En torno a la ley de colegios profesionales. 
 Deseamos un diálogo abierto y sincero  :   
 Declaraciones del subsecretario de la Presidencia, señor Romay, sobre el anteproyecto del decreto. 
 ABC.    20/03/1975.  Página: 9-10. Páginas: 2. Párrafos: 31. 

ABC MARTES 20 DE MAYO DE 1975 PAG

EN TORNO A LA LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES

-DESEAMOS UN DIALOGO ABIERTO Y SINCERO»

Declaraciones del subsecretario de la Presidencia, señor Romay, sobre el anteproyecto del decreto

«Deseamos un diálogo abierto y sincero. A los que nos hacen llegar sus observaciones a los distintos

Ministerios se las agradecemos como expresivas de una voluntad cooperadora y de puntos de vista que,

obligatoriamente, han de ser tomadas en consideración al acometer la redacción definitiva del decreto»,

ha declarado el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, don José Manuel Romay Beccaria, en el

curso de una entrevista concedida al director de la agencia Efe, don Alejandro Armesto, sobre el

anteproyecto de decreto por el que se pretende reglamentar la ley de Colegios Profesionales, aprobada por

las Cortes el 12 de febrero de 1974.

La divulgación del anteproyecto del reglamento de Colegios Profesionales ha motivado una generalizada

reacción crítica de los sectores afectados y los medios de comunicación se han hecho eco de la misma,

por lo cual parece de candente actualidad y de indudable interés escuchar la opinión de la Administración

sobre el problema. El subsecretario de la Presidencia, señor Romay Beccaria, se ha prestado amablemente

a la entrevista, de la que entresacamos lo siguiente:

ACTITUD ANTE LAS CRITICAS

—No se le ocultará señor Romay la reacción adversa suscitada por el anteproyecto, ¿qué opinión le

merecen estos juicios? ¿cuál va a ser la actitud de la Administración ante ellos?

—Me importa, sobre todo, subrayar que el borrador sobre el cual se están vertiendo estas opiniones

críticas es un anteproyecto, abierto a todas las corrección y perfeccionamientos. Ni por lo más remoto se

ha pretendido «sorprender» a los colegios con una política de hechos consumados. Muy al contrario, se

desea un diálogo abierto y sincero a los que nos hacen llegar sus observaciones a los distintos ministerios

se; las agradecemos como expresivas de una voluntad cooperadora y de puntos de vista que

obligadamente, han de ser tomadas en consideración al acometer la redacción definitiva del decreto. No

olvide usted que el texto se encuentra en trámite de informe. La propia Administración, más que por

imperativo legal, por sincero deseo democrático, ha querido conocer la opinión de los Consejos Generales

y otros órganos superiores de las profesiones, antes de formar su criterio definitivo.

—Sin embargo, señor subsecretario, se ha denunciado una insuficiente participación coletial en la

elaboración de este reglamento.

—Lógicamente, esta participación se está iniciando ahora por vía de informe. La primera redacción se ha

elaborado por los correspondientes órganos de estudio, como se hace con cualquier otro texto

normativo. El anteproyecto ha sido remitido a todos los Consejos Generales u órganos análogos de las

profesiones. Así lo dispone la ley, que aisla a tales órganos superiores´ como interlocutores de la

Administración

—Pero se dice también que el plazo para el uniforme ha sido muy breve.

—El plazo viene establecido con carác-ter general por 1a ley de Procedimiento Administrativo y se ha

concedido todas las prórroga solicitadas en los términos previstos por la propia ley.

—¿Y se produce el decreto un recortamiento de los fines atribuidos a los Colegios porofesionales?

—Nunca ha sido esa la intención del Gobierno. Si alguien de buena fe ha creído entenderlo así, ello sólo

puede ser debido a algún equívoco de redacción que será necesario puntualizar.

FINALIDAD DEL DECRETO

—Creo que conviene, ante todo, fijar ¿cuál es realmente la finalidad del decreto?

—El decreto viene aconsejado por la exigencia de que los estatutos de las entidades colegiales sean

revisados para acomodarse a las prescripciones de la nueva ley. El Gobierno por medio de esta

disposición general, pretende sólo delimitar el marco en el que habrán de producirse las revisiones

estatutarias sucesivas. Precisamente, en junio del 74, se dirigió al Gobierno un grupo muy caracterizado

de presidentes y decanos reclamando el desenvolvimiento reglamentario de la ley. No hay pues una

finalidad cautelar —ni mucho menos regresiva—. sino una voluntad cooperadora con los Colegios, en

busca del establecimiento de unas condiciones mínimas de homogeneidad en todos los entes

corporativos.

