Proyecto de ley de Incompatibilidades     
 
 ABC.    07/05/1975.  Páginas: 1. Párrafos: 11. 

PROYECTO DE LEY DE INCOMPATIBILIDADES

No menos importante, para el desarrollo político, que el proyecto de nueva ley de Régimen Local, resulta

ser el proyecto de ley de Incompatibilidades para el desempeño de la función parlamentaria, aún

pendiente de debate en las Cortes.

En su primera redacción, el proyecto señala cuatro grandes sectores en los cuales puede producirse la

razón o causa de incompatibilidad con la condición de procurador.

En un primer sector, la incompatibilidad se refiere a cargos políticos: subsecretarios, directores generales,

gobernadores civiles, vicesecretario general, delegados nacionales del Movimiento y cargos expresamente

asimilados a los anteriores. En otro sector, la incompatibilidad se deriva de la función pública en activo al

servicio de la Administración de Justicia. Componen un tercer sector —en esta clasificación nuestra— los

afectados de incompatibilidad por su carácter de funcionarios: de las Cortes, de la Administración civil y

militar, del Movimiento y de la Organización Sindical. Y, por último, se definen incompatibilidades

enraizadas en actividades empresariales y directivas relativas a obras, servicios o suministros públicos, a

monopolios estatales o sociedades con participación estatal.

Quienes se encuentren incursos en incompatibilidades deberán optar, ante el presidente de las Cortes, por

su cargo o su condición de procuradores. Y el no ejercicio de la opción se entenderá como renuncia a la

procuraduría.

Si dejamos en un margen —a la espera de próximo comentario— a quienes alcance la ley de

Incompatibilidades por su actividad empresarial o directiva, la significación más importante y la

trascendencia más profunda de este proyecto parece ser la corrección de la impropia mezcla de función

legislativa y poder ejecutivo que ahora se registra en la composición de las Cortes.

Seguramente por las circunstancias políticas del tiempo de su promulgación, la ley de Cortes (1942)

admitió que fuera muy considerable el número de procuradores en los cuales concurría la investidura de

cargo en la Administración. Configurando, además, el sistema con la fórmula de unidad de poder y

coordinación de funciones, las Cortes continuaron su. funcionamiento asimilando, en proporciones

diversas, pero siempre considerables, la posición bifronte, doblada, de muchos de sus miembros. Y han

sido así, y todavía lo son por múltiples escaños, un injerto de la función ejecutiva en la función

legislativa.

Y si en tales condiciones queda deteriorado el principio de representatividad social en la elaboración de

las leyes, también es notable la disminución que padece el principio de crítica «fundamentada y

solvente»: la posibilidad de un cierto control sobre las leyes que proponga el Gobierno, en materias en las

que tengan competencia de conocimiento y debate las Cortes.

En el texto que el Gobierno ha remitido a las Cortes aparece perfilado con claridad el propósito de

corregir los casos en que ambas funciones -—legislativa y ejecutiva— se funden y confunden.

Hay, en su redacción, dos datos reveladores : la primera incompatibilidad que se define es, precisamente,

la de cargos políticos de la esfera del poder ejecutivo o de su directo ámbito de influencia, y la segunda

incompatibilidad recogida salva de la mezcla de funciones al poder judicial, cuya independencia es

imprescindible para la realidad del Estado de Derecho.

¿Cómo quedará redactado, en definitiva, el proyecto de Incompatibilidades? ¿En qué términos será, al fin,

ley?

Sean cuales fueren las modificaciones, si no se mantiene una separación de funciones, aún destinadas al

entendimiento constitucional de su coordinación, la ley de Incompatibilidades será estéril. Carecerá de

fruto aunque se aplique con rigor a otros supuestos. Pero si, como cabe esperar, se mantienen estas

incompatibilidades, en las que centramos hoy el comentario, la nueva ley significará un verdadero

perfeccionamiento del sistema constitucional; será un verdadero avance en el desarrollo y la apertura

políticos que el país desea, merece y necesita.

 

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