El secreto bancario, al descubierto  :   
 Texto íntegro de la orden ministerial que sobre este tema publicará el BOE. 
 Ya.    12/01/1978.  Página: 24. Páginas: 1. Párrafos: 51. 

El secreto bancario, al descubierto

En los tres primeros meses del año, el Ministerio de Hacienda deberá recibir una relación de cuentas y

depósitos de valores mobiliarios comunicada por las entidades bancadas

Una investigación posterior más profunda necesitará la autorización de una dirección general o del

delegado de Hacienda

Texto íntegro de la orden ministerial que sobre este tema publicará el "BOE"

En los próximos días, el "Boletín Oficial del Estado" publicará «ha orden del Ministerio de Hacienda por

el que quedará regulado el secreto bancario. YA ha podido tener acceso al texto íntegro de dicha

disposición—que se encuentra pendiente de la firma del ministro—:, después de una exhaustiva

investigación realizada en medios allegados al sector bancario y Administración.

La disposición final primera de la ley 50/1977, de 14 de noviembre, autoriza al ministro de Hacienda para

dotar las disposiciones y adoptar las medidas necesarias para su ejecución y desarrollo.

La presente orden ministerial regula la obligación que determinadas personas físicas y jurídicas tienen de

colaborar con la Adminístración tributaria, la extensión de dicho deber de colaboración, los requisitos

formales de cumplimiento de la colaboración en la gestión tributaria y el procedimiento de investigación.

En su virtud, en uso de la facultad establecida en la disposición final primera de la ley 50/1977, de 14 dé

noviembre, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, este Ministerio se ha servido

DISPONER:

PRIMERO

De conformidad con lo prevenido en el artículo 41 de la ley 50/1977, de 14 de noviembre, sobre "medidas

urgentes para la reforma fiscal", quedan plenamente sujetas al deber de colaborar con la Administración

tributaria, al que se refiere el apartado 1 del artículo 111 de la ley 230/1963, de 28 d* diciembre, las

siguientes personas físicas y juríeicas:

(a) Los bancos y banqueros inscritos como tales en el registro correspondiente, ya sean españoles, ya

extranjeros debidamente autorizados para operar en España,

b) Las cajas de ahorro, sea cual fuere su adscripción y dependencia.

c) Las cajas rurales y cooperativas de crédito, incluso las fiscalmente protegidas.

d) Las entidades de crédito oficial.

e) El Banco de España, en relación a las cuentas de clientes.

f) La Caja Postal de Ahorros.

g) Cuantas personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio, cualquiera que sea

su forma de constitución y el régimen jurídico que les sea aplicable.

Las personas y entidades mencionadas no podrán exonerarse de ttal deber al amparo de lo dispuesto en

los párrafos b) y c) del apartado 2 del artículo 111 de la ley General Tributaria 230/1963, de 28 de

diciembre, en el artículo 49 del Código de Comercio o en cualquier otra disposición.

SEGUNDO

1. La obligación de colaborar con la Administración se extiende la cuantas operaciones activas, pasivas

o de depósito realicen las personas y entidades a que se refiere el artículo anterior, sea cual fuere la

condición de aquellos con los que realicen teles operaciones.

2. En particular quedan sujetas a investigación tributaria las siguientes operaciones:

a) La constitución, modificación, prórroga, renovación y extinción de contratos y operaciones de

préstamo y crédito, instrumentados mediante póliza, letra de cambio o cualquier otro documento, así

como todas las de , carácter análogo, cualquiera que sea la forma en que se celebren y la

denominación que recibían y, en su caso, las correspondientes cuentas de crédito.

b) Los, depósitos en cuenta corriente, en sus diversas formas, a la vista o a plazo;, las cuentas de ahorro,

incluso cuando gocen de alguna exención tributarte; las cuentas acreedoras en, general, aunque su

titular sea otra entidad bancaria o de crédito.

c) El depósito de valores mobiliarios, lleve o no aparejada la gestión y administración de éstos.

Están obligados a colaborar con la Administración todos los bancos, cajas de ahorro, cajas rurales,

entidades de crédito oficial, Caja Postal y cuantas personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico

bancario o crediticio. La primera relación deberá enviarse tres meses después de la entrada en vigor de la

orden

ministerial

3. La investigación podrá comprender los saldos activos y pasivos de las diversas cuentas, sus

movimientos y ¡Has restantes operaciones que se produzcan, así como Jos documentos y demás

antecedentes relativos a los mismos.

