Autor: Prieto-Castro, L.. 
   El reinado de Isabel II y el notariado español     
 
   27/05/1962.  Páginas: 2. Párrafos: 12. 

EL REINADO DE ISABEL II Y EL NOTARIADO ESPAÑOL

Por L. PRIETO-CASTRO

EL Emperador Justíniano debe su gran celebridad a la feliz idea de haber ordenado la recopilación de las leyes imperiales romanas y la formación de resúmenes de la literatura Jurídica romana, de acuerdo con las necesidades de su tiempo (siglo VI), imponiéndoles su nombre. Alfonso X el Sabio se atribuye expresamente la paternidad de las Siete Partidas, en las que, sin embargo, parece que el trabajo realmente decisivo fue de Micer Jacobo de las Leyes. Federico II de Prusia, el Grande (der "Alte Pritz"), alcanzó más renombre, seguramente, por la Compilación legal producida durante su reinado, el "Corpus Iuris Fridericianum", que, como músico y compositor, aun dando por exacto que la Marcha Granadera o Real, que se dice envió como obsequio a su colega Cartos III de España, fuera obra suya. Napoleón Bonaparte quizá presintiese que la Historia le Juzgaría y le recordarla más benévolamente como propugnador, ya que escasamente autor del Código Civil, al que procuró que se le impusiera legalmente el título de "Code Napoleón", y no sin mediar, justo es decirlo, un gran esfuerzo suyo, porque el primer cónsul no poseía otra instrucción que la adquirida en la Academia militar, y si muchos de sus aduladores contemporáneos habrían de presentarlo como un "gran jurista", le fue preciso recibir lecciones de derecho civil a cargo del célebre Jurisconsulto Tronchet. lo que le permitió opinar en el seno de la Comisión redactora, disimulando su oculto horror a toda filosofía y sus escasos conocimientos de las ciencias jurídicas y económicas, según se ha dicho por autorizadas voces francesas. Muchos otros personajes de la Historia entendieron también que su gloria residiría en la vinculación a alguna obra legislativa importante, a causa de la creencia, hoy compartida, de que el dictar leyes fue y es, si éstas son justas y prudentes, la máxima obra de la soberanía y la más preciada contribución al bien común de los subditos.

En contraste con estos ejemplos exista un reinado de los más pródigos y fecundos en creación jurídica entre los históricamente memorables y, sin embargo, se presenta por los historiadores y por la crónica más o menos malintencionada y superficial, bajo cualesquiera otros signos. Es el reinado de Doña Isabel II, del que sabemos abundantemente sus "tristes destinos", sus sesenta Gobiernos, las numerosas legislaturas, los repetidos "pronunciamientos", el modesto comienzo de la industrialización, el primer ferrocarril... y, lo que únicamente ha subsistido en el recuerdo general, el Canal de su nombre.

Incompleta atribución, en verdad, a un período de casi treinta y cinco años, donde las turbulencias y la inestabilidad política no impidieron la realización de una magna obra legislativa que inicia, con rasgos decisivos, la ordenación moderna y estable de la mayor parte de las instituciones jurídicas que hoy se hallan en vigor. obra en la que no tenemos razones suficientes para opinar que la participación de la Soberana fuese semejante a la de muchos de los ejemplos citados y en la que, por tanto, algo se ha de asignar a la voluntad y deseo de una Reina de adversos hados, no creyendo, contra lo que algunos historiadores sostienen, que en modo alguno hiciese totalmente estéril el talento de los jurisconsultos, ministros y poli-ticos (los Bravo Murillo). Fernández de la Hoz, Fernández Negrete. Gómez de la Serna, Joaquín María López, Claudio Moyano, marqués de Gerona, por citar algunos). componentes de un cuadro de honor de ilustres en la época. Cuantos Gobiernos de Isabel II tuvieron punto de reposo, dedicaron sus anhelos vehementes a proponer, defender y legrar una legislación sistemática o, al menos, ordenada, que "arreglaría" las más variadas instituciones jurídicas y "pondría en planta" los medios necesarios para todo "lo respectivo a la administración de justicia", dando fin a la Inseguridad que nacía de unas compilaciones legales carentes de orden y concierto, plagadas de imperfecciones, oscuridades, lagunas y antinomias.

