El Caso Blanco y el poder judicial     
 
 ABC.    07/09/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 8. 

EL "CASO BLANCO" Y EL PODER JUDICIAL

Una democracia rio se construye solamente con la potestad coactiva del Poder ejecutivo y con la

condición de inmunidad del Poder legislativo. Uña democracia necesita también la independencia del

Poder judicial. Sin Poder judicial independiente y competente en todos sus diversos niveles no hay

democracia.

Los incidentes ocurridos el día 27 de agosto en Santander, al hilo de una manifestación autorizada,

incidentes que dieron lugar al llamado «Caso Blanco» —que ahora va a debatirse en un Pleno en el

Congreso— nos incitan a recordar este elemental principio democrático de los tr>ís Poderes.

En el fondo de la polémica entre eí diputado socialista y las Fuerzas de la ¡Policía Armada están

enfrentados, de alguna manera nada indirecta, el Podei legislativo, que clama por su impunidad, jr «1

Poder Ejecutivo, a quien compete responder de la actuación de los Cuerpos encargados de mantener el

orden público. Y asi, por un lado, ha realizado so investigación de los hechos una Ponencia parlamentaria,

y por otro lado, una Comisión designada por el ministro del Interior.

Pero nadie que sepamos se ha referido una sola vez, en todo este embrollado asunto a la existencia, y

competencia, del Poder judicial. El asunto parece destinado en estas condiciones, a ser resuelto en un

debate —político, cor futría— en el que brillará por su ausencia tí Poder judicial; precisamente el que

existe funcionalmente para decidir cuanto haya de abuso o de delito en las conductas ciudadanas,

incluidas las oold-cialea.

La innvunidad parlamentaria, a lo que cabe deducir, ha aportado al caso algunos ingredientes de

confusión. Los parlamentario» gozan de esta inmunidad —que, por cierto, debería definirse, con sus

claras é indubitados límites—, pero las Fuerzas de la Policía Armada no go-tan de ella. Entonces, si el

diputado señor Blanco —como consta en el informe dé la Comisión o Ponencia investigadora

parlamentaria— formuló denuncia en la Comisaria se seguirán las correspondientes actuaciones. Aquí

entrará o deberá entrar en funciones el Poder judicial. Y al contrarío, si fuere denunciado el diputado

jugaría claramente la inmunidad parlamentaria.

Este procedimiento, el judicial —para determinar si iue o no fue delictiva 1* conducta de las Fuerzas de

la Policía Armada— es el que no vemos ni aludido, ni subrayado, en todo el asunto.

Vemos, como decíamos, tina confrontación de Poderes; pero no vemos qué papel juega el Poder judicial,

Poder que debería ser arbitro en la polémica. Pues de otra forma ¿será él Congreso, en su

Pleno, quien yaya a decidir sobre la posible culpabilidad de los policías? ¿Esta decisión es propia del

Poder legislativo? Tampoco resultaría ejemplo de congruenr cía democrática que decidiera el Poder

ejecutivo —representado por el ministro del Interior— su no culpabilidad.

Bien están, en cuanto sean procedentes v «n cuanto su finalidad persigue averiguaciones de la verdad, las

Comisiones investigadoras. Pero mucho mejot están las investigaciones judiciales y las definiciones

judiciales sobre la Comisión o no de delitos y de faltas, en un sistema verdaderamente democrático.

 

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