Autor: Sevilla- Guzmán, Eduardo . 
   Vigencia de una reforma agraria para Analucía     
 
 El País.    13/08/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 15. 

Vigencia de una reforma agraria para Andalucía

EDUARDO SEVILLA GUZMAN

A partir del siglo XVI, la energía política de los Estados se centra en la formación de una economía

mundo, que consiste en la aparición de una nueva forma de extracción del excedente por medio del

mecanismo de un mercado mundial. En este mercado, Andalucía jugó un papel nada desdeñable. El

centro de gravedad peninsular estaba, en cuanto al comercio y la prosperidad económica, en Andalucía,

vitalizada por la ruta americana. Sevilla y Cádiz se convierten por su comercio marítimo en centros clave

del sistema económico mundial.

Como ha demostrado el profesor Domínguez Ortiz, el potencial económico andaluz transformó a esta

región en la más destacada en cuanto a la riqueza española hasta los albores del siglo VXIII. Dicha

riqueza, empero, se encontraba concentrada en muy pocas manos. La agricultura era el soporte

económico de la economía y, como ya hemos visto más arriba, la desigualdad de los grupos que gra-

vitaban sobre ella estaba tremendamente desequilibrada.

Desde finales de la centuria del setecientos hasta mediados del siglo XIX, esto es, durante la crisis del

antiguo régimen, se inicia el declive andaluz, lo que significa el empobrecimiento relativo de la región,

que se prolongará hasta nuestros días.

El declive

No es éste lugar de analizar las causas del declive andaluz, pero sí de resaltar el papel que jugaron,

primero, la nobreza terrateniente, y luego, la burguesía que accede a la propiedad y controla la vida

política municipal. El progresismo que hasta la segunda mitad del ochocientos había mostrado la

burguesía andaluza —anticlerical, liberal e ilustrada— se torna en conservadurismo reaccionario a partir

del sexenio revolucionario (1868-1874); consciente de que, tras el experimento republicano, su opositor

no era ya la nobleza ni la Iglesia, sino el campesinado y la clase obrera.

Es indudable que, en el arranque inicial del proceso industrializador, Andalucía era la región española

mejor dotada. Sin embargo, esta riqueza fuertemente concentrada en unas pocas familias es utilizada

fundamentalmente en compras de nuevas tierras.

Los terratenientes andaluces no invierten en la incipiente industria andaluza, salvo en el impulso

explotador minero, cuyo capital pronto cayó en manos extranjeras. De esta forma, Andalucía pasa

paulatinamente, de ocupar una posición privilegiada en el sistema económico español y una situación

central en la economía mundo, a un lugar periférico y subordinado en la división social del trabajo, tanto

a nivel nacional como internacional.

Los dos grandes procesos, esquematizados en sus rasgos básicos —la apropiación latifundista y la

periferización de Andalucía—, provocan una reacción de protesta campesina que ha de interpretarse

como una lucha permanente por mejorar sus míseras condiciones de vida, primero, y recuperar la tierra,

después. En este contexto, los enfrentamientos de clase y la dinámica conflictiva que éstos han

generado en el campo andaluz son una consecuencia de ambos procesos, que culminan con la oportunidad

perdida de una reforma agraria en la II República.

La represión sistemática con que históricamente se han apagado las insurrecciones campesinas andaluzas

alcanza formas institucionales durante el franquismo, que cree disolver la cuestión agraria andaluza en el

proceso de acumulación rápida y violenta de capital que genera el crecimiento industrial español. No

obstante, aunque el éxodo del campesinado andaluz que provocó tal proceso supuso un alivio temporal, al

cortarse las remesas de divisas del turismo, por un lado, y de los emigrantes, por otro, el problema de la

tierra surgió de nuevo. La política agraria de aquellos años supuso un fuerte apoyó a la gran propiedad,

dando una sólida estabilidad al sistema latifundista.

En los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, en 1975 (padrón municipal de

habitantes), sobre población activa agraria por provincias el grado de proletarización agraria (braceros del

total de población activa agraria) era del 48% (Almería), 84% (Cádiz), 83% (Córdoba), 78% (Granada),

81 % (Huelva), 88% (Jaén), 84% (Málaga) y 85% (Sevilla). El total para toda Andalucía era el 80%.

Si comparamos estas cifras con las a consideradas en los siglos XVIII y XIX, observamos cómo el

sistema de desigualdades agrarias, que subyace a tales datos no ha variado sustantivamente. Los

desequilibrios sociales persisten, así como la situación real de paro y, en determinadas zonas, de hambre

por parte de los jornaleros.

Cuando el capitalismo confiaba en que el crecimiento económico no tenía límite, en países como España

las clases dirigentes pensaban que el problema de la distribución de la riqueza latifundista desaparecería

con la emigración.

Nuevo contexto de crisis

En el nuevo contexto de la crisis económica mundial, a la que los problemas energéticos predicen una

larga duración, el tema de la reforma agraria adquiere en la actualidad una nueva y vigorosa significación.

La superioridad económica de la gran empresa

agraria frente a la agricultura familiar, que tanto las corrientes liberal como marxista pretendían haber

demostrado, empieza a ser cuestionada en los países industrialmenté más avanzados.

La utilización de tecnologías agrarias sucesivas desequilibradoras y degradantes de los ecosistemas, que

exigen una creciente aprobación de energía y recursos no renovables externos a los propios sistemas

agrarios, aparece necesariamente vinculada a la gran empresa agraria. Su rentabilidad con los nuevos

criterios económicos, basados en la obtención de balances energéticos, es sensiblemente inferior a la de

una agricultura familiar moderna.

Una reforma agraria en Andalucía basada en este tipo de organización agraria generaría, por otra parte, un

sustrato social que alteraría la persistencia histórica de la desequilibrada estructura social agraria

andaluza, pieza clave en la ubicación periférica de nuestra región. La viabilidad económica de una

transformación de este tipo requeriría su inserción en un plan de desarrollo integral de la economía

analuza, así como la elección de un modelo de desarrollo específico para Andalucía, obviamente distinto

al seguido hasta ahora para el conjunto de la economía española.

Vemos, pues, que si las consideraciones energéticas, ecológicas y económicas constituyen ya razones

suficientes como para cuestionar la funcionalidad del sistema latifundista andaluz, el problema del paro y

la escasa dinamicidad de la estructura social, consecuencia del desequilibrado sistema de desigualdades

sociales, son también razones poderosas para plantear una posible transformación del mismo, aunque ello

haya de hacerse desde determinados supuestos políticos (M. Pérez Yruela y E. Sevilla Guzmán. 1980).

Todo esto hace que el reparto de la tierra en Andalucía, en unidades de explotación viables, con

utilización de fuerza de trabajo familiar, vuelva a tener sentido, y ahora no sólo desde planteamientos

sociales, que siempre los tuvo, sino también desde planteamientos puramente económicos.

Eduardo Sevilla Guzmán es director del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos de la Universidad

de Córdoba.

 

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