Isabelinos son el primer Código Penal estable de la nación (1848-1850) y la primera codificación del proceso civil (1855), que estuvo precedida del nobilísimo, vigoroso y avanzado empeño del marqués de Gerona, don José de Castro y Orozco. magistrado y ministro de Justicia, autor de la "Instrucción para arreglar el procedimiento civil en lo respectivo a la real jurisdicción ordinaria" (1853). Cuanto hasta su publicación se había realizado en materia de legislación de justicia, siempre en el reinado de Dona Isabel II, y lo que aun faltaba por "arreglar", se aprende en el amplio texto de esta obra Jurídica, que por ai constituye un caso digno de estudio y meditación para la posteridad, tanto desde el punto de vista político como desde el sociológico: presento la forma de decreto, no de ley de Cortes, y fue estigmatizada de hallarse "fuera de los trámites legales"; como ensayo de extirpación de las escandalosas corruptelas al uso y del exarcebado formalismo (que entonces conspiraba más intensamente que hoy contra la justicia de fondo), padeció suerte aciaga; pero al cabo de un siglo corrido se nos presenta con la expresión de un pensamiento puro y de una exquisita sensibilidad moral, de la que el marqués de Gerona dio otras, muestras, entre las que merece recordación la real orden (1853), "repudiando la práctica abusiva délas recomendaciones y la de esquelas suplicatorias dirigidas a los funcionarlos del orden judicial".

A la época pertenecen los primeros ensayos serios de codificación civil, culminantes en el proyecto de 1851, que permitió alumbrar, como precedente directo e inmediato, el Código Civil que hoy nos rige. Centenares de disposiciones isabelinas, algunas de ellas verdaderos códigos, recogen, con mentalidad moderna y ordenadamente, los principios básicos y las garantías de toda justicia, dando la impresión de que ios jurisconsultos de 1833-1868 no solamente conocían el Derecho histórico español y sus precedentes remotos y próximos, sino también las corrientes de la Filosofía jurídica en la Europa de su tiempo: valió, sin duda, el exilio político de algunos de ellos.

Transcurridos cien años, la mayor parte de la obra legislativa del reinado de Isabel II ha pasado a ocupar el honroso puesto de precedente histórico venerable, cuando no se trate de leyes todavía vigentes en Cuba y en algunas otras naciones hispanoamericanas que, posteriormente, las recibieron como suyas; pero hay, al menos, dos cuerpos legales de aquel tiempo que han permanecido vivos en España, si no en toda la extensión de su articulado, desde luego sí en sus principios rectores y en sus ideas matrices de inspiración, que es, en definitiva, lo que cuenta, toda ves que la renovación puramente técnica, al compás de las exigencias de la vida social, siempre en progreso, es labor de segundo grado, que precisamente se eleva y dignifica manteniendo el culto a la obra fundamental primigenia que solicitó el esfuerzo creador de mentalidades preclaras y vocaciones entusiastas al servicio, generalmente desinteresado, de las grandes empresas humanas, el Derecho y la Justicia,

Estos dos cuerpos legales son la ley Hipotecaria y la ley Orgánica del Notariado Español, de 28 de mayo de 1862, las dos merecedoras de jubileo del centenario, celebrado el de la primera, el año pasado, y en celebración el de la segunda, éste que corre. En realidad, el homenaje no debemos entenderlo dedicado exclusivamente a los medios instrumentales del Notariado, la centenaria ley Orgánica y el Reglamento, más moderno, sino también al Notariado español mismo, a los hombres que lo componen, porque los instrumentos legales son ineficaces y no conducen a los empeños que persiguen si falta la voluntad de los destinatarios para emplearlos con arreglo a su fin, con una clara conciencia deontológica, una acendrada moral y un elevado sentido de la responsabilidad, requisitos absolutamente esenciales a la delicada profesión notarial, que tiene su exclusivo quehacer en la fe que, ante la ley y ante los ciudadanos, emana de sus actuaciones.

