Decreto-ley sobre conflictos colectivos     
 
 Informaciones.    12/05/1975.  Página: 9-10. Páginas: 2. Párrafos: 71. 

DECRETO-LEY SOBRE CONFLICTOS COLECTIVOS

MADRID, 12. (INFORMACIONES.)

POR su indudable interés reproducimos el texto íntegro del decreto-ley que regula los conflictos

colectivos de trabajo. La Comisión de Competencia Legislativa de las Cortes deberá reunirse y apreciar

las razones de urgencia a que el Gobierno se acoge para promulgar este decreto.

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.» 1. El planteamiento, formalización y resolución de los conflictos colectivos de trabajo se

ajustarán a los términos y procedimientos que establece el presente decreto.

2. Los conflictos colectivos de trabajo se formalizarán:

a) En el seno de la Organización Sindical, en trámite de mediación, conciliación o arbitraje voluntario.

b) En defecto de solución por los medios anteriores, ante la autoridad laboral y, en su caso, la

jurisdicción de Trabajo.

3. Procederá el recurso a la huelga, en los términos previstos en este mismo decreto-ley.

Art. 2." El conflicto colectivo de trabajo será procedente siempre que concurra alguno de los supuestos

siguientes:

a) Cuando no exista un convenio colectivo sindical o decisión arbitral obligatoria, o existiendo

convenio, se hayan iniciado ya las deliberaciones para la revisión del mismo; previa denuncia de su

término final.

b) Cuando una empresa esté vinculada por un convenio de ámbito superior y se pretenda establecer

convenio colectivo sindical de empresa, salvo lo dispuesto en el articulo 5.°. c) de la ley de Convenios

Colectivos Sindicales de Trabajo.

c) Si aun estando en vigor un convenio colectivo sindical a una decisión arbitral obligatoria surgieran

discrepancias en su interpretación o aplicación, o hubiesen sobrevenido hechos nuevos de influencia

notoria en dichas normas, que, racionalmente, no hubieran podido preverse al tiempo de su formalización

y en lo que se refiere a las cuestiones derivadas de tales hechos.

Art. 3.° l. El recurso a la huelga será procedente en el conflicto colectivo laboral en que concurran las

circunstancias siguientes.

a) Que se refiera a las condiciones de trabajo de los trabajadores afectados por el conflicto. Las

perturbaciones del régimen laboral por motivos ajenos al trabajo, así corno las de apoyo realizadas por

trabajadores no afectados, serán consideradas improcedentes a todos los efectos.

b) Que no rebase el ámbito de la empresa o, dentro de ella, del centro o centros de trabajo afectados.

c) Que la empresa o entidad afectada no estuviera encargada dela prestación de cualquier género de

servicio público o de reconocida e inaplazable necesidad, o relacionado con los intereses de la defensa

nacional.

d) Que la huelga se realice, precisamente, mediante la cesación de la prestación de servicios de los

trabajadores afectados y sin la presencia de los mismos en el centro de trabajo o cualesquiera de sus

dependencias.

e) Que la decisión de acudir a la huelga se someta a las demás prescripciones de este decreto-ley.

2. Quedan excluidos del recurso a la huelga los conflictos colectivos de trabajo por interpretación o

aplicación de una norma preexistente, estatal o convencional; en tales conflictos, se procederá

necesariamente, en defecto de avenencia, en la forma prevista en el artículo 15, párrafo 2, apartado a) de

este decreto-ley.

Art. 4º 1. La huelga procedente no extingue por si misma el con-trato de trabajo ni da lugar a. la

imposición de sanciones, pero el trabajador, mientras se mantenga en huelga, no tendrá derecho al salario

ni a las prestaciones por desempleo. Durante la huelga procedente, el trabajador no causará: baja en la

Seguridad Social.

2.:La mera participación en una huelga que no reúna los requisitos: o no se ajuste a los procedimientos

establecidos en este decreto-ley, asi como en la ejecución de otras alteraciones colectivas del régimen

normal de trabajo, serán causa de despido procedente, pudiendo la empresa ejercer su facultad resolutoria

respecto de cualesquiera de los trabajadores participantes.

