Tendrá que aportar 1.834 millones en forma de ampliación de capital. 
 El Estado adquirirá Segarra y Arrages     
 
 El País.    17/09/1978.  Página: 33. Páginas: 1. Párrafos: 16. 

Tendra que aportar 1.834 millones en forma de ampliación de capital

El Estado adquirirá Segarra y Arrages

El próximo día 25 el Patrimonio del Estado adquirirá la totalidad de las sociedades Silvestre Segarrá y

Arrages, según acuerdo del Consejo de Ministros. Con esta decisión se cierra una fase de esta historia

comenzada con ía suspensión de pagos de la sociedad presentada por sus actuales propietarios el 14 de

septiembre de 1976, que provocó la incautación de la sociedad un día después a propuesta del ministro de

Industria, Carlos Pérez de Bricio, con el apoyo del titular de Hacienda, Eduardo Carriles. La suspensión

de pagos fue aceptada el 25 de enero de 1977. La incautación se produjo en aplicación de la ley

correspondiente de 1939. Se trató de la segunda ocasión en que se hacía uso de la misma.

El Gobierno aprobó también la concesión a la sociedad incautada de un crédito de 843 millones —del que

se ha dispuesto ya en su totalidad— con carácter excepcional. El Consejo de Incautación se hizo cargo de

la sociedad y procedió a elaborar un plan de reestructuración y mantenimiento de la misma que culminó

con un compromiso de responsabilidad social, firmado por la gerencia y los trabajadores. En función de

este acuerdo, la plantilla de 3.500 trabajadores se ha reducido a 2.500.

La Dirección General del Patrimonio del Estado ha procedido en este tiempo a organizar la sociedad y su

contabilidad y formular la propuesta oportuna sobre su destino. Por diversas circunstancias se ha ido

retrasándola solución del tema, que se cerró en un reciente Consejo de Ministros y que se consolidará

antes de que acabe esté mes.

La dirección del Patrimonio —Hacienda—, una vez estudiada la situación de la sociedad y sus

perspectivas de futuro y culminada una dura negociación con la familia Segarra, propuso al Gobierno la

adquisición de la sociedad, así como de Arrages —empresa vinculada con importantes activos

inmobiliarios—j con carácter excepcional y con compromiso de traspaso al sector privado una vez

reflotada la compañía.

A la propuesta de Hacienda presentó un documento de objeciones el Ministerio de la Presidencia. En este

documento se alude al hecho de que el actual titular de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez, hubiera

actuado en la incautación de 1976 como abogado de Segarra antes de ocupar el cargo. Indica también que

en el momento de producirse el nombramiento del señor Fernández Ordóñez éste renunció con

documento notarial al puesto de abogado de la empresa, así como a los honorarios que pudieran

corresponderle por el trabajo desarrollado hasta ese momento.

Posteriormente, el informe de Presidencia presenta el cuadro de cifras del balance de Segarra, así como la

propuesta del Patrimonio del Estado, al parecer con un error en torno a los 1.000 millones de pesetas en

las valoraciones. La postura de este Ministerio es dé oposición a la nacionalización de la sociedad por

considerarla inadecuada en estos momentos y se muestra favorable a otras alternativas que van desde el

cierre de la misma a la entrega a los trabajadores.

Ante esta situación, el vicepresidente Fernando Abril medió entre ambas propuestas, y después de un

estudio del tema en el que participaron el ministro de la Presidencia, José Manuel Otero, y el director

general del Patrimonio, Arturo Romaní, decidió apoyar la propuesta nacionalizadora como única

alternativa viable para salir de la incautación. El Consejo de Ministros aprobó el acuerdo propuesto por

Hacienda en este sentido y con ello se cerró esta disputa técnica que adquirió en algunos momentos cierta

dimensión política, a la vista de las insinuaciones formuladas por la Presidencia del Gobierno.

La competencia no quiso comprar.

Previamente a formular la propuesta de nacionalización, los industriales zapateros y del curtido

fueron.consultados por si tenían interés en adquirir la sociedad haciéndose cargo de la suspensión de

pagos. La respuesta del sector fue negativa y el criterio mayoritario fue de dejar caer la empresa. En

opinión de técnicos del Patrimonio, esta postura es hasta cierto punto lógica, ya que supone eliminar un

competidor que cubre un segmento del mercado de cierta importancia.

La posición de los técnicos de Hacienda se basa en la consideración de que la nacionalización es

inevitable. En su opinión, ía entrada del sector público en Segarra se produjo en septiembre de 1976 al

procederse a la incautación y en estos momentos no se hace otra cosa que tratar de reflotar la empresa y

de recuperar una inversión del Estado hecha con el crédito extraordinario de 843 millones concedido en el

momento de la incautación. Por otro lado, estiman los técnicos del Patrimonio que la empresa puede ser

reflotada con. los consiguientes efectos sociales positivos de haber evitado la quiebra de la primera

industria de la región de Vall de Uxo y con ello se produciría una experiencia a considerar en el futuro

como esfuerzo de reestructuración empresarial.

Entrada de intereses privados

Una vez producida la decisión del Gobierno de adquirir la compañía, intereses privados representados por

las Cajas de Valencia y Castellón y Promobanc han manifestado su interés en cubrir un 12,5% de la

ampliación de capital a que procederá el Estado una vez adquirida la sociedad y hecho frente al

compromiso con los acreedores reconocidos en la suspensión. De esta forma, la inversión del Estado se

reduciría en 230 millones de pesetas.

El Patrimonio del Estado tendrá que designar, una vez que se haga cargo de la titularidad de la sociedad,

el consejo de administración y gerencia que gestione la empresa. En primer término se pretende proceder

a levantar la suspensión de pagos, para lo que están casi ultimados diversos acuerdos con los acreedores.

La reducción del actual capital a cero, la liquidación dé algunos activos y la posterior ampliación hasta

1.834 millones proporcionará los fondos suficientes para liquidar la suspensión, y proceder a las

inversiones necesarias para relanzar la empresa sin cargas financieras graves.

Características de la operación

El Estado recibe la totalidad de las acciones de Silvestre Segarra doscientos millones de pesetas

nominales— y cien millones de pesetas de sus antiguos propietarios, a los que abona cuatrocientas

pesetas.

El Estado se hace cargo de las deudas de Segarra cifradas en 1.200 millones de pesetas. El haber líquido

de la sociedad según tres auditorías independientes se cifra en algo más de mil millones de pesetas. El

Estado cubre una amoliación de capital de 1.864 millones de pesetas. Otros intereses privados

participarán con una parte —un 12,5%— de esa cifra.

El. Estado adquiere a través de Silvestre Segarra y en 310 millones de pesetas la empresa Arrages, que

tiene como activo fundamental diez tiendas de su propiedad y otras tantas arrendadas en lugares céntricos

de diversas capitales. Además cuenta con varias viviendas en Moncofar y Valí de Uxo. El activo

inmobiliario de Arrages se ha valorado por técnicos de Hacienda en unos quinientos millones. La familia

Segarra podrá adquirir a precio de mercado —de treinta a cuarenta millones— las . viviendas de Arrages

que hoy ocupa. El Estado considera que su entrada en Segarra tiene «carácter coyuntural para superar

financieramente la situación de incautación de la empresa. En el plazo de tres años y con garantías de los

derechos de terceros y´ de los trabajadores, se admitirán participaciones privadas».

 

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