Autor: Areilza y Martínez-Rodas, José María de. 
   Liquidar la corrupción     
 
 El País.    30/10/1976.  Páginas: 1. Párrafos: 8. 

TRIBUNA LIBRE

Liquidar la corrupción / y 5

JOSE MARIA DE AREILZA

La corrupción es un tema manoseado y favorito de mucha gente. No hace mucho arremetió con

penetrante intención la pluma de Luis María Ansón contra su persistente y generalizada vigencia. Hay

quien supone que atacar a la corrupción producirá óptimos dividendos electorales, teniendo en cuenta el

clima encendido que se mantiene en torno a la cuestión en la opinión pública. El asunto «Lockheed», que

ha saltado de modo preponderante a las páginas de la actualidad, no es sino un exponente de esa

sensibilización popular. Hay una extendida sospecha de generalizada y universal corrupción en el sistema,

a la que, incluso, hacen alusión las celebradas «Memorias» de los generales Franco. ¿Existe todavía entre

nosotros esa corrupción global? ¿O son los españoles, como pueblo, más proclives a caer en la tentación

de peculado que el resto de los mortales?

Pienso que el español no es más ni menos honesto que los demás pueblos evolucionados. El porcentaje de

gentes indeseables o de bribones que de nuestro pueblo, no es superior, ni inferior, al dé cualquier otra

nación de la Europa occidental. España está formada por una inmensa mayoría de gente decente en

cualquiera de las clases sociales que la componen. La corrupción evidente, que ha sido una de las

tremendas lacras sociales de los últimos años, ha tenido su origen en la estructura y en el funcionamiento

del sistema político y no en la idiosincrasia de los ciudadanos.

El poder fue ejercido durante cuarenta años sin un verdadero sistema físcalizador de la sociedad. Operaba

sin límites en su arbitrario ejercicio y ni siquiera la existencia de unas Cortes franquistas sirvió para

contrastar realmente las áreas del ejecutivo. Las aprobaciones del presupuesto eran simples cajetines

favorables, que jamás plantearon una cuestión o demandaron aclaraciones a los planes de la

Administración, ni a sus gastos, ni a sus cuentas. La zarabanda de miles de millones de dispendio público

pasaba por las comisiones y los plenos en medio del sesteo general. Pues si tal era el talante del

Parlamento orgánico, ¿cuál iba a ser el de otros organismos y corporaciones subalternos como

Ayuntamientos y Diputaciones? Nadie controlaba de un modo riguroso ningún gasto del poder desde la

sociedad.

Y esta es la clave y la raíz original del tremendo mal. La coacción moral de una sociedad libre, con alto

nivel real de crítica informativa, es el mejor —y a veces el único- antídoto contra la corrupción. Que las

cosas lleguen a saberse y a publicarse es el freno auténtico que existe contra la inmoralidad

administrativa. Mientras un sistema funcione escondido tras las murallas del misterio, de la lejanía y de la

omnipotencia del poder, la picaresca brotará dentro de él como sarpullido natural debido a la falta de

ventilación. Las licencias, las adjudicaciones, los concursos, los permisos, las transferencias, las

comisiones, las subastas, las adquisiciones, todo el engranaje gigantesco de una administración no

sometida al riesgo de la crítica ni de la noticia pública han amontonado en estas décadas toneladas y

toneladas de favoritismos, combinaciones, circuitos cerrados, correas transmisoras, monopolios, carteles,

tinglados y cifras astronómicas de beneficios acumulados. Pero en cualquier país de cualquier continente,

un sistema parecido hubiera dado exactamente los mismos resultados. La naturaleza humana es

profundamente igualitaria en sus flaquezas y en sus reacciones.

¿Cómo liquidar la corrupción y hacerla desaparecer de nuestra vida pública? ¿Hay que denunciar ¡os

casos más flagrantes y conocidos? ¿Hay que crear comisiones investigadoras para que analicen

exhaustivamente los oscuros túneles del latrocinio público? Tengo escasa fe en tales procedimientos y

pienso que conducirían a soluciones demagógicas de poca o ninguna, eficacia. Lo importante, lo decisivo,

es cambiar el sistema y llenar de claridad informativa y de conciencia crítica el ámbito de la

administración, el manejo de los Caudales públicos, la justificación del gasto presupuestario y todas las

decisiones del poder que envuelvan repercusiones económicas. El programa económico para la

democracia ha de exigir transparencia en la conducta, hasta la exageración. Los países de sistema

democrático, sin excepción, se caracterizan por llevar hasta el límite y aún más allá de lo que parece, a

veces, razonable, su escalpelo crítico, como puede verse a diario en los Estados Unidos, en Holanda y en

Gran Bretaña, por no citar sino tres ejemplos de reciente actualidad.

Liquidar la corrupción no es tanto iniciar un proceso gigantesco contra los corruptos, hipótesis

probablemente inviable, sino poner inmediatamente en práctica el nuevo clima administrativo, sin

triunfalismos de poder en supuestas decisiones inapelables. Aquí se ha de saber sin trabas ni restricciones,

y, cuanto más, mejor. La corrupción retrocederá a medida que vaya entrando la luz en los establos de

Augías que tanto trabajo costó limpiar al gigante Hércules.

A una administración transparente no contagiará fácilmente la universal epidemia. Pero esa luz la tiene

que procurar, sobre todo, la crítica informativa y los medios de comunicación independientes, además de

los parlamentos y corporaciones elegidas por el sufragio popular.

La corrupción es un resultado, no un punto de partida. Nadie sale de casa para iniciar la guerra de los

treinta años. Ningún empresario, o ejecutivo, o ciudadano, o comerciante, o industrial se propone «a

priori» corromper a un funcionario o comprar sus decisiones. Tampoco es cierto que los hombres que

encarnan físicamente a las Administraciones públicas sean fáciles al soborno. La inmensa mayoría de

nuestros funcionarios son totalmente inasequibles a esa clase de manejos. Lo que ha sido hasta ahora

inmoral y ha forzado a muchos —de uno y otro lado de la ventanilla— a caer en el vicioso sistema ha

sido el sistema mismo, con sus arbitrariedades, sus secretos, su inapelabilidad, sus tremendos malos

ejemplos en los pisos superiores del edificio. Eso es lo que tiene radicalmente que modificarse para hacer

posible el logro de la democracia.

¡Ah!, ¡sí! Y estoy de acuerdo en que una amnistía total alcance, como su nombre indica, a todos los

delitos borrando la memoria de su existencia. Pero, eso sí, mirando al mañana, bien está que haya

«borrón», pero no empecemos nunca más con una «cuenta nueva».

 

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