El proyecto del Gobierno aparece hoy en el Boletín de la Cámara. 
 El Derecho de reunión, en manos de las Cortes  :   
 Simple prenotificación al gobernador civil, con setenta y dos horas de plazo, para las reuniones públicas. 
 Informaciones.    01/03/1976.  Página: 1,4. Páginas: 2. Párrafos: 73. 

EL PROYECTO DEL GOBIERNO APARECE HOY EN EL «BOLETÍN DE LA CÁMARA»

EL DERECHO DE REUNIÓN, EN MANOS DE LAS CORTES

SIMPLE PRENOTIFICACION AL GOBERNADOR CIVIL, CON SETENTA Y DOS HORAS DE

PLAZO, PARA LAS REUNIONES PUBLICAS

MADRID, 1. (INFORMACIONES.)

EL afán decimonónico de perfeccionamiento y de perennidad legislativa, basado en la presunta

adecuación a patrones de racionalidad intemporal, constituye en nuestros días una ilusión perdida, un

ideal inasequible que no admite otra alternativa que un pragmatismo coyuntural combinado "con una

cierta dignidad técnica. Este criterio es el que ha inspirado esencialmente la elaboración de la presente

ley, que no persigue una regulación paradigmática del derecho de reunión, sino el establecimiento de una

normativa adecuada a las exigencias del aquí y del ahora.»

Asi se dice en la exposición de motivos del proyecto de ley reguladora del derecho de reunión, publicado

hoy en el «Boletín Oficial de tas Cortes Españolas», que es —también según la exposición de motivos—

«un texto que pretende relevar con dignidad a una normativa casi secular y a una legislación excepcional

ya superada v que únicamente persigue sintonizar con los requerimientos de la sociedad española de nues-

tros días; una sociedad politicamente en trance de lograr su madurez y cuya riqueza plural exige cauces de

expresión que no resulten insuficientes y perturbadores, asi como un ordenamiento de los derechos

humanos que corresponda al nivel de nuestra civilización y a los deseos de desarrollo ordenado del

proceso político hacia unas estructuras de poder plenamente democráticas».

En este prologo al texto del proyecto de ley se reconoce que la orden circular de la Subsecretaría del

Interior de 20 de julio de 1939 constituye, hoy «más un obstáculo que un instrumentó idóneo para la

promoción y el encauzamiento de nuestro desarrollo político», y se afirma que el punto de partida

«tampoco puede situarse en la ya casi centenaria ley de Reuniones de 1880», una ley excelente en la que

han hecho mella la evolución tecnológica y el cambio social motivado por el proceso de urbanización.

CONTENIDO DEL PROYECTO

El proyecto de ley sobre derecho de reunión es de bases y desarrolla el articulo del Fuero de los Españoles

que establece que todos los españoles podrán reunirse para fines lícitos. En el proyecto se establece

sustancial-mente, plena libertad para las reuniones privadas» advertencia, con muy poca antelación, a las

autoridades sobre las reuniones publicas en locales cerrados, y petición ´de autorización, por razones de

orden publico, para las manifestaciones en la calle, los organizadores deberán en todo caso garantizar el

orden de estas manifestaciones ciudadanas.

Ahora son las Cortes las que tienen la palabra. Puede ser un buen «test» para conocer si su actitud hacia la

reforma va a ser más restrictiva o menos que la del Gobierno.

El texto completo del proyecto de ley —en el que es «punto cardinal el establecimiento de un nuevo

criterio en el reparto de poderes de control sobre el ejercicio del derecho»— es el siguiente:

CAPITULO PRIMERO Ámbito de aplicación

Articulo 1º 1. La libertad de reunión para fines lícitos reconocida en el artículo 16 del Fuero de los

Españoles se ejercitará conforme a las prescripciones de la presente ley.

2. Se entiende por fines ilícitos, a los efectos previstos en el apartado anterior, los que conforme a las

leyes penales configuran por su objeto o fin a las asociaciones ilícitas.

Art. 2º 1. A los efectos de la presente ley .se entiende "por reunión la concentración transitoria, con un fin

unitario, de más de 20 personas.

