Autor: Areilza y Martínez-Rodas, José María de. 
   La reforma nacional (I)     
 
 Blanco y Negro.    13/01/1973.  Página: 23-24. Páginas: 2. Párrafos: 11. 

De don José María de Areilza podría decirse, al modo clásico que es «varón insigne en virtud y letras».

Ingeniero y abogado, literato de sustancial penetración en los temas, dotado de una firme vocación

política, ha servido a los intereses de España en puestos y periodos diplomáticos que exigían flexibilidad,

firmeza y sagacidad. Nacido en Bilbao en 1909, ciudad de la que fue su primer alcalde —a los veintiocho

años—, después de la liberación, su monarquismo le garantiza dentro de la circunstancia política nacional

un puesto eminente, aunque permanezca alejado de las responsabilidades oficiales. El país dispone de un

dirigente de mentalidad moderna, asentado en las tradiciones más sólidas. Conocedor de la marcha del

mundo, gran expositor de tas corrientes del pensamiento actual, conversador amenísimo y frecuentador

asiduo del mundo bibliográfico, triunfó plenamente, como embajador en Washington y París, después de

haberlo sido en Buenos Aires, en momentos singularmente delicados. Desde su directa participación en el

Alzamiento Nacional de 1936, Areilza no ha dejado de insistir —y sus artículos periodísticos lo

prueban— en la necesidad de que los esquemas de una situación añejamente revolucionaria se adapten a

las relaciones cambiantes de la vida. Como escritor Areilza obtuvo el premio «Mariano de Cavia» de

1970 por un bellísimo artículo literario titulado «Helicópteros en San Pedro», publicado en «ABC». El

ensayo cuya publicación iniciamos hoy fue escrito en octubre último.

LA REFORMA NACIONAL (1)

Por José María DE AREILZA

Si la política es el arte de conseguir sin violencia lo que nos es rehusado, su objetivo debe tender, a mi

juicio, a lograr, dentro de las coordenadas actuales vigentes, la gran reforma nacional. Reformar no es

verbo revolucionario y por ello mismo concita mayores recelos en quienes hacen del vocablo

dieciochesco escabel de sus soflamas por la derecha y por la izquierda. La revolución

nacional-sindicalista y la revolución marxista no gustan de la palabra reformar por parecerles actitud

moderada, enteca y conservadora. A mí me parece, por el contrario, que es la más adecuada para el

momento presente y aún para varios años más. Lo que la sociedad española de los setenta necesita no es

una ruptura, sino una evolución; no es el apeo global de lo estatuido, sino una adecuación de las

estructuras a las exigencias colectivas. Una reforma que armonice lo que ya está con lo que la comunidad

espera y desea. Si hubiera de resumir en una breve locución en qué consiste ese programa yo diría que en

hallar una manera de regir y de interpretar el Estado que interese a las gentes, es decir, al mayor número

de gentes, si no se puede conseguir que lo sientan como suyo la totalidad de los españoles.

El Estado como sistema de comunicaciones sociales

¿Qué es un Estado? "Un instrumento", se contesta habitualmente. Recientemente leía en un autor

norteamericano esta original y novedosa precisión: «El Estado es en realidad un sistema de

comunicaciones sociales». De él parten, en efecto, los canales de poder hacia la sociedad, pero de ésta han

de subir, a su vez, los conductos de opinión, de crítica y de participación responsable. Si los conductos se

obturan, la comunicación se interrumpe. El trombo circulatorio lo producen a veces la escasez del vano o

en otras el deliberado propósito de que no se muevan las corrientes ascendentes. Una normalidad

democrática sería la que hiciere funcionar a la perfección la sístole y la diástole del torrente social para

que el Estado perciba y recoja su ritmo. Un Estado que no registrara el pálpito de su sociedad: es un

cuerpo anquilosado.

TRIBUNA

POLITICA

La comunicación se hace por los cauces de la representatividad, de las libertades civiles, de los medios de

difusión y expresión sociales y por los grupos que forman el plural conjunto de cualquier actividad

humana. Cada día se plantean las naciones de formas democráticas más estables y evolucionadas

—Estados Unidos, Alemania, Escandinavia, el Benelux, la V República, Gran Bretaña— el problema de que

no se reduzcan, ni se anulen esos vasos comunicantes; entre la sociedad y el Estado moderno, creciente,

poderoso, invasor y manejando resortes de toda índole, financieros, militares, económicos, policíacos y

fiscales. El peligro acecha por todos los ángulos, ya que una simple continuación en el poder con muy

abrumadora mayoría puede en un régimen netamente democrático dificultar la llegada a los niveles del

Ejecutivo, de esa marea crítica del adversario, haciendo inefectiva toda auscultación de opinión. Pienso

que esa comunicación nacional es quizá el más urgente y prioritario de ¡os objetivos en una reforma de

los esquemas actuales. Si se. analiza objetivamente la panorámica del país, ¿no se advierte muy en primer

lugar esa distonía entre sociedad y Estado que corre el peligro de convertirse en sordera para el uno y en

mudez para la otra, haciendo así, enteramente imposible, el diálogo?

