Autor: Cuadra Fernández, Bonifacio de la. 
 Aprobado el proyecto de ley sobre bandas armadas. 
 La UCD aceptó la supresión del delito de terrorismo     
 
 El País.    23/09/1978.  Página: 13. Páginas: 1. Párrafos: 16. 

EL PAÍS, sábado 23 de septiembre de 1978

POLÍTICA Pleno del Senado

Aprobado el proyecto de ley sobre bandas armadas

UCD aceptó la supresión del delito de terrorismo

BONIFACIO DE LA CUADRA

El delito de terrorismo quedó excluido ayer por el Pleno del Senado de aquellos a los que serán aplicables

las disposiciones del proyecto de ley sobre medidas en relación con los delitos cometidos por bandas

armadas. Los grupos de oposición del Senado se manifestaron en contra de la inclusión de este delito, por

considerarlo incongruente con la propia voluntad del Gobierno de extirpar del Código Penal la alusión al

terrorismo, evitando la politización de las conductas tipificadas y limitando los tipos penales a

actuaciones objetivables. UCD aceptó esta supresión, si bien el texto aprobado alude al «carácter

terrorista» de las bandas armadas a las que pertenezcan quienes cometan los delitos objeto de la ley.

De los cuatro votos particulares formulados al artículo primero del proyecto de ley, en el qué la fuerza de

lós: votos dé UCD había introducido, en la Comisión de Justicia e Inferior del Senado, el delito dé

terrorismo, el grupo gubernamental aceptó la de los Progresistas y Socialistas Independientes (PSI), que

añadía él delito de mutilaciones entre íos objetos de la ley, y agregaba un calificativo á los grupos

organizados y armados: el de que sean «de carácter terrorista».

En cambio, fue rechazado el yo to particular dejos Senadores Vascos, que exceptuaba de la aplicación de

la ley «los delitos culposos y conexos culposos» y ofrecía una definición del grupo organizado o armado

como «asociación de dos o más personas concertadas para la realización de los expresados hechos

delictivos con móviles o procedimientos terroristas y los que, sin estar integrados en la organización,

actúen por precio al servicio de la misma o requieran de ésta sus servicios con tal finalidad».

Asimismo, el voto particular del Grupo Socialista, en el que, además dé suprimirse la alusión al

terrorismo, se pedía la supresión del párrafo que considera aplicable la ley no sólo a quienes cometan los

delitos citados, sino también «a los pertenecientes a dichos grupos», fue igualmente rechazado. UCD, que

en principio pareció inclinarse a favor del voto particular de la Entesa dels Catalans —que se limitaba a

solicitar la supresión del término terrorismo—, terminó aceptando el del PSI, más correcto técnicamente y

debido, según informó él portavoz del grupo, Manuel Villar, al penalista Enrique Gimbernat.

En defensa del texto del dictamen, el senador de UCD, Cecilio Valverde aludió a la actitud favorable al

proyecto de ley del Gobierno por parte de los socialistas, en el Congreso, a pesar de las enmiendas de que

le hicieron objeto después en el Senado. Mostró su irritación ante las críticas, que habían suscitado en

cierta prensa la introducción del término terrorismo —aludió concretamente a un editorial titulado El

terrorismo y el Senado— y terminó reconociendo que su grupo había reflexionado y aceptaba la supresión

de ¡a palabra. Justificó la introducción en la legislación vigente, que en breve plazo suprimirá de los

textos penales la alusión al terrorismo.

De entré las intervenciones de los portavoces de los grupos contrarios a la tipificación en la ley a debate

del delito de terrorismo, destacó la del presidente de la Comisión de Justicia e Interior, el socialista

Gregorio Peces-Barba del Brío, quien señaló la conveniencia de que desaparezcan de la legislación todos

los tipos de delito sobre terrorismo, que deben quedar sujetos al carácter penal común. Defendió sin éxito

la supresión del párrafo que permite la aplicación de la ley a quienes pertenezcan a los grupos

organizados o armados objeto del proyectó de ley,

Registros domiciliarios

Otro tema del proyecto de ley en el que los socialistas expresaron su oposición fue en su intento de que

fuera suprimido el artículo tercero, en el que sé establecen facilidades para el registro domiciliario sin

previa autorización judicial. El texto aprobado establece el carácter flagrante de los delitos comprendidos

en esta ley y la obligación del ministro del Interior de comunicar inmediatamente al juez competente el

registro efectuado, las causas que lo motivaron y los resultados del mismo.

