Autor: Ruiz Gallardón, José María. 
   La prueba del nueve     
 
 ABC.    05/03/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 14. 

ABC

FUNDADO EN 1905 POR DON TORCUATO LUCA DE TENA

LA PRUEBA DEL NUEVE

La argumentación del Partido Comunista en orden a conseguir insertarse en la legalidad se

fundamenta en que es, y "será", en el futuro de su actuación, un partido democrático,

respetuoso con la legalidad, el pluralismo a independiente de cualquier subordinación

internacional.

Pero es claro que para lograr su propósito necesita, además, negar su propia historia y

deshacerse de algunas de las finalidades programáticas que le eran propias: la dictadura del

proletariado, el colectivismo de Estado y el internacionalismo en su vertiente de subordinación

a la U. R. S. S., "patria del proletariado", fundamentalmente.

A tales fines sirve —y pretende explotarse al máximo— la nueva versión de su doctrina y de su

praxis, conocida con el nombre de eurocomunismo. Y como quiera que el futuro no es

demostrable empíricamente, el Partido Comunista, con buscado candor, se reduce, en esta

primera fase de su argumentación, a pedir "un lugar al sol" para demostrar su democratismo y

la asunción plena, consciente y de por vida, de la libertad. Como es lógico, sin dejar de acusar

de antidemócratas, enemigos de la libertad y, en una palabra, fascistas, a todos los que se

opongan a su reconocimiento legal.

Más todavía. Desplazando el tema desde una perspectiva ideológica o política, a una

consideración propiamente jurídica, se pretende valer del socorrido argumento de que no es

licito presumir que sus intenciones democráticas vayan a ser mañana desmentidas por los

hechos; y como éstos no son hoy ni violentos, ni sintomáticamente totalitarios, ni por

descontado separatistas, concluyen en la necesidad de ser jurídicamente bendecidos.

Cuentan, además, con la apoyatura de aquellos que, sin ser comunistas, quieren verlos dentro

de la Ley, bien porque «así sabremos cuántos y cómo son en realidad, sin primas a su

clandestinidad», bien porque temen que, si no se les legaliza, se infiltren y corrompan sus

propios cuadros. No faltan tampoco los que creen que "España no seria homologable con

Europa, pues si en ésta se admite al P. C. también debe admitirse aquí".

Voy a intentar responder a todas y cada una de esas cuestiones. Empecemos por la última.

1. La homologación democrática de España con los países de Europa occidental no exige

identidad, y menos un mimetismo absoluto e imposible. Por otra parte, sólo aquello que

contribuya a un verdadero y cierto democratismo debe ser, en la peculiar forma de nuestra

idiosincrasia, asimilado. No es requisito constitutivo de la naturaleza democrática de un Estado

la legalización en el de partidos antidemocráticos. Todo lo contrario; ése ha sido históricamente

un camino para que desaparezca la democracia. Recuerden el ejemplo de la República

alemana de Weimar.

El único condicionante de una constitución democrática es la realidad del pluralismo político,

concepto que no equivale a que todos los partidos —aun los que pretenden destruir ese

pluralismo— deban ser admisibles. La democracia tiene que autodefenderse. No es buena la

ingenuidad de la actitud contraria.

2. EL temor de ciertos partidos a que en sus filas se infiltre el comunismo es cuestión propia de

esos mismos partidos. No por razones de supuesto provecho particular debe perjudicarse al

bien común.

3. Sobre la famosa «prima de la clandestinidad» habrá que convenir que la tal clandestinidad

ya no existe. De facto, el P. C. ha actuado y actúa a. plena luz —en lo que le conviene—. (Y en

lo que no le conviene, no se sigue que vaya a hacerlo porque se le legalice.)

