Texto íntegro del Decreto-ley sobre prevención del terrorismo. 
 El Estado de derecho debe conformar sus defensas jurídicas a la naturaleza de los ataque que recibe     
 
 ABC.    27/08/1975.  Página: 5-8. Páginas: 4. Párrafos: 73. 

ABC. MIÉRCOLES. 27 DE AGOSTO DE 1975. PAG. 5.

TEXTO INTEGRO DEL DECRETO-LEY SOBRE PREVENCIÓN DEL TERRORISMO

«EL ESTADO DE DERECHO DEBE CONFORMAR SUS DEFENSAS JURÍDICAS A LA

NATURALEZA DE LOS ATAQUES QUE RECIBE»

Publicamos a continuación el texto integro del decreto-ley sobre prevención del terrorismo, que fue

aprobado en el Consejo de Ministros decisorio celebrado el pasado día 22 en el Paso de Meirás, bajo la

presidencia del Jefe del Estado, y que hoy aparece en el «Boletín Oficial del Estado».

«La larga paz de que viene disfrutando España no podía ser totalmente Inmune a la plaga terrorista que

padece el mundo. Por el contrario, ese mismo desarrollo pacífico y progresivo que ha caracterizado a la

vida española durante cerca de cuarenta años ha concitado la Irritación de las organizaciones, grupos o

individuos que preconizan la violencia como Instrumento de sus propósitos políticos o de sus impulsos

antisociales. Y brotes de terrorismo inhumano han aparecido en los últimos tiempos con frecuencia y

gravedad suficientes para exigir por parte del Gobierno y de la sociedad española una reacción enérgica.

El Estado de Derecho debe conformar sus defensas jurídicas a la naturaleza de los ataques que recibe. El

ordenamiento jurídico, que puede ser suficiente en una situación de convivencia normal, debe ser

adecuadamente preparado para hacer frente a alteraciones que ponen en grave riesgo la vida de los

ciudadanos, el orden público y la concordia social. Ello justifica que las legislaciones de los países

atacados hayan establecido normas jurídicas de emergencia para hacer frente a la virulenta ola de

terrorismo que vienen padeciendo.

Aun cuando los síntomas de la conflictividad terrorista no han alcanzado, afortunadamente, en España los

extremos de Intensidad y generalización que sufren otros países, ello no excusaría la demora en la

adopción de las medidas pertinentes para la más eficaz réplica legal y social frente al desafío que suponen

tan condenables propósitos. La previsión de los riesgos que comporta el terrorismo justifica la máxima

urgencia en la adecuación del ordenamiento jurídico a la ineludible defensa de la paz social amenazada.

Entre los diversos objetivos que persigue la actividad terrorista, tal vez el más importante sea el de tratar

de detener o de impedir —si posible fuera— la evolución de las instituciones políticas hacia posiciones de

más amplia y libre participación del pueblo. La justa Irritación que los atentados terroristas provocan en la

comunidad, puede incitar a la propia sociedad a apetecer normativas legales y actitudes de gobierno que

impliquen un freno al natural desarrollo político del Estado de Derecho. De ahí la necesidad de impedir la

realización de aquellos insidiosos objetivos terroristas mediante la adopción de medidas legales que, con

la mayor eficacia y seguridad combatan las agresiones de tan peligrosa epidemia antisocial. Sin embargo,

estas medidas no deben perturbar la marcha de una sociedad hacia su continuo perfeccionamiento

político. Cuanto más libre, democrática y jurídica sea la organización institucional de la comunidad

nacional, tanto más severa y eficiente tiene que ser la normativa sancionadora de las conductas terroristas.

Es el precio que, desgraciadamente, tiene que pagar el progreso de la sociedad para salvarse de los

atentados de quienes, con sus actuaciones delictivas, ponen en grave riesgo la paz social y el orden

jurídico.

En consecuencia, de las consideraciones anteriores las líneas fundamentales del presente decreto-ley

tienden a armonizar la eficacia de la prevención y enjuiciamiento de las actividades terroristas, con la

mínima perturbación de las garantías que corresponden a los ciudadanos. A esa finalidad responde el

carácter temporal que se otorga a los artículos 13 y 14 de la nueva normativa, en los aspectos que suponen

limitada restricción de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 15 y 18 del Fuero de los

Españoles. Y ello sólo en la medida necesaria para facilitar la investigación de esta criminalidad

específica.

