Remitido. Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. 
 Anteproyecto de decreto para el desarrollo de la Ley de Colegios Profesionales  :   
 Criterios en que se fundan los acuerdos de la Junta de Gobierno para solicitar que el anteproyecto sea no retirado, sino archivado definitivamente. 
 ABC.    27/05/1975.  Página: 47-48. Páginas: 2. Párrafos: 30. 

ABC. MARTES 27 DE MAYO DE 1975. PAG. 47.

REMITIDO COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID

Anteproyecto de decreto para el desarrollo de la Ley de Colegios Profesionales

CRITERIOS EN QUE SE FUNDAN LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA

SOLICITAR QUE EL ANTEPROYECTO SEA NO RETIRADO, SINO ARCHIVADO

DEFINITIVAMENTE

1. Mucho se ha dicho sobre el tema en la Prensa y en las Revistas por Entidades y profesionales

conocedores del mismo, bien por el interés mostrado en su día ante la Ley de Colegios Profesionales,

cuando aún no estaba aprobada, o bien porque ahora se encuentran interesados en el anteproyecto de

decreto.

2. En la mayoría de las opiniones aparecidas se observa una exposición demasiado tecnificada. tanto por

lo que se refiere al léxico como a la argumentación empleada, por lo que, los respetivos criterios y

apreciaciones, no pueden calar en la conciencia de la Administración ni mucho menos en la del público.

3. Por ello, nos ha parecido oportuno y obligado establecer contacto con los medios informativos,

puesto que son los más idóneos para hacer llegar a la gente de la calle, al lector que no cuenta con una

preparación adecuada sobre la cuestión, cual sea el criterio del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales

de Madrid, en materia que nos parece de evidente interés general por el número de profesionales —de

grado medio o de grado superior— a quienes afecta.

4. Existe un aspecto fundamental que debemos dejar bien aclarado:

Preocupa a los profesionales de la ingeniería industrial que. ese anteproyecto puede acabar con la vida de

las profesiones liberales colegiadas. Pero, por encima de esa lógica preocupación, entendemos que es más

trascendental —y por eso llamamos la atención a nuestro Estado de derecho— el aspecto de la seguridad

jurídica general que tal anteproyecto pone en peligro.

Problema éste de incuestionable gravedad, porque puede dar motivos sobrados a otros sectores para temer

que. sobre temas . diferentes, pueda repetirse circunstancia análoga, con daño para sus derechos,

cualquiera que sea su condición social.

5. Como en tantos casos análogos, nos parece que la Prensa es el cauce adecuado para clarificar estas

situaciones. Y, en esta circunstancia concreta, para analizar las razones que nos asisten para pedir que

el anteproyecto de decreto sea archivado.

En tal sentido, y sin que de ello pueda concluirse nuestra conformidad con el resto del anteproyecto,

vamos a comentar, tan sólo, dos artículos del mismo, los que, como ocurre con otros, con claridad

meridiana se oponen a disposiciones de rango superior.

Se sabe que el rango jurídico de las disposiciones legales es:

Ley, decreto, orden ministerial etc.

6. El artículo 15 del anteproyecto dice: «El personal al servicio de la Administración, en cualquiera de

sus esferas, que desempeñe funciones profesionales coincidentes con las propias de los miembros de

una organización colegial no estará obligado a integrarse en la misma.»

Se LEGISLA, pero sólo por quienes proponen el anteproyecto, la no obligatoriedad de colegiación de los

titulados al servicio de la Administración, según la redacción dada al artículo.

Pues bien; esta redacción es contraria expresamente a lo dispuesto en la LEY de Colegios Profesionales, y

olvida, además inexplicablemente, la definición que del profesional-funcionario declara la LEY de

Funcionarios y, asimismo, no tiene en cuenta lo que sobre la misma LEY de Colegios Profesionales

INTERPRETARON las Cortes; que es quien LEGISLA.

Veámoslo:

5.1. El artículo tercero de la LEY de Colegios Profesionales dice, en su apartado 2:

«Será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones colegiales la incorporación al Colegio en

cuyo ámbito territorial se pretenda ejercer la profesión.»

Se alcanza que es obligatorio colegiarse para el ejercicio de las funciones profesionales a todo aquel

profesional que, por razón de su título, preste sus servicios a la Administración, a una Empresa o

libremente.

