dictamen en una

Comisión especial, es pura coincidencia.

EL FINAL DE LA TRASHUMANCIA

El desencanto surgió inevitable dentro del grupo. El 10 de noviembre de 1968, la Comisión Permanente

de las Cortes sentenciaba la irregularidad que suponían aquellas reuniones ambulantes por diversas

capitales de provincia. Dos meses antes, el ministro de la Gobernación, el fallecido capitán general

Alonso Vega, había suspendido una de ellas en Ceuta. Por fin, el 27 de septiembre del pasado año el

grupo moría definitivamente en San Sebastián.

En el diario «Madrid» escribí con aquella ocasión: «Las Cortes trashumantes no volverán a recorrer la

geografía española. Han muerto donde nacieron: en los periódicos».

En una cosa se equivocó este grupo, novedoso y acaparador de la atención de sectores interesados:

quisieron insuflar a las Cortes aires de control parlamentario sobre el ejecutivo, cuando

constitucionalmente no caben en ellas mociones de censura ni retirada de confianza a los Gobiernos.

EL PRIMER MENSAJE

Al empeño puesto en esta empresa quizá no sean ajenas las palabras pronunciadas por el Jefe del Estado

el 17 de noviembre de 1967 en la sesión de apertura solemne de la Legislatura. Había saludado Franco a

los nuevos procuradores con las palabras siguientes:

«Queremos unas Cortes eficaces, ágiles, estudiosas, con un gran sentido de sus derechos y de sus deberes,

dispuestas siempre a ejercer con alteza de miras y con aguda inteligencia su labor de fiscalización y de

creación de la vida política.

«Por primera vez llegan a las Cortes —por elección directa— los representantes de la familia. De esta

célula básica en la vida social que, aun sin ser intrínsecamente una entidad política, sí es un cauce de

representación a cuyo través se puede garantizar una limpia ejecutoria política.

«... Porque sois representantes de hombres e instituciones que os han elegido reflexivamente y que

esperan de vosotros la misma reflexiva y prudente actitud cuando debatáis los temas que les atañen.

Formáis ahora un cuerpo que —como decíamos en ocasión de la apertura de las Cortes, hace ya

veinticinco años— ofrece a los elementos constitutivos de la comunidad nacional un cauce real para la

colaboración en las tareas del Estado. Vosotros, señores procuradores, venís a reforzar la propia vitalidad

de un sistema político que hemos creado, que hemos ido perfeccionando.

»... Vais a cumplir tres funciones relevantísimas en el orden político: representar, deliberar y legislar.

•Representación al más alto nivel del pueblo español. Representáis a toda la nación: habréis de hacerlo en

momentos decisivos y también en el trabajo modesto y duradero de cada día, en el que habréis de

esforzaros en servir hasta al último de vuestros representados.

«Deliberación. En la que ejercitaréis el contraste ordenado de pareceres, en todas las materias opinables,

dando así la oportunidad de que ninguna idea útil quede por recoger en lo que, al fin, ha de ser un acuerdo

realizable.

«Legislación. La más alta quizá de las funciones políticas, en la que sentaréis las grandes reglas del juego

de la convivencia, llenos de responsabilidad por el carácter de máxima generalidad y permanencia de las

normas que vais a elaborar.

»... Las Cortes son, definitivamente, un cuerpo plenamente legislativo, ya que la sanción (que yo nunca he

discutido a un solo texto de los aprobados por vosotros) sólo podrá negarse por mensaje motivado, y de

acuerdo con el dictamen vinculante del Consejo del Reino. También el nuevo Reglamento concede a la

Cámara un mayor control de los Decretos-Leyes, y se refuerzan, Igualmente, las altas funciones de

decisión política en momentos trascendentales para la nación. Todo ello dentro de una realidad

plenamente representativa, que hace pesar, detrás de vuestros debates, la voz sólida del pueblo español».

Esta larga cita del Jefe del Estado, en su primera aparición ante la IX Legislatura, contiene,

evidentemente, una interpretación progresiva de las tareas del procurador en Cortes en la vida política del

país. A ellas acudieron repetidas veces varios interesados cuando la realidad parecía circular por otros

derroteros. En las Cortes y fuera de ellas. Eduardo Tarragona, por ejemplo, las recordó momentos antes

de anunciar su dimisión en el otoño de 1969 en la sala de conferencias de la Cámara de Comercio

madrileña.

DERECHOS Y OBLIGACIONES

¿En qué términos hablan las disposiciones vigentes de los derechos y obligaciones de los procuradores?

