Dereto-ley antiterrorismo, aprobado     
 
 ABC.    23/08/1975.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 5. 

ABC. SÁBADO. 23 AGOSTO DE 1975. PAG. 3.

El DECRETO-LEY ANTITERRORIS-MO, APROBADO

La referencia del Consejo de Ministros celebrado en el día de ayer en el Pazo de Meirás confirma la

inmediata aparición en el «Boletín Oficial del Estado» del decreto-ley para la represión de las actividades

terroristas y subversivas, que, según nuestras noticias, entrará inmediatamente en vigor.

Desde todos los sectores sociales, y desde la casi totalidad de los medios de comunicación social se había

pedido, y con carácter urgente, la adopción de las medidas jurídicas necesarias para acabar con la plaga

terrorista que asóla al mundo y, por ende, a nuestra nación, cada día con mayores caracteres de gravedad.

El fenómeno terrorista, que atenta directamente contra los más esenciales principios de toda sociedad

civilizada, ba de reprimirse con. la Ley en la mano, y eso es lo que se pretende con este decreto-ley, que

cuenta con disposiciones jurídicas análogas en otros países de la Europa occidental. Sentada esta premisa,

es lógico que algunos de los derechos y libertades del ciudadano, que en el Fuero de los Españoles

aparecen reconocidos, sufran durante el tiempo de vigencia del decreto-ley la correspondiente limitación.

Frente a situaciones excepcionales por su gravedad, como es el caso del terrorismo, hay que adoptar

también medidas, bien que temporales, de carácter excepcional.

Se da como seguro que el decreto contempla y tipifica determinados hechos y conductas que exceden del

campo estrictamente penal. Y es este punto el que, a reserva de comentar cara nuestros "lectores el texto

íntegro del decreto-ley una vez que se haga público oficialmente, queremos subrayar ya desde ahora. El

principio en que esas medidas deben inspirarse en su aplicación no es otro que el ayudar a la evolución de

las instituciones políticas hacia la más amplia participación del pueblo en la cosa pública, que es lo que el

terrorismo pretende, en última instancia, impedir.

Hemos exigido, y ahora aplaudirnos, la aparición de estas normas. Pero en todos aquellos aspectos en los

que las mismas, por necesidades obvias, han de limitar las libertades de expresión y comunicación social

nos permitimos advertir que el único criterio válido para su interpretación y aplicación, científicamente

hablando, ha de ser de naturaleza restrictiva. La norma penal sanciona conductas Que exigen tipicidad en

éstas, por lo que el principio de aplicación o interpretación analógicas no se compadece ajustadamente

con el carácter y naturaleza de estos, preceptos sanción ador es. Todo y sólo lo previsto en el decreto,

como conducta perfectamente tipificada, debe ser objeto de sanción. Lo demás debe quedar fuera de su

ámbito, si no queremos introducir un criterio peligroso llegada la hora de establecer en la práctica el

principio de seguridad jurídica de las libertades ciudadanas que debe presidir todo ordenamiento legal.

Por la misma razón por la que deben colaborar todos los miembros de la sociedad en la erradicación del

fenómeno terrorista, también la Ley debe apartar, como conductas no sancionables, aquellas que, aun

siendo críticas, no incidan en el campo delimitado por el supuesto de hecho contemplado en la norma.

Sólo así la ejemplaridad será máxima y no sufrirán en demasía las libertades ciudadanas que deben

restringirse, en el tiempo y en su contenido, a lo estrictamente indispensable.

Por lo demás, la aligeración de los procesos judiciales, la agravación de las penas para estos delitos de

terrorismo y las demás medidas que en el decreto se adopten en orden a hacer frente eficazmente al

fenómeno terrorista, sólo aplausos y colaboraciones merecen. Desde nuestras columnas no hemos

regateado, ni regatearemos, los primeros, al tiempo que nos aprestamos a colaborar con los poderes

públicos en el mantenimiento de la paz social.

 

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