Art, 5.° En tanto dure la huelga procedente, el empresario no podrá sustituir a los huelguistas por

trabajadores que, al iniciarse el conflicto colectivo no estuvieran vinculados a la empresa. El

incumplimiento de este precepto dará lugar a las sanciones previstas en el artículo 24 del presente

decreto-ley, sin perjuicio de las demás responsabilidades que procedan.

Art. 6.° 1. Sólo procederá el cierre de una empresa o centro de trabajo en los casos y con los requisitos de

los artículos 21 y 22 de este decreto-ley, En cualquier otro supuesto, se considerará ilícito y dará lugar a

las sanciones a que se refiere al artículo anterior.

2. Se prohiben la ocupación por los trabajadores del centro de traba-jo de cualquiera de sus dependencias

durante la huelga y la permanencia en los mismos, así como la realización de coacciones o violencias

contra las personas o daños a las cosas. El incumplimiento de este precepto dará lugar a la aplicación de

lo establecido en el articula 4.´, apartado 2; del presente decreto-ley, sin perjuicio de las demás

responsabilidades que procedan.

Art 7º 1. La capacidad para formalizar un conflicto colectivo de trabajo está atribuida:

a) A los representantes sindicales de los trabajadores en el ámbito correspondiente al conflicto.

Actuarán por iniciativa, propia o a instancia de sus representados, de acuerdo con lo que determinen las

normas sindicales.

En el ámbito de la empresa, corresponde adoptar el acuerdo de iniciación del conflicto colectivo a los

representantes sindicales de los trabajadores, reunidos conjuntamente y mediante votación mayoritaria.

b) A los empresarios, o a sus representantes legales o sindicales, según el ámbito del conflicto.

2. El procedimiento del conflicto colectivo de trabajo podrá iniciarse también de oficio, por escrito de la

Inspección de Trabajo, cuando no lo hubieran promovido las partes indicadas en el párrafo anterior,

siempre que concurran motivos sociales o económicos que así lo justifiquen.

3. En cualquiera de los procedimientos regulados en este decreto-ley podrán comparecer las

organizaciones profesionales del ámbito correspondiente, cuando en un conflicto colectivo de empresa el

punto controvertido afecte, por su trascendencia, a conjunto de los intereses representados por aquéllas.

Art. 8º Para el eficaz ejercicio de sus funciones, especialmente las de mediación, los representantes de la

Organización Sindical dispondrán de las facilidades necesarias para el acceso a las dependencias de la

empresa, reunirse con los vocales jurados y enlaces sindicales y comunicar con los trabajadores, usando

de tales facilidades, conforme a las exigencias del proceso productivo.

Art. 9.° Desde la iniciación hasta la terminación del conflicto de trabajo la Inspección de Trabajo ejercerá

la facultad de mediación, complementaria de la acción de los organismos sindicales, que le atribuye la ley

de 21 de julio de 1962.

Art. 10. El planeamiento de conflictos colectivos de trabajo se formalizará por escrito firmado y fechado,

en el que consten nombre, apellidos, domicilio y carácter de las personas que lo planteen y determinación

de los trabajadores y empresarios afectados; hechos sobre los que verse el conflicto, peticiones concretas

que se formulen y relación de las gestiones directas realizadas cerca de la otra parte para la obtención de

lo que se pretende; así como los demás datos que se exijan en las normas de aplicación y desarrollo del.

presente decreto-ley.

CAPITULO II PROCEDIMIENTO SINDICAL

Art. 11. El escrito a que se refiere el artículo anterior habrá de presentarse ante el organismo sindical del

ámbito territorial correspondiente, el que, en el mismo día, remitirá copla a la autoridad, laboral del

mismo ámbito y a la parte frente a la que se plantee el conflicto, y citará a las partes para que

comparezcan ante la Comisión de Mediación Sindical en la fecha que señale, dentro de los tres días

siguientes al de la presentación de dicho escrito.

Art. 12. La composición de la Comisión de Mediación Sindical se regulará por las normas sindicales y

participarán en ellas; paritariamente, representantes del empresario y de los trabajadores no afectados

directamente por el conflicto.