La Ley Constitutiva de Cortes —de rango fundamental, como es sabido— apenas se ocupa del tema. Tan

sólo el artículo quinto establece que:

«Los procuradores en Cortes no podrán ser detenidos sin previa autorización de su presidente, salvo en

los casos de flagrante delito. La detención en este caso será comunicada al presidente de las Cortes».

Es en el Reglamento de 26 de diciembre de 1957, modificado el 22 de julio de 1967, en donde —ademas

de transcribir la inmunidad parlamentada y especificar, abundando en ella que «los procuradores en

Cortes no serán responsables ante jurisdicción alguna, ni aun después de terminado su mandato, por

ninguno de sus actos o manifestaciones llevados a cabo en el ejercicio de sus funciones reglamentarias»—

se citan como derechos y obligaciones los siguientes: presentar proposiciones de Ley, formular

enmiendas a éstas y a los proyectos remitidos por el Gobierno, expresar libremente sus opiniones en sus

intervenciones, interpelar oralmente o por escrito y formular ruegos y preguntas a los ministros sobre las

materias de su competencia; recabar la información necesaria para el cumplimiento de su misión, a

percibir la gratificación que se fije —que actualmente puede llegar a suponer unas seis mil pesetas

mensuales— y a gozar de pase de libre circulación por los ferrocarriles y, en algunos casos, en líneas

marítimas y aereas.

INTERPELACIONES

¿En qué medida usaron los procuradores de sus derechos? Pasando por alto sobre los temas de inmunidad

parlamentaria —en los cuatro años se tramitaron una docena de suplicatorios, concediéndose dos: el del

procurador familiar por Santander, señor Cuevas, y el del gobernador del Banco de España, señor

Navarro Rubio, ambos casos relacionados con el asunto Matesa— y el de cuestiones que afectan

privadamente a los interesados, como el cobro de sus retribuciones y petición de información, hay que

hacer constar que las interpelaciones no han sido numerosas. En el año 1967 no se produjo ninguna

después de la formación de la IX Legislatura. En el 1968 hubo tres: la del señor Marrero Portugués al

ministro de Educación y Ciencia —señor Lora—, y contestada por el de Agricultura; la del señor Zaldívar

en relación con las situaciones creadas en torno Fayón y Mequinenza y las presas de Mequinenza y

Ribarroja, en el bajo Ebro aragonés, y la de don Manuel María Escudero al ministro de Hacienda sobre

política fiscal. De ellas sólo la primera fue contestada oralmente en sesión plenaria.

En el año 1969 se produjeron otras tres, contestadas por escrito todas ellas: la de don José Ángel Zubiaur

y otros procuradores, en relación con la expulsión del territorio nacional de la familia Borbón-Parma; la

de don Juan Reig Martín, sobre el pago de indemnizaciones a los colonos de Huelva afectados por

inundaciones, y la de don Eduardo Tarragona, sobre determinados aspectos de la enseñanza, educación y

vivienda en Barcelona.

Todos ellos, los interpelantes de los años 1968 y 1969, eran procuradores de representación familiar. Los

ruegos y preguntas fueron, sin embargo, más abundantes. Durante el año 1968 —los índices de 1970 y de

1971 no han sido aún confeccionados—, el vicepresidente del Gobierno, Carrero Blanco, respondió a

diecisiete ruegos y preguntas; de ellos, cuatro suscritos por el familiar dimitido Tarragona. Sólo en una

ocasión lo hizo verbalmente, ante el Pleno de la Cámara. Tema: la situación de la economía española.

Autores: los familiares Perelló, Fanjul y el citado Tarragona.

En cuatro de esas diecisiete respuestas, el objetivo eran cuestiones relacionadas con la enseñanza.

En el primer semestre del actual 1971, dos Plenos escucharon otras tantas interpelaciones: la del señor

Serrats, sobre política siderúrgica, en febrero, y la del economista Díaz Llanos, sobre el Mercado Común

y las preferencias generalizadas, en junio.

En el año 1969 se produjeron un total de 41 ruegos y preguntas, repartidos de forma desigual entre los

siguientes Departamentos: once, a Trabajo; nueve, a Hacienda; ocho, a Gobernación; seis, a Educación;

tres, a Vivienda; dos, a Agricultura, y una, respectivamente, a Industria y Presidencia del Gobierno. Ello

puede dar una idea de cuáles sean los temas —o sectores de la actividad política mejor— de mayor

interés o atención por parte de los procuradores.