En el decreto-ley se recogen, por referencia, los delitos de terrorismo ya definidos y tipificados en los

Códigos sustantivos penales, manteniéndose, asimismo, la distribución de competencias actualmente

vigentes, con leves ampliaciones, especialmente a favor de la jurisdicción ordinaria.

Dichos delitos se cualifican especialmente en razón del sujeto pasivo, estableciéndose que cuando los

actos terroristas se cometieren contra autoridades, agentes de la Autoridad, miembros de las Fuerzas

Armadas y de Seguridad y demás funcionarios públicos, se aplicarán las penas de mayor gravedad.

Igualmente, el caso de secuestro previsto en el artículo 2.° de este decreto-ley se sanciona con la máxima,

pena. La ineludible dureza de las sanciones responde a la entidad del crimen y a la consiguiente fuerza

disuasoria de su conminación.

Se reitera la declaración de ilegalidad de los grupos u organizaciones que están ya definidas como ilegales

en disposiciones anteriores de no derogada vigencia —decreto de 13 de noviembre de 1936, ley de 9 de

febrero de 1939. ley de 15 de noviembre de 1971 y artículo 173 del Código Penal—; y se incluyen en el

decreto-ley por tratarse de organizaciones cuyas Ideologías propugnan la utilización de la violencia y del

terrorismo como instrumentos de acción política.

Asimismo se introduce la novedad de incriminar determinadas conductas que, o bien no tenían

sustantividad independiente de los diversos supuestos de participación en otros delitos, o bien constituían

lagunas u omisiones.

Las disposiciones de índole procesal tienden a dos objetivos fundamentales: facilitar la investigación

policial y judicial para la prevención, y, en su caso, captura de los delincuentes; y agilizar el

procedimiento para evitar demoras en el enjuiciamiento de las conductas tipificadas; demoras que causan

inquietud y extrañeza en los pacíficos ciudadanos, y, por otra parte, desvirtúan los efectos disuasorios que

son inherentes a la naturaleza de derecho protector de la sociedad que es propia de toda normativa penal.

En ese sentido, todas las medidas procesales que se contienen en el decreto-ley tienen similitud con las

que recientemente han sido adoptadas por leyes especiales sobre la materia promulgadas en Inglaterra,

Francia e Italia, y. en vías de proyecto, en Alemania.

En dichas normas de procedimiento se salvaguardan los derechos de defensa que a todo Inculpado

corresponden en una comunidad jurídicamente organizada.

En el artículo 10 se sancionan las manifestaciones públicas de sentido apologético o de pretendida

justificación del terrorismo, sus actos o sus secuaces y la correspondiente sanción penal se complementa

en el articulo 19 con medidas de orden administrativo cuando se realizaren a través de algún medio de

comunicación social.

La necesaria colaboración social que exige la lucha contra el terrorismo se promueve en este decreto-ley,

de una parte mediante las medidas sancionadoras que se establecen contra quienes omitiesen el deber que

a todo ciudadano Incumbe de prestar auxilio a la autoridad, y muy especialmente contra quienes por razón

de sus responsabilidades públicas o profesionales, están más obligados a extremar su celo en el

cumplimiento de su misión. Las autoridades, funcionarlos, defensores, que en el desempeño de sus

respectivos cometidos. Incurriesen en negligencia o entorpecieran de cualquier forma imputable la acción

de la Justicia, habrán de responder de sus conductas con la sanción proporcionada a la gravedad de sus

responsabilidades. De otra parte, el decreto-ley subraya la obligación del Estado de indemnizar

especialmente a funcionarlos y particulares por los daños y perjuicios que pudieran sufrir con ocasión de

su participación o colaboración en la prevención o represión de actos terroristas.