4. Jurídicamente no son sancionables las puras intenciones, sobre todo, si no pasan al terreno

de los hechos. Cierto, ciertísimo, en materia de puro Derecho penal. A nadie se le puede

acusar, y menos condenar, sólo por sus ideas ante los Tribunales de lo penal. Pero ahora no se

trata de eso. No se trata de que vayan a la cárcel unos ciudadanos por el hecho de que

«piensen» en comunista. (Otra cosa seria en el caso de que "actuasen" como tales.) Como no

se trata de que nadie vaya a la cárcel porque "piense" asesinar... si no asesina ni lo intenta. De

lo que se trata es de si el Estado debe o no autorizar que una determinada ideología deje de

ser simplemente ideología para pasar a la acción política concreta y determinada y eficaz. El

reconocimiento del P. C. no es el reconocimiento legal de una "sociedad de estudios" o de un

«ateneo de ideas». Es dar carta de naturaleza a una asociación con fines prácticos, concretos,

entre los que, según la Ley, son "esenciales" «contribuir democráticamente a la determinación

de la política nacional y a la formación de la voluntad política de los ciudadanos»....

«conformando su actuación a las Leyes Fundamentales del Reino y, en particular, a los

principios de respeto a la soberanía, unidad, independencia y seguridad de la nación y a la

libertad de los ciudadanos". (Artículo 1.º de la ley de Asociación Política.)

5. Y aquí sí. Aquí —en el terreno jurídico-administrativo— hay que entrar en la ponderada

medición del alcance de los fines del P. C. No para sancionar penalmente a sus promotores,

sino, sencillamente, para otorgar o denegar ¡a autorización solicitada. Ésta era antes facultad

del Gobierno. Ahora es facultad del Tribunal Supremo en su Sala Cuarta —de lo contencioso-

administrativo— y no de su Sala Segunda —de lo penal—. La distinción es más que

importante, trascendental. Y constituye la prueba que demuestra que el P. C. no debe ser

legalizado. Veámoslo.

6. A efectos administrativos, difícil mente se podrá sostener la tesis de la inoperancia de los

antecedentes de una asociación cuando se pretende obtener su legalidad. Un partido político

no es un invento «ex novo» si se acepta la denominación tradicional y se proclama —y con qué

orgullo!— la continuidad del mismo. Otra cosa es que se tratara de un partido «nuevo». Pero el

Partido Comunista Español se dice —¿habrá que probario?— heredero, continuador, el mismo

en una palabra que aquel que actuó antes en nuestra guerra civil, y luego en la clandestinidad,

de forma harta y tristemente conocida.

Pues bien, si el P. C. E. cuya legalización se solicita hace suyos y asume —se identifica— con

los hechos y con la historia del P. C. E. de "antes" y de siempre, ¿es dable insertarlo como

partido que acepta y respeta nuestras Leyes Fundamentales? ¿Es lógicamente presumible gue

vaya a comportarse de forma distinta a la que siempre ha sido la suya propia? Si así fuera

hubiera debido empezar por repudiar su propio legado histórico y hasta rechazar su misma

denominación. ¿No lo ha hecho? Pues no se le puede legalizar.

Cuando el Ministerio de la Gobernación ha remitido al Tribunal Supremo la documentación

presentada por el Partido Comunista Español es que "ha presumido" su ilicitud. Ahora la Sala

Cuarta tiene que examinar si esa «presunción» es o no fundada. Y un elemento interpretativo

del máximo valor está en que el P. C, es y se proclama hederero de si mismo. Otro, su

afirmación de ser un partido «de clase», de defensa del proletariado en la lucha de clases, todo

lo cual no es un concepto revisable. Pues bien, el nuevo artículo 174 del Código Penal

"proclama ilícitas las asociaciones que promuevan la discriminación entre ciudadanos por razón

de situación económica», ¿Cabe mayor «discriminación» que entender como fundamento y

pilar de su ideología la lucha de clases?

Es, pues, claro. Al asumir su historia y su denominación, y al preconizar la lucha de clases, está

incurriendo el Partido Comunista Español en los supuestos de presunción de ilicitud arriba

aludidos. Con sus palabras no ha superado la prueba del nueve del democratismo exigible. Al

menos en mi opinión que, por descontado, someto desde ahora mismo a la decisión de nuestro

más alto Tribunal.

José María RUIZ GALLARDON

05/03/1977

 

< Volver