Autor: Cuadra Fernández, Bonifacio de la. 
 La Comisión Constitucional dictaminó el proyecto de ley sobre los estados de alarma, excepción y sitio. 
 En el Estado de sitio, la autoridad militar asumirá las facultades extraordinarias de la civil     
 
 El País.    10/04/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 12. 

EL PAÍS, viernes 10 de abril de 1981

PARLAMENTO

BONIFACIO DE LA CUADRA

En el estado de sitio, la autoridad militar asumirá las facultades extraordinarias de la civil

La Comisión Constitucional dictaminó el proyecto de ley sobre los estados de alarma, Excepción y sitio

ha declaración del Estado de sitio —cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o algún

acto de fuerza contra la soberanía, dependencia, integridad territorial u ordenamiento constitucional de

España— implicará que la autoridad militar asuma las facultades extraordinarias que legalmente

corresponden a la civil en los estados de alarma y excepción. Este fue uno de los acuerdos más

importantes adoptados ayer por la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, que concluyó

el dictamen sobre el proyecto de ley que regula los tres estados citados y que se tramita por procedimiento

de urgencia.

La importancia de este acuerdo viene dada porque e! texto aprobado mejoró sustancialmente las

redacciones iniciales, tanto del Gobierno como de la ponencia. El proyecto de ley establecía que la

declaración del estado de sitio implicará «automáticamente la asunción, por la autoridad militar, de las

facultades que corresponde a la civil en los estados de alarma y excepción», En el informe de la ponencia,

aunque se había suprimido el término automáticamente, continuaba subyaciendo, a juicio de los grupos de

izquierda y nacionalistas, el peligro de que la autoridad militar (el comunista Solé Tura resaltó el hecho

de que esta autoridad figurara en el informe con mayúscula, mientras la civil constaba con minúscula)

asumiera en el estado de sitio todos Jos poderes de la civil, no sólo los excepcionales o extraordinarios.

En el debate de esle artículo, el diputado de Euskadiko Ezkerra Juan María Bandrés advirtió de los

peligros de que, a través del mismo, se produzca el suicidio colectivo de los demócratas y el fin de la

democracia. Recordó que en algunos países del Cono Sur, entre ellos Chile, para militarizar la vida civil y

conculcar las libertades no ha habido más que aplicar de una determinada forma las leyes elaboradas

ingenuamente por los demócratas. Pidió que sólo pueda declararse el estado de sitio en los casos de

«agresión exterior o inminente guerra». La enmienda fue rechazada con un solo voto favorable, dieciocho

en contra y diecisiete abstenciones.

Una enmienda comunista que solicitaba que se especificara e! carácter armado de la insurrección que

pudiera dar pie a la declaración del estado de sitio, fue rechazada por seis votos a favor (PCE, PNV,

Minoría Catalana, andalucisla y Bandrés), dieciocho en contra (UCD y CD) y doce abstenciones

(socialistas). El socialista Félix Pons explicó la posición favorable al texto transacional propuesto por

UCD para los artículos 32 y 33, porque no significaba, según dijo, «una.militarización indiscriminada»,

sino que establecían la plena subordinación de las autoridades militares a las civiles, «con atribuciones

tasadas».

El estado de excepción

La Comisión Constitucional inició ayer sus trabajos con el debate del articulo 23, relativo al estado de

excepción, que establece que la autoridad gubernativa podrá prohibir «las huelgas y la adopción de

medidas de conflicto colectivo cuando la autorización del Congreso comprenda la suspensión de los

artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución». El comunista Jordi Solé Tura se negó a dar un cheque en blanco

a la autoridad gubernativa y pidió que se añadiera que tal prohibición habría de realizarse «en los

términos especificados en el decreto». La «enmienda fue rechazada.

En el articulo siguiente, el socialista Félix Pons defendió que los extranjeros, transeúntes, residentes,

apatridas y refugiados queden sujetos «a las mismas medidas que los españoles», así como que el estado

de excepción no suspenda el derecho de asilo. Por UCD, Lorenzo Olarte aseguró que no se

puede equiparar los extranjeros y transeúntes con los españoles. El artículo fue aprobado según el informe

de la ponencia, con el empate a dieciocho votos (UCD y CD frente a los demás grupos), resuelto

medíame, el cómputo de los votos .representados por cada grupo, a favor de quienes votaron

afirmativamente el artículo.

F.n relación con el artículo 27, Marcos Vizcaya propuso que para el emplazamiento de puestos armados

en los lugares más apropiados para asegurar la vigilancia, se excluyeran los domicilios. Razonó su

propuesta en que el derecho a la inviolabilidad del domicilio puede suspenderse para efectuar un registro,

pero no para instalar un puesto armado.

Olarte propuso una enmienda transaccional consistente en introducir una frase según la cual se

procurarían «no afectar a la intimidad familiar». Esta propuesta suscitó un rechazo generalizado, ya que

de alguna manera se agravaba el precepto al consagrar legalmente la posibilidad de instalar puestos

armados dentro de los domicilios. El socialista Peces-Barba ironizó diciendo que parecía quererse excluir

la vigilancia armada «sólo en las alcobas matrimoniales». A propuesta del diputado de CD Antonio Carro,

se aprobó introducir al final del artículo ia referencia siguiente: «sin perjuicio de lo establecido en el

articulo 18.1 de la Constitución», que es precisamente el que garantiza el derecho al honor, a ia intimidad

personal y familiar y a la propia imagen.

Por el PNV, Marcos Vizcaya solicitó atribuir al (Gobierno en lugar de al ministro del Interior, las

facultades que el artículo 28 confiere para ampliar a las medidas del estado de excepción las del estado de

alarma. La enmienda fue derrotada con el único apoyo de las minorías nacionalistas, y la comunista con la

abstención socialista.

El papel del juez

El artículo 30, que prohibía al juez levantar la prisión provisional . decretada «mientras dure el estado de

excepción, salvo petición en contrario del ministerio fiscal», produjo la petición de Bandrés y del

socialista Leopoldo Torres de que fuera suprimido. .

El articulo fue finalmente aprobado, con la oposición de todos los grupos, salvo UCD y CD, con un texto

que mejora el de la ponencia, ya que establece que la prisión provisional decretada por el juez, oído el

ministerio fiscal, será mantenida «según su arbitrio, durante la duración (sic)» del estado de excepción.

Los últimos artículos del proyecto de ley y las disposiciones derogatoria y final fueron aprobados por

unanimidad. Durante la sesión, Juan María Bandrés advirtío que había presentado un escrito a la Mesa del

Congreso, solicitando que se anularan todas las actuaciones de la comisión, por no haber sido tramitada

su enmienda a la totalidad.

 

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