El periodo constituyente de la legislación notarial moderna, quince años, que en determinado momento se manifestó en términos de necesidad acuciante, no encontró impedimento en las personas de los notarios y escribanos anteriores a 1862, como tales. (Paradójicamente, el notario desempeñaba una función publica, pero ejerciendo un cargo privado, que se ostentaba patrimonialmente, a costa del pago de un precio ("oficio enajenado"), en España y en otros varios países; y, además, no tanto contaba el ser perito en Derecho ("sabido-res en escrevir bien, e entendidos de la arte de la escrivanía") como el saber escribir pura y simplemente ("orne que es sabidor de escrevir"), cualidad inestimable en pasadas épocas de abundante gente iletrada. Lo esencial para un notario fue siempre que perteneciera a la clase de los hombres que "sean buenos, e entendidos, e sean leales e de buena poridad", esto es, celosos guardadores del secreto, y "sin cobdicia" (asi en las Partidas de Alfonso X. es decir, desde el siglo XIII). Para el "arreglo" del Notariado había que dar el gran paso de la supresión de la práctica de enajenación de oficios, amortizando todos, a fin de instaurar la Notaría como función y cargo públicos, lo que en la primera mitad de1 siglo XIX presentaba serias dificultades a causa de la extrema inopia del Pisco. Pero en cuanto a que los notarios y escribanos de los siglos anteriores no reuniesen las cualidades enunciadas, nada hay en los textos del Gobierno y de las Cortes correspondientes al primer ensayo de ordenación moderna del Notariado y de la función notarial, esto es, én el proyecto presentado a aquéllas por el ministro don Lorenzo Arrazóla en 9 de .diciembre de 1847. quizás acentuadamente inspirado en la "loi relative à l´organisation du notarial", de 25 de ventoso a 5 de germinal del año XI de la R. F., y sin éxito.

Diez años más tarde se produce el intento del ministro Seijas Lozano (1857), encaminado fundamentalmente a la "recuperación por el Estado de los oficios de fe pública" y a fijar las condiciones para acceder al Notariado, invocando "el influjo de calamitosas épocas, equivocadas ideas económicas, administrativas y políticas, descuidos y abusos que se fueron introduciendo" y esparcieron "semillas de decadencia en la profesión del Notariado". El proyecto de Seijas hay que completarlo con el de Fernández de la Hoz, "fijando bases para el arreglo del Notariado" (1358), que llegó a discutirse en el Congreso.

No importa que tampoco estos dos intentos condujesen, directa e inmediatamente, a la deseada ordenación, pues hasta ella hubo de mediar nuevamente la iniciativa del Gobierno y producirse una dilatada discusión parlamentaria (siempre coartado aquél por la interferencia de los derechos pertenecientes a los "propietarios" de oficios enajenados). Lo que a nuestro juicio interesa resaltar es que fueron ambos ministros, en sus exposiciones a las Cortes, quienes crearon el clima adecuado y excitaron la voluntad de cualquier legislatura posterior para dar cima a la obra y cuando leemos en ellos determinados pasajes que destacan la supremacía, del elemento humano en la función notarial, para el que la técnica jurídica es, desde luego, sobre todo hoy, fundamental, vista la complicación y dificultades que ofrece el manejo de la frondosa y complicada legislación, pero en modo alguno lo esencial. Si el Notariado español fuese solamente un elenco de agudos juristas, pero malos depositarios de la fe pública, nada habría conseguido la ley de 1862 y la sociedad no le otorgarla la ilimitada confianza que le concede.

Fernández de la Hoz dijo que su proyecto "no hacía otra cosa que resucitar laudables disposiciones de nuestros antiguos códigos", de manera que, después de la intachable conducta se atenderá a la mayor instrucción", y los diputados dicta, minadores escribieron: "Deber nuestro es restablecer en toda su pureza y valor ese firme baluarte de las diaposiciones del hombre en el curso de su vida y en el momento que la abandona. Fijad, señores diputados, toda vuestra atención en esta asunto de tanta significación e importancia, en la seguridad de que difícilmente podréis llenar más dignamente la misión que os está encomendada, que trazando a grandes rasgos el cuadro de la ley que ha de formarse en virtud de la autorización solicitada."

La ley se consiguió, al fin, siendo ministro de Justicia don Santiago Fernández Negrete, al amparo de esos juicios e invocaciones, que hoy, pasados cien años, suscribirían, a no dudar, cuantos usan y perciben el ministerio notarial, tanto mas cuanto que el Notario no duerme sobre los laureles que él mismo ha conquistado. en su estricto campo profesional, sino que cultiva acuciosamente su propia disciplina y otras jurídicas, en un ámbito científico, y no en vano decimos, por ello, que hay notarios españoles con alma de profesores, y lo demuestran al cumplirse el siglo de una enérgica y radical superación de aquella crisis del oficio de la fe pública.

L. PRIETO-CASTRO

 

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