Autor: Areilza y Martínez-Rodas, José María de. 
   Sin temor     
 
 ABC.     Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 10. 

EDITADO POR PRENSA ESPAÑOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MADRID

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SIN TEMOR

Lo que es preciso ante todo es vencer al miedo. El temor es, en los procesos políticos, engendrador de

violencias y tragedias sin cuento. «La grande peur» fue en su origen la que desencadenó los terrorismos

—el blanco y el rojo— durante la Revolución francesa hasta que puso en marcha el macabro y atroz

mecanismo que acabó en la dictadura de Bonaparte. El miedo a los burgueses de Versalles empujó a los

idealistas de la Commune a cometer sus crímenes, y el pavor a los comuneros hizo de Adolfo Thiers el

gran ejecutor de la feroz represalia. Cuando en una sociedad libre se crean temores y récelos mutuos se

escinde la convivencia y las recíprocas sospechas acaban convirtiéndose en mitos incompatibles. Siempre

hay gentes interesadas en que esta ruptura se mantenga porque así conviene a sus intereses mezquinos y

porque el oficio de agorero tiene en ocasiones de aliado no sólo a la pereza mental, sino a la inercia de los

privilegios. El lobo que viene puede ser una excelente invocación para que otros lobos de distinta carnada

se sigan merendando una buena parte del rebaño.

Hay que perder el miedo al desarrollo político dentro de las coordenadas de la legalidad vigente. Si en

cada paso se supone un riesgo; si en cada vara de progreso hacia una interpretación más abierta se

sospecha un desvío; si en cada aplicación legal de lo establecido se trata de poner frenos para que los

resultados, sean prefabricados; si la evolución suena a vocablo semejante con una letra más; si la palabra

apertura provoca ceños fruncidos, entonces es que nuestra colectividad está enferma de rigidez artrítica y

que el traje que se le pone no, corresponde a un cuerpo determinado, sino a un patrón antiguo, inadecuado

para el dinamismo, el vigor y la corpulencia de la sociedad de los años setenta.

¿Cuál es e1 origen y la causa de este miedo? A mi entender tiene un conjunto de motivos que operan

desde diversas direcciones. Hay quienes sinceramente son pesimistas y no tienen fe alguna en las

condiciones del español para autogobernarse o de responsabilizarse en las decisiones de la vida pública.

Son probablemente los menos. Y acaso los más respetables. El reaccionario visceral que no cree en las

cualidades nobles del prójimo y sí únicamente en sus defectos y negros propósitos tiene una excusa

metafísica para su actitud y seguramente podrá encontrar argumentos en la historia para justificarse. Entre

paréntesis, y desde Herodoto, ¿en qué historia y de qué país no se pueden encontrar argumentos para

justificarlo, absolutamente todo?

España está, dentro de su impresionante transformación económica, cultural, demográfica, urbana y

social, madura para recoger en sus manos, mayoritariamente juveniles, el nacional albedrío. Hay que irla

preparando para ello con un clima psicológico que en vez de acentuar las supuestas carencias de nuestra

idiosincrasia pondere justamente las sufridas y evidentes condiciones del español para ser gobernado y

para gobernarse. Gobernar se ha dicho muchas veces, no es lo mismo que mandar. El mando supone una

pirámide de obediencias y de disciplinas. El gobierno, una sensible interpretación de las voluntades

nacionales. El gobierno democrático, una recta aplicación de esas opiniones cambiantes, libremente

escuchadas y manifestadas. Suponer que esos criterios diversos, perfectamente lícitos y que corresponden

a un natural derecho de la personalidad humana, no existen porque no se oyen o porque no se encauzan

debidamente, es como si el residente en una torre de marfil, perfectamente acolchada y acorazada,

ignorase la vida exterior de la ciudad a la que pertenece y su torrencial y ruidosa expresión de cada día.

Entre nosotros hay opiniones, aspiraciones, pareceres y propósitos referentes a la organización y a la

conducta del negocio público que son distintos y aún contrapuestos como corresponde a la sociedad viva

a que pertenecen los que sustentan esas opiniones. Armonizar su existencia y su encontrada exposición

dentro de un cuadro de coordenadas legales que todos se comprometan a respetar es la base misma de

todo sistema democrático. Pactar el acatamiento a la Constitución es la raíz de la convivencia política en

las sociedades desarrolladas y plurales. El valor de ese pacto, explícito o tácito, está en que las reglas del

juego han de ser válidas para todos los grupos sociales que intervienen en una u otra medida en la vida

pública.

