Tierno Galván. 
 El PSP propugna una sociedad socialmente avanzada     
 
 Ya.    21/05/1977.  Página: 22. Páginas: 1. Párrafos: 13. 

ya - Pág.22 INFORMACIÓN NACIONAL 21-V-77

ENCUESTAS DE ya

HABLAN LOS CANDIDATOS POR MADRID

TIERNO GALVÁN:

El PSP propugna una sociedad socialmente avanzada

Responderá a la lucha contra los monopolios, socialización del crédito y del

suelo urbano y reforma de la empresa respetando la propiedad de las unidades no

monopolísticas

Prepararía el tránsito al socialismo mediante la transformación de las

instituciones económicas y sociales

YA ha realizado una encuesta entre los candidatos al Congreso y al Senado por

Madrid sobre las ideas esenciales que cada uno llevaría a una reforma

constitucional. Nuestro cuestionario enumera una serie de temas sobre los que

hemos pedido que contesten los candidatos.

Hoy responde a nuestra encuesta don Enrique Tierno Galván, catedrático en

excedencia de Derecho Político de la Universidad de Salamanca, profesor

contratado en la Universidad Autónoma de Madrid, presidente del Partido

Socialista Popular y número uno de la lista de candidatos al Congreso de este

partido por la provincia de Madrid.

A) PRINCIPIOS ECONOMICOS. — Si entiendo bien la pregunta, se me pregunta cuáles

principios económicos desearía el Partido Socialista Popular que fuesen

incluidos en una constitución. Debe entenderse que la mayoría de los partidos de

izquierda son conscientes de que la situación que puede suceder a las elecciones

quizás obligue al compromiso, al pacto, con fuerzas que no son de izquierdas,

pero que desean la instauración de la democracia . El pacto constitucional para

los hombres de izquierdas no puede sacrificar sus principios en materia

económico y social. Sería o una abdicación o una aceptación llena de reservas

mentales y, por lo tanto, poco constructiva. Lo que sí podría aceptar la

izquierda es que la constitución sea, por decirlo así, un texto breve y

funcional que no prejuzgue las instituciones sociales.

Quiero decir que el socialismo podría aceptar unas normas claras que regulasen

el juego entre las instituciones; pero, de entrarse a discutir en la parte

dogmática temas como el de la propiedad, tendría que defender la existencia y

ampliación de un sector público, la igualdad de educación, su gratuidad,

carácter público y aconfesional, la supresión de las normas que consagran la

desigualdad, etc. El socialismo puede aceptar reservarse sus principios para la

lucha parlamentaria y para la competencia política general, si la

derecha hace lo mismo. En otro caso, tendríamos que entrar, naturalmente que

mediante la forma más civil y constructiva, en exponer en el debate

constituyente nuestro modelo de sociedad y tratar de que la constitución

incluyese las instituciones y principios que traducen ese modelo. Nosotros

propugnamos lo que se podría denominar modelo de sociedad democrática

socialmente avanzada. No es aún un modelo de sociedad socialista, pero prepara

el tránsito al socialismo al transformar las instituciones económicas y

sociales de manera que permita el paso a nuestro sistema por el convencimiento

de su superioridad de la mayoría del electorado, es decir, gradualmente y por el

proceso parlamentario. La sociedad democrática socialmente avanzada responderá a

un bloque nacional mayoritario, cuyos intereses están en la lucha

contra los monopolios, en la socialización del crédito y del suelo urbano—con

derecho de tanteo a favor de los municipios a precios de referencia distintos a

los precios de especulación—, en el mantenimiento del equilibrio ecológico y en

la pugna contra el deterioro del medio ambiente, en la reforma de la empresa

respetando la propiedad de las unidades no monopolísticas, defendiendo los

derechos de los pequeños accionistas y estableciendo unas relaciones entre

personal y empresa que tienda a la futura autogestión.

Una constitución completa y doctrinal debería incluir fórmulas que garanticen

estos principios. Ahora bien, es posible que la prudencia política nos incline a

todos a redactar un texto menos perfecto, más esquemático y funcional,

reduciendo la parte dogmática al mínimo que no enajene las posiciones bien

fundadas de cada uno. Lo aceptaríamos si así surge de un acuerdo de las fuerzas

progresistas, siempre que esta aceptación no pueda significar una renuncia a

nuestras posiciones. No podemos enajenar nuestros principios. Podemos aceptar

que sea el parlamento en su legislación posterior quien vaya reformando las

instituciones en este sentido. Todo ello en pro de la concordia y siempre que a

nuestro juego limpio corresponda mi juego nítido de las diversas derechas.

Estado regional

B) ESTRUCTURA DEL REGIONALISMO. El PSP reconoce que el Estado español está

compuesto, en realidad, por diversas nacionalidades y regiones, con

características propias muy señaladas. Considera que ambas tienen derecho a

dotarse de órganos de autogobierno dentro del Estado. Este, que debe tener

evidentemente el residuo de las competencias, es la entidad que representa la

solidaridad inquebrantable entre los pueblos de España y la unidad de España

frente al exterior. La fórmula debe ser la de un Estado regional, y la

aprobación por los pueblos de estatutos es una fórmula probablemente eficaz para

preservar los derechos de los pueblos y la integridad nacional. De mantenerse el

bicameralismo, la segunda Cámara debería ser la Cámara de las nacionalidades y

regiones.