Ningún ciudadano honrado y patriota va a sentirse afectado por la circunstancial disminución de sus

garantías constitucionales que los preceptos del presente decreto-ley implican. En cualquier caso, ese

pequeño sacrificio está suficientemente compensado por la tranquilidad y seguridad que ha de

proporcionar a toda la comunidad nacional el propósito sereno, firme y jurídicamente controlado, de no

coasentir en nuestra Patria la Invasión del azote terrorista que hoy amenaza a la paz social en una gran

mayoría de los países del mundo.

En su virtud, a propuesta del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de agosto de 1975, en uso de

la autorización que me confiere el artículo 13 de la Ley Constitutiva de las Cortes, textos refundidos de

las Leyes Fundamentales del Reino, aprobados por decreto de 20 de abril de 1967, y oída la Comisión a

que se refiere el apartado primero del artículo 12 de la citada ley.

DISPONGO:

Las disposiciones del ARTICULO 1 presente decreto-ley serán de aplicación a la prevención y

enjuiciamiento de los delitos de terrorismo definidos en los artículos 260 a 264 del Código Penal y 294

bis del Código de Justicia Militar, así como a las figuras de delito e infracciones administrativas,

especialmente previstas en esta misma disposición.

2. Cuando los delitos a que se refiere él párrafo anterior se cometieren contra la autoridad, agentes

de la Autoridad miembros de las Fuerzas Armadas, y de Seguridad del Estado y demás funcionarios

públicos, se aplicarán, en su grade máximo, las penas señaladas en sus respectivos casos.

3. Si del atentado terrorista resultare muerte de alguna de las personas mencionadas, se impondrá la

pena de muerte.

ARTlCULO 2 Los que habiendo secuestrado a una persona causaren su muerte o mutilación, serán

castigados con la pena de muerte.

ARTICULO 3 En los delitos de secuestro de personas se apreciará, como circunstancia atenuante, su

pronta e incondicionada puesta en líbertad sin causarles mal.

ARTICULO 4 Declarados fuera de la ley los grupos u organizaciones comunistas, anarquistas,

separatistas y aquellos otros que´ preconicen o empleen la violencia como instrumento de acción política o

social, los que organizaren o dirigieren estos grupos, los meros afiliados y los que, mediante sus

aportaciones en dinero, medios materiales o de cualquier otra manera auxiliaren al grupo u organización,

incurrirán respetivamente en el grado máximo de las penas previstas en el Código Penal para las

asociaciones ilícitas de aquella naturaleza.

A quienes, por cualquier medio, realizaren propaganda de los anteriores grupos u organizaciones que

vaya dirigida a promover o difundir sus actividades, se les impondrá la pena correspondiente a tal delito

en su grado máximo.

ANTITERRORISMO

ARTICULO 5 Quedarán exentos de responsabilidad por el hecho de su asociación y por sus actividades

proselitistas o de propaganda quienes, perteneciendo a una organización de las comprendidas en el

artículo anterior se apartaren de la misma poniéndolo en conocimiento de la autoridad y confesando

espontáneamente su participación en dichas actividades.

ARTICULO 6 Serán castigados con la pena de prisión mayor los que construyeren, ordenaren o

autorizaren la construcción, dispusieren o permitieren la utilización de locales deliberadamente ocultos y

disimulados, hábiles para el secuestro, encierro u ocultación de personas.

2. Quienes conociendo la existencia de alguno de estos locales no lo pusiere en conocimiento de la

autoridad, incurrirán en la pena de prisión menor.

3. La autoridad judicial dispondrá inmediatamente la clausura y precinto de la dependencia a la

que dieren acceso los referidos locales y, en su momento, ordenará la destrucción de la instalación y

aparato de disimulo, que se ejecutará por los servicios municipales competentes.

ARTICULO 7 Serán castigados con la pena de prisión mayor:

1. Los que alojaren o dieren albergue a persona o personas implicadas en organizaciones o actividades

incluidas en este decreto-ley, facilitaren sus desplazamientos, ocultaren o transportaren cosas o efectos a

ellos pertenecientes o les prestaren cualquier, género de ayuda para realizar sus propósitos.

2. Los que, implicados en organizaciones o grupos a que se refiere e.1 artículo 4 p en actividades

terroristas, entraren o salieren clandestinamente del territorio nacional, y quienes, a tales fines, les

facilitaren guía, documentación, medio de transporte o cualquier otro auxilio.