PROYECTOS DE IDA Y VUELTA

Una manera de fiscalización de la actividad gubernamental es devolver determinados proyectos de Ley al

Gobierno, cuando la Comisión encargada de dictaminarlos así lo apruebe por simple mayoría; o bien

siempre que sean rechazados en votación por el Pleno. En tres ocasiones fue devuelto un proyecto de Ley

al Gobierno durante la Legislatura: la primera, por parte de la Comisión de Presupuestos,no admitiendo

un suplemento de crédito por importe de diecinueve millones de pesetas destinados a la adquisición por

parte del Ministerio de Información y Turismo de bienes corrientes y servicios. Fue en el año 1969. La

segunda vez, en el mismo año, tuvo por objeto el proyecto que confería representación en Cortes a la

Sociedad General de Autores. La tercera, por último, en 1970. La Comisión de Defensa Nacional tomó en

consideración la enmienda a la totalidad defendida por el señor Vizcaíno contra el primer proyecto

regulador del servicio militar de los objeto-res de conciencia.

Facultad paralela tiene también el Gobierno, pudiendo retirar sus proyectos en cualquier momento del

trámite legislativo. Esto hizo en el año 1969 con la Ley de Fiscalidad del Suelo, antes de que se reuniese

la Comisión correspondiente para iniciar los debates. La retirada se produjo un mes después del cambio

de Gobierno. En otra fase distinta hizo lo mismo con el dictamen del segundo proyecto sobre objetores de

conciencia, después de ser aprobado por la Comisión de Defensa Nacional.

En esta ocasión —último julio— la Comisión dictaminó un proyecto

LA COMISIÓN PERMANENTE

PRESIDIDA por el titular de las Cortes, la llamada Comisión Permanente constituye el quicio de la

mecánica funcional de las Cortes Españolas. Está constituida con arreglo a la siguiente composición:

Dos miembros del Gobierno; los tres presidentes del Consejo Supremo de Justicia Militar, del Consejo de

Economía Nacional y del Tribunal de Cuentas; dos representantes de la Permanente del Consejo

Nacional; dos representantes del Pleno del Consejo Nacional; dos representantes de la Organización

Sindical; dos representantes de la Administración Local; dos representantes del grupo familiar; un

resustancialmente distinto del remitido por la Presidencia del Gobierno.

LOS DERECHOS DEL GOBIERNO

Además de ésta tiene el Gobierno otras facultades operativas en el funcionamiento de las Cortes. Sus

miembros, procuradores natos, tienen dos representantes en la Comisión Permanente y uno en la de

Competencia Legislativa.

Puede proponer razonadamente a la Cámara la apreciación de incapacidad de su presidente. Su

consentimiento es necesario para la formación de las Comisiones legislativas y del orden del día, tanto del

Pleno como de aquéllas. La convocatoria del Pleno la realiza el presidente de las Cortes, también de

acuerdo con el Gobierno, y también el mutuo acuerdo es preciso para la suspensión de las sesiones y

trabajos de las Cortes.

Por otra parte, no puede olvidar se que el Gobierno —su presiden te— designa seis consejeros nacionales

—procuradores natos, por tanto— y a los trece rectores de Universidades, que son también procuradores.

Durante la IX Legislatura han sido igualmente designados por el Gobierno los 28 presidentes de

Sindicatos Nacionales y el de la Hermandad de Labradores y Ganaderos, cuestión que ha variado para la

próxima, tras la entrada en vigor de la nueva Ley Sindical. En otro apartado, la mayoría de los 111

representantes de la Administración Local son alcaldes o presidentes de los municipios o Ayuntamientos

que representan; es decir, respalda su puesto un nombramiento gubernativo. Por otra parte, y atendiendo

al «status» profesional de la totalidad de los procuradores, una cuarta parte de la Cámara viene a estar

integrada por funcionarios de la Administración Central del Estado.

presentante de los rectores e Instituciones Culturales; un representante de Asociaciones, Colegios y

Cámaras; un representante de los designados por el Jefe del Estado, y un secretario de las Cortes.

De sus veinte miembros, incluyendo al presidente, trece deben su escaño a designación directa del Jefe

del Estado, según la actual composición.

La Comisión Permanente tiene, entre otras, las siguientes funciones:

Decidir la no admisión de interpelaciones y la toma en consideración de proposiciones de Ley; deliberar

sobre la concesión o denegación de suplicatorios; promover recursos de contrafuero; dictaminar la

autorización de peticiones o propuestas de las demás Comisiones; asistir al presidente durante los

períodos vacacionales; exponer por escrito al presidente de las Cortes las posibles vulneraciones de los

Principios del Movimiento y demás Leyes Fundamentales; formular propuesta razonada de cese en caso

de incapacidad del presidente de la Cámara; proponer al presidente los componentes de las demás

Comisiones, así como la separación de procuradores por motivos de indignidad; proponer la prórroga de

una Legislatura y demás cuestiones de origen interno.