4. En tos casos de cuentas indistintas o conjuntas, a nombre de vanas personas o entidades, o de

comunidades, sean o no voluntarias; en los depósitos de titularidad plural y supuestos análogos, la

investigación sobre uno de los cotitulares implicará la disponibilidad de todos los datos

.y movimientos de la cuenta, depósito y operación, pero la Administración tributaria no podrá utilizar la

información, obtenida frente a otro titular sin seguir previamente los tramites que sea preciso del

correspondiente procedimiento investigador.

TERCERO

1. En &1 cumplimiento de la obligación, a que se refiere • el artículo 43 de la ley 50/1977, las entidades

mencionadas en «1 artículo primero de esta orden se limitarán a comunicar al Ministerio de Hacienda, en

modelo oficial, y dentro de los tres primeros meses de cada año, una relación de los números de las

cuentas activas y pasivas y los depósitos de valores mobiliarios de sus clientes, abiertas o cerradas, a lo

largo del año inmediato enterior, con indicación de sus respectivos titulares.

2 Dichas relaciones contendrán los siguientes datos:

a) Los dos apellidos y e1 nombre, por este orden, y el número del documento nacional de identidad, o la

autorización de residencia o número de pasaporte en su caso, del titular de la cuenta u operación, si

fuere persona física, y la razón ó denominación social completa si fuere persona jurídica, junto con

su código de identificación. Este número y el de identificación de la persona física o jurídica se

deberán solicitar por el banco o entidad declarante a sus clientes, quienes vendrán obligados a

facilitarlos.

b) El domicilio o domicilios del titular o. titulares de las respectivas cuentas u operaciones.

c) E1 número y clave completos de las respectivas cuentas u operaciones.

En los casos de cuentas u otras operaciones a nombre dé menores, de varios titulares, de sociedades,

asociaciones, comunidades o entidades de cualquier naturaleza o que se hayan abierto bajo cualquier sigla

o denominación, la información comprenderá, además de los" datos del titular, todas "y cada una de las

circunstancias identificativas mencionadas en los párrafos anteriores de este apartado, referidas a cuantas

personas tengan reconocida la firma, en cada caso, para realizar operaciones en la cuenta o contrato

respectivo.

3. En el caso de entidades que tengan mecanizados sus servicios, las relaciones a las que se refiere

el número 1 de este artículo podrán presentarse en soportes de información que sean directamente

legibles por. ordenador, de acuerdo con las condiciones técnicas que se fijen ipor la Dirección General

de Inspección Tributaria.

En los restantes supuestos, las relaciones se presentarán en el modelo de declaración que aprobará este

centro directivo.

4. La información se referirá a todos los establecimientos y sucursales de la entidad declarante, sin

perjuicio de la, observancia de las legislaciones extranjeras respecto a los situados fuera de España.

CUARTO

1. Cuando la Inspección de Hacienda, en el ejercicio de sus funciones, estimase ser necesaria la

aportación de datos e informaciones obrantes en poder de las personas o entidades a que se refiere el

artículo 1.° de esta orden, solicitarán de la dirección general correspondiente, o del delegado de

Hacienda, según la gestión del tributo esté centralizada o no, respectivamente, la oportuna y

preceptiva autorización con carácter previo, para actuar a esos efectos cerca de aquéllas.

2. Si se considerase procedente la propuesta de la inspección, se librará la autorización solicitada, en la

que se precisarán las cuentas u pitras operaciones que deban ser investigadas, los sujetos pasivos

afectados, 1^ fecha a partir de la cual la actuación deba practicarse y el alcance de la investigación en

cuanto al tiempo o ejercicios que ésta se refiere.

Si la solicitud hubiera debido plantearse ante «1 delegado de Hacienda, y éste la estimase improcedente,

lo hará constar así en escrito razonado, que elevará a la dirección general correspondiente para su

resolución definitiva.

3. Si la actuación inspectora se realizase por la Inspección Nacional, o si se refiriese a investi-

gaciones a efectuar en más de una , provincia, y, en toldo caso, cuando por las direcciones generales

competentes así se establezca, las autorizaciones a que se refieren los apartados anteriores habrán de

solicitarse directamente de ellas.