3. Los que transmitieren mensajes entre personas implicadas en las aludidas organizaciones o

actividades terroristas o les suministraren datos o informaciones que pudieren favorecer sus

designios.

4. Los que, sin estar legalmente autorizados, tuvieren en su poder sustancias, instrumentos o

efectos para la fabricación, almacenaje o transporte de explosivos, elementos incendiarios,

gases de empleo táctico u otros medios análogos.

5. Los que tuvieren en su poder, sin razonable justificación, manuales o instrucciones de

cualquier clase para la elaboración de sustancias o artefactos explosivos o incendiarios, manejo de

armas de guerra, táctica de comandos o guerrilla urbana u otros análogos.

6. Los que cometieren el delito previsto en el artículo 338 bis del Código Penal, en relación con los

hechos a que se refiere este decreto-ley.

7. Los que, con propósito de causar infundada alarma, anunciaren la supuesta colocación de

artefactos explosivos o cualquiera otro atentado terrorista.

ARTICULO 8 En los casos comprendidos en los dos artículos precedentes, los Tribunales, teniendo en

cuenta las circunstancias que concurran en el culpable y en el hecho y la gravedad de éste, podrán

imponer la pena inferior en un grado a la señalada.

ARTICULO 9No serán de aplicación los artículos 6 y 7 si las conductas que en tos mismos se definen

resultaren más gravemente penadas como constitutivas de algún grado de ejecución o de alguna forma de

participación en otro delito.

ARTICULO 10 Los que públicamente, sea de modo claro o encubierto, defendieren o estimularen

aquellas ideologías a que se refiere el artículo 4 de esta disposición legal; o el

empleo de la violencia como instrumento de acción política o social; o manifestaren su aprobación o

pretendieren justificar la perpetración de cualquier acto terrorista; o enaltecieren a sus ejecutores o par-

ticipantes; o trataren de minimizar la responsabilidad de las conductas tipificadas en este decreto-ley por

medio de la critica —directa o solapada— de las sanciones legales que las previenen o castigan; o

intentaren menoscabar la independencia y el prestigio de la justicia mediante manifestaciones de

solidaridad con 1 a s personas encausadas o condenadas, serán castigados con la pena de prisión menor,

multa de 50.000 a 500.000 pesetas e inhabilitación especial para el ejercicio de funciones públicas y para

las docentes, públicas o privadas.

ARTICULO 11 E1 enjuiciamiento de los delitos a que se refiere este decreto-ley corresponderá:

a) A la jurisdicción ordinaria —Juzgados y Tribunal de Orden Público—, de acuerdo, con la

legislación vigente, los previstos en los artículos 260 a 264 del Código Penal y, además, los

definidos en los artículos 6, 7 y 10 de éste decreto-ley, salvo que la conducta incriminada deba

considerarse participación en otro hecho punible del que deba conocer la jurisdicción castrense, y, en

todo caso, los delitos definidos en el artículo 4.

b) A la jurisdicción militar, y también conforme a la legislación vigente, los previstos en el artículo 294

bis del Código de Justicia Militar y los definidos en los artículos 6, 7 y 10 de este decreto-ley, cuando

constituyan forma de patricipación en alguno de los delitos del 294 bis citado y, en todo caso, el delito

definido en el artículo 2.

Los procedimientos que ARTICULO 12. se sigan por los delitos a que se refiere el presente decreto-ley

tendrán prioridad en su tramitación.

Los atribuidos a la jurisdicción ordinaria se tramitarán por el procedimiento de urgencia.

Los correspondientes a la jurisdicción militar se sustanciarán por el procedimiento sumarísimo, salvo en

el caso del artículo 925 del Código de Justicia Militar. En cualquier caso será de aplicación lo dispuesto

en el artículo 294 bis apartados d) y e) del propio Código.

La tramitación se ajustará a las normas procesales aplicables a cada caso con las especialidades que

expresan los artículos siguientes.

ARTICULO 13 El plazo legalmente es-tablecido para poner a disposición de la autoridad judicial a un

detenido podrá, prorrogarse, si lo requieren las exigencias de la investigación, hasta transcurrido el quinto

día después de la detención y hasta los diez días, si, en este último caso, lo autoriza el juez a quien deba

hacerse la entrega. La petición de esta autorización deberá formularse por escrito y expresará los motivos

en que se funde.

