Autor: Fanjul Sedeño, Juan Manuel. 
   Panorama parlamentario     
 
 ABC.    08/07/1977.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 15. 

PANORAMA PARLAMENTARIO

LOS españoles nos hemos acostumbrado, por el hábito de cuarenta años de autocracia, a conceder más

importancia a la lista del Gobierno que a la composición de las Cortes. Hoy, ahora, tenemos que hacernos

a la idea de que el interés o la curiosidad van a jugar a la inversa. No quiere ello decir que el Gobierno

carezca de iniciativa legislativa, pues la ley para la Reforma Política se la atribuye igual que a los

diputados, pero es evidente que la política va a cocerse en la Carrera de San Jerónimo. El Gobierno será

impulsor, ejecutor y realizador de un programa, pero en ningún caso con carácter exclusivo y excluyente,

como ha ocurrido durante tantos años.

Partiendo de esta realidad es bueno lanzar un vistazo sobre el horizonte de la política española del

presente verano.

El Congreso y el Senado se enfrentan con cuatro problemas fundamentales y urgentes: el

económico-social, la nueva Constitución, la redacción de los Reglamentos de cada una de las Cámaras y

la regulación de las autonomías de Jas regiones o de los entes territoriales. ¿Dónde están las preferencias

o las prioridades? Entiendo que los cuatro problemas pueden Ir marchando paralelamente, pues mientras

hay trabajos que deberán pasar en seguida al Pleno, otros pueden ir elaborándose en las Comisiones.

Los problemas económicos no hay duda que constituyen una primacía de angustia»: la inflación, los

precios, el paro, la falta de Inversión, la reducción del producto nacional bruto, la balanza de pagos, no

esperan; cada día que pasa se deteriora más la economía y llegará un momento en que todos estos factores

negativos pudieran terminar ahogándonos.

En este aspecto distingo dos tipos de medidas a enfocar por Jas Cortes: medidas económico-sociales

coyunturales y de urgencia, y medidas económico-sociales de carácter estructural que, profundizando en

la vida española, reconviertan sus caminos en consonancia con el mundo que nos rodea.

Para las medidas coyunturales creo que el Congreso tiene una tarea clara y precisa: proveer al Gobierno

de una ley de Autorizaciones, en virtud de la. cual el ejecutivo pueda adoptar medidas de urgencia que,

sin demora, permitan controlar los productos de Importación, contingentar su uso, aplicar normas ge-

nerales de austeridad, aumentar la inversión pública rentable, frenar el gasto, estimular el ahorro y crear

un clima de sacrificio general, tanto en lo público como en lo privado, para que, si no como solución

definitiva (que eso vendrá, en las medidas estructurales), pueda frenarse la carrera desmelenada que nos

desborda.

Por el contrario, las medidas estructurales no pueden ser dejadas a una ey de Autorizaciones, sino que

debe retenerlas el Parlamento para que, estudiadas detenidamente, recojan el más amplio consenso y

resulten eficaces sin peligró ni riesgo que puedan perjudicar la imagen y la marcha económica de España

nada el exterior y en el futuro.

Todo ello exige una amplía y sincera negociación para obtener una tregua socio-económica; las centrales

sindicales, los partidos políticos, el «gran patronato», que parece ya constituido en representación de

todos los empresarios españoles y el Estado tienen que discutir y convenir un pacto —al menos de dos

años— que limando las apetencias de cada una de las partes, procure que su sacrificio no pese

exclusivamente sobre las espaldas de los más necesitados y cree el clima de disciplina productiva que es

base indispensable de cualquier relanzamiento.

Paralelamente puede irse elaborando la Constitución. Función es ésta estrictamente parlamentaria y que

las Cortes no pueden ceder a nadie. Un problema que surge desde un ángulo jurídico-polítíco es si la

Constitución va a ser elaborada por el Congreso y pasada después a la consideración del Senado, o si, por

el contrario, sé debe constituir una Comisión mixta de Diputados y Senadores que trabaje conjuntamente.

En uno u otro caso se pede ir ya avanzando para que a la terminación del verano el Parlamento cuente con

un anteproyecto de Constitución que sirva de documento de trabajo a los partidos políticos, a fin de

afrontar directamente el Proyecto, cara al otoño, de manera que culmine Ja aprobación del texto

constitucional antes de terminar el año.

Otro de los temas que naturalmente se presenta con urgencia a las Cámaras colegisladoras es el de sus

respectivos Reglamentos; de momento el presidente de Jas Cortes ha dictado unas normas provisionales,

pero, naturalmente, las Cámaras que tienen que ser órganos vivos y flexibles en consonancia con los

momentos que vive el país, necesitan normas reglamentarias completas a las que atener sus trabajos.

El problema no es difícil; tenemos el Reglamento que usó el Congreso de la Monarquía, cuyo texto

último refundido creo recordar es del año 1918, y el de las Cortes de la República de 1934. Entre ambos

hay escasas diferencias y aun muchas partes copiadas literalmente de uno a otro. Esos dos textos y

algunos más modernos de países europeos, pueden servir de base para que en un tiempo breve ambas

Cámaras puedan disfrutar de una normativa procedímental definitiva.

La cuarta cuestión fundamental es la de las autonomías regionales. En mi opinión, exclusivamente

personal, creo que la Constitución deberá reducirse a unas declaraciones o principios generales sobre la

regulación de las regiones o agrupaciones territoriales y sobre el catálogo de facultades estatales

transferibles; luego la regulación detallada debería remitirse a una *ley cuadro» en la que se prevean las

distintas fórmulas de agrupación provincial o~ regional y el mecanismo de la cesión de competencia, ley

a Ja que puedan acogerse los distintos en-fes territoriales para redactar sus Estatutos de autonomía y

someterlos a la consideración del Gobierno y ulteriormente a la superior aprobación de las Cortes.

Puede aducirse que este tema no puede ser paralelo al estudio del anteproyecto constitucional en el que se

enuncien los principios básicos. En mi criterio, cabe perfectamente ir trabajando a la par en la norma

constitucional y, en la «ley cuadro», aunque después, según cual sea en definitiva la declaración

constitucional, la ley podrá acoplarse a ella.

´ Queda ya. con menos urgencia, el programa general legislativo que corresponde a estas Cortes. Hay que

acoplar una masa de legislación a la diferente normativa democrática que resulte de todos los anteriores

trabajos. Además, la campaña electoral ha demostrado que el país está a favor de una revisión profunda

de una serle de textos, tanto de Derecho privado como de Derecho público y hay que afrontar su estudio

en razón de Jas transformaciones sociológicas del pueblo español.

Me atrevería a sugerir que cada una de las Comisiones ordinarias correspondientes a los Ministerios

fueran estudiando la preferencia de tales temas, revisando su respectivo ámbito de competencia, tanto

para dictar disposiciones nuevas como para revisar y adecuar las que ya existen. Ese guión de prioridades

con las demás a las que me he referido anteriormente, formarían el cuerpo de modificaciones

fundamentales del marco legislativo del país.

Líbreme Dios de pretender con esto establecer el programa parlamentarlo que deban seguir las nuevas

Cortes, pero sí ofrecer a quienes tengan /a responsabilidad de atenderlo algunas ¡deas que sirvan para

allanar los caminos.

Juan Manuel FANJUL SEDEÑO

 

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