El senador socialista Joaquín Navarro aseguró que e! artículo significaba una vejación para el juez, a

quien no se le permite intervenir en los registros domiciliarios. También el senador vasco J uan María

Vidarte se opuso al artículo, que extiende desmesura damente el concepto de flagrancia y suprime la

seguridad jurídica.

: La votación de este artículo registró ochenta votos en contra de los votos particulares socialista y vasco

(UCD y los senadores de designación real Luis Sánchez Agesta, Julián Martas, almirante Gamboa,

teniente general Salas Larrazábal y Jaime Carvajal, 62 a favor (socialistas, PSI, Entesa, Senadores Vascos

y señor Xirinacs) y seis abstenciones (correspondientes a senadores reales). El texto del dictamen de la

comisión fue aprobado por 88 votos a favor (UCD y senadores de designación real), 64 en contra

(Socialistas, PSI, Entesa y Vascos) y una abstención (senadora de designación real Gloria Begué).

En la discusión del artículo cuarto, los socialistas, por boca de Francisco García-Borbolla, y los vascos, a

través de Juan María Vidarte, se opusieron a que entre las personas para las que el Ministerio del Interior

pueda ordenar la observación postal, telegráfica y telefónica, se incluya a las que se estime que

racionalmente pueden estar relacionadas con los grupos armados.

Por último, en relación con el artículo quinto, que establece la competencia exclusiva de los juzgados

centrales de Instrucción y de la Audiencia Nacional en los delitos y conductas previstos en la ley a debate,

el socialista Joaquín Navarro volvió a insistirán la conveniencia de hacer prevalecer la jurisdicción del

juez natural, excepto cuando el delito de que se trate afecte al territorio de dos o más audiencias

provinciales. El voto particular socialista fue rechazado.

Bandrés y Martín Villa se llamaron "caballeros"

El Pleno del Senado decidió ayer —con la Oposición de los socialistas y de varios senadores de designa

ción real— crear una comisión de investigación sobre las intervenciones de las centralitas telefónicas de

las cinco consejerías del Consejo General Vasco de San Sebastián, eventualmente ampliable —en virtud

de una solicitud de UCD en trámite— al tema general de las escuchas telefónicas. El debate sobre este

tema dio ocasión a un nuevo diálogo entre Juan María Bandrés y Rodolfo Martin Villa, en el que ambos

se llamaron mutuamente caballeros.

"La petición gubernamental de que fuera creada la citada comisión investigadora fue apoyada por el

grupo de UCD.

El socialista Juan José Laborda señaló que el Senado no está para decidir si el mentiroso es un

determinado senador o el ministro del Interior, sino que debe estudiar el tema a fondo. De acuerdo con

este criterio, los socialistas votaron en contra de la constitución de la comisión, junto a los senadores de

designación real Gloria Begué, Alfonso Osorio, y almirante Gamboa.

Juan María Bandrés expresó su apoyo a la comisión y su solidaridad con el ministro del Interior y otros

ministros que también habían sido objeto de escuchas, según había informado la prensa, Pidió que el

señor Martin Villa se situara entre las víctimas de las escuchas y retirara, como caballero que es, las

palabras objetivamente ofensivas que pronunció en un Pleno del mes de agosto.

El ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, devolvió el calificativo de caballero al señor Bandrés y se

reafirmó en que merecía el adjetivo de mentiroso de que le hizo objeto, porque ni el Gobierno ni la policía

eran responsables de las acusaciones hechas por el senador vasco.

 

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