En todo caso, en el más breve plazo y, a lo sumo, dentro de las setenta y dos horas, se pondrá en

conocimiento del juez competente el hecho de la detención y sus motivos a los efectos procedentes.

En caso de urgencia-ARTICULO 14 las Fuerzas de Orden

Público podrán proceder, previa autorización del comisario-jefe o del jefe de la Unidad, en su caso, al

registro de un domicilio o lugar cerrado, cuando se presuma que se encuentra en él una persona que

pudiera resultar responsable de alguno de los delitos a que se refiere el presente decreto-ley; o pruebas,

efectos o instrumentos de los mismos. De esta medida se dará inmediata cuenta al juez competente. Dicha

autorización deberá expedirse por escrito y con expresión de las razones de la urgencia, cuya apreciación

discrecional será de la competencia de quien la hubiere ordenado conforme a lo dispuesto en el párrafo

anterior. Fuera de los casos de urgencia se seguirá el procedimiento ordinario. Cuando se requiera

mandamiento judicial, su ejecución, como prescribe el artículo 563 de la ley de Enjuiciamiento Criminal,

podrá delegarse a cualquier autoridad o agente de la Policía judicial, quien la practicará asistido, al

menos, de otro funcionario policial en funciones de secretario.

ARTICULO 15 En los procesos por delitos a que se refiere el presente decreto-ley se acordará la prisión

provisional de los encausados. Excepcionalmente, previo informe favorable del Ministerio Fiscal, podrá

decretarse su libertad provisional.

En ningún caso se mantendrá la prisión más tiempo que el de la mitad de la pena máxima que pudiera

corresponder al encausado, a menos que la situación alterada por el delito no haya sido completamente

normalizada, y que no haya cesado la alarma producida.

ARTICULO 16 Los detenidos o presos en situación de prisión provisional, no incomunicados, no podrán

durante la tramitación de la causa utilizar otra forma de comunicación que la escrita, salvo las que

mantengan con su defensor, acreditado por la autoridad judicial, que se ajustarán a lo dispuesto en las

leyes y reglamentos.

Excepcionalmente, el juez o Tribunal que entienda de la causa podrá autorizar cualquiera otra

comunicación directa.

ARTICULO 17 Cuando sean dos o más los procesados cuyos defensores hayan de evacuar los trámites

de instrucción y calificación, la entrega de la causa se hará mediante fotocopia debidamente autorizada

por el secretario, y el plazo señalado en la Ley para estos trámites correrá simultáneamente para todas las

partes.

ARTICULO 15.

1Para garantizar la eficacia del principio de defensa, evitando dilaciones en el procedimiento, se requerirá

al procesado par» que, a la vez que nombra su defensor, designe otro como suplente de aquel. Él Tri-

bunal, asimismo, nombrará otro suplente de oficio.

2. En caso de incomparecencia del defensor designado en primer término, cualquiera que sea la causa,

asumirá la defensa el suplente que hubiere podido designar el procesado, y, en defecto de éste, el

nombrado de oficio. A este fin los tres defensores se instruirán simultáneamente de las actuaciones y

estarán presentes durante la celebración de la vista y en las diligencias en que sea necesaria la presencia

del defensor.

3. Los defensores de las partes que abierta y gravemente perturbaren el orden de los debates o

diligencias, desoyendo las oportunas advertencias y requerimientos del presidente o del juez, serán

relevados en el acto, procediéndose a su sustitución como se previene en el párrafo anterior.

4. Los defensores sustituidos conforme al párrafo anterior, quedarán inhabilitados en lo sucesivo para

actuar en causas por delitos a que se refiere este decreto-ley durante el plazo de un año.

5. Contra las resoluciones que dicten los jueces o presidente de los Tribunales en uso de las

facultades que les confiere este artículo no se dará recurso alguno, salvo contra la inhabilitación, que

podrá impugnarse mediante el recurso de audiencia en justicia sin suspensión de la efectividad

del acuerdo.