INCOMPATIBILIDADES

—Si me permite, señor subsecretario, podríamos detenernos en algunos otros extremos de la regulación

proyectada que han provocado mayores objeciones. Y empecemos por la reserva en favor del Estado para

declarar regímenes de incompatibilidades.

—Como puede comprenderse fácilmente, el concepto mismo de incompatibilidad hace referencia a una

dualidad de profesiones o de situaciones profesionales. Entonces, el tema rebasa a la competencia de un

colegio y puede afectar a la de otro, a la de la Organización Sindical o a la de la propia Administración.

Nos encontramos ante un supuesto de obligado arbitraje que sólo puede ser ejercido por el Estado y a

través de una norma.

—Otra queja muy acentuada se refiere a la supresión del visado corporativo de los proyectos.

—Bueno, vayamos por partes. El anteproyecto ni prohibe el visado, ni lo impone. Lo configura con

carácter voluntario, remitiéndolo al arbitrio del colegiado. Se ha estimado al elaborar el borrador que la

supresión de la obligatoriedad del visado venía aconsejada por las características de la práctica

profesional en una sociedad industrial, abierta y competitiva. Responde a una idea de reducción de costes,

de economía de trámites, a la vez que a una concepción resueltamente más liberal, y al afán de establecer

unas mayores condiciones de igualdad entre el ejercicio de las distintas profesiones, ante todo lo cual

aconsejaba la supresión de la obligatoriedad.

FUNCIONARIOS

—¿Qué ocurre con los funcionarios? ¿Podrán, o no podrán colegiarse? •«Me temo que, en esta

cuestión, se están involucrando dos temas distintos. Y lo primero que se impone es el evitar un

tratamiento conjunto de ambos temas para conseguir el debido esclarecimiento.

Por una parte, tenemos el problema de la defensa de los intereses profesionales de los funcionarios

públicos en cuanto a tales funcionarios. El Gobierno es bien consciente de la necesidad de acometer este

problema y, ahora mismo, están estudiando distintas modalidades posibles de agrupamiento profesional

de los funcionarios. Esta cuestión es rigurosamente ajena a la temática específica del desarrollo de la ley

de Colegios Profesionales.

LA FIGURA DEL DECANO

—¿Es cierto que la Administración podrá anular y suspender los acuerdos corporativos?

—Anular, en ningún caso. Esta es una competencia exclusiva de los Tribunales. En cuanto a la facultad

de suspensión, está establecida y regulada por la ley de Colegios.

—También se ha dicho que el anteproyecto excluye todo recurso contra las resoluciones administrativas

de suspensión de acuerdos colegiales.

—No puedo por menos de manifestarle mi extrañeza ante ese juicio. Justamente al contrario, el precepto a

que aluden tales críticas no consagra, en forma alguna la imposibilidad de fiscalización, ya que, como la

propia ley dice, el acuerdo de suspensión se traslada de inmediato al Tribunal Contencioso-

Administrativo para que decida definitivamente. Si se excluye cualquier recurso contra los acuerdos de

suspensión es porque desde el mismo momento en que se adoptan pasan a la competencia de los

Tribunales, Es cabalmente ésta una garantía de la independencia del Colegio, por cuanto sus actos sólo

podrán ser así fiscalizados por el Tribunal Contencioso. Si se admitiese un recurso en vía corporativa, se

privaría momentáneamente de competencia al Tribunal y la resolución del asunto se dilataría

considerablemente.

—Se dice también que el proyecto configura un esquema de organización colegial rígidamente

autoritario, tendente a convertir a los decanos en las figuras protagónicas de toda la vida colegial. ¿Es esto

cierto?

—Pienso que el procedimiento seguido en este punto para redactar el anteproyecto soslaya la posibilidad

de tal resultado, puesto que, básicamente, se ha seguido un método comparativo de la casi totalidad de los

Estatutos vigentes y se ha pretendido extraer las características que eran más comunes a todos ellos.

En definitiva, no existe ningún afán revisionista de la realidad corporativa profesional actual. Sólo se ha

pretendido buscar la acomodación a la ley e introducir con carácter general unos principios de orden, de

racionalidad y de modernidad. Los colegios o son entes democráticos o no son nada. El anteproyecto ha

pretendido ser absolutamente respetuoso con este reconocimiento.

 

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