Autor: Areilza y Martínez-Rodas, José María de. 
   Generalizar las elecciones     
 
 El País.    27/10/1976.  Páginas: 1. Párrafos: 12. 

EL PAIS, miércoles 27 de octubre de 1976

TRIBUNA LIBRE

Generalizar las elecciones /2

JOSE MARIA DE AREILZA

Se habla sin cesar de las futuras elecciones, de alianzas electorales, de resultados numéricos, de la

eventual consulta y de los métodos o normas para llevarla a cabo. En una reciente encuesta, una decena

de personalidades políticas afirmaban o aventuraban pronósticos y porcentajes que sonaban, a mi

entender, como ejercicios de adivinación en un escenario de política-ficción. Porque las preguntas previas

son: ¿Qué clase de elecciones van a celebrarse? ¿Cuándo tendrán lugar? ¿Qué especie de garantías van a

establecerse para defender con ellas la sinceridad del sufragio?

Somos muchos en la derecha, y son casi todos en la izquierda, quienes pensamos que el tiempo apremia y

que lo que pudo ser un intento oportuno hace ocho o nueve meses —la reforma de algunos aspectos de las

leyes fundamentales del sistema franquista— está ya desbordado por las exigencias de la realidad social y

popular. El ritmo de la evolución de la mentalidad política en España ha sido, desde el 20 de noviembre

de 1975, vertiginoso. La iniciativa del Gobierno Arias, del que formé parte, era posiblemente la más

viable en aquellos instantes iniciales de la Monarquía. A pesar de su prudente magnitud, no logró sortear

los obstáculos que el sistema fenecido través de sus mecanismos institucionales, le fue oponiendo

tozudamente. Hoy, al cabo de once meses de la desaparición de Franco, la necesidad de elaborar y

aprobar una constitución para regalar la vida pública de los españoles, salía a la vista. Lo que España no

tiene es precisamente una Constitución que corresponda a las realidades políticas, económicas y sociales

de 1977. Y por muchas habilidades profesorales que se quieran exhibir, la reforma actual en sí, no

presupone establecer una nueva Constitución, sino crear dos Cámaras, una elegida por el sufragio

universal directo y secreto y otra —el Senado— elegida por la representación de entidades territoriales, o

en otras palabras, por sufragio condicionado. De suerte que el hipotético Congreso de Diputados futuro no

sería, en esencia, un Congreso constituyente, sino una de dos Asambleas o Cámaras que eventualmente

podría, dentro de ciertos límites y normas, tomar la iniciativa de reformar nuevamente las Leyes

Fundamentales. Todo ello si antes, en el camino, y a su paso por las actuales Cortes, el proyecto de

reforma política del Gobierno, no es sustancialmente enmendado hasta convertirlo en una pura

continuidad orgánica y antidemocrática. Hablar de elecciones es, pues, a mi entender, una locución

equívoca y prematura. Si las elecciones hubieran de servir para justificar simplemente una comedia

democrática a sabiendas de que al final se hallaba montada una gigantesca trampa en la que aparecían,

otra vez, el Senado orgánico; el Consejo Nacional, incrustado en él; los cuarenta redivivos en su seno y el

franquismo político instalado en el sistema con el habitual papel obstaculizador que conocemos, no

merece la pena considerar el caso de unas elecciones. Entiendo que se trataría de un amaño tan notorio

que ningún grupo democrático del país entraría en el juego, y la gran mayoría de la opinión denunciaría el

intento como una gran ficción. Pienso que las garantías electorales deben explicitarse para la concurrencia

a Cortes constituyentes, cuya convocatoria puede y debe obtenerse por el Gobierno con un referéndum de

arbitraje democrático prospectivo en que se pregunte al país si quiere que el Gobierno las convoque

inmediatamente. Tal consulta es legalmente viable y está dentro de los planteamientos constitucionales

vigentes. No se trata, pues, ni de golpismo, ni de rupturismo. Sino de aplicación y utilización estricta de

unos artículos contenidos en las leyes. Decir que, cualquiera qué sea el sistema o procedimiento o el

alcance electoral de la convocatoria, las primeras Cortes que se elijan serán, en cualquier caso,

«constituyentes», es posible que sea cierto, pero envuelve por eso mismo un riesgo evidente para los que

participen en la consulta, a no ser que se garanticen unas mínimas condiciones para el desarrollo de la

misma. Y esas garantías deben ser negociadas por todos los participantes, con el Gobierno de la

Monarquía.

La ocasión es insólita y por ello resulta necesario acudir al insólito recurso de pactar con el Gobierno los

términos de la Ley o normas electorales y, lo que es tan importante —y acaso más todavía—, las

circunstancias de la campaña misma que ha de preceder al comicio, La primera ha de ser la neutralidad

del Gobierno, aunque ya sabemos que ello no es nunca cierto del todo y que existe inevitablemente un

favoritismo o parcialidad, incluso en el más aséptico de los Gabinetes imaginables. Pero de ahí a la

existencia de las manipulaciones, de los repartos dé actas o de los pucherazos, más o menos electrónicos,

existe un ancho campo que convendría dejar neutralizado. Si el Gobierno no ha de ser indiferente en la

lucha, tenga al menos ancho consenso de Habilidad entre los que participen.

Y he aquí una serie de sugestiones sobre el tema que me parecen condicionantes y previas:

a) El efectivo y plenario ejercicio de las libertades civiles en el más amplio sentido del término, con

derogación de aquellos preceptos o situaciones legales que sean incompatibles con ése indispensable

ámbito de libertad.

b) Unas normas claras y precisas sobre el uso de los medios de comunicación masivos,

especialmente la televisión y la radio.

c) Resolver el problema que plantea la inequívoca filiación partidista de gran parte de los

gobernadores civiles, alcaldes y presidentes de Diputación.

d) Inhibición decretada del Movimiento y de sus organizaciones políticas, sociales y

propagandísticas en la contienda electoral.

e) Establecer un nuevo estatuto asociativo de partidos políticos que permita su legalización sin

excepciones.

Entiendo que el sentido de responsabilidad y de moderación que inspira en los actuales momentos a la

mayoría de las fuerzas políticas importantes de España, de derecha a izquierda, es patente y visible cada

día con mayor claridad. Empeñarse en discutir problemas de semántica entre vocablos contrapuestos,

como «perfectibilidad», «reforma», «ruptura», y extender esa polémica a los adjetivos «pactada» o

«negociada», me parece un ejercicio de futilidad verbal. Además se cae con frecuencia a través de esa

discusión, en simplificaciones excesivas que acaban en caricaturas del adversario, lo que impide, en

último término, el diálogo constructivo y el entendimiento.

Las elecciones deben ser limpias, sin coacciones ni manipulaciones. Las Cortes deben ser constituyentes.

La Constitución aprobada debe hacerse teniendo en cuenta las realidades políticas, económicas y sociales

de la España del 77.

 

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