2. Son reuniones privadas: Primero. Las que convoquen y celebren en su domicilio las personas físicas.

Segundo. Las que celebren las sociedades civiles y mercantiles, asociaciones, corporaciones, fundaciones,

cooperativas, comunidades de propietarios y demás personas jurídicas legalmente establecidas, en sus

locales sociales, para sus propios fines y mediante convocatoria que alcance exclusivamente a sus socios

o miembros.

3. Son reuniones públicas todas las que 110 estando Incluidas en la enumeración del apartado

anterior, se hallen comprendidas en alguno de los supuestos siguientes:

Primero. Que se celebren en lugar cerrado. Se entenderán comprendidos en este apartado los actos

públicos consistentes en conmemoraciones, inauguraciones, dedicaciones, conferencias, homenajes y

otros de finalidad similar no sometidos a la legislación d e espectáculos públicos.

Segundo. Que se realicen mediante el estacionamiento o la circulación por lugares abiertos de uso público

en forma de manifestación, marcha, séquito, cortejo o cualquier otra modalidad similar.

4. Las reuniones privadas no estarán sometidas a los requisitos establecidos en la presente ley, sin

perjuicio, en su caso, de la aplicación de la ley de Orden Público y de la exigencia de las

responsabilidades penales a que pudieran dar lugar.

Art. 3.° 1. Quedan excluí-das del ámbito de aplicación de la presente ley las siguientes reuniones:

a) Las que, celebren los organismos públicos y las organizaciones creadas por el Estado para el

cumplimiento de sus fines, conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 16 del Fuero de

los Españoles.

b) La celebración de actos religiosos, católicos o de asociaciones confesionales no católicas legalmente

reconocidas, en los templos, recintos, correspondientes de los cementerios y locales debidamente,

autorizados. Las restantes reuniones Quedarán sometidas a las disposiciones de la presente ley.

c) Las de carácter electoral.

d) Las reuniones estatutarias sindicales, cualquiera que sea el lugar en que se celebren, y las

restantes reuniones de carácter sindical celebradas en locales sindicales o de la empresa.

e) Las celebradas por las asociaciones de estudiantes.

f) Las sujetas a la legislación de espectáculos públicos.

g) Los desfiles o paradas militares.

h) Cualesquiera otras reuniones reguladas por leyes especiales.

2. Las reuniones comprendidas en él apartado anterior se regirán por su legislación específica y,

supletoriamente, por las disposiciones de la presente ley.

CAPITULO II

Requisitos para la celebración de reuniones públicas

Art. 4.° 1. Para celebrar una reunión de las comprendidas en el apartado primero del número 3 del articulo

2º cualquiera que sea su causa u objeto, bastará con , ponerlo en conocimiento, por escrito, del

gobernador civil de la provincia en que aquélla hubiere de celebrarse, con una antelación mínima de

setenta y dos horas.

2. En la comunicación se hará constar:

a) Lugar fecha y hora de la reunion.

b)Objeto de !a misma, con indicación de los temas a tratar.

c) Nombre, apellidos, domicilio y número del documento nacional de identidad del organizador, de

la persona o personas que hayan dé presidir la reunión y de los oradores o personas cuya intervención

esté prevista de antemano.

d) Firma del promotor o promotores de la reunión; Cuando ésta fuera promovida por una persona

jurídica, la comunicación deberá ser firmada por el representante legal o estatutario de la misma,

haciendo constar sus datos personales, así como el nombre y domicilio social de aquélla.

3. Cuando, a pesar de la información aludida en el apartado anterior existieren dudas razonables

sobre la licitud de los fines de la reunión, la autoridad gubernativa podrá solicitar de los promotores los

datos y documentos que sean3 necesarios para la determinación de tales fines.

4. En todo caso, la autoridad gubernativa expedirá un recibo acreditativo de la entrada de la

comunicación, que servirá a todos los efectos como medio de prueba del cumplimiento de los re

quisitos enunciados en el apartado segundo.

Art. 5.° 1 Para celebrar una reunión de las comprendidas en el apartado segundo del numero 3 del artículo

2º, cualquiera que sea su causa u objeto, se requerirá la autorización previa del gobernador civil de la

provincia en que aquélla hubiera de celebrarse.

