Autor: Silva, Pedro de. 
   Andalucía y la Constitución     
 
 El País.    16/10/1980.  Página: 18. Páginas: 1. Párrafos: 12. 

EL PAIS, jueves 16 de octubre de 1980

Andalucía y la Constitución

PEDRO DE SILVA

El episodio en curso del proceso autonómico de Andalucía abre un campo de preocupaciones que

desbordan el marco mismo de la problemática andaluza. Se dice, y es verdad, que en una estructura

integral de Estado cualquier incidencia en un punto sé transmite al resto de la trama; de ahí que los

conflictos autonómicos no tengan, valga la paradoja, autonomía estructural, sino que transfieren su carga

polémica a todas las retículas. Pero en el caso andaluz habrá que añadir un nuevo dato: la desdichada

política (principalmente) gubernamental ha llevado el problema un callejón, y del trance se intenta salir

forzando las paredes de la Constitución. El conflicto, así, nos implica a todos.

Cualquier planteamiento solutorio debe arrancar de dos premisas. La primera es que la vía autonómica del

artículo 151 es la única apta para satisfacerla demanda política del pueblo andaluz, y sólo si se aplica

recederá el conflicto. Me refiero al artículo 151, con lo que tiene de especificidad procesal (con un

momento de negociación casi bilateral entre el Estado y uno de sus pueblos), institucional y competencial,

pero también con lo que pueda tener de emblemático. En Andalucía, y en otros pueblos de España, el

guarismo se ha transfigurado de ordinal metodológico en un ente político perfectamente corporeizado,

que sirve de contraseña o salvoconducto de la mercancía autonómica: o viene impreso en su exterior o se

trata de mercancía averiada. Esto es así y probablemente en política —donde el mensaje y la adhesión a

ese mensaje deben circular a través de medios culturales de densidad bien diversa— las cosas no puedan

ser de otro modo.

La segunda premisa es el escrupuloso respeto a la Constitución. Parece un presupuesto evidente, pero,

lamentablemente, en el discurso político no siempre queda de manifiesto aquél escrúpulo. Con frecuencia

se habla de la necesidad de dar salida política a un determinado conflicto, y la frase encubre casi siempre

el propósito de marginar un mandato constitucional o de buscar soluciones sin sentirse constreñidos por

él. Quienes así se expresan olvidan que la democracia es una convención que consiste, precisamente, en

negar licitud a la política que pretenda desarrollarse fuera de sus reglas. Olvidan también que la

Constitución es un cuerpo político y constituye la respuesta pactada al conjunto de tensiones y conflictos

latentes en nuestra sociedad. O, si se prefiere, un complejo entramado de convenios, en los que los

contendientes sociales renuncian al segmento más radical de sus políticas y conciertan la forma de

desarrollar las controversias.

Responsabilidad grave

De lo dicho se infiere que toda fórmula que trate de dar salida al problema andaluz apelando a una

interpretación infiel de la Constitución hará incurrir a sus mentores en una gravísima responsabilidad: la

de haber degradado la respetabilidad y la virtud vinculante del convenio que hoy es eje de la convivencia

entre los españoles. En el intento de cerrar un conflicto se habría abierto una crisis de adhesión al contrato

constitucional.

¿Existen soluciones al problema autonómico andaluz que respeten las dos premisas expuestas? De las

fórmulas que se vienen manejando hay al menos dos que dan salida al conflicto sin romper ni manchar la

Constitución, y otra más que, por el contrario, la fuerza más allá de su capacidad elástica.

La reforma de la ley Orgánica reguladora de las distintas modalidades de referéndum, propuesta por el

partido socialista, encauza satisfactoriamente el problema y respeta los mandatos constitucionales.

Consiste, resumidamente, en prever la posibilidad de un segundo referéndum en una parte del territorio

afectado cuando en el primeramente celebrado se produzcan determinados supuestos que implican,

realmente, una modificación del escenario en que se produjo la consulta. Si en el conjuntó de las

provincias afectadas los .votos favorables superaron la mayoría del censo electoral, y en aquéllas en que

(individualmente consideradas) no. ocurrió así, quedó, en todo caso, patentizada una amplia voluntad

favorable, es evidente que se ha producido un cambio cualitativo en el campo de fuerza en que se decanta

la voluntad del votante, y ese cambio hace deseable una segunda vuelta en las provincias que no

alcanzaron la cota exigida, en la que el votante tendrá nuevos factores que evaluar.

