Autor: Areilza y Martínez-Rodas, José María de. 
   Las llaves de la democracia     
 
 El País.    07/07/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 13. 

EL PAIS, jueves 7 de julio de 1977

POLÍTICA

TRIBUNA LIBRE

Las llaves de la democracia

JOSE MARIA DE AREILZA

El camino hacia un sistema democrático en nuestra vida pública se halla abierto y tiene ante sí un campo

de actuación decisivo: las próximas Cortes que fueron elegidas el 15 de junio por el voto popular.

Congreso y Senado se han de enfrentar, en primer término, con el gran problema de dotar a España de una

Constitución nueva que sustituya al desordenado vacío institucional en que ahora se encuentra el país,

después de la liquidación parcial de las llamadas Leyes Fundamentales y la falta de contenido real de las

que subsisten —como un llamativo anacronismo— en el seno de la nueva sociedad española.

Siempre pensé que estas Cámaras deberán tener carácter constituyente, lo cual no es un capricho

semántico, sino una razón profunda de carácter decisivo. Unas Cortes constituyentes, son, mientras dure

su condición de tales, las depositarías de la soberanía popular. Y en tanto que resida en ellas esa

atribución, les corresponde forjar el entramado jurídico sobre el que ha de asentarse la convivencia

política de los españoles en el futuro y el cuadro general de las relaciones de poder.

La Constitución que las Cortes elaboren y aprueben debe corresponder en su esencia a una realidad a la

que aquélla debe servir: la de la España moderna. Hay una comunidad que se abre paso y que exige ser

reconocida como protagonista del mañana inmediato. Es un pueblo que tiene características bien

definidas. Es mayoritariamente industrial y urbano, no rural. Es alfabeto y tiene conciencia crítica, cada

día más despierta y exigente. Tiene una renta anual por habitante de 3.000 dólares. Es juvenil en su

inmensa mayoría. Es consciente de su responsabilidad y enemigo de toda violencia. Pero está decidido a

hacer valer su voz y su voto activo en la gestión del negocio público. Tal es la España que tenemos ante

nosotros. Tal es el país al que es preciso ofrecer esa nueva Constitución.

Clave del arco de ese edificio que tratamos de levantar, entre todos, es la Monarquía. Muchos de los que

profesamos desde siempre una pública inclinación hacia esa forma de gobierno en España, por suponerla

conveniente para los intereses nacionales, propugnamos asimismo una interconexión profunda entre el

principio de la soberanía popular, base de todo sistema democrático, y la Corona, como instancia suprema

arbitral, pero manteniéndose ésta estrictamente neutral frente al contexto de la sociedad política. O en

otras palabras, deseamos de forma inequívoca una monarquía constitucional para rematar formalmente la

cúpula del Estado democrático.

Explicar lo que es una monarquía constitucional en el uso moderno del término parece innecesario por

demasiado conocido. En la Europa occidental quedan vigentes siete monarquías, todas ellas

constitucionales. En las siete, los monarcas —tres son varones y cuatro mujeres— no gobiernan, pero

reinan. Es decir, no dirigen la política, ni interior ni exterior, lo que corresponde a los partidos de la

sociedad civil y a los órganos ejecutivos de gobierno y a las asambleas parlamentarias. Se centra, en

cambio, el papel del rey en funciones de representación simbólica e histórica; en aparecer como el eje de

la cohesión social; en ser el ejemplo de las estructuras familiares; en asumir el mando supremo de las

fuerzas armadas y en representar el amparo justiciero de la totalidad de los ciudadanos. En España

podemos añadir a esas características la de que la Corona sirva también para neutralizar las pasiones

políticas de los españoles proclives a la exaltación y al extremismo.

Nuestra Monarquía hubo de asumir su legalidad de origen en el tránsito final del franquismo. Heredó las

funciones y poderes de la Corona tal y como vienen contenidos en las Leyes Fundamentales que tratan

específicamente de la cuestión. La Corona ha sabido no sólo ser el motor del cambio hacia el sistema

democrático, saliendo al encuentro del mayoritario deseo del pueblo español en esa dirección, sino que ha

utilizado con inteligente discreción esas facultades singulares y excepcionales de que está legalmente

investida todavía, para acelerar el proceso de transición. Pero una vez alcanzadas las instituciones

democráticas definitivas, el Rey debe ser inequívocamente un rey constitucional, y sus poderes y

facultades, análogos, en esencia, a los de los monarcas de la Europa occidental, ejemplares todos ellos en

su escrupuloso apartamiento de toda actividad directa de gobierno, interior o exterior.