2. La solicitud de autorización habrá de presentarse con una antelación mínima de diez días a aquel en

que la reunión hubiera de celebrarse, y comprenderá los siguientes extremos:

a) Lugar, fecha hora y duración prevista de la reunión

b) Objeto de la misma.

c) Itinerario previsto.

d) Nombre, apellidos, domicilio y número del documento nacional de identidad de quienes

convocaren la reunión, de quienes hubieren de dirigirla y, en su caso, del representante de la persona ju

rídica promotora, así como el nombre y domicilio social de ésta.

3. El gobernador civil, que podrá recabar el informe previo de la Alcaldía del municipio en el que la

reunión haya de tener lugar, resolverá sobre la solicitud de autorización, notificándoselo a los

interesados con una antelación mínima de cinco días respecto a la fecha señalada para su celebración.

4. La autorización se entenderá concedida si la resolución no hubiere sido notificada expresamente en

el término establecido en el apartado anterior.

Art. 6º 1. La autoridad gubernativa no podrá prohibir previamente la celebración de las reuniones

previstas en el apartado primero del número 3 del artículo 2º ni denegar la autorización para las

comprendidas en el apartado segundo del mismo artículo y número, salvo en los casos Siguientes:

a) Cuando la comunicación o solicitud carezcan de alguno de los requisitos previstos, respectivamente,

en los dos artículos anteriores.

b) Cuando se trate de reuniones para fines ilícitos o indeterminados.

c) Cuando la autoridad gubernativa tenga fundados motivos para estimar que, de celebrarse; la

reunión podría dar lugar a la comisión de actos tipificados como delitos en las leyes penales.

d) Cuando en la comunicación o solicitud constaran como promotores, directores u oradores

personas que hubiesen sido condenadas por sentencia firme en virtud de la organización o

participación en reuniones o manifestaciones no pacíficas y cuyos antecedentes penales no hubiesen

sido objeto de cancelación o que hubiesen dado lugar a la disolución de dos o más reuniones, conforme

al artículo 11 de la presente ley, en los cinco . años anteriores a la fecha en que el acto hubiere de

tener lugar.

2. La autoridad gubernativa podrá revocar la .autorización concedida cuando, con posterioridad a su

otorgamiento expreso .o tácito, apreciase la concurrencia del supuesto de hecho a que se refiere la letra c)

del apartado anterior. 3. Ninguna reunión que precise la comunicación o autorización previas podrá

anunciarse ni convocarse, sino luego de presentar aquélla o de obtener ésta expresa o tácitamente.

Art. 7.° Las reuniones comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente ley sólo podrán ser

promovidas y convocadas por las personas que se hallen, en el pleno ejercicio de sus derechos.

CAPITULO III

Ordenación y disciplina de las reuniones

Art. 8.° 1- En las reuniones que se celebren en locales cerrados no estarán presentes los delegados de la

autoridad gubernativa, excepto cuando se solicite expresamente por los promotores. En caso de no mediar

tal solicitud, los promotores serán responsables. con arreglo a la ley, del mantenimiento del orden público

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la autoridad gubernativa podrá acordar la

asistencia de sus agentes a dichas reuniones a título de meros observadores, cuando asi lo hicieran

aconsejable los fines de la reunión, numero previsible de asistentes u otras circunstancias similares.

3. Los agentes de la autoridad gubernativa que A título de delegados u observadores asistan a todo tipo

de reuniones no podrán tomar parte en las discusiones ni intervenir en los debates, diálogos o coloquios.

Tampoco harán uso de la palabra para advertir o corregir a los participantes, limitándose pura y

simplemente a suspender la reunión si hubiera causa para ello.

Art. 9.° 1. Todas las reuniones deberán desarrollarse en todo momento de modo pacífico, debiendo velar

por ello sus promotores, directores o presidentes.

2. Los asistentes a las reuniones públicas no podrán ser portadores de armas, aunque estén en posesión de

la licencia reglamentaria, ni de otros objetos contundentes o de cualquier modo peligrosos. Los

infractores incurrirán en la responsabilidad prevista para esta conducta por las leves penales.