ARTICULO 19

1. Cuando los hecho a que se refiere el artículo 10 se cometieren por medio de la imprenta o a través de

cualquier medio de comunicación social, independientemente.

te de la responsabilidad penal, el Consejo de Ministros podrá imponer las siguientes medidas:

a) Al autor material, firmante o no, 7 al director de la publicación o medio de comunicación social,

suspensión en el ejercicio de sus actividades profesionales, de tres meses a un año, que será causa justa

de despido laboral o de resolución del contrato que profesionalmente tuviere con la empresa, sin derecho

a ningún tipo de indemnización.

b) Al titular jurídico de las publicaciones a que se refiere la ley 14/1966, de 18 de marzo, con

independencia del secuestro previsto en dicha ley, suspensión de la publicación en que se haya

producido la conducta delictiva por los siguientes plazos: hasta tres meses en las publicaciones diarias;

hasta seis, en los semanarios, y hasta un año en las restantes.

c) Al titular jurídico de los demás medios de comunicación social, con independencia del secuestro

correspondiente de la obra o producto en que se haya cometido la conducta delictiva, suspensión de

sus actividades hasta el plazo máximo de un año.

d) En los dos supuestos anteriores, en caso de multirreincidencia, podrá ser cancelada definitivamente

la autorización o Inscripción necesarias para el ejercicio de b actividad correspondiente.

2. Contra los acuerdos que impongan las referidas medidas podrá a elidirse, en súplica, ante el

Consejo de Ministros, y contra la resolución de éste podrá interponerse recurso contencioso-

administrativo sin suspensión de la ejecutoriedad del acuerdo.

3. A los efectos de este decreto-ley se entienden por medios de comunicación social, además de la

Prensa y publicaciones, la radio, la televisión, la cinematografía, la fonografía y demás procedimientos

de difusión o espectáculos de amplia incidencia pública.

ARTICULO 20 Las autoridades o funcionarios públicos, de cualquier clase y categoría, que procedieren

con negligencia en lo relativo a la prevención, pesquisa o persecución de los delitos de terrorismo,

deberán ser relevados Inmediatamente de su empleo o cargo por el superior jerárquico u órgano que

tuviere facultades para decretar su suspensión, situación en la que permanecerán hasta que por vía

disciplinaria o judicial se resuelva lo procedente.

ARTICULO 21 El Estado indemnizará especialmente los daños y perjuicios que se causaren a las

personas con ocasión de su actividad o colaboración vara la prevención o represión de los hechos

delictivos a que se refiere este decreto-ley.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Los párrafos 1.° y 2.° del artículo 19 de la ley de Orden Público quedarán redactados de la siguiente

forma:

1. Los alcaldes podrán sancionar los actos contra el orden público con multas que no excedan de

1.000 pesetas, en Municipios de hasta diez mil habitantes; de 3.000 pesetas, en los de diez mil a veinte

mil; de 5.000 pesetas, en los demás de veinte mil; de 15.000 pesetas, en los de más de cincuenta mil, y

de 50.000 pesetas, en los de más de cien mil.

2. Los delegados del Gobierno en las Islas Canarias y Baleares podrán sancionar las mismas faltas

con multas de hasta 50.000 pesetas. Los delegados del Gobierno, a efectos de orden público en Ceuta y

Melilla, podrán imponer sanciones de hasta 100.000 pesetas. Los jefes superiores de Policía podrán

imponer sanciones de hasta 100.000 pesetas. Los gobernadores civiles podrán hacerlo en cuantía que

no exceda de 500.000 pesetas; el director general de Seguridad, hasta 1.000.000 de pesetas; el ministro de

la Gobernación, hasta 2.000.000 de pesetas, y el Consejo de Ministros, hasta 5.000.000 de pesetas.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. El presente decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el

«Boletín Oficial del Estado» y del mismo se dará cuenta inmediata a las Cortes.

Segunda. De acuerdo con lo previsto en el artículo 35 del Fuero de los Españoles, los artículos 13 y 14 de

este decreto-ley tendrán vigencia durante dos años.

Tercera. Quedan derogadas 1as normas legales que se opongan a lo dispuesto en este decreto-ley.

 

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