La fórmula es constitucional por dos razones: la primera, porque la repetición del referéndum no implica

reiteración de la iniciativa autonómica, en su conjunto, sino únicamente del episodio de consulta popular,

dentro de la misma iniciativa. La segunda, porque el artículo 151-1 de la Constitución contiene un amplio

apoderamiento en favor de la ley Orgánica para que ésta defina los términos en que haya de producirse la

ratificación, imponiendo únicamente que sea mediante referéndum (como instrumento de la consulta) y

que se alcance la mayoría absoluta de votos afirmativos sobre el censo de cada provincia.

Segregar una provincia

Otra fórmula perfectamente constitucional, aunque más compleja y políticamente menos deseable,

consistiría en la reforma de la misma ley Orgánica en el sentido de autorizar la formación de la

comunidad entre las provincias que superaron la cota exigida, siempre que la mutilación no desfiguré

absolutamente la comunidad. Adviértase que ese fraccionamiento lo admite el legislador constituyente, de

forma expresa, en un momento posterior, el de aprobación del concreto estatuto elaborado. Si se admite

tal accidente cuando la comunidad no sólo ha manifestado su voluntad autoconstituyente, sirio que ha

formalizado esa voluntad en un estatuto, obvio parece que la operación segregativa debe ser con mayor

razón tolerable cuando el proceso apenas se ha iniciado.

Quedaría únicamente por determinar, en tal caso, el procedimiento dé eventual reagregación de la

provincia inicialmente segregada, aspecto que no ofrece ninguna dificultad constitucional y que, incluso,

puede encontrar apoyo en la disposición transitoria 4a (tema de Navarra), en la medida en que en ésta no

se establece un supuesto excepcional de integración (que haría pensar en su imposibilidad ordinaria), sino

un procedimiento especial para un supuesto que la Constitución no prohíbe.

En cambio hay que insistir, con la mayor rotundidad, en que el artículo 144 o no conduce a los contenidos

materiales, institucionales y procesales del artículo 151, o se utiliza sin respetar la Constitución. El

apoderamiento del precepto en favor de ley Orgánica queda, en este caso, limitadora la sustitución de la

iniciativa de las corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143, y aunque se

admitiera que implícitamente se refiere también al supuesto específico del articuló 151, nunca la ley

Orgánica podría hacer otra cosa que sustituir, es decir, suplir la voluntad de otro que no la ejerció

anteriormente. No es éste el caso de Andalucía.

Desgraciadamente, no parece haya más mimbres que tejer, aunque puedan hacerse castillos de naipes con

fórmulas sofisticadas, ciertamente imaginativas, pero construidas al margen de la letra o el espíritu de la

Constitución.

Política pirómana

Cualquier salida al problema-autonómico andaluz que no parte del artículo 151 de la Constitución, en

todo su alcance y significado (incluso, como dije, emblemático), no será una salida, sino una nueva

incidencia de la política piròmana que se viene haciendo en materia de autonomías (provocando un

incendio en cada esquina). Cualquier fórmula que acepte aquella premisa pero abra fisuras en la

estanqueidad del recipiente constitucional incurrirá en la responsabilidad de haber comenzado a envilecer

el documento contractual de la democracia española. Iré más allá: la fórmula a que se llegue deberá

respetar la univocidad de la letra constitucional. En alguna ocasión dije que una constitución útil para

todos los españoles debería ser ambigua y unívoca. No hay contradicción: ambigua en los contenidos

opinables (para que quepan todos los españoles) y sustancialmente unívoca en los procedimientos, es

decir, en las reglas de juego. Cuando las reglas de juego se convierten en equívocas dejan de servir como

tales reglas (cada jugador las usará a su antojo), y en ese envite los perdedores seremos todos los

ciudadanos de este país.

Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos es diputado del PSOE y miembro de la Comisión Constitucional.

 

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