Una peculiaridad tienen los miembros de dicha Comisión no común a sus compañeros: podrán asistir con

voz y voto a las sesiones de cualquier otra Comisión legislativa. El resto de los procuradores sólo tienen

voto en las Comisiones —dos como máximo— a que hubieran sido adscritos, y voz únicamente en éstas o

para defender sus enmiendas en el resto de los casos.

En el año 1968 decía el procurador Fanjul en la revista «Don Quijote»: «Veo demasiada intervención de

la Comisión Permanente... Esta se convierte en una barrera que interfiere la vida de las Cortes».

Entre tantos otros, de manera paralela se manifestó a lo largo de toda la Legislatura el procurador

salmantino Esperabé de Arteaga, quien de una u otra forma ha venido insistiendo en que la Comisión

Permanente tendría que convertirse más en un órgano de continuidad que en su actual carácter de órgano

de seguridad. Para ello insistió repetidas veces en los siguientes puntos:

• Que sus vocales no tengan privilegio alguno.

• Negarle la facultad de conceder suplicatorios, que, en definitiva, van dirigidos a la Cámara en su

totalidad. En su defecto, conceder al interesado el derecho a recurrir ante el Pleno.

• Privarle del derecho de oponerse a determinadas interpelaciones y de no tomar en consideración las

proposiciones de Ley.

• Evitar la doble representación que en ella tiene el Consejo Nacional.

De todos estos datos, en los que no se mezclan cuestiones politicas —difíciles en sí de ser computadas

objetivamente—, puede deducirse el amplio margen de actuación con que cualquier Gobierno puede ac-

tuar en las Cortes, donde de una u otra manera puede hacerse con normalidad dueño de la más importante

minoría, por no hablar llanamente de mayorías.

DECRETOS Y REGLAMENTOS

Pero al margen del funcionamiento y libertad de movimientos dentro de la institución, la misma Ley

Constitutiva de Cortes faculta al Gobierno para desarrollar una importante y sustantiva tarea legislativa

mediante los Decretos-Leyes, si bien en estos casos haya de mediar una razón de urgencia, que apreciará

el Jefe del Estado, oída la Comisión de Competencia Legislativa.

Por otra parte, no es una cuestión superficial el reconocimiento de la potestad reglamentaria que la Ley

Orgánica del Estado hace en favor del ejecutivo, lo cual, realizado sin intervención alguna de las Cortes,

confiere a aquel magnífica libertad de interpretación y desarrollo de las Leyes aprobadas en Cortes:

«Vosotros hacer las Leyes, que yo hago los Reglamentos», cuentan que gustaba decir un conocido

político de la monarquía.

EL AUMENTO DE GASTO

El título VII del vigente Reglamento de las Cortes lleva por epígrafe: «De las disposiciones

espeCRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTARIOS

DURANTE la IX Legislatura, el Gobierno remitió a las Cortes ciento noventa y dos proyectos de Ley

para la obtención de créditos extraordinarios y suplementarios, por un total de 27.514.897.341 pesetas, de

acuerdo con la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública de 1 de julio de 1911.

La cantidad, realmente importante, es aún más reveladora si se desglosa por años:

Total de creditos

Año en pesetas

1968 ............... 8.031.209.324

1969 ............... 9.535.792.834

1970 ............... 9.201.319.174

1971 ............... 746.576.009

Total ......... 27.514.897.341

Durante la vigencia del presupuesto bianual 1968-69 solicitó el Gobierno y aprobaron las Cortes 162

créditos, por un total de 17.567.002.158 pesetas, aproximadamente el doble del importe obtenido durante

la vigencia de los presupuestos 1970-71 (9.947.895.183 pesetas), a través de sólo 30 créditos.

La mitad del importe total ha corrido a cargo de los Ministerios de Agricultura —con 9.820.399.043

pesetas— y Comercio —con 5.154.421.284 pesetas—, respectivamente. Es interesante, por otra parte,

comparar estas cifras con las obtenidas por los Ministerios de Educación —737.259.322 pesetas— y

Gobernación —3.458.921.284 p e s e-tas—.

Desglosando aún más estas cifras ce obtienen datos orientadores de cada año en la siguiente forma:

El Ministerio de Agricultura:

Créditos

Año concedidos,

en pesetas

1968 ............... 4.229.994.905

1969 ............... 3.407.886.293

1970 ............... 2.182.517.845

1971 ............... —

 

< Volver