Autor: Areilza y Martínez-Rodas, José María de. 
   Claridad en los propósitos     
 
 ABC.    02/06/1978.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 9. 

CLARIDAD EN LOS PROPÓSITOS

"¿De quoi s´agit il?», dicen que preguntaba el Generalísimo francés de los Ejércitos aliados en

el período final de la primera guerra europea a sus Estados Mayores. En efecto: «¿De qué se

trata?», hay qué decir, interrogándose e interrogando a los demás cuando un asunto

embrollado y complejo se presenta sobre la mesa del mando. La claridad en los propósitos es

indispensable si se quiere mantener el rumbo con acierto. Otra cosa es la prioridad, es decir, la

urgencia de los problemas. Lo urgente no puede desplazar a lo importante. En los actuales

momentos se nos dice que hay que aprobar rápidamente la Constitución. Es seguramente

cierto que la transición institucional hacia el sistema democrático no estará realizada

plenariamente hasta que se apruebe la norma constitucional, es decir, el ordenamiento jurídico

soberano de los españoles. Hay un asenso generalizado hacia una gran parte del texto que

será sometido a Congreso y Senado y más tarde a referendo popular. Que éste es un tema

urgente y prioritario, parece aceptado por una mayoría de la opinión. Pero que este asunto

haga olvidar los problemas importantes sería cometer un grave error estratégico de notables

consecuencias.

Un país moderno, desarrollado y democrático debe organizar su convivencia pública dentro de

un código de normas constitucionales. Pero lo que no puede hacer es permitirse el lujo de abrir

un paréntesis en su existencia colectiva y cotidiana, suspendiendo la imagen de un Gobierno

que responda a un propósito claro y definido en aras de que aquel empeño es urgente y,

mientras no se cumpla, todo ha de ser ambigüedad, equívoco e indecisión en la conducta

gubernativa. Lo mismo en el plano político que en el económico o en el social. Esta es la

situación en que hoy nos encontramos. Situación vacilante en la que no se conocen ni los

alcances reales ni el contenido de los pactos o consensos que se vislumbran por aquí y por

allá.

Lo único que está claro es que el Gobierno no quiere comprometerse a nada ante sus electores

mientras tenga que hacer compromisos con los restantes grupos políticos de la izquierda o del

nacionalismo regional. ¿Cómo, en esas circunstancias, no va a registrar desbandadas en las

filas de sus votantes del pasado junio? Analícese, sin más complejidades matemáticas, el

porcentaje de electores de Alicante y Asturias en los recientes comicios parciales y se verá a

que coeficientes se llega en relación con los censos totales. La suma de votos emitidos a favor

de U. C. D. y del P. S, O. E. no llega a la tercera parte del censo en Alicante, ni a la cuarta

parte del censo en Asturias. Y ¿es éste el bipartidismo cerrado, excluyente, barrendero y

arrasador que se trata de vender a la opinión para «los próximos cien años»?

Esta actitud borrosa e incoherente de la política oficial tiene su repercusión en todos los

estamentos. Una gran parte de los funcionarios públicos, no sabiendo a qué carta quedarse, se

escuda muchas veces, por cautela o por prudencia, en una inacción burocrática que trata de no

contraer responsabilidades en una etapa que a más de uno se le asemeja anticipadora de

cambios radicales. La administración, desde la estatal hasta la municipal, funciona hoy a ritmos

de lentitud, temerosa y henchida de recelo, lo que se adivina en los distintos niveles. No hay

inversión en las empresas y las tasas de crecimiento del producto nacional son mínimas porque

se halla ausente la confianza y no existe la expectativa sin cuyos principios una economía

basada en la libertad de iniciativa y de mercado no puede funcionar normalmente. Pero esa

desconfianza se basa principalmente en la carencia de horizonte, en la inseguridad de proyecto

de porvenir. Con una altísima cifra de trabajadores en paro en el país, somos numerosos los

que entendemos indispensable y urgente el relanzamiento, o la puesta en movimiento de un

plan de reactivación económica, seriamente estudiado y apoyado en datos y cifras reales. Ese

plan tiene una componente básica, que es su inspiración psicológica. Sin una firme fe por parte

de quienes lo patrocinen no cabe desencadenar en los demás entusiasmos colectivos y

colaboraciones masivas para salir del marasmo económico en que se halla nuestra producción,

ni para absorber sustancialmente grandes sectores del paro laboral, con especial atención

hacia el paro juvenil.

