Autor: Areilza y Martínez-Rodas, José María de. 
   A debate nacional     
 
 ABC.    22/02/1970.  Páginas: 1. Párrafos: 9. 

A DEBATE NACIONAL

Por mucho que se trate de presentar a la sociedad española como indiferente a la cosa pública y

únicamente interesada en problemas inmediatos de ventaja material, diversión o supervivencia, lo cierto

es que cada día se manifiesta con más vigor el empuje de los sectores que se asoman a los grandes

problemas nacionales con ánimo de opinar sobre ellos y de emitir, en cuanto a sus soluciones, puntos de

vista concretos y diversos. Ello es positivo y halagüeño síntoma. Quiere decir que el país despierta y se

incorpora a la plena salud de la vigilia activa. Acaso algunos nostálgicos de la España cansina y estancada

observen el fenómeno con temor. A muchos nos parece, en cambio, que la nación en marcha es el síntoma

de futuras plenitudes. Y que sería erróneo tomar en estas circunstancias a los discrepantes por enemigos ;

a los críticos por herejes; a quienes tratan de opinar, por subversivos, y a los que desean participar en la

responsabilidad del futuro, por españoles de dudosa condición.

Una serie de cuestiones se hallan planteadas hoy ante la conciencia pública. Sin ánimo prioritario ni

exhaustivo las enumeramos aquí: Ley Sindical; asociacionismo; representatividad; situación

universitaria; estructura del presupuesto del Estado; política regional; amnistía. Cada uno de estos

importantes temas—y excluimos de propósito problemas pasionales como el gran "affaire" conocido, por

considerarlo realmente un síntoma y no un punto esencial de polarización de opiniones—ha despertado en

las zonas más sensibles del país puntos de vista encontrados y dialécticamente válidos. Se han expuesto

criterios antagónicos y se han reconocido como dudosos ciertos pronósticos rotundos que daban por

viables determinados propósitos en plazos próximos. Pero esa disparidad no ha tenido casi nunca secuela

ordenada y eficaz, por falta real de cauce para manifestarse, quedando en grave y larvada resistencia,

cuando no en abierta y pública rebeldía.

Tomemos el caso de la Ley Sindical. Sus redacciones originarias ya engendraron en su día debates

enconados en el ámbito oficial. El conocimiento del texto proyectado dio lugar a reacciones diversas y

encontradas. Por parte de algunas autoridades eclesiásticas se hicieron serias objeciones a su contenido.

En el ámbito laboral estricto no puede decirse que despertara entusiasmos excesivos ni, desde luego,

unanimidad. Conocido es el recelo conque muchos trabajadores consideran este texto y la escasa

confianza que les merece su utilización instrumental posterior. ¿Cómo negar que esa Ley tan importante

tiene a grandes sectores de la población activa de España mirándola con notable suspicacia?

Distinto es el caso del asociacionismo. Aquí el recelo se llama escepticismo; la suspicacia, irónica

incredulidad. Los esfuerzos semánticos, tan meritorios, hechos últimamente para acreditar entre nosotros

el pluriformismo como nueva doctrina política ¿habrán logrado convertir en masa a los flamantes

adeptos? No tenemos noticia de que se hayan producido gran . número de adhesiones en los últimos

tiempos en las oficinas del Movimiento. Más bien parece extenderse un sentimiento de indiferencia entre

las filas de la base a lo largo del territorio nacional. Y ello en un instrumento que, según la definición

legal, está abierto a la totalidad de los españoles, sin excepción. ¿No sería importante examinar las causas

que pudieran haber creado ese clima de tan notorio desvío entre los caminos oficiales y los raudales de la

libre opinión?

Así podríamos seguir enumerando las situaciones relativas de los otros aspectos para llegar, en fin, a una

conclusión sintética que los englobara a todos. Se echa de menos un foro abierto de público examen y

discusión de los grandes temas que afectan al futuro de España. Exposición y critica que no supone

desdoro para nadie, ni mucho menos quebranto de autoridad, sino, por el contrarío, ensanchamiento de la

base en forma que participen en el diálogo aquellos sectores y personalidades que responsable y

libremente, por su representatividad, por su prestigio o por su experiencia tengan algo que decir en

beneficio de la comunidad.

No se si fue Mauriac el que llamó a la televisión "ese cauce sensorial de la democracia directa". La

televisión en España, país de valores plásticos por excelencia, donde las cosías entran más por los ojos

que por los oídos, acaso opera con mayor impacto en la masa que en ningún otro pueblo europeo.

Los medios de comunicación social televisivos pertenecen aquí, todavía, en exclusiva, al Estado; es decir,

al instrumento administrativo del Gobierno. Ocioso es señalar que su propia condición antedicha le debe

hacer obligado altavoz y cana! de cuanto atañe al supremo interés de la comunidad. El ámbito televisivo

no es sólo, en los países libres, fuente de noticias, sino también tribuna amplísima de los problemas que

interesan o agitan a la opinión. Los debates televisivos forman parte irrenunciable del sistema

democrático de gobierno. No sólo en la concesión de igual espacio para candidatos enfrentados en las

luchas electorales, sino como plataforma pública permanente de contraste para los sectores y

personalidades de diverso signo de un país. En Norteamérica esos debates son ingrediente cotidiano y

decisivo de las corrientes del pensamiento público y nadie, del presidente abajo, se permitiría ignorarlos o

esquivarlos. Pero en la misma Francia de Pompidou, no sospechosa ciertamente de extremismo, ¿no

hemos sabido recientemente de un gran enfrentamiento ante la pantalla de Michel Debré, ministro de

Defensa, con Jacques Duelos, el veterano jefe comunista, sobre la idea y el concepto de Patria? Y ¿no es

ese público y desenfadado diálogo en presencia de veinte periodistas preguntones lo que garantiza, entre

otras cosas, precisamente, la estabilidad de un posgaullismo anclado, dígase lo que se quiera, en la

legalidad y en la libertad republicanas?

No tanto pediríamos para nuestro país en el primer ensayo, pero ¿no sería utilísimo para nuestro incubado

proceso de apertura el llevar a debate nacional televisivo las grandes cuestiones que preocupan a España?

¿Qué riesgo hay en ello? ¿Qué temor puede atenazar a los gobernantes? ¿Por qué no se examinan ante el

televidente público nacional los problemas que tiene pendientes la sociedad española y que, tarde o

temprano, habrán de acometerse? ¿Es necesario seguir en el unilateral camino de presentar las tesis

oficiales como las únicas existentes, cuando resulta obvio que sectores muy importantes opinan de otra

manera? Es posible que se trate de minorías numéricas pero ¿no es ese "test" el de respetar a los

discrepantes minoritarios—el que califica precisamente a un régimen abierto? Por otra parte, me atrevo a

pronosticar de modo rotundo que la moderación, el sentido de responsabilidad, la prudencia verbal, el

respeto a las ideas contrarias prevalecerían sobre toda otra consideración en un debate nacional de altura.

Con ello ganarían prestigio y autoridad moral quienes lo autorizan, los que dialoguen y el país entero que

los escucharía con apasionada curiosidad e interés, desmintiendo así su aparente cloroformización o

indiferencia por los negocios públicos.

El debate nacional, incorporado a nuestros programas de la pequeña pantalla, ¿no sería el comienzo de

una gran etapa hacia los gobiernos libres de opinión ?

José María DE AREILZA

 

< Volver