Bien es cierto que hay otro tipo de monarquías vigentes en el contexto internacional, como son las

islámicas, la de Marruecos, la de Jordania, la de Arabia Saudita y la de Irán, por ejemplo. En esos países,

las funciones del monarca son considerables y su intervención en el gobierno y en la política son, por

decirlo así, totales. Sin ánimo de ignorar la muy importante tarea que esos sistemas realizan en sus

naciones respectivas, creo que sería impensable orientarse hacia esos modelos a la hora de redactar en

España los textos constitucionales de nuestra Monarquía democrática.

Junto a esa prioritaria labor que ha de corresponder a las Cortes, es evidente que no podrán ni Congreso ni

Senado ser indiferentes a la grave situación económica del país, que no ha sido encarada desde 1973 por

nuestros Gobiernos, por razones o pretextos dé todos conocidos. En algunos aspectos, reflejados en cifras

y estadísticas alarmantes, como son la inflación, el paro y el endeudamiento externo, estamos llegando a

situaciones límites de las que luego será difícil salir hacia la recuperación y la normalidad. El Parlamento

no puede olvidarse de esa dura y amarga realidad. Sin una solución o un intento a gran escala de

buscar una salida, la transición democrática se vendría abajo, entera, pues estaría asentada sobre arena

movediza. Hay que intentar, por consiguiente, el planteamiento de ese difícil problema en términos

realistas.

Creo que empieza una etapa en nuestra política, en la que la ideología y la retórica deben dejar paso a la

concreción y a la responsabilidad. Ante la necesidad apremiante de hacer frente al marasmo económico

social, es preciso analizar objetivamente el punto neurálgico que condiciona, a mi entender, cualquier

propósito de solución. Si ese nudo no se corta, no se podrá deshacer la madeja. Si no desaparece la

estrecha vinculación que todavía hoy confiere ala oligarquía del poder financiero del régimen pasado una

decisiva intervención en las palancas del mando económico estatal, no habrá manera de llegar a un

entendimiento o pacto o tregua social de ninguna clase por imposibilidad de principio, precisamente

basada en la filosofía de quienes detentan todavía ese poder y ese mando.

El Estado español es actualmente un instrumento activo de regulación e intervención en la economía, con

un protagonismo creciente, realizado por vía directa e indirecta. No es un Estado indiferente ante los

problemas de esa índole como el antiguo Estado liberal. De ahí que su auténtica imparcialidad para llevar

a cabo cualquier programa de gran envergadura de saneamiento financiero y económico sea condición

indispensable y previa. Pero el hecho en sí, de la contextura especial en que se mueven las coordenadas

del poder económico del franquismo, con sus viejos hábitos todavía vigentes y sus circuitos vinculantes

que conectan los altos niveles de los más cerrados círculos financieros con el núcleo de expertos, y a

veces de los funcionarios, situados en los puntos más neurálgicos de la maquinaria estatal, condiciona de

un modo implacable el que un plan pueda ejecutarse en serio, sin frenos, cortapisas o engaños.

Desmontar esa superestructura —quizá la más resistente en razón a los grandes intereses que maneja— es

una tarea delicada e importante que, por supuesto debe hacerse sin una sola concesión a la demagogia y

en razón solamente a ser un impedimento obstativo a la solución global de la crisis. Nada de ello tiene

que ver con los legítimos intereses de la burguesía industrial, ni de la clase empresarial, ni de la ancha

zona de la clase media española, que deben colaborar como activos participantes en cualquier acuerdo

general para superar la dramática situación presente.

Las llaves de la democracia son múltiples, porque el camino es largo y los portones que es preciso abrir y

cruzar son numerosos. Entre ellos figuran esos dos: Monarquía constitucional y eliminación del obstáculo

funcional que supone la perenne infiltración de ia oligarquía del pasado en las palancas del poder

económico del Estado. Tales objetivos, juntamente con las próximas elecciones municipales, garantizarán

el rodaje plenario de la democracia y la posibilidad cierta de superar la crisis económica con fórmulas de

eficacia colectiva y responsable.

En resumen: Se trata de hacer posible la España moderna. Hay que modernizar el Estado. Modernizar la

sociedad. Y modernizar la economía. Tal es el verdadero programa para llegar a la democracia. Ese

programa no es ni de centro derecha ni, por supuesto, de centro izquierda. Eso no son más que etiquetas

nominales que no engañan a nadie. Derecha, izquierda y centro, como representantes de tendencias de

opinión de la sociedad, deben ocupar sus espacios respectivos, sin que nadie trate de irrumpir en el lugar

de los demás. Las llaves de la democracia suponen autenticidad para que el esfuerzo común pactado entre

todos responda a un equilibrio y a unas relaciones de poder entre las fuerzas que de verdad surgen de la

energía social de esta España que se abre paso con ritmo acelerado hacia el futuro.

 

< Volver