El propósito ha de ser rotundo. No confuso y reticente. España necesita hoy, con más

apremiante exigencia que nunca, saber cuáles son los caminos de futuro que se le ofrecen por

los diversos grupos o partidos políticos y decidir en consecuencia. Unas elecciones generales,

convocadas inmediatamente después de plebiscitada la Constitución, deben reflejar en sus

resultados los términos actuales de los sectores de opinión que existan en la radiografía

política. Las Cortes del 15 de junio habrán cumplido su función esencial dotando al país y a la

Monarquía de una Constitución democrática elaborada a lo largo de un año. Ahora, debe

empezar el rodaje de esas instituciones flamantes, previstas en el texto con una consulta

popular imparcial, correcta y pacífica. No creo que haya ningún grupo político importante que

se oponga a tan razonable sugerencia.

Al extinguirse en 1975 la vida del General Franco, se trataba de llevar a cabo el tránsito de su

régimen a una Monarquía constitucional de inspiración democrática y occidental. El proceso

entero ha sido muy largo —de casi tres años— pero ese retraso se ha debido a un conjunto de

circunstancias que no creo oportuno analizar aquí ahora. Ya estarnos llegando a la meta final

mayoritariamente solicitada. Mas, entretanto, la nación aguarda que los otros grandes

problemas sean encarados con eficacia, con energía y con un criterio definido. No,

necesariamente, con propósito de «consenso» que diluya en forma escandalosa lo que,

obligadamente, cada opción ha de exponer y tratar de hacer que se acepte por la mayoría de la

población española de hoy. En un sistema democrático no se opera, habitualmente, por

consenso, sino por disenso. Es decir, con un Gobierno que dirige, apoyado en el voto popular o

en la representación, mayoritarios, y en un disentimiento expreso de las minorías que son la

alternativa expectante del porvenir. El consenso es lo excepcional. Es decir, la unanimidad en

los principios que sostienen la cohesión de una colectividad: Unidad e independencia de la

patria; acatamiento de las formas constitucionales aprobadas; apoyo a los planteamientos

internacionales; defensa del patrimonio espiritual y cultural del país.

¿Cuál es la opinión de la mayoría numérica popular y electoral de la España de hoy? Pienso

que se inclina terminantemente a un modelo de sociedad no colectivista. En lo político, en lo

económico y en lo social.

El mayor número de ciudadanos quiere cambiar cuanto sea preciso para lograr una sociedad

más justa, más libre y más igualitaria, pero sin cambiar de sociedad. Desea mejoras sociales,

en muchos aspectos, radicales, pero no quiere llevar la guerra de clases al seno de la

estructura productiva. Quiere repartir equitativamente los bienes, pero aspira, ante todo, a que

se produzcan más bienes, a menos costo y de más alta calidad. Pretende que se defiendan los

valores por encima de los intereses y los sistemas productivos de la economía de mercado en

tanto que estén inspirados por el principio de libertad. No conoce ningún sistema de

colectivismo vigente en el mundo que no haya empezado por suprimir o restringir gravemente

las libertades civiles, empezando por el derecho a disentir. Afirma su voluntad de ascender en

la escala del progreso y de la renta nacional por habitante, del puesto que ahora ocupa, a

niveles más altos porque tiene conciencia de que España puede y debe dar el gran salto hacia

adelante para salir de la zona de sombra de la crisis y llegar al área soleada de la prosperidad.

Para lograr ese empeño, hay que unir en una estrategia electoral de largo alcance y autónoma

flexibilidad a cuantos partidos, grupos y sectores de opinión coincidan en esos criterios. La

mayoría de la población ha de convertirse, a través de la elección, en una mayoría

parlamentaria. En ella hay que asentar el día de mañana —un mañana que se encuentra a

pocos meses de distancia—un Gobierno que salga de la confusión del consenso y ofrezca una

imagen que devuelva la confianza a su electorado ya gran parte del país.

José María de AREILZA

 

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