Art 1 . 1. En el acto de comparecencia, la Comisión de Mediación Sindical intentará la avenencia entre las

partes. El intento de conciliación sindical deberá quedar ultimado en el plazo máximo de cinco días, a

contar desde la primera comparecencia.

2. Los acuerdos serán adoptados por la mayoría de las representaciones de cada una de las partes en

conflicto. Si las partes no llegaren a un acuerdo ni designaren,. en el se-no de la Organización Sindical,

a uno o varios arbitros, la Comisión de Mediación Sindical remitirá, con su informe, lo actuado a la

autoridad laboral, dentro de los dos días siguientes.

3. Los arbitros que, en su caso, pudieran designar las partes actuarán conjuntamente y deberán dictar su

laudo en el término de cinco días. La decisión que adopten tendrá la misma eficacia que si hubiera

habido acuerdo entre las partes.

CAPITULO III

PROCEDIMIENTO ANTE LA AUTORIDAD LABORAL

Art. 14. En defecto de solución en vía sindical, conocerá del conflicto colectivo de trabajo la Delegación

de Trabajo de la provincia en que se hubiera planteado. La Dirección General de Trabajo será competente

cuando el conflicto afecte a distintas provincias, si bien podrá recabar el conocimiento de aquellos otros

que, a su juicio, así lo requieran por su carácter e importancia.

Art. 15. 1. La autoridad laboral, en el término de tres días desde la remisión de las actuaciones practicadas

por la Comisión de Mediación Sindical, convocará y reunirá a las partes e intentará la avenencia de las

mismas.

2. De no conseguirse la avenencia, procederá del siguiente modo:

a) Si el conflicto deriva de discrepancias relativas a la interpretación o aplicación de una norma

preexistente, estatal o convenida colectivamente, dictará laudo de obligado cumplimiento, o remitirá las

actuaciones practicadas, con su informe, a la Magistratura de Trabajo, que procederá conforme a lo

dispuesto en la ley de Procedimiento Laboral.

b) Si el conflicto se planteara para establecer o modificar un convenio colectivo sindical de trabajo o

decisión arbitral obligatoria, la autoridad laboral dictará laudo de obligado cumplimiento, resolviendo

sobre todas las cuestiones planteadas.

Art. 16. Los laudos de obligado cumplimiento, que habrán de ser dictados en el término de los cinco días

siguientes a la fecha de la comparecencia, adoptarán la forma de resolución fundada y decidirán de modo

claro y preciso tanto respecto a las cuestiones que se hubiesen planteado en el escrito inicial como de las

suscitadas en la comparecencia de las partes. Estos laudos tendrán fuerza ejecutiva inmediata y la huelga

contra ellos será siempre improcedente. Podrán ser recurridos en alzada ante la autoridad laboral de grado

superior, de conformidad con él artículo 122 de la ley de Procedimiento Administrativo. Una vez agotada

la vía gubernativa, podrán ser impugnados ante la jurisdicción competente. Art. 17. En cualquier estado

del procedimiento, anterior al laudo de obligado cumplimiento o sentencia.

en su caso, las partes podrán poner término al conflicto, mediante avenancia o sometiendo sus diferencias

al juicio de uno o varios arbitros, en el marco sindical. La avenencia o el laudo arbitral tendrán la misma

eficacia que lo acordado en convenio colectivo.

CAPITULO IV HUELGA LABORAL

Art 18. 1. En el plazo de dos días, a contar desde el siguiente a aquel en que termine sin acuerdo el acto

de comparecencia ante la Comisión de Mediación Sindical, los representantes sindicales de los

trabajadores que hubieran iniciado el conflicto, cuando concurran las circunstancias procedentes que

establece el articulo 3º de este decreto-ley, podrán adoptar el acuerdo de someter a los trabajadores la

decisión de recurrir a la huelga. Dicho acuerdo, que se adoptará por mayoría en votación registrada en

acta, se comunicará por escrito, y al mismo tiempo, al personal, a la parte empresarial, a la Organización

Sindical y a la autoridad laboral.

