Autor: Luca de Tena y Brunet, Guillermo. 
 José María de Areilza analiza la situación política y económica, en entrevista concedida al director de ABC. 
 Nos hallamos ante una crisis de estado     
 
 ABC.    17/11/1977.  Página: 7. Páginas: 2. Párrafos: 70. 

ABC. JUEVES, 17 DE NOVIEMBRE DE 1977. PAG. 7

JOSE MARIA DE AREILZA ANALIZA LA SITUACION POLITICA Y ECONOMICA EN

ENTREVISTA CONCEDIDA AL DIRECTOR DE ABC

"NOS HALLAMOS ANTE UNA CRISIS DE ESTADO"

«Mientras no exista Constitución, España atraviesa un período de transición»

Presentar a don José María de Areilza a los lectores de ABC al margen de prólogo obligado por la

entrevista que acaba de concederme es tarea siempre grata, pero casi superflua ante una tan rica

trayectoria profesional y humana. Todo el mundo conoce sobradamente al Areilza diplomático —

embajador en Buenos Aires, Washington y París—; al escritor —Premio Nacional de Literatura—; al

periodista —autor de felicísimos artículos y premio «Mariano de Cavia»—; al académico, al

conferenciante, al ensayista y, naturalmente, al Areilza político, un Areilza al que en el primer Gobierno

de la Monarquía le cupo la espinosa tarea de presentar a Europa el programa de reformas políticas de

nuestra patria, misión que, en agotador pero afortunado periplo, cumplió con autoridad, eficacia y

maestría. Uno de los fundadores del Partido Popular y motor de una idea de Centro que se demostraría el

mejor camino para salir de una dificilísima encrucijada política, las elecciones de junio marcaron su

alejamiento de un primer plano de la actualidad que por derecho le corresponde, alejamiento voluntario,

sí, pero no por eso menos lamentable para una España necesitada hoy más que nunca de políticos de su

talla.

De su fina intuición, de sus ideas claras y accesibles a todas las mentalidades, de su imaginación y al

mismo tiempo de su realismo político no cabe mejor demostración que la entrevista que a continuación

publicamos.

• «No hay autoridad política y social suficientes»

• «Existe confusión, improvisación y, en muchos casos, corrupción»

• «Los instrumentos del Estado se utilizan en ocasiones como medios de Gobierno»

—Señor Areilza: ¿Cómo distinguiríamos, de modo inmediato, un sistema democrático de otro no

democrático?

—La esencia de un sistema democrático es el derecho a la crítica, la facultad de disentir. La característica

de un Estado no democrático se halla en la inevitable tendencia del poder hacia el logro de unanimidades

aparentes. Quien no se suma al coro del conformismo elogioso es colocado por los inquisidores oficiales

fuera de las murallas de la ciudad, como leproso que ha tratado de interrumpir la fiesta.

—¿Qué papel corresponde, en esa distinción, a la Prensa?

—El manejo de los medios de comunicación es otro de los síntomas que revelan la filosofía de los

Gobiernos. En una sociedad desarrollada y, por consiguiente, compleja, diversa y contradictoria, la

pequeña o gran pantalla, por ejemplo, ha de reflejar, en lo posible, la múltiple variedad da las opiniones

de la colectividad, precisamente para dar más fuerza y autoridad a la línea gubernamental.

—¿Cree contraproducente la coincidencia sistemática?

—Aquí nos hallamos ahora sumergidos en una encuesta de solidaridades entusiastas,

parecida a las que conocíamos antaño. Pienso que ese orfeón de coincidencias puede resultar arriesgado,

si no responde a la temperatura, al clima y a las tendencias verdaderas que laten en el país. Y que un

análisis breve y objetivo puede ayudar a esclarecer la confusión en que se debate mucha gente.

CRISIS DE ESTADO

—Advierten, muchos seguidores de la cosa pública, una sensación de crisis. No digo crisis de Gobierno.

¿Qué es lo que está en crisis?

—Hay que reconocer que nos hallamos, en primer lugar, ante una crisis de Estado. No sólo ante una crisis

económico-social, que también existe y cuyas perspectivas son amenazadoras. Lo prioritario es, sin

embargo, que el Estado se halla en crisis. Las razones de esa situación son múltiples y no es preciso,

como es habitual entre nosotros, lanzarse a identificar a los supuestos culpables.

—¿Se ha producido acaso un vacío en las instituciones?

—Los cuarenta años de mando del generalísimo Franco fueron un largo y peculiar ejercicio del Poder

más que la edificación real de un Estado propiamente dicho. Al desaparecer de la escena histórica su

personalidad, las instituciones por él creadas se fueron evanesciendo una a una. Pero ese cuadro de las

llamadas Leyes Fundamentales no ha sido sustituido por el nuevo marco de una Constitución. Por

motivos diversos faltan, al parecer, bastantes meses para que ese texto del ordenamiento jurídico soberano

se apruebe y entre en vigencia. Mientras no exista Constitución, España atraviesa literalmente un período

de transición.

—Esa transición, ¿podría incluso afectar a la Corona?

