Autor: Miralles Álvarez, Jaime. 
 Divulgación jurídica. 
 Libertad de comercio, intermediarios y monopolios     
 
 ABC.    08/04/1962.  Página: 97-98. Páginas: 2. Párrafos: 18. 

LIBERTAD DE COMERCIO, INTERMEDIARIOS Y MONOPOLIOS

SENTENCIA DE 22-II-62.

(Tribunal Supremo)

Fue Gracián el que dijo que lo bueno, si breve, dos veces bueno.

El escasísimo valor de mi comentario quede hoy compensado con la virtud que le preste su brevedad.

Al resolver un recurso, la Sala cuarta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en

interpretación rigurosamente lógica, jurídicamente irreprochable, hace una serie de consideraciones, a

cual más acertada y oportuna, sobre la orientación económica de España.

No se piense que por ello rebasa el Suprémo en esta resolución el ámbito de juzgador que le es propio. Lo

que sucede es que el campo de interpretación de las normas jurídicas no tiene otras fronteras que las

limitativas de la aplicación de la ley, y ésta llega hasta donde alcanza la última manifestación de vida de

una sociedad.

Las leyes no bastan por si solas; necesitan ser interpretadas. La interpretación, a su vez, requiere una gran

competencia y altísimas cualidades en el juzgador llamado a interpretar. Y el juez, para no errar, ha de

tener muy acusada sensibilidad que le permita percibir hasta los más ténues latidos del cuerpo social y

asimilarlos en consonancia con las circunstancias de cada momento. Asi, atemperándose a la continua

evolución de las cosas, es como únicamente permanecen .inamovibles e invariables en su esencia los

grandes principios del Derecho universal.

Pero no olvidemos a Gracián. Cumplido por mi el papel de telonero de la jurisprudencia, contempla,

lector, el acertado criterio del Supremo contenido en esta Sentencia, cuyo resumen se te ofrece en las

lineas que siguen.

La Dirección General de Sanidad impuso a determinado laboratorio dieciséis multas de mil pesetas cada

una por vender a una farmacia, en otras tantas ocasiones, determinadas especialidades farmacéuticas

directamente sin la mediación de ningún almacenista.

El laboratorio sancionado recurrió en alzada al excelentísimo señor ministro de la Gobernación, que

desestimó el recurso.

Insistiendo, con sujeción a las normas procesales, el recurrente solicitó la reposición del aludido acuerdo.

Y el Ministerio de la Gobernación ratificó su resolución.

Ante el mantenimiento reiterado del criterio administrativo, el laboratorio de que se trata, bajo, la

dirección de abogado, interpuso el recurso contencioso-administrativo sobre el que acaba de pronunciarse

la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en la sentencia que resumimos.

En concienzudo examen de la legislación reguladora de la materia, la sentencia va analizando cada una de

las disposiciones que cita, y señala cómo en ninguna .de ellas se contiene precepto alguno que prohiba la

relación directa entre fabricante y consumidor detallista.

Considera, incluso , que cuando una de las más recientes disposiciones recuerda la obligación de respetar

los márgenes del ciclo comercial, no puede interpretarse que tal ciclo sea preceptivo en todo su

escalonado proceso, ni que esa concatenación haya de gozar de la protección administrativa. Por el

contrario, para el Alto Tribunal, a la vista de la disposición a que se refiere, el beneficio o descuento

comercial administrativamente regulado sólo podrá ser objeto de norma cuando se engarcen

sucesivamente los diferentes eslabones —intermediarios—.

Para mayor claridad, señala la Sala Cuarta que las aludidas disposiciones en las que se basó la

Administración para imponer las sanciones recurridas no contienen expresión ninguna que permita

desorbitar su alcance hasta,el punto de imponer, como necesidad legal, la concurrencia de todos los

intermediarios previstos; o de exigir la totalidad de empleo del más complejo artificio económico, pues,

en realidad, la finalidad de las disposiciones aludidas se limitan únicamente a regular las relaciones entre

los distintos estamentos mercantiles sólo cuando esas relaciones se produzcan de un modo espontáneo.

Respecto a uno de los preceptos de cuya interpretación se trata, subraya el Supremo que se refiere

exclusivamente a los márgenes mercantiles de las farmacias benéficas, a quienes la condición propia de

cu naturaleza excluye de todo porcentaje comercial, sin que la posibilidad de que tales farmacias

adquieran directamente de los fabricantes o almacenistas, permita interpretar, "a contrario sensu", que ello

implica una limitación para las demás farmacias, pues de tal interpretación se seguiría grave daño para la

libertad mercantil.

Considera también la Sala sentenciadora que la conclusión interpretativa en que se funda la

Administración, al imponer las dieciséis multas de que se trata, no cabe inducirla por analogía ni por

contraposición, pues si la actividad administrativa hubiera formado criterio propicio a tales resoluciones,

contrarias, al menos en apariencia, a la libertad de comercio y a las leyes que rigen la actividad

económica, se hubiera producido o manifestado de modo suficientemente claro.

Por último, señala, como muy importante, la orientación del decreto-ley de 21-7-59 sobre ordenación

económica, en el que se dispone que el Gobierno propondrá a las Cortes o incluso dictará, en caso de

urgencia, las disposiciones oportunas para prevenir y combatir las prácticas monopolistas y las

actividades contrarias a la normalidad del comercio y flexibilidad de la economía, orientación de singular

relieve, dictada en la mejor línea de nuestra "tradición jurídica y plenamente coincidente con la máxima

moderación que el concepto moderno del desarrollo económico impone a la exclusividad de

intermediaciones, considerándolas como competencia imperfecta, tan sólo protegida legalmente mediante

preceptos expresos.

Consecuentemente, el Alto Tribunal sentenciador estima el recurso y declara nulas y sin efecto las

dieciséis multas recurridas por ser contrarias a Derecho.—Jaime MIRALLES ALVAREZ.

 

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