Autor: Areilza y Martínez-Rodas, José María de. 
 La reforma nacional (III). 
 El dinamismo interior     
 
 Blanco y Negro.    27/01/1973.  Página: 32-33. Páginas: 2. Párrafos: 9. 

LA REFORMA NACIONAL (III)

EL DINAMISMO INTERIOR

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HEMOS expuesto en anteriores artículos las líneas maestras que debían de

informar un Estado nacional con sustancia democrática y el cúmulo de mejoras

que son hacederas en el ámbito institucional, utilizando, sencillamente, el

margen de flexibilidad que dan las propias leyes, debidamente interpretadas.

Ahora quisiera examinar brevemente la dinámica interior española tal y como

aparece hoy ante el observador imparcial. Y deducir de ese panorama

consecuencias pragmáticas conducentes a la gran reforma.

España es una sociedad antes que un Estado

España está descubriendo, poco a poco, que es una sociedad antes que un Estado.

«En el seno de la intimidad del ser humano, el hombre nota hoy día que lo

estatal se halla en fuerte concurrencia con otras solicitaciones como son la

religión, la familia, la cultura, la técnica, la filosofía y la ciencia»,

escribe Michel Poniatowski, diputado independiente francés. El juicio puede

aplicarse también a nuestra colectividad. En su seno se adivinan, todos los

días, los ciento y uno síntomas de fermentación, de inquietud, de tensión, de

presiones, que caracterizan a un gran pueblo evolucionado, como el español,

sometido a los estremecimientos de un desarrollo rápido y, en buena medida,

desordenado e inconexo. Que este conjunto de «movimientos brownianos» de nuestra

comunidad prevalecerá a la larga sobre el dogmatismo del Estado es pronóstico

fácil de hacer. Más difícil será adivinar en qué medida todo lo que en esa

sociedad se agita puede ser utilizado como fuente de energía nacional para

buscarle mayor eficacia, más agudo realismo, más sincera credibilidad a las

tareas del Estado nacional. ¿Cuáles serían las mínimas aspiraciones que una

tendencia general reformista apoyaría en la opinión española? A mi entender, las

siguientes: Seguridad y promoción. Libertades y participación. Control del gasto

público y opciones elegibles por medio del parlamento. La «seguridad» alcanza a

un amplio espectro de actividades: empleo, retiro, vivienda, enfermedad,

educación, tiempo libre y vacación. La promoción social no es solamente el

apoyo directo o indirecto al cúmulo de talentos que pudieran malograrse en el

anonimato, sino, muy especialmente, la fluidez y la permeabilidad de los

estratos clasistas, para que no existan sedimentos berroqueños y medievales en

ciertos niveles de nuestra comunidad.

TRIBUNA POLITICA

Don José María de Areilza nos presenta, en su tercer artículo para "Tribuna

Política", un análisis de la dinámica interior del país, desde el punto de vista

de un observador imparcial. En sus dos trabajos anteriores, Areilza, primera

personalidad que presenta sus juicios en esta tribuna, habló de la significación

del Estado moderno, de las diferencias que existen entre monólogo y unidad,

entre crítica y hostilidad. También, de las fórmulas —a juicio del autor—

para acometer la reforma del Estado y la base legal por la que podría llevarse a

cabo. En nuestro próximo número se concluirá la serie con un estudio de la

situación interior española respecto al orden internacional y a las relaciones

de nuestro meridiano político con otros países y grupos multinacionales.

Señalo las libertades civiles y humanas como piedra básica de cualquier

reivindicación general. Pero consideradas no sólo como ejercicio garantizado

por la ley, sino como posibilidad de ejercer el mayor número de elecciones

voluntarias en el más extenso número de campos de actividad. La libertad de-

be ser el condimento universal de una sociedad democrática. El Estado

democrático podía definirse como «la libertad organizada». Junto a ella está el

tema de la participación o, en otras palabras, el hecho de estar asociado a las

decisiones y a la responsabilidad de las decisiones en cualquier nivel. Y esto

es aplicable no sólo a corporaciones, municipios, Cortes y Gobierno, sino, muy

significativamente también, a sindicatos y empresas de toda índole. Pero esa

participación sólo puede tener su apoyo en la autenticidad, es decir, en la

credibilidad de lo que se es o se represente, y digo esto pensando en el enorme

problema planteado en nuestro mundo laboral —trece millones de españoles

activos—, con las incidencias, los inconvenientes, las limitaciones y los

contratiempos que todo el mundo consabe.

Control del gasto público y papel del Parlamento

Y venimos al control del gasto público y al papel del parlamento. La asignación

del dinero público a las distintas opciones posibles para el porvenir y el

desarrollo económico y social del país es uno de los temas neurálgicos del

Estado moderno. Pero, junto a esa trascendental decisión, ocurre, asimismo,

que el control de ese "gasto ha de ser implacable, abierto y objetivo, para que

el rigor fiscal pueda ejercerse en las recaudaciones de ese mismo dinero. «Los

defraudadores del fisco, a la cárcel», titulaba con sensacionalismo, hace poco,

una revista, al último discurso del fiscal del Supremo sobre el tema. El

principio es sólido y justo, pero incompleto. Hay que tener el mismo rigor para

los que defraudan al fisco y los que defraudan el gasto público. Contra el que

falsea u oculta las declaraciones y contra el que maneja los fondos estatales

sin dar cuenta y razón del último centavo empleado al último ciudadano que así

lo exija.