2. En tal caso, la autoridad laboral dejará en suspenso el procedimiento a que se refiere el capítulo

anterior, salvo que, a petición de cualquiera de las partes o a requerimiento de la Organización Sindical,

comprobare que no concurren las circunstancias definidas en el artículo 3º de este decreto-ley.

Art. 19. 1. Notificada por los representantes sindicales de los trabajadores su voluntad de someter a éstos

la decisión de recurrir a la huelga, tendrá lugar, dentro de los tres días siguientes, una votación de los

trabajadores afectados para decidir si acuden o no a la huelga. Tai votación será anunciada debidamente y

por escrito al personal, con una antelación, al menos, de veinticuatro horas a su celebración.

2. La votación, que se efectuará de acuerdo con las oportunas normas sindicales, será secreta y

estará presidida, con los vocales, jurados y enlaces sindicales, por un representante de la Organización

Sindical. La autoridad laboral, cuando lo considere conveniente, podrá enviar un representante suyo.

3. Sólo se entenderá que los trabajadores optan; por la huelga cuando en la votadora se obtuviese una

mayoría del 60 por 100, al menos, de los trabajadores de la plantilla afectada por el conflicto, salvo que

éste afectase a una o varias secciones diferenciadas, cuyo funcionamiento condicione la marcha normal de

la factoría, en cuyo caso la votación se efectuará por la totalidad de la plantilla de la misma.

4. El resultado de la votación será recogido en acta firmada por los componentes de la mesa y de la

que se dará traslado a los trabajadores, a! empresario y a la autoridad laboral. Cuando el resultado fuere

favorable a la huelga, el citado escrito deberá recibirlo el empresario y la autoridad laboral con cinco días

naturales de antelación, al menos; para que la huelga, pueda Considerarse procedente. De no obtenerse en

la votación la mayoría que establece el apartado anterior se entenderá que los trabajadores deciden

seguir el procedimiento regulado en el capítulo III de este decreto-ley.

Art. 20. 1. Se garantizará la prestación de los servicios necesarios para la seguridad y mantenimiento de

los locales, maquinaria y materias primas para la ulterior reanudación de las tareas. El incumplimiento de

esta obligación por parte del personal dejará sin efecto lo dispuesto en el artículo 5.° de este decreto-ley y

determinará la declaración de improcedencia de la huelga para el personal responsable de dichas

operaciones o servicios.

2. Durante la huelga la Organización Sindical y la Comisión de Mediación Sindical ejercerán sus faculta-

des de mediación para lograr la solución del conflicto. En todo caso, la huelga no exime a las partes del

deber de negociar y de comparecer a los actos a que fueren convocados con este objeto.

3 En cualquier momento, los trabajadores podrán desistir de seguir la vía de la huelga y someterse al

procedimiento que regula el capítulo III tal decisión habrá de ser adoptada en votación secreta, en la

forma que establece el párrafo 2 del artículo 20, y bastará que en ella se obtenga mayoría simple.

4. Atendidas las consecuencias qué se deriven para el interés general o el colectivo de las partes en

conflicto, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, previo informe de la organización Sindical,

podrá requerir a los interesados para que sometan el conflicto al procedimiento establecido en el capítulo

III. con a obligación para el empresario de readmitir a los trabajadores que deseen reincorporarse al

trabajo. La desatención a tal requerimiento producirá los efectos que, respectivamente, determinan el

artículo 4,° párrafo 2, y el artículo 24 de este decreto-ley.

CAPITULO V CIERRE PATRONAL

Art. 21. 1. La autoridad laboral sólo autorizará el cierre de la empresa o centro de trabajo cuando, con

ocasión de anormalidades en el régimen de trabajo, procedentes de los trabajadores, se diera alguna de las

circunstancias siguientes:

a) Existencia de notorio peligro de violencia para las personas o de daños graves para las cosas.

b) Peligro cierto de ocupación Ilegal del centro de trabajo.

c) Que el volumen de inasistencía o irregularidades en el trabajo impidan gravemente el proceso normal

de producción.

2. La autorización para el cierre empresarial producirá, respecto del personal afectado, los efectos

previstos en el artículo 4.°, párrafo 1. del presente decreto-ley, salvo que resultase de aplicación lo

establecido en el párrafo 2 de dicho artículo.