Toda etapa de tránsito comporta riesgos y flaquezas. En primer lugar, plantea el problema de la autoridad

del Poder que no puede apoyarse en un texto constitucional que le de la legitimidad democrática y tiene

que referirse a la Ley Orgánica del Estado y a las Leyes Fundamentales parcialmente

subsistentes. En segundo lugar, porque durante el interregno, el poder político resido necesariamente y de

modo exclusivo en el Rey, te cual hace recaer sobre él la inevitable porción de responsabilidad y desgaste

que acarrean siempre las funciones de Gobierno.

—¿Dónde situaría los orígenes de esa crisis de Estado?

—La crisis de Estado es más honda en su origen y en su desenvolvimiento. Arranca de la modificación

visceral de la sociedad española de la posguerra acá y del tardío y lento proceso de adecuación de las

estructuras administrativas de Poder a esas nuevas y palpitantes realidades. La estabilidad política de un

país es tanto más grande cuanto mejor conecten las tendencias, aspiraciones y necesidades de la

colectividad con los cauces que las hagan llegar al nivel representativo o los órganos de decisión. Decir

que en España esos caminos instruméntales están en muchos casos desfasados, son arcaicos e inservibles

o, simplemente, no existen, es afirmar una verdad demasiado evidente. Los múltiples y cotidianos

episodios que brotan en nuestra tensa geografía poli-tica actual no hacen sino confirmar esa

incomunicación radical y profunda entre la sociedad y el Estado.

—¿Qué puede hacer la democracia en una situación límite?

—A veces ese diálogo de sordos lleva a las fronteras peligrosas del orden público. Pero una sociedad

democrática debe tratar de evitar o minimizar esa clase de situaciones límite, cuando no son debidas a un

terrorismo subversivo deliberado y sí, única escribió una «Guia de perplejidades» en la que meditaba

sobre las incertidumbres de la metafísica. Cabria seguir con las preguntas dubitativas en tomo a materia

tan esencial como el «programa de saneamiento y reforma» de nuestra economía. ¿Dónde se enumeran

los objetivos que se tratan de alcanzar a medio y a largo plazo en nuestro país? ¿Qué perspectivas se

ofrecen al millón —que pueden ser más— de españoles en desempleo? ¿Qué líneas generales vamos a

seguir para resolver racionalmente los problemas de la alimentación de nuestra población? ¿Cómo

atacaremos a largo plazo el otro gran tema, el de la energía, sin cuya solución no hay salida posible?

Vemos con cierta sorpresa que tan debatida cuestión como la energética, que ha causado en los Estados

Unidos —por ejemplo— una grave crisis de tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso, se trata de confiar

aquí a un grupo reducido de expertos, cuya solvencia técnica nadie discute, pero que en definitiva

pertenecen a la órbita de grandes establecimientos financieros privados. Y así podríamos seguir

preguntándonos en búsqueda de respuestas a nuestras dudas.

—¿Es todo eso ortodoxo?

—¿Quiere usted decir que y si el plan no sale porque la realidad económico-social se halla a muchas

leguas de las formulaciones impecables de la ciencia ortodoxa? ¿No nos hallaríamos en peor situación

que la presente al haber quemado el esquema de un plan sin haberle sacado sus ventajas y perspectivas?

EL ASPECTO POLÍTICO DEL PACTO

—Ha hablado usted de! contenido económico-social del Pacto. Pero hay otro contenido: el político.

—El aspecto político del Pacto de la Moncloa no es, a mi entender, el llamado «pacto político» que se

firmó para la aprobación parlamentaria de una serie de medidas temporales, necesarias para ir adecuando

a la nueva realidad social la legislación o las normativas vigentes. Yo me refiero al contenido estratégico

del Pacto, entendido como decisión política de largo alcance. Es evidente que el Gobierno ha buscado, en

el acuerdo, un desahogo, un apoyo y un margen de tiempo para su gestión. También resulta notorio que al

congelar, de hecho, la política partidista durante dos años ha creado una alianza que, sin suponer un

Gobierno de concentración, ha invitado a los siete a compartir y asumir unas responsabilidades. Ello

representa al tiempo una cierta hibernación del Congreso y Senado, limitados en su función fiscalizadora

y legislativa al techo de los propios acuerdos de la Moncloa. De ahora en adelante es posible hablar de

una democracia controlada y de un parlamento, asimismo, vigilado en sus peligrosas demasías.

—¿Es ése el mejor camino para llegar a un Estado democrático?

—Muchos pensarán que no. ¿Pueden sustituir siete líderes políticos a la totalidad de los diputados y

senadores? ¿Pueden los suscriptores del Pacto de la Moncloa representar, por sí solos, a la totalidad de las

fuerzas políticas y sociales del país? Sinceramente creo que no. Y, sinceramente, también supongo que así

lo creerán los propios protagonistas, hombres de indudable relieve y lucidez en los temas de la cosa

pública. Entonces ¿no se corre el riesgo de que un fracaso del plan suponga un atroz quebranto de los

partidos firmantes y no digamos de sin Jefes, metidos sin remisión en la misma y frágil piragua?

—En el Pacto Interviene, espectacularmente, el Partido Comunista. ¿Es maniobra licita?

—Sí. Dentro de esa estrategia hay una línea maestra que se acusa con mayor relieve que las restantes. Y

es el pacto del Gobierno y de su partido con el Partido Comunista Español.

 

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