Art. 10. Las reuniones previstas en el ¡apartado segundo del número 3 del articulo 2.° de la presente ley

estarán sujetas a las siguientes limitaciones:

a) La autoridad gubernativa podrá alterar el itinerario proyectado para su celebración y acordar

incluso que se lleven a efecto por una parte determinada de las vías públicas, cuando de su realización

pudieran seguirse trastornos graves en la circulación y tráfico o daños en las personas o en las cosas.

b) No podrán dar lugar á la ocupación abusiva, de edificios públicos o particulares, locales de pública

concurrencia o lugares abiertos al público.

c) La autoridad gubernativa podrá limitar la aproximación de los reunidos o manifestantes a una

distancia prudencial de los edificios públicos, de las sedes de representaciones diplomáticas o consulares

o de las instalaciones militares, cuando de dicha aproximación pudiera derivarse trastorno grave en los

servicios o daños en las personas o en las cosas. Para ello tendrá en cuenta las normas o acuerdos que

protejan tales edificios.

Sedes o instalaciones y, en este último caso, el informe de las autoridades militares. Art. 11. 1. La

autoridad gubernativa y sus delegados o agentes suspederán en el acto y procederán a disolver:

a) Las reuniones de toda índole que se celebren con incumplimiento de las condiciones y requisitos

establecidos por esta ley.

b) Las reuniones legalmente convocadas en las que se altere alguna de las circunstancias sustanciales

consignadas en la comunicación, solicitud de autorización o resolución otorgando ésta.

c) Las reuniones que en su desarrollo produzcan una obstrucción y perturbación graves en la circulación

por las vías publicas, a menos que tales efectos hubieran sido expresa o implícitamente previstos en la

autorización; las .que perturben gravemente el orden público y las que impidan el libre ejercicio de los

derechos de las personas.

d) Las reuniones tipificadas como delito en las leyes penales.

2. Acordada la suspensión de «na reunión, la autoridad gubernativa, a solicitud de los promotores o

directores, podrá permitir la reanudación de la misma en igual fecha u otra posterior, siempre que se haya

subsanado el defecto o desaparecido la circunstancia determinante de la suspensión.

CAPITULO IV Garantías

Art. 12. 1. Él licito ejercicio de los derechos regulados en la presente ley se halla bajo la salvaguardia del

Estado. A tal efecto, los promotores o directores de reuniones públicas podrán solicitar de la autoridad

gubernativa el auxilio y protección precisos.

2: Quienes impidieren, perturbaren o menoscabaren de algún modo el lícito ejercicio de los derechos

regulados en la presente ley, incurrirán en la responsabilidad penal prevista en las leyes.

Art. 13. 1. Las resoluciones de las autoridades gubernativas serán motivadas cuando impidan o limiten el

ejercicio de los derechos regulados en la presente ley, notificándose a los promotores de conformidad con

lo previsto en la ley de Procedimiento Administrativo. También se notificarán motivadamente y por

escrito, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su adopción, las resoluciones verbales y las acordadas

simultáneamente a su ejecución práctica.

2. Tales resoluciones serán susceptibles de recurso de alzada ante el Ministerio de la Gobernación, cuya

decisión pondrá fin a la vía administrativa, y de posterior re-curso ante la jurisdicción contencioso-

administrativa.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Quedan derogadas la ley de 15 de junio de 1880, la orden circular de la Subsecretaría del Interior

de 20 de julio de 1939 y cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en esta ley.

Segunda. La presente ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el "Boletín Oficial del

Estado".

Tercera. Se autoriza al ministro de la Gobernación para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el

cumplimiento y ejecución de la presente ley.

PONENCIA Y ENMIENDAS

Este proyecto de ley se envía para su estudio a la Comisión de Leyes Fundamentales y Presidencia del

Gobierno de las Cortes. A partir de mañana quedará abierto el plazo improrrogable de veinte días hábiles

para que los procuradores presenten enmiendas a este texto, que antes de ser estudiado por la Comisión

deberá ser -«informado» por una ponencia.

Esta ponencia estará formada por los siguientes procuradores: don Carlos Alvarez Romero, don Rafael

Díaz-Llanos, don Alfonso García-Valdecasas, don Tomás Garicano ,Goñi y don Jesús Pample Operé.

AUTORIZACION GUBERNATIVA, CON DIEZ DÍAS DE PLAZO. PARA LAS MNIFESTACIONES

EN LA CALLE LOS PROMOTORES Y ORGANIZADORES. QUE SERÁN RESPONSABLES DEL

ORDEN, PODRAN SOLICITAR PROTECCIÓN DE LA FUERZA PUBLICA

1 de marzo de 1976

INFORMACIONES

 

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