Los intelectuales escriben     
 
   03/01/1970.  Páginas: 1. Párrafos: 4. 

Los intelectuales escriben

Un numeroso grupo de personalidades de diferentes profesiones intelectuales y

mentalidades políticas han dirigido al presidente del Gobierno un escrito en los

últimos días del año. En él se reiteran peticiones ya usuales en cada vez más

amplios sectores del país: respeto del derecho de los trabajadores a crear su

sindicalismo, reconocimiento práctico del derecho al asociacionismo político—y

en este sentido se postula la no promulgación del Estatuto del Régimen

Asociativo del Movimiento, por cuanto a su amparo se constituiría un ineficaz

remedo de los partidos políticos—, amplia amnistía a procesados sociales y

políticos, revisión democrática del Plan de Desarrollo, reforma del Concordato

y, por ultimo, que se facilite a ta Prensa su misión informadora.

Por encima de estos puntos adquiere mayor dimensión el hecho a la vista de los

ciento treinta y siete firmantes, nombres conocidos en su mayoría dentro del

mundo de la oposición democrática.

Tras el último relevo ministerial se na vuelto a hablar en muy diversos medios,

y con diferentes fines y mentalidades, de la oposición. Las consecuencias del 29

de octubre pasado se han visto reflejadas en este dominio político por el

nacimiento claro y decisivo de una nueva modalidad de oposición, mientras que

los antiguos militantes y los partícipes de lo que pudiera calificarse como

oposición de mentalidad, se plantean de hecho la necesidad de nuevos caminos, la

revisión de una postura que a lo largo de tanto tiempo se ha mostrado

Inoperante—por lo menos a primera vista—ante la rigidez oficial. Su capacidad de

diálogo, tanto entre si como frente al Poder, se renueva prácticamente todos los

días, y buena prueba de ello han sido las ocasiones en que se han dirigido a la

opinión o al Gobierno para exponer su postura.

Este amplio sector, punta de lanza quizá en lo ideológico de una parte cada vez

más extensa de profesionales liberales, parece esperar el reconocimiento

práctico de sus derechos, que no van más allá de los contenidos en declaraciones

universales ratificadas por España y recogidos esencialmente en nuestro

ordenamiento jurídico

 

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