Art. 22. En casos de reconocida urgencia podrá el empresario cerrar provisionalmente el centro de trabajo

sin previa autorización de la autoridad laboral, debiendo, en tal caso, dar cuenta a la misma en el término

de doce horas, procediendo esta, en las veinticuatro horas siguientes, a confirmar o revocar tal medida,

oída la Organización Sindical.

Art. 23. 1. El cierre se limitará al tiempo indispensable para asegurar la reanudación de la actividad de la

empresa o para la remoción de las causas que lo motivaron.

2. El empresario que hubiera acordado el cierre del centro de trabajo al a m p a r o de lo prevenido en él

artículo 21 y que no lo hubiera reabierto a iniciativa propia o a instancia de los trabajadores, deberá

hacerlo, dando opción a su personal a reintegrarse a la actividad laboral, cuando fuera requerido a tales

fines por la autoridad laboral, en el plazo que establezca el propio requerimiento, incurriendo, en caso

contrario, en las sanciones previstas en el artículo siguiente.

Art. 24. 1. La empresa que procediera al cierre del centro de trabajo, salvo en los supuestos previstos en

los artículos 21 y 22; que no mantuviera, por los medios que el ordenamiento jurídico le confiere, la

disciplina en el trabajo, o que con infracción de normas laborales hubiera sido causa del conflicto u

obstaculizado su solución, será sancionada en la forma y por los órganos siguientes:

a) Con multa de hasta cien mil pesetas, por los delegados provinciales del Ministerio de Trabajo; por

el director general de Trabajo, hasta quinientas mil pesetas, por el ministro de Trabajo, hasta dos millones

de pesetas, y a propuesta de éste, por el Consejo de ministros, hasta quince millones de pesetas.

b) Por el Consejo de ministros, a propuesta del titular de Trabajo, con suspensión o inhabilitación

de todos o de algunos de los componentes de su dirección o del Consejo de Administración responsables

en su caso. Asimismo, el Consejo de ministros podrá acordar la imposición de multas hasta el limite de

un millón de pesetas.

Cuando la gravedad de los hechos así lo aconsejare, podrán imponerse conjuntamente las sanciones

previstas en los apartados a) y b) de este párrafo.

2. La imposición de las sanciones a que se refiere el número anterior se ajustará a lo establecido en la ley

de Procedimiento Administrativo, y contra ellas podrán interponerse los recursos previstos en la misma.

3. Las sanciones que establece este artículo se entienden sin perjuicio de la obligación de la empresa

a reabrir el centro de trabajo ilícitamente cerrado y de abonar a los trabajadores íntegramente el importe

de los salarios devengados durante el período de cierre.

DISPOSICIÓN FINAL

1. El presente decreto-ley .entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del

Estado», y del mismo se dará cuenta inmediata a las Cortes.

2. Queda derogado el decreto 1.376-70, de 22 de mayo, y cuantas disposiciones, de igual o inferior rango,

se opongan a lo dispuesto en el presente decreto-ley, y se faculta al Gobierno y, en su caso al ministro de

Trabajo, para dictar las normas que fueren necesarias para su aplicación y desarrollo, sin perjuicio de las

que, en.el ámbito de su competencia, establezca la Organización Sindical.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Lo establecido en el presente decreto-ley no será de aplicación al personal civil dependiente de

establecimientos militares.

Segunda. 1. Las sanciones que establece este decreto-ley se entienden sin perjuicio de lo dispuesto en la

ley de Orden Público y en el Código Penal.

2. Los paros colectivos y los cierres o suspensiones de empresas que no reúnan los requisitos o no se

ajusten a los procedimientos establecidos en el presente decreto-ley, se reputan ilegales y quedarán

comprendidos en el artículo 2.°, apartado c), de la ley de Orden Público, como actos contrarios al mismo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los conflictos colectivos de trabajo ya formalizados podrán acogerse a las normas del presente decreto-

ley en cuanto se encuentren en fase sindical de tramitación en el momento de la entrada en vigor del

mismo.

 

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