Monólogo y unidad son conceptos distintos

El monólogo ¿es o ha sido nunca el equivalente de la unidad? Son, me parece, conceptos distintos. Quien

monologa explicando y atribuyéndose los resultados, siempre halagüeños, recita, en realidad, una

autoletanía de glorificación propia. La colectividad lo escucha en silencio, no religioso, sino obligado, y

rumia luego las observaciones críticas, los puntos en litigio que habrían de servir de margen al examen de

cada problema. Un funcionamiento así es lo contrario de un Estado concebido como sistema

comunicativo. Sería un Estado estático, congelado, rígido en armazón y en fisiología. La sustancia de un

Estado democrático es su fluidez, es decir, la circulación interna de ideas y criterios diversos, reflejo del

dinamismo de la comunidad. Sin esa flexible diversidad cambiante, la democracia no existe. Ni la

sociedad se siente auténticamente representada en el Estado, ni por el Estado, al que ve como algo

lejano, irreal, poseído por un grupo o grupos y vagamente acorde con los intereses reales.

Debe decirse dónde reside la soberanía

El primer punto de una gran reforma nacional habría de ser precisamente ése: cambiar el talante, el

espíritu del Estado, dentro de las coordenadas vigentes. Aquí tocamos un punto esencial: la soberanía.

¿Dónde reside la soberanía? La Ley Orgánica no lo dice expresamente, como queriendo orillar el

sustancial problema. Proclama, en efecto, que al Estado «incumbe su ejercicio» y que la «soberanía

nacional es una e indivisible», así como que el Jefe del Estado la «personifica». Pienso que si la

«soberanía» es «nacional», ello equivaldría a decir que reside en la nación. Ahora bien, si la nación entera

es la titular de la soberanía es a ella a la que corresponde dé algún modo hacerla llegar a los altos niveles

donde se «ejercita». Es decir, que el Estado, para ejercerla, debe recibir e impregnarse de la sustancia

colectiva que procede de la sociedad. Si la soberanía reside en la sociedad, los que la ejercen han de

operar en -nombre de ella y no como titulares en abstracto de un Estado que no tuviera raíces populares o

sintiéndose representantes- de un dogma, o de una verdad, o de un patriotismo o de una demagogia que

suplantaría indebidamente la titularidad originaria. Hay que insistir en ello. La soberanía debe ser

explícitamente reconocida como residente en la comunidad.

Situada la soberanía en su lugar correspondiente —y no hace falta remontarse a la ilustre y larga teoría de

los que en entre nuestros pensadores políticos confirman y explicitan esa asignación—, se deducirá de esa

tesis toda una serie de consecuencias que llevarán, en definitiva, a la democratización del sistema entero.

¿Y qué es democratizar, si no eso? Hacer que se extienda al país entero en cualquier área o nivel el

sentido de participación y libre responsabilidad. Dar cauce a los estamentos y a los ciudadanos para que

expresen sus aspiraciones, necesidades o deseos. Escuchar las voces de los que representan esos estados

de ánimo o las variadas corrientes de la opinión pública. Pulsar ese torrente de ideas. Examinar

abiertamente su contenido. Recoger entre ellas lo que signifique mejor justicia, más perfecta distribución,

mayor garantía y protección por la libertad del hombre, más respeto para su albedrío. Y obtener de todo

ello una línea de acción gubernativa que sea como la resultante de fuerzas, nunca la imposición de una

sola, sin tener en cuenta la existencia de las demás. Así veo yo la reforma precisa en sus grandes líneas

generales.

No es lícito confundir criticismo con hostilidad

¿Qué queremos que sea España? ¿Una nación aparentemente uniformada? ¿Un país orientado por un

monólogo? ¿Una misa de pontifical, cantada en Madrid para edificación del pueblo fiel dé provincias? ¿O

queremos tener una colectividad dinámica en que ni una sola de las fuerzas fecundas de la sociedad se

pierda? En que todos los españoles y los grupos de españoles tengan su sitio, en que nadie discrimine a

nadie y se respete la opinión de cada cual. La discrepancia legítima no debe perturbar la convivencia. A

los que critican constructivamente no se les debe calificar ni dé subversivos, ni de enemigos, y no es lícito

confundir criticismo con hostilidad.

¿Cabe planear una gran reforma nacional del Estado para desarrollarla en los próximos años? A mi

personal parecer, sí. ¿Es de importancia el programar esa evolución para llevarla a cabo en su día dentro

de la ordenación institucional vigente? A mi entender, también. Las normas fundamentales y

constitucionales, ¿dejan margen dé flexibilidad suficiente para intentar por la vía legal la reforma del

Estado en el sentido antes señalado? Mi respuesta —que está, naturalmente, -sometida a opiniones

dispares— es afirmativa.

En un próximo artículo trataré de precisar algunos aspectos de lo que pudiera abarcar esa reforma

nacional.

José María DE AREILZA

 

< Volver