4. La concesión o denegación de la autorización habrá de acordarse en el plazo máximo de quince días,

desde que el órgano competente reciba la solicitud que será comunicada a la persona o entidad bancaria o

de crédito de que se trate, así como a los clientes o sujetos pasivos afectados.

QUINTO

Una vez concedida la autorización, la investigación se llevará a cabo por los siguientes medios:

A). Mediante certificación de la persona . física o jurídica de que se trate, de las enumeradas en el artículo

primero.

Estas certificaciones, que contendrán de forma detallada y completa todos.y cada uno de.los extremos

requeridos por ¡a Administración, dentro de los términos de la autorización concedida, podrá ser aportada

por el propio contribuyente en el plazo de quince días hábiles a contar desde que fuera requeridas por el

inspector para ello.

Transcurrido dicho plazo sin aportación de las correspondientes certificaciones, o cuando estas fueran

incompletas, la inspección de los tributos dirigirá los .requerimientos directamente a las entidades a que

se refiere el artículo primero de esta orden, solicitando la aportación de las certificaciones oportunas. Es-

tos requerimientos serán cumplimentados en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a

aquel en que los recibieren.

Si el contenido de la certificación no se ajustase al requerimiento, la Inspección reiterará su petición,

exponiendo tos defectos u omisiones en que haya incurrido y concediendo un nuevo plazo de quince días;

transcurrido éste sin que la solicitud se hubiese cumplimentado correctamente, se considerará el hecho

como incumplimiento del deber de colaborar, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que, en

su caso, fueren exigibles.

E) Mediante las oportunas actuaciones realizadas por la Inspección en las oficinas de" la empresa

obligada a dar la información, en presencia del director, jefe o quien haga sus veces, y con la previa

citación del interesado, que podrá comparecer o no y hacerlo personalmente o por mandatario al efecto.

Citado en ´forma el interesado, su incomparecencia no será obstáculo para que la investigación se

practique. ´

C) En los casos señalados en los apartados A) y B) anteriores, y siempre con tos límites legales

establecidos, podrá la Inspección exigir del obligado a colaborar, la aportación de todos los datos,

antecedentes y circunstancias que, referentes ai sujeto investigado, existan en cualquiera de sus ofioians

en el plazo total ´máximo de. quince días desde que así se te pidiere.

SEXTO

De forma análoga a la establecida en los artículos precedentes se actuará cuando la investigación ee

suscite en los procedimientos planteados ante los órganos de la jurisdicción económico-aidministrativa y

los jurados tributarios. Corresponderá conceder o denegar • la autorización al presidente del órgano

correspondiente, cualquiera que sea el territorio en que la investigación haya de realizarse.

SÉPTIMO

Los datos o informaciones obtenidos de la investigación sólo podrán utilizarse a los fines tributarios y de

denuncia de hechos que puedan ser constitutivos de delitos monetarios o de cualesquiera otros delitos

públicos.

Cuantas autoridades y funcionarios tengan conocimiento de estos datos estarán obligados al más estricto y

completo sigilo respecto de ellos, salvo en los casos citados, en los que se limitarán a deducir el tanto de

culpa.

Sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que pudieran corresponder, la infracción de este

particular deber de sigilo se considerará siempre falta disciplinaria muy grave.

OCTAVO

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 41 y 43 de la ley 50/1977 y en los

artículos de la presente orden se considerará incurso en los artículos 56 y 57 de la ley de Ordenación

Bancaria de 31 de diciembre de 1946, iniciándose el expediente a instancia del Ministerio de Hacienda.

Las menciones que en dicha ley se hacen a la Dirección General de Banca y Bolsa y al Ministerio de

Hacienda se entenderán referidas, respectivamente, al Banco de España y al Ministerio de Economía.

Disposiciones transitorias

PRIMERA

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta orden, todas las personas y entidades

mencionadas en el artículo primero deberán presentar la primera relación completa de todas las cuentas

corrientes, de ahorro, de crédito y de depósitos de valores mobiliarios con los datos y en la forma

establecida en el artículo tercero, referidos a la situación existente en 31 de diciembre de 1977.

SEGUNDA

Con independencia de lo anterior, la acción investigadora a que se refieren los artículos cuarto, quinto y

sexto precedentes podrá llevarse a cabo, respecto de todas las operaciones, datos y circunstancias

mencionadas en «1 artículo segundo, desde la fecha de entrada en vigor de la ley 50/1977, según prevé el

artículo 45 de ésta.

 

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