Y esto nos lleva al tema del parlamento, del órgano fiscalizador por excelencia

del poder ejecutivo. Contra lo que una necia propaganda nos quiere hacer creer,

los parlamentos tienen un relevante papel en los Estados modernos, no

totalitarios. Su función es indispensable no sólo como foro abierto

de opiniones, sino como freno y vigilancia de! poder gubernativo. Ahora

bien, para que esa tarea se lleve a cabo es necesario que el origen del

parlamento sea autóctono, independiente y en definitiva, popular. Un parlamento

cuyos miembros hubiesen sido designados en gran parte por el propio Gobierno

sería una ficción ridícula, destinada al «autocontrol» de sus actos. Que las

Cortes necesitan ser revisadas en su estructura íntima s. la luz de ese criterio

parece una verdad inconcusa si se quiere realzar su papel. Que el ideal sería

hacerlas enteramente populares en su origen, bien por la vía directa del

sufragio o bien por la vía indirecta de municipios, provincias y sindicatos,

sería un «desiderátum» de muy extendida aprobación. Que debiera existir una

radical incompatibilidad entre funcionarios, administradores y procuradores

parece innecesario añadirlo. Nada de ello es imposible de lograr en el seno

de la ordenación institucional presente, debidamente reformada.

Quedan planteados en el seno de la España actual sinnúmero de problemas.

Muchos derivan del proceso crítico general de la sociedad misma sujeta a

análogos estímulos y presiones que las demás comunidades del Occidente des-

arrollado. El Estado autoritario, paternalista y centralizador, revestido de una

burocracia endiosada cuyo símbolo arquetípico era, quizá, la Francia republicana

de las III y IV Repúblicas, atraviesa una honda crisis que se basa,

sobre todo, en su inadaptación a la rápida mutación de la sociedad moderna.

La contestación y rebeldía es general, y la sociedad se ocupa en muchos casos

de sus propios problemas frente, o al margen, del Estado. Es curioso observar

que el tan criticado Estado liberal —Norteamérica, Gran Bretaña, Escandinavia—

demuestra tener mucha mayor capacidad de adecuación a los problemas cambiantes

que el Estado totalitario —U. R. S. S., Europa del Este—, en cuyos países la

distonía sociedad-Estado acabará liquidando las formas despóticas de este

último. Parejamente existen crisis en la Universidad y en el ancho campo de las

relaciones del trabajo y de la producción. La Universidad, aparte de los

problemas creados por su masticación, no debe olvidar su contenido

institucional, que sirve a la reflexión crítica y a la cultura general

para no caer en corporación utilitaria al servicio de la cultura de la ciase

dominante. En el orden laboral, aparte de las negociaciones salariales, que

constituyen hoy el grueso de la política social, existe un clima latente de

profunda y universal inquietud, motivado por las nuevas condiciones tecnológicas

y tecnocráticas de las empresas. Los movimientos tradicionales del marxismo han

que-dado convertidos, en Europa, en compactas y masivas organizaciones, con

estrategia política partidista, desbordada por nuevos planteamientos del sector

obrero hechos en función no sólo de lo que está ya institucionalizado —como los

convenios colectivos—, sino de la dialéctica frontal con el entero orden

establecido. Y es necesario tener la sensibilidad bien alerta, porque se puede

afirmar que la política del futuro tendrá dos signos predominantes sobre los de-

más: lo social y lo cultural.

Ninguna inquietud legítima debe quedar marginada

De todo ello ofrece rico y variado muestrario España, en la hora presente.

Ninguna inquietud legítima que palpite en el seno de nuestra sociedad debe

quedar marginada, ni olvidada, y menos aún se le debe imponer el marbete de

subversiva porque no encaje en el «clisé» mental de los años treinta. El

dinamismo interior, con su abigarrado cortejo, hay que convertirlo en potencia

de hispanismo, en multiplicador de nuestra personalidad, ya sea en el área

cultural, regional, laboral, económica o estrictamente política. Los tiempos que

vienen son —ya lo sabemos— de información y de ordenadores y sin ese

instrumental no podrá haber gobierno efectivo, ni desarrollo conveniente, ni

parlamento fiscalizador, ni emancipación social auténtica. Mas ello no quiere

decir que pericliten los valores humanos. Antes, por el contrario, hay que

cargar el acento en la libertad del hombre, en su albedrío, en la justicia

distributiva y en la cultura como forma de elevación del espíritu. Una reforma

nacional debe hacer de esos objetivos y de su robustecimiento afanes

prioritarios para la próxima década.

José María DE AREILZA

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