Cartas al director. 
 Por qué decimos no  :   
 Carta firmada por los presidentes de varios colegios profesinales. 
 Patria.    17/05/1975.  Páginas: 1. Párrafos: 15. 

CARTAS AL DIRECTOR

POR QUE DECIMOS "NO"

CARTA FIRMADA POR LOS PRESIDENTES DE VARIOS COLEGIOS PROFESIONALES

Firmado por los presidentes de los Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados, Arquitectos,

Veterinarios, Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Médicos, Ingenieros Industriales, Odontólogos,

Farmacéuticos y el vicepresidente del de Ayudantes Técnicos Sanitarios, publicamos el siguiente escrito

que nos ha sido remitido a tal fin:

«Los representantes de los Colegios Profesionales abajo firmantes,reunidos en el día de la fecha, acuerdan

manifestarse sobre el anteproyecto de decreto que pretende desarrollar la Ley de Colegios Profesionales,

en él sentido negativo que su contenido merece, rechazando la totalidad del mismo, ya que su espíritu

hace imposible que, aún enmendando errores, pueda ser base para el desarrollo de dicha Ley.

Independientemente de sus errores jurídicos, contradicciones con la legislación vigente específica de las

distintas profesiones (Ley de Bases de Sanidad, Ley de Régimen del Suelo, etc.), con la propia Ley de

Colegios Profesionales, y de su minuciosidad injustificada, manifestamos publicamente nuestra

disconformidad, a la vista, entre otros, de los siguientes puntos, por estimar que, en cualquier futuro

desarrollo de la Ley, deberán ser tenidos en cuenta:

Primero.—Adulteración de los fines asignados por la Ley articulada a los Colegios, al subrayar su interés

meramente gremial, con omisión de los de carácter público y social, cuya transcendencia es bien patente,

en nuestro caso, dada la amplia problemática de nuestra provincia.

Segundo.—Invasión por el decreto, del campo que la Ley articulada, otorga, a los Estatutos a elaborar por

los distintos Colegios, ignorando la diversidad de profesiones, sus peculiaridades propias y sus distintas

necesidades para el cumplimiento de sus fines.

Tercero.—Refuerzo obsesivo de los poderes de control de la Administración sobre la vida colegial, en

particular, mediante mecanismos que permiten reabrir los plazos legales de suspensión de acuerdos

corporativos y la obligatoriedad de someter a conocimiento de la Administración, todos los actos, incluso

simples convocatorias y órdenes del día.

Cuarto.—Ignorancia de la demostrada capacidad de las Corporaciones profesionales, para

autorreglamentar su vida colegial, despreciando la experiencia histórica de cada una de ellas.

Quinto.—Disociación de las condiciones de «profesional» y de «funcionario» o persona «al servicio de la

Administración en cualquiera de sus esferas», olvidando que la existencia de éste, se produce

necesariamente a partir de la del profesional, subvirtiendo inconcebiblemente ambas, al anteponer la de

funcionario a la del profesional, con lo que se erradica al funcioriario y personas al servicio de la

Administración, de la vida colegial, con las consecuencias de inmunidad a efectos de ética profesional y

de desamparo en su ejercicio profesional en dicha faceta.

Sexto.—Anulación de hecho de la jurisdicción deontológica, al supeditarla a la facultad sancionadora de

la Administración, creando la posibilidad de eludir por esta vía la responsabilidad ético-profesional.

Séptimo.—Negación a las Corporaciones, de asumir su obligación de hacer cumplir las leyes en la esfera

de su competencia, en "materia de tanta transcendencia como las incompatibilidades legales y

deontológicas, tanto en la vertiente interprofesional, como entre la función pública y las distintas

profesiones.

Octavo.—Supresión de la facultad estatutaria del visado colegial obligatorio de los trabajos profesionales,

que, en las profesiones técnicas, es el único medio existente para garantizar la identidad y capacidad legal

de los profesionales, y la corrección formal de sus trabajos, así como para fomentar el perfeccionamiento

continuo de los mismos.

Noveno. — Insólita atribución de eventual responsabilidad civil y criminal solidaria, a Corporaciones de

Derecho Público.

Décimo. — Obstrucción al cumplimiento de los fines colegiales atribuidos a los Colegios por la Ley,

tanto en materia de servicios comunes de perfeccionamiento profesional, como en cuanto a actividades de

carácter público, restringiendo su capacidad económica, cuya regulación estimamos debe ser competencia

de los Estatutos particulares elaborados por cada Colegio profesional.

Undécimo.—Por último, el anteproyecto de decreto que pretende desarrollar la Ley articulada de

Colegios Profesionales, no respeta la actuación de las Cortes Españolas, poniendo en crisis la Cámara

Legislativa con disposiciones de menor rango, contrarias al espíritu y la letra emanadas de aquélla.

En Granada, a quince de mayo de 1975

 

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