C) RELACIONES IGLESIA-ESTADO.—Las relaciones Iglesia-Estado tienen en la

actualidad una regulación jurídica inaceptable como consecuencia de la vigencia

del Concordato de 1953, que establece un régimen de privilegios a favor de la

Iglesia, a todas luces excesivos, y que son la consecuencia de una concepción de

esas relaciones Iglesia-Estado, afortunadamente superadas incluso en los medios

más conservadores de la jerarquía eclesiástica española. Las intromisiones del

Estado en competencias de la Iglesia han sido, también por fortuna, corregidas

por la derogación del denominado "privilegio de presentación de obispos", por el

acuerdo de 28 de julio de 1976. El principio que defiende el PSP es el de

la aconfesionalidad del Estado, reconocido como aceptable por el Concilio

Vaticano II. Habrá, pues, que derogar los artículos 1 y 2 del Concordato de

1953, como base jurídica para introducir dicho principio en la Constitución —si

el tema es necesario tratarlo—o en legislación que deben aprobar las primeras

Cortes.

Supremacía del legislativo

D) RELACIONES GOBIERNO, CORTES Y CORONA. –Respecto a las relaciones

entre el Gobierno y las Cortes, debe establecerse con claridad el principio de

la supremacía del legislativo, haciendo tal principio compatible con la

estabilidad gubernamental. Existen en las constituciones vigentes en

varios países mecanismos que hacen compatibles ambos objetivos (voto de censura,

confianza, contrata o de legislatura, etc.). El PSP es partidario de un

Gobierno que pueda gobernar, pero que sea responsable. Las funciones de la

Corona, tal y como vienen configuradas en la LOE y en la ley de Reforma

incluyen principios peligrosos, incluso peligrosos para la institución,

como es el recurso al referéndum, establecido en el artículo 5. Es evidente que

en este período y en el que suceda a la creación de unas nuevas Cortes, la

Corona está obligada a jugar un papel más amplio que el que corresponde a la

institución en las monarquías europeas. Pero este papel debe basarse más en

la influencia que pueda derivarse de un prestigio que puede nacer de una labor o

misión impuesta por las circunstancias históricas, que de fórmulas que harían

ambigua y controvertida su función

constitucional.

E) CONSEJO DEL REINO Y CONSEJOS ASESORES. — Debe, evidentemente, suprimirse

el Consejo del Reino, que es incompatible con las funciones y competencias

del Gobierno, con la responsabilidad de éste ante el Parlamento (nombramiento

del presidente del Gobierno, etc.) e incluso con las funciones del Jefe del

Estado, de sancionar con su nombramiento del jefe del Gobierno la voluntad del

electorado y de arbitrar las crisis gubernamentales. El Consejo de Estado,

con sus competencias consultivas, administrativas y, en menor grado, políticas,

es una institución con raigambre en nuestro ordenamiento jurídico. Habría, tal

vez, que modernizar su funcionamiento, adaptándolo a la mayor importancia de los

actos administrativos dentro de la vida económica general.

Regencia

F) REGENCIA.- La Regencia es una institución que, para corresponder a una

Monarquía constitucional moderna y para que no se convierta, subsidiaramente, en

una forma de Gobierno, tiene un carácter que no rebasa la dimensión dinástica.

Sería, tal vez, contraproducente que, quizás con la intención más

democratizadora, se introdujese en la composición de un órgano destinado a

suplir una situación coyuntural—minoría, inhabilitación, renuncia o abdicación,

etc.— , órganos de los otros poderes: del Gobierno, de las Cortes, etc. No creo,

por ejemplo, que deba formar parte de un órgano de regencia el presidente de las

Cortes. Una fórmula como la británica, por ejemplo, podría ser correcta.

G) TRIBUNAL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.— Debe haber un tribunal de garantías

constitucionales que entienda de la constitucionalidad de las leyes y acciones

del Gobierno. Por otra parte, en un Estado regional dicho órgano tendría la

función, de suma importancia, de dirimir las cuestiones de competencias entre

nacionalidades y regiones y el Estado. Aparte de dicho tribunal, propugnamos la

creación de un defensor de los derechos de los ciudadanos (Ombusman), y en lo

que se refiere al control de la Administración económica, la figura de un

contador público.

H) REGULACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS.- Los partidos políticos son la institución

indispensable de la democracia pluralista. Ahora bien, desde principio de siglo

los tratadistas han denunciado la tendencia en el seno de los partidos de crear

sus propias oligarquías y de incrementar el peso de sus burocracias. Hay

partidos en Europa que son poco más que enormes y pesadas burocracias. La

burocratización de los partidos aleja al ciudadano de la vida pública. Y sin una

participación constante, y casi diría que entusiasta, del pueblo, la democracia

queda a merced, por ejemplo, en tiempos de crisis económica y social, de la

acción de los "candidatos a salvadores de la Patria", los dictadores en

potencia. Por otra parte, los partidos pueden vincularse a grupos económicos

poderosos o incluso a intereses internacionales. Por ello, el país tiene derecho

a que su vida económica y su vida política sea clara y esté reglada.

Evidentemente, un Estado puede ahogar la espontaneidad de la vida de los

partidos con una legislación asfixiante. El equilibrio en esto, como

en todo, debe imponerse.

I) REGULACIÓN DEL GOBIERNO EN SI MISMO.—Si la pregunta se refiere a cómo debe

componerse el Gabinete, de qué Ministerios debe componerse, éste es un tema muy

pragmático que determinarán las circunstancias. En principio, parece razonable

la existencia de un número restringido de miembros del Gabinete que engloben

otros departamentos de menor rango (ministros no miembros del Gabinete,

secretarios de Estado, etc.). Evidentemente, los criterios deben ser de eficacia

y de responsabilidad del Gobierno ante el Parlamento. Existe una cierta

tendencia al "presidencialismo del jefe del Gobierno" que debe ser corregida.

 

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