El flujo cambiante y vertiginoso dé la sociedad dé nuestro tiempo, empujada por la revolución

tecnológica, hace necesario establecer esas coordenadas de libre expresión precisamente para hacer frente

adecuadamente a las graves alternativas y modificaciones de la entraña de la comunidad nacional. Pensar

que ante las decisivas transformaciones que se operan visiblemente en el cuerpo y en la piel de España no

haya otra actitud que la de exponer la opinión de los técnicos, por muy estimable que sea, y conferirle

además rango de verdad impuesta sería, a mi juicio, un planteamiento erróneo, máxime si se tiene en

cuenta el carácter esencialmente conflictivo, de una colectividad en desarrollo. La retórica sobra y es

perniciosa en la política moderna, como lo es la demagogia, pero tampoco con la sociología basta. La

política es el arte de lo humane en la más amplia extensión del término. Por eso todo intento de

mecanizarla, reduciéndola a estadística y a informática, va contra la esencia del negocio público, en el que

no debe quedar ausente la voluntariedad del hombre. Si se piensa, además, en el creciente riesgo que

corren la intimidad, la libertad y la vida privada del ciudadano en los pueblos de más alto grado de

desarrollo tecnológico se acentúa esta obligada y acérrima defensa de los criterios básicos de respeto,

garantía y efectividad de los derechos de la persona, como valladar moral contra la invasión del poder en

el seno del ámbito individual y familiar.

Hay que perder el miedo a la opinión pública. Recientemente oí un comentario a la tendencia

abstencionista manifestada en las recientes elecciones municipales en el sentido de que «cuántos menos,

mejor», coreado con algazara en la reunión de comentaristas. Era tanto como suponer

que una concurrencia masiva produciría sorpresas desagradables. La hipótesis —bastante extendida en

algunos círculos— es, además, perfectamente errónea. La gran novedad que una opinión auténtica,

libremente articulada, traería consigo, habría de ser la de su alto sentido de responsabilidad y su ferviente

afán de servir los intereses generales de la nación, la región o el municipio como áreas de proyección de

la convivencia colectiva. Pero ¿tan pesimista es la versión que se tiene en ciertas esferas de la educación

Cívica de ios españoles? Pero ¿tan negativa es esa situación que después de tremía y cuatro años de

unilateral formación política, todavía no se cree que haya dado resultado alguno en orden a que el país sea

algo más que un amorfo conglomerado de gentes que no habrían de obedecer a más estímulos que la

coerción o la amenaza? Si yo pensara sinceramente que mis compatriotas son así me avergonzaría de no

haber hecho algo más en la modesta medida de mis fuerzas para cambiar ese primario y lamentable

talante. Porque no creo que un tal esquema corresponde ni remotamente, a la realidad es por lo que insisto

en decir que hay que perder el miedo.

Sin ello no se podrá intentar ninguna clase de apertura eficaz ni de participación auténtica en el desarrollo

y perfeccionamiento de la ordenación institucional vigente. Porque el problema no está tanto en lo que los

textos digan —todas las Constituciones del mundo occidental tienen sustancia semántica parecida—, ni

siquiera en las interpretaciones que de esos textos se hagan para ser ejecutadas por los Gobiernos

responsables, sino en el propósito último, en la intención, en lo que el gobernante realmente desea llevar a

cabo. Y en ese proceso de intención se encuentra cabalmente la clave de la entera cuestión.

¿Se quiere —o no se quiere— abrir el sistema hacia una base universal de sustentación popular y social?

¿Se quiere —o no se quiere— llevar el desarrollo y funcionamiento institucional a las cotas necesarias

para que en él quepa, holgadamente, la sociedad presente y futura con su plenario dinamismo político? De

la respuesta a estas preguntas se podrá deducir el alcance de lo que se proyecta. Y si hay temor a

realizarlo se producirán inevitablemente por parte del poder, equívocos, reticencias y reservas mentales

que frustrarán el propósito. Creando a su vez esos equívocos, reticencias y reservas mentales en los

múltiples sectores, estamentos y grupos, indudablemente mayoritarios en el país, que estarían dispuestos a

aceptar legalmente, con clara limpieza, el juego de la legalidad constitucional.

«Cuando el temor es crónico en la República —decía Jefferson— no hay manera de averiguar lo que es

bueno y lo que es malo; lo que es lícito o ilícito; lo que es legal o ilegal.» Y se tiende a etiquetar de

subversivo o delictivo cuanto no coincide literalmente con el esquema que se supone únicamente válido.

Alejandro dijo del miedo que era tan perturbador que temía hasta las cosas de las que podía obtener el

mejor apoyo y la más firme ayuda.

José María DE AREILZA

 

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