EL profesional-funcionario ejerce ante la Administración la función profesional propia del título que

ostente, lo que así viene definido por la LEY de Funcionarios en su artículo 24-1. que dice:

«Son funcionarios de Cuerpos Especiales los que ejercen actividades que constituyen el objeto de una

peculiar carrera o profesión y los que tienen asignados dicho carácter por razón de las circunstancias

concurrentes en la función administrativa que les está encomendada.»

6.2. En las Cortes, al discutirse la LEY de Colegios Profesionales y con referencia expresa a la

obligatoriedad de colegiación de los titulados al servicio de la Administración se propuso por dos

procuradores el que no fuese obligatoria. Se deduce que cuando lo hicieron era porque ellos y el

Legislador (la Comisión) entendían que era obligatoria. Las dos enmiendas fueron rechazadas.

No comprendemos cómo es posible que quienes han estudiado el anteproyecto no hayan tenido a su

alcance las dos LEYES mencionadas, así como el conocimiento de las enmiendas rechazadas por las

Cortes, que señalan el criterio del Legislador.

Se puede concluir que el artículo 15 que se propone en el anteproyecto de decreto es contrario a lo que

ordenan dos disposiciones de rango superior, las LEYES sobre Colegios Profesionales y de Funcionarios.

7. El artículo 6.° del anteproyecto, su apartado k), y con referencia a los recursos económicos de los

Colegios como un medio más de ingresos, dice:

«Por la remuneración a percibir por el servicio de visado de los trabajos profesionales de los colegiados,

en los casos en que dicho servicio se establezca en los Estatutos Generales.

El visado de los trabajos profesionales sólo se otorgará a petición de los propios colegiados, sin que pueda

en ningún caso establecerse obligatoriamente con carácter general. Por la concesión del visado, el

Colegio garantiza la idoneidad y corrección técnica del proyecto o trabajo presentado, y asume

solidariamente con el colegiado las responsabilidades civiles y criminales que pudieran derivarse de los

vicios técnicos al mismo.»

Siguiendo lo expresado para el artículo 15 del anteproyecto, éste también es contrario a lo que_ ordena la

propia LEY de Colegios Profesionales en su artículo 5, • apartado q), que dice, en el capítulo de

FUNCIONES CORPORATIVAS de los Colegios:

«VISAR los trabajos profesionales de los colegiados, cuando así se establezca EXPRESAMENTE en los

Estatutos Generales.» ¿Qué facultad concede lo anterior a los Colegios? Que sin posible intervención de

la Administración y siempre que se recoja en sus Estatutos tienen por LEY los Colegios Profesionales el

derecho de VISAR, no pudiendo por nadie, ni desconocerse ni tergiversarse en manera alguna tal

derecho, si el mismo se recoge en los Estatutos Generales.

Por otro lado, siguiendo el principio de todos conocido, de que «cuando la LEY no distingue no se puede

distinguir», no es posible ni cargar responsabilidad alguna sobre Entidades de Derecho Público cuando

nada expresa en tal sentido la LEY ni Interpretarse, a la ligera, que el visado es voluntario cuando

tampoco se recoge expresamente por la LEY y no se nos diga que tal medida de voluntariedad que,

repetimos, no recoge la LEY responde a una idea de reducción de costes cuando se olvida que el visado,

entre otros cometidos de los Colegios, lleva consigo que la Corporación pueda impedir el intrusismo

profesional y defender a sus colegiados; obligación de los Colegios, y el de dar garantías a la

Administración en el sentido de que el responsable del trabajo posee el título profesional que le confiere

competencia para su autorización. Nuevamente los autores LEGISLAN por su cuenta y a espalda de la

propia LEY, la que pretenden reglamentar con el anteproyecto.

El lector puede comprobar por sí mismo, y tan sólo con lo expresado, la razón, fundada, que nos asiste

para oponemos e1 anteproyecto al vulnerar éste, entre otras, disposiciones de rango superior al decreto,

cuáles son LEYES. Tanto vulneran la LEY estos artículos como otros del anteproyecto, en los que por

ahora no entramos.

Madrid, 22 de mayo de 1975.—El secretario general: Rafael Espinosa de los Monteros.—V. B.°, el

decano: Mariano del